LEY4461998199807 script var date = new Date(07/07/1998); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIV. N. 43335. 8, JULIO, 1998. PÁG. 1.CONGRESO DE COLOMBIApor la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.VigentefalsefalseJusticia y del DerechofalseAdministración de justiciafalseLEY ORDINARIA108/07/199808/07/19984333511

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIV. N. 43335. 8, JULIO, 1998. PÁG. 1.

ÍNDICE [Mostrar]

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

RESUMEN DE JURISPRUDENCIA [Mostrar]

LEY 446 DE 1998

(julio 07)

por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.

ESTADO DE VIGENCIA: [Mostrar]

Subtipo: LEY ORDINARIA

El Congreso de Colombia 

  

DECRETA: 

  

PARTE I

DE LA DESCONGESTION EN LA JUSTICIA

T I T U L O I

NORMAS GENERALES

CAPITULO 1

De los despachos judiciales


Artículo 1°.Del apoyo de los estudiantes a los despachos judiciales. Con el fin de colaborar en la descongestión de los despachos judiciales y de conformidad con las normas relativas a los estudios de derecho, el Consejo Superior de la Judicatura podrá dictar los acuerdos pertinentes para reglamentar la realización de ciertas actividades por parte de los estudiantes de derecho, como equivalentes a las prácticas, que correspondan a cada pénsum académico. 

  


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CAPITULO 2

De los auxiliares y colaboradores de la justicia


Artículo 2°. Derogado. 


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Artículo 3°. Derogado. 


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Artículo 4°. Derogado. 


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Artículo 5°. Derogado. 


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Artículo 6°. Derogado. 


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CAPITULO 3

De la acumulación


Artículo 7°.Acumulación de pretensiones y de procesos en materia contencioso administrativa. El artículo 145 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: 

  

Artículo 145. Acumulación de pretensiones y de procesos en materia contencioso administrativa. En todos los procesos Contencioso Administrativos procederá la acumulación de pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, así como la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos establecidos por el mismo Código.” 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 8°.Acumulación de pretensiones y de procesos en materia laboral. El Código Procesal del Trabajo tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

  

Artículo 25A. Acumulación de pretensiones y de procesos en materia laboral. En los procesos laborales procederá la acumulación de pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, así como la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos establecidos por el mismo Código. 

  

No procederá la acumulación de procesos laborales que cursen en distintos distritos judiciales.” 

  


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Artículo 9°. Derogado. 


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CAPITULO 4

De las pruebas


Artículo 10°. Derogado. 


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Artículo 11°. Derogado. 


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Artículo 12°. Derogado. 


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Artículo 13°. Derogado. 


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Artículo 14°. Derogado. 


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CAPITULO 5

Disposición especial


Artículo 15°. Derogado. 


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PARTE II

DE LA EFICIENCIA EN LA JUSTICIA

T I T U L O I

NORMAS GENERALES


Artículo 16.Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales. 

  


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Artículo 17°. Derogado. 


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Artículo 18.Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. 

  

La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden. 

  


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Artículo 19°. Derogado. 


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Artículo 20°. Derogado. 


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Artículo 21.Expedición de copias por la oficina de archivo general de la rama judicial. Se autoriza a los funcionarios del nivel directivo de la Oficina de Archivo General de la Rama Judicial para expedir copias auténticas o informales, totales o parciales y certificaciones, de los expedientes bajo su custodia las cuales se podrán hacer valer ante cualquier autoridad para los fines pertinentes, excepto para servir de título ejecutivo. Igualmente, se les faculta para efectuar los desgloses en los términos del Código de Procedimiento Civil y demás normas al respecto. 

  


Artículo 22°. Derogado. 


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Artículo 23°. Derogado. 


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Artículo 24.Representación de las entidades públicas en materia laboral. El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo será aplicable en materia laboral. 

  


Artículo 25°. Derogado. 


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T I T U L O II

DE LA EFICIENCIA EN MATERIA DE FAMILIA

CAPITULO 1

De la competencia en materia de familia


Artículo 26°. Derogado. 


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CAPITULO 2

De los procesos de familia


Artículo 27°. Derogado. 


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CAPITULO 3

De los poderes de juzgamiento de familia


Artículo 28°. Derogado. 


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Artículo 29°. Derogado. 


