La creación de la Jurisdicción Agraria y Rural representa un hito fundamental para la justicia en el campo colombiano. Tras meses de trabajo, el 10 de diciembre de 2024, las comisiones primeras conjuntas de la Cámara y el Senado aprobaron en primer debate el proyecto de ley ordinaria que reglamenta esta jurisdicción. Pero ¿cuáles fueron los acuerdos que hicieron posible este avance? A continuación, te contamos los puntos clave del consenso alcanzado.
Se incluyó el principio de sostenibilidad social y ambiental para asegurar que las decisiones judiciales agrarias respeten las normas de protección ambiental y garanticen el equilibrio entre desarrollo agrario y la conservación del medio ambiente.
Las resoluciones judiciales deberán considerar las particularidades ecológicas de cada territorio, garantizando la conservación, protección y restauración de los ecosistemas.
Se mantuvieron principios esenciales del régimen agrario como: humanización de los procedimientos judiciales; protección de los derechos de los sujetos rurales más vulnerables; fomento de la producción agrícola y la asociatividad; y respeto del derecho a la posesión agraria.
Se especificó que la Jurisdicción Agraria atenderá conflictos sobre tenencia de tierras y relaciones de producción agraria, excepto cuando estos últimos sean considerados actos comerciales.
Se establecieron reglas claras para determinar los casos en los que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado deban actuar como tribunales de cierre.
Se reconoció a la Agencia Nacional de Tierras la capacidad de tomar decisiones sobre procesos agrarios para recuperación y protección de tierras baldías en los casos en los que no se presente oposición.
Los tribunales agrarios decidirán sobre casos de extinción de dominio cuando se incumpla la función social y ecológica de la propiedad.
Se ratificó que los tribunales agrarios seguirán decidiendo sobre los procesos de expropiación, como lo establece la Ley 160 de 1994.
Se fortalecieron medidas para garantizar que las poblaciones rurales accedan de manera efectiva a la justicia agraria, eliminando trabas burocráticas y económicas.
Las sentencias y decisiones deberán comunicarse en un lenguaje sencillo, asegurando que todos los involucrados comprendan sus derechos y obligaciones.
¿Qué sigue ahora?
El proyecto de ley ordinaria debe ser discutido en plenarias de la Cámara y el Senado. Su aprobación definitiva marcaría un avance histórico en la garantía de justicia para el campo colombiano.