La Jurisdicción Agraria y Rural es un paso clave para garantizar justicia especializada en conflictos sobre tierras y producción agraria en Colombia. En junio de 2024, el Congreso aprobó la ley estatutaria que reglamenta su estructura.
Actualmente, el proyecto de ley está bajo revisión de la Corte Constitucional, tribunal que debe verificar que el trámite legislativo para su aprobación cumplió con los requisitos legales. De ser aprobada, esta ley representará un avance clave en el cumplimiento del Acuerdo de Paz y en la garantía de justicia para el campo colombiano.
La ley establece la organización de los tribunales y juzgados agrarios y rurales de la siguiente manera:
Los jueces agrarios deberán contar con experiencia en derecho agrario, ambiental y administrativo, asegurando decisiones especializadas, con apego a las normas agrarias vigentes, y logrando soluciones para el sector rural y las comunidades y pueblos rurales.
Por otra parte, se crearán unidades de apoyo con expertos en ciencias agrícolas, sociales y catastrales, quienes aportarán análisis técnico para respaldar las decisiones judiciales; y la Defensoría del Pueblo designará facilitadores agrarios para ofrecer orientación gratuita a quienes busquen resolver conflictos agrarios y rurales.
A principios del 2025, los ministerios de Agricultura, Justicia e Interior presentaron sus intervenciones ante la Corte Constitucional demostrando que el proyecto de ley fue tramitado en cumplimiento de las normas y principios que rigen el trámite legislativo. Además, se presentaron siete intervenciones de actores académicos, políticos e institucionales que solicitaron a la Corte declarar la constitucionalidad del proyecto:
La aprobación y puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural es fundamental para consolidar la justicia en el sector rural y brindar soluciones efectivas a los conflictos sobre la tierra. #JurisdicciónAgrariaYA