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T I T U L O III

DE LA EFICIENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA

CAPITULO 1

De la jurisdicción de lo contencioso administrativo

SECCION 1ª

Objeto de la jurisdicción


Artículo 30°. Derogado. 


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SECCION 2ª

Acciones ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo


Artículo 31°. Derogado. 


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Artículo 32°. Derogado. 


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SECCION 3ª

Competencias


Artículo 33°. Derogado. 


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Artículo 34°. Derogado. 


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Artículo 35°. Derogado. 


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Artículo 36°. Derogado. 


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Artículo 37°. Derogado. 


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Artículo 38°. Derogado. 


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Artículo 39°. Derogado. 


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Artículo 40°. Derogado. 


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Artículo 41°. Derogado. 


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Artículo 42°. Derogado. 


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JURISPRUDENCIA [Mostrar]


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Artículo 43°. Derogado. 


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CAPITULO 2

Aspectos procesales

SECCION 1ª

De la caducidad


Artículo 44°. Derogado. 


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SECCION 2ª

De la demanda


Artículo 45°. Derogado. 


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Artículo 46°. Derogado. 


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Artículo 47°. Derogado. 


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Artículo 48°. Derogado. 


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Artículo 49°. Derogado. 


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SECCION 3ª

Impedimentos y recusaciones de los Consejeros, Nagistrados, Jueces Administrativos y Agentes del Ministerio Público ante esta jurisdicción


Artículo 50°. Derogado. 


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Artículo 51°. Derogado. 


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Artículo 52°. Derogado. 


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Artículo 53°. Derogado. 


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Artículo 54°. Derogado. 


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SECCION 4ª

Varios


Artículo 55°. Derogado. 


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Artículo 56°. Derogado. 


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Artículo 57°. Derogado. 


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Artículo 58°. Derogado. 


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Artículo 59°. Derogado. 


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Artículo 60°. Derogado. 


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CAPITULO 3

Reparto de procesos


Artículo 61°. Derogado. 


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CAPITULO 4

Disposiciones transitorias


Artículo 62°. Derogado. 


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Artículo 63°. Derogado. 


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PARTE III

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

T I T U L O I

DE LA CONCILIACION

CAPITULO 1

Normas generales aplicables a la conciliación ordinaria


Artículo 64.Definición. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. 

  


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Artículo 65.Asuntos conciliables. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley. 

  


Artículo 66.Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. 

  


Artículo 67°. Derogado. 


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Artículo 68.Requisito de procedibilidad. La conciliación es requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción en asuntos laborales, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. 

  


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Artículo 69.Conciliación sobre inmueble arrendado. Los Centros de Conciliación podrán solicitar a la autoridad judicial que comisione a los Inspectores de Policía para realizar la diligencia de entrega de un bien arrendado, cuando exista incumplimiento de un acta de conciliación con un acta al respecto. 

  

CAPITULO 2

Normas generales aplicables a la Conciliación Contencioso Administrativa


Artículo 70.Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. 

  

Parágrafo 1°. En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito. 

  

Parágrafo 2°. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.” 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 71.Revocatoria directa. El artículo 62 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 62. Cuando medie Acto Administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo logrado.” 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 72.Conclusión del procedimiento conciliatorio. El artículo 65 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 65. El acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestarán mérito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada. 

  

Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago y moratorios después de este último

  

Parágrafo. Será obligatorio la asistencia e intervención del Agente del Ministerio Público a las audiencias de conciliación judicial.” 

  


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Artículo 73.Competencia. La Ley 23 de 1991 tendrá un artículo nuevo, así: 

  

Artículo 65A. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio corresponde a la Sala, Sección o Subsección de que forme parte el Magistrado que actúe como sustanciador; contra dicho auto procede recurso de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en los de única. 

  

El Ministerio Público podrá interponer el recurso de apelación para ante el Tribunal, contra el auto que profiera el Juez Administrativo aprobando o improbando una conciliación. Las partes podrán apelarlo, sólo si el auto imprueba el acuerdo. 

  

La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público. 

  

Parágrafo. Lograda la conciliación prejudicial, el acta que la contenga será suscrita por las partes y, por el agente del Ministerio Público y se remitirá, a más tardar, al día siguiente, al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable.” 

  


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Artículo 74°. Derogado. 


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Artículo 75.Comité de conciliación. La Ley 23 de 1991 tendrá un nuevo artículo, así: 

  

Artículo 65B. Las entidades y organismos de Derecho Público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un comité de conciliación, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen. 

  

Las entidades de derecho público de los demás órdenes tendrán la misma facultad.” 

  


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Artículo 76°. Derogado. 


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CAPITULO 3

De la conciliación extrajudicial

SECCION 1ª

Normas generales


Artículo 77.Conciliadores. El inciso 2 del artículo 75 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

La conciliación prevista en materias laboral, de familia, civil, comercial, agraria y policiva podrá surtirse válidamente ante un Centro de Conciliación autorizado o ante el funcionario público que conoce del asunto en cuestión, cuando éste no sea parte. Para los efectos de la conciliación en materia policiva sólo podrá tener lugar en aquellas materias que de conformidad con la legislación vigente admitan tal mecanismo.” 

  


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Artículo 78°. Derogado. 


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Artículo 79°. Derogado. 


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SECCION 2ª

De la conciliación prejudicial en materia Contencioso Administrativa


Artículo 80.Solicitud. El artículo 60 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 60. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes individual o conjuntamente podrán formular solicitud de conciliación prejudicial, al Agente del Ministerio Público asignado al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de aquéllas. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones. 

  

El término de caducidad no correrá desde el recibo de la solicitud en el despacho del Agente del Ministerio Público, hasta por un plazo que no exceda de sesenta (60) días. Para este efecto, el plazo de caducidad se entenderá adicionado por el de duración de la etapa conciliatoria. 

  

Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud, el Agente del Ministerio Público, de encontrarla procedente, citará a los interesados, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la citación, concurran a la audiencia de conciliación el día y la hora que señale. Con todo, sin perjuicio de lo previsto en esta ley en relación con los términos de caducidad de la acción, las partes podrán pedirle al Agente del Ministerio Público que señale una nueva fecha.” 

  


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Artículo 81.Procedibilidad. El artículo 61 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 61. La conciliación administrativa prejudicial sólo tendrá lugar cuando no procediere la vía gubernativa o cuando ésta estuviere agotada. 

  

Si no fuere posible acuerdo alguno, el Agente del Ministerio Público firmará el acta en que se dé cuenta de tales circunstancias, declarará cerrada la etapa prejudicial, devolverá a los interesados la documentación aportada y registrará en su despacho la información sobre lo ocurrido. 

  

Parágrafo 1°. En caso de que las partes soliciten una nueva audiencia de conciliación, dicha solicitud deberá ser presentada de común acuerdo. 

  

Parágrafo 2°. No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado.” 

  


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SECCION 3ª

De la conciliación ante las autoridades del trabajo


Artículo 82.Procedibilidad. El artículo 26 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 26. La conciliación en materia laboral deberá intentarse ante las autoridades administrativas del trabajo o ante los Centros de Conciliación, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 1 del Título I de la Parte Tercera de la ley, “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 83.Obligaciones del funcionario. El artículo 28 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 28. El funcionario ante quien se tramite la conciliación administrativa tendrá las siguientes obligaciones: 

  

1. Citar a la audiencia de conciliación administrativa a las personas que considere necesarias. 

  

2. Citar a su despacho a cualquier persona cuya presencia sea necesaria. 

  

3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación. 

  

4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia. 

  

5. Velar porque en la conciliación no se menoscaben los derechos mínimos e intransigibles del trabajador. 

  

6. Aprobar el acuerdo de las partes, cuando cumpla con los requisitos de fondo y forma exigidos por las normas que regulan la materia. 

  

7. Levantar el acta de la audiencia de conciliación.” 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 84.Citación. El artículo 29 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 29. El funcionario ante quien se trámite la conciliación administrativa citará a las partes a través de un documento que deberá contener al menos lo siguiente: 

  

a) Lugar, fecha y hora de la realización de la audiencia; 

  

b) Fundamentos de hecho en que se basa la petición; 

  

c) Pruebas aportadas y solicitadas por el citante, así como la determinadas por el funcionario; 

  

d) Las advertencias legales sobre las consecuencias jurídicas de la no comparecencia; 

  

e) La firma del funcionario.” 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 85.Inasistencia. El artículo 32 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 32. Se presumirá que son ciertos los hechos en los cuales el actor basa sus pretensiones cuando el demandado ante la Jurisdicción Laboral haya sido citado con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y no comparezca a la audiencia a la que se le citó. 

  

La presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia ante la autoridad administrativa del trabajo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia, caso en el cual ésta señalará fecha para nueva audiencia dentro de un término máximo de veinte (20) días. 

  

La inasistencia injustificada de una de las partes a la audiencia de conciliación, obliga al Inspector de Trabajo a consignar expresamente este hecho en el acta, para los efectos establecidos en el artículo 68 de la presente ley.” 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 86.Acta de conciliación. El artículo 34 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 34. Del acuerdo logrado se dejará constancia en el acta de conciliación, que deberá contener los extremos de la relación laboral, las sumas líquidas y el concepto al que corresponden y en especial el término fijado para su cumplimiento. 

  

El acuerdo deberá ser aprobado por el Inspector de Trabajo, por medio de auto que no es susceptible de recursos.” 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 87.Agotamiento de la conciliación administrativa. El artículo 42 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 42. Cuando el funcionario determine que el asunto no es susceptible de conciliación expedirá al solicitante una certificación en la que se hará constar este hecho con la expresa mención de que este documento suple la obligación de acompañar copia auténtica del acta que da fe del agotamiento de la conciliación administrativa.” 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]


SECCION 4ª

De la conciliación administrativa en materia de familia


Artículo 88°. Derogado. 


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Artículo 89°. Derogado. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 90.Servicio social. En la aplicación de los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 23 de 1991, cuando se trate de egresados de Facultades de Derecho, se aplicarán las normas relativas al Servicio legal Popular. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


SECCION 5ª

Centros de conciliación


Artículo 91.Creación. El artículo 66 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 66. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán crear Centros de Conciliación, previa autorización de la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

  

Para que dicha autorización sea otorgada se requiere: 

  

1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado con la metodología que para el efecto disponga el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

  

2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la cual solicita ser autorizado. 

  

La capacitación previa de los conciliadores podrán impartirla la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, los Centros de Conciliación, las Universidades y los Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales que reciban el aval previo de la mencionada Dirección. 

  

Parágrafo. Los Centros de Conciliación que se encuentren funcionando con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un plazo de seis (6) meses para adecuarse a los requerimientos de la misma.” 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 92.Centros de conciliación de carácter universitario. Las facultades de Ciencias Humanas y Sociales podrán organizar sus Centros de Conciliación, en tanto cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior. 

  


Artículo 93°. Derogado. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 94.Sanciones. El artículo 67 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 67. La Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho una vez comprobada la infracción a la ley o a sus reglamentos, podrá imponer a los Centros de Conciliación, mediante resolución motivada cualquiera de las siguientes sanciones: 

  

a) Amonestación escrita; 

  

b) Multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la capacidad económica del Centro de Conciliación, a favor del Tesoro Público; 

  

c) Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término de seis (6) meses; 

  

d) Revocatoria de la autorización de funcionamiento. 

  

Parágrafo. Cuando a un Centro de Conciliación se le haya revocado la autorización de funcionamiento, sus representantes legales o administradores quedarán inhabilitados para solicitar nuevamente dicha autorización, por un término de cinco (5) años.” 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 95°. Derogado. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 96.Tarifas. El artículo 72 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 72. Los Centros de Conciliación deberán fijar anualmente sus tarifas dentro del marco que para el efecto determine el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

  

Sin embargo, los Centros de Conciliación organizados en las Universidades, en los términos de esta ley, prestarán gratuitamente sus servicios”. 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]


SECCION 6ª

De los conciliadores


Artículo 97°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 98°. Derogado. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

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Artículo 99.Calidades del conciliador. El artículo 73 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 73. El conciliador deberá ser ciudadano en ejercicio, quien podrá conciliar en derecho o en equidad. Para el primer caso, el conciliador deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trate de Centros de Conciliación de Facultades de Derecho. 

  

Los estudiantes de último año de Sicología, Trabajo Social, Psicopedagogía y Comunicación Social, podrán hacer sus prácticas en los centros de conciliación, apoyando la labor del conciliador y el desarrollo de las audiencias. Para el efecto celebrará convenios con las respectivas facultades.” 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 100.Impedimentos y recusaciones. Los conciliadores están impedidos y son recusables por las mismas causales previstas en el Código de Procedimiento Civil. El Director del Centro decidirá sobre ellas. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


CAPITULO 4

De la conciliación judicial

SECCION 1ª

Normas generales


Artículo 101°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]


SECCION 2ª

De la conciliación judicial en materia civil


Artículo 102°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 103.Sanciones por inasistencia. La inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o a la contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en el proceso: 

  

1. Si se trata del demandante, se producirán los efectos señalados en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, los cuales decretará el juez de oficio o a petición de parte. 

  

2. Si se trata de excepciones en el proceso ejecutivo, el Juez declarará desiertas todas las excepciones de mérito propuestas por él. 

  

3. Si se trata del ejecutante, se tendrán por ciertos los fundamentos de hecho susceptibles de confesión en que se funden las excepciones de mérito. 

  

4. Si se trata del demandado, se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, y además el Juez declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, si las hubiere propuesto. 

  

5. Si se trata de alguno de los litisconsortes necesarios, se le impondrá multa, hasta 10 salarios mínimos legales mensuales, en favor del Consejo Superior de la Judicatura. 

  

En el auto que señale fecha para la audiencia, se prevendrá a las partes sobre las consecuencias que acarrea su inasistencia. 

  

Parágrafo. Son causales de justificación de la inasistencia: 

  

1. Las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento Civil. 

  

2. La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos sumariamente dentro de los cinco (5) días siguientes. 

  

El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga una sanción, es apelable en el efecto diferido. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


SECCION 3ª

De la conciliación judicial en materia contencioso administrativa


Artículo 104.Solicitud. La audiencia de conciliación judicial procederá a solicitud de cualquiera de las partes y se celebrará vencido el termino probatorio. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar su celebración en cualquier estado del proceso. 

  

En segunda instancia la audiencia de conciliación podrá ser promovida por cualquiera de las partes antes de que se profiera el fallo. 

  


Artículo 105.Efectos de la conciliación administrativa. Lo pagado por una entidad pública como resultado de una conciliación debidamente aprobada y aceptada por el servidor o ex servidor público que hubiere sido llamado al proceso, permitirá que aquélla repita total o parcialmente contra éste. 

  

La conciliación aprobada, producirá la terminación del proceso en lo conciliado por las partes que la acepten. Si la conciliación fuere parcial, el proceso continuará para dirimir los aspectos no comprendidos en éste. Si el tercero vinculado no consintiere en lo conciliado, el proceso continuará entre la entidad pública y aquél. 

  

CAPITULO 5

De la conciliación en equidad


Artículo 106. El inciso 2° del artículo 82 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

“La selección de los candidatos se hará con la colaboración de la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho y deberá atender a un proceso de formación de aquellas comunidades que propongan la elección de estos conciliadores.” 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 107. El artículo 84 de la Ley 23 DE 191, quedará así: 

  

Artículo 84. La Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, deberá prestar asesoría técnica y operativa a los conciliadores en equidad. 

  

Parágrafo. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad, podrá suspenderlos de oficio, a petición de parte o por solicitud de la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, temporal o definitivamente en el ejercicio de sus facultades para actuar, cuando incurra en cualquiera de las siguientes causales: 

  

1. Cuando contraviniendo los principios de la conciliación en equidad, el conciliador decida sobre la solución del conflicto. 

  

2. Cuando cobre emolumentos por el servicio de la conciliación. 

  

3. Cuando trámite asuntos contrarios a su competencia.” 

  


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Artículo 108. El artículo 86 de la Ley 23 de 1991, quedará, así: 

  

Artículo 86. El procedimiento para la conciliación en equidad deberá regirse por principios de informalidad y celeridad que orienten a las partes para que logren un arreglo amigable.” 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 109. El artículo 87 de la Ley 23 de 1991, quedará así: 

  

Artículo 87. Del resultado del procedimiento, las partes y el conciliador levantarán un acta en la cual conste el acuerdo. Esta acta tendrá carácter de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo en lo que haya sido objeto de conciliación.” 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 110.Copia del nombramiento. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad, remitirá copia de los nombramientos efectuados a la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

  

T I T U L O II

DEL ARBITRAJE

CAPITULO 1

Normas generales


Artículo 111°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 112°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 113°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 114°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 115°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 116°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 117°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 118°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]


CAPITULO 2

Del trámite prearbitral


Artículo 119°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 120°. Derogado. 


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CAPITULO 3

Del procedimiento


Artículo 121°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 122°. Derogado. 


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Artículo 123°. Derogado. 


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Artículo 124°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 125°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 126°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 127°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 128°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 129°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]


TITULO III

De la amigable composición


Artículo 130°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 131°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 132°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]


PARTE IV

DEL ACCESO EN MATERIA COMERCIAL Y FINANCIERA

T I T U L O I

DEL EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES POR LAS SUPERINTENDENCIAS

CAPITULO 1

Del reconocimiento de la ineficacia


Artículo 133.Competencia. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 897 del Código de Comercio, las Superintendencias Bancaria, de Sociedades o de Valores podrán de oficio efectuar el reconocimiento de los presupuestos de ineficacia previstos en el Libro Segundo del Código de Comercio. Así mismo, a falta de acuerdo de las partes sobre la ocurrencia de dichas causales de ineficacia, podrá una de ellas solicitar a la respectiva Superintendencia su reconocimiento. En relación con las sociedades no vigiladas permanentemente por las referidas entidades, tal función será asumida por la Superintendencia de Sociedades. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


CAPITULO 2

Peritos


Artículo 134.Designación, posesión y recusación. Si para la solución de cualquiera de los conflictos de que conocen las Superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales, la respectiva Superintendencia requiera de peritos, éstos serán designados por el Superintendente de listas que para tal efecto elaborarán las Cámaras de Comercio, atendiendo las reglas establecidas en el artículo 9° del Código de Procedimiento Civil. 

  

En uno u otro caso, los peritos tomarán posesión ante el Superintendente o su delegado. Los peritos pueden ser objeto de recusación, caso en el cual ésta se sujetará al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 135.Dictamen pericial. Los peritos rendirán su dictamen dentro del término que fije el Superintendente o su delegado en la diligencia de posesión. El Superintendente dará traslado del dictamen a las partes por el término de tres (3) días dentro del cual podrán objetarlo ante el mismo funcionario por error grave o solicitar que se complemente o aclare, casos en los cuales se aplicarán las reglas del Código de Procedimiento Civil. 

  

Si no se presentaren objeciones o si, presentadas, se cumpliere el procedimiento pertinente, el dictamen así determinado obligará a las partes. Este acto no tendrá recurso alguno. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 136.Discrepancia sobre precio de alícuotas. Si con ocasión del reembolso de aportes en los casos previstos en la ley o del ejercicio del derecho de preferencia en la negociación de acciones, cuotas sociales o partes de interés surgen discrepancias entre los asociados, o entre éstos y la sociedad respecto al valor de las mismas, éste será fijado por peritos designados por las partes o en su defecto por el Superintendente Bancario, de Sociedades o de Valores, en el caso de sociedades sometidas a su vigilancia. 

  

Tratándose de sociedades no sometidas a dicha vigilancia, la designación corresponderá al Superintendente de Sociedades. 

  

En uno u otro caso, se procederá conforme se indica en el artículo anterior. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


T I T U L O II

DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

CAPITULO 1

Impugnación de decisiones


Artículo 137°. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]


SECCION 1ª

Disolución de sociedades


Artículo 138.Discrepancias sobre las causales. La Superintendencia de Sociedades podrá dirimir las discrepancias sobre la ocurrencia de causales de disolución de sociedades no sometidas a la vigilancia y control del Estado o que estándolo, la entidad respectiva no tenga dicha facultad. Lo anterior podrá solicitarse por cualquier asociado mediante escrito presentado personalmente por el interesado o su apoderado, junto con los anexos que por vía reglamentaria determine el Gobierno Nacional. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Artículo 139.Trámite. Del escrito correspondiente se dará traslado a los demás asociados por conducto del representante legal de la sociedad, por el término de diez (10) días, dentro del cual podrán controvertir los fundamentos contenidos en la petición y aportar o solicitar las pruebas que consideren necesarias. Cuando los asociados sean más de cien (100), se publicará copia de la solicitud en un diario de circulación nacional. 

  

Dentro del mismo término señalado podrá la Asamblea o Junta de Socios declarar la disolución y designar el liquidador si a ello hay lugar, y una vez formalizada aquella y hechas las inscripciones correspondientes en el registro mercantil se dispondrá el archivo de la respectiva actuación administrativa. En todo caso dicha decisión podrá adoptarse por la Asamblea o Junta de Socios en cualquier momento. 

  

Si no se procede en la forma indicada en el inciso anterior, se dispondrá la práctica de las pruebas solicitadas y de aquellas que se consideren necesarias, en los términos consagrados en el artículo 58 del Código Contencioso Administrativo. Vencido el período probatorio, se adoptará la decisión correspondiente dentro de los treinta (30) días siguientes. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Artículo 140.Declaración de disolución. Declarada la disolución por la Superintendencia de Sociedades, y en firme la providencia respectiva en la que deberá disponerse su inscripción en el registro mercantil correspondiente al lugar donde la sociedad tenga su domicilio principal y en el de aquellos donde haya establecido sucursales, la sociedad dentro del término de veinte (20) días designará al liquidador principal y suplente en la forma prevista en la ley o en los Estatutos. En el evento de que no se proceda de conformidad, dicha designación la hará la Superintendencia. 

  

Parágrafo. El proceso liquidatorio correspondiente se adelantará sin intervención del Superintendente, sin perjuicio de las funciones de inspección o vigilancia asignadas a la Superintendencia de Sociedades. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


T I T U L O III

DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES

CAPITULO 1

Protección de accionistas minoritarios


Artículo 141.Protección de los accionistas minoritarios. Cualquier número de accionistas de una sociedad que participe en el mercado público de valores que represente una cantidad de acciones no superior al diez por ciento (10%) de las acciones en circulación y que no tenga representación dentro de la administración de una sociedad, podrá acudir ante la Superintendencia de Valores cuando considere que sus derechos hayan sido lesionados directa o indirectamente por las decisiones de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta Directiva o representantes legales de la sociedad. 

  

Parágrafo. No obstante lo establecido en el presente artículo, la protección de los derechos de los accionistas minoritarios de una sociedad corresponderá en primer término a los representantes legales y miembros de Junta Directiva de la sociedad cuando la decisión sea tomada por la Asamblea General de Accionistas, o a éstos cuando la decisión sea tomada por el representante legal o los miembros de Junta Directiva de la misma 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Artículo 142.Facultades de la Superintendencia de Valores. Previa evaluación de los hechos en que se fundamenta la petición de los accionistas minoritarios y la determinación de las circunstancias, la Superintendencia de Valores podrá adoptar las medidas que tiendan a evitar la violación de los derechos y el restablecimiento del equilibrio y el principio de igualdad de trato entre las relaciones de los accionistas. 

  

Parágrafo. Igualmente los accionistas minoritarios podrán acudir ante la Superintendencia de Valores con el objeto de que ésta adopte las medidas necesarias, cuando quiera que existan hechos o circunstancias que pongan en peligro la protección de sus derechos, o hagan presumir la eventualidad de causar un perjuicio a la sociedad. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


T I T U L O IV

DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CAPITULO 1

Sobre competencia desleal


Artículo 143.Funciones sobre competencia desleal. La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas de la competencia desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con las disposiciones relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Artículo 144.Los procesos jurisdiccionales que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal, se seguirán conforme a las disposiciones del proceso abreviado previstas en el Capítulo I, Título XXII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil. En caso de existir pretensiones indemnizatorias, estas se tramitarán dentro del mismo proceso.  

 

Parágrafo Transitorio. En los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en caso que se solicite indemnización de perjuicios, una vez en firme la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las conductas de competencia desleal, el afectado contará con quince (15) días hábiles para solicitar la liquidación de los perjuicios correspondientes, lo cual se resolverá como un trámite incidental según lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]


CAPITULO 2

Sobre protección del consumidor


Artículo 145.Atribuciones en materia de protección al consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá, a prevención, las siguientes atribuciones en materia de protección del consumidor, sin perjuicio de otras facultades que por disposición legal le correspondan: 

  

a) Ordenar el cese y la difusión correctiva, a costa del anunciante, en condiciones idénticas, cuando un mensaje publicitario contenga información engañosa o que no se adecue a las exigencias previstas en las normas de protección del consumidor; 

  

b) Ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección del consumidor, o las contractuales si ellas resultan más amplias; 

  

c) Emitir las órdenes necesarias para que se suspenda en forma inmediata y de manera preventiva la producción, la comercialización de bienes y/o el servicio por un término de treinta (30) días, prorrogables hasta por un término igual, mientras se surte la investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el producto y/o servicio atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores; 

  

d) Asumir, cuando las necesidades públicas así lo aconsejen, las investigaciones a los proveedores u organizaciones de consumidores por violación de cualquiera de las disposiciones legales sobre protección del consumidor e imponer las sanciones que corresponda. 

  

T I T U L O V

DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

CAPITULO 1

Funciones jurisdiccionales


Artículo 146. Atribución excepcional de competencia a la Superintendencia Bancaria. En aplicación del artículo 116 de la Constitución Política, los clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria podrán a su elección someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y las instituciones financieras y entidades aseguradoras sobre las materias a que se refiere el presente artículo para que sean fallados en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez.  

 

En desarrollo de la facultad jurisdiccional atribuida por esta ley, la Superintendencia Bancaria podrá conocer de las controversias que surjan entre los clientes y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión del ejercicio de la actividad financiera, aseguradora o previsional.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, sólo podrán someterse a dicha competencia jurisdiccional los asuntos sin cuantía determinable y aquellos cuyo valor no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes mensuales.  

 

Con todo, la Superintendencia Bancaria no podrá conocer de ningún asunto que por virtud de las disposiciones legales vigentes deba ser sometido al proceso de carácter ejecutivo. Tampoco podrán ser sometidas a su competencia acciones de carácter penal, sin perjuicio de la obligación de informar y dar traslado a la jurisdicción competente de eventuales hechos punibles de los cuales tenga conocimiento, en cuyo caso el trámite ante la Superintendencia quedará sujeto a prejudicialidad.  

 

Parágrafo. La anterior atribución de funciones jurisdiccionales comenzará a regir seis (6) meses después de la entrada en vigencia de la presente ley. Para tal efecto, el Gobierno Nacional tendrá la facultad de incorporar al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las disposiciones previstas en esta ley relativas a la Superintendencia Bancaria y podrá modificar la estructura y funciones de la misma, con el exclusivo propósito de efectuar las adecuaciones necesarias para darle eficaz cumplimiento. Así mismo, la Superintendencia Bancaria podrá instruir sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan esta facultad, para lo cual deberá establecer un procedimiento sencillo y claro de acceso a su competencia.  


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T I T U L O VI

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO


Artículo 147Competencia a prevención. La Superintendencia o el Juez competente conocerán a prevención de los asuntos de que trata esta parte. 

  

El Superintendente o el Juez competente declarará de plano la nulidad de lo actuado inmediatamente como tenga conocimiento de la existencia del proceso inicial y ordenará enviar el expediente a la autoridad que conoce del mismo. El incumplimiento de este deber hará incurrir al respectivo funcionario en falta disciplinaria, salvo que pruebe causa justificativa. 

  

Con base en el artículo 116 de la Constitución Política, la decisión jurisdiccional de la Superintendencia respectiva, una vez ejecutoriada, hará tránsito a cosa juzgada. 

  


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Artículo 148. 

Parágrafo 1°. Los defensores del cliente de las instituciones financieras, continuarán prestando sus servicios para la solución de los conflictos que se generen en las relaciones bancarias y financieras de los clientes o usuarios y las entidades del sector financiero.  

 

Los defensores del cliente de las instituciones financieras también podrán actuar como conciliadores en los términos y bajo las condiciones de la presente Ley.  

 

Parágrafo 2. Para acudir ante la Superintendencia de Valores, los accionistas minoritarios a que se refiere el artículo 141 de la presente ley deberán probar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la reunión de la asamblea general de accionistas en la cual se tomaron las decisiones que no están dirigidas al desarrollo y protección del interés social, que previamente se informó de tales hechos a la junta directiva y al representante legal y que han transcurrido treinta (30) días desde que se informó a los administradores y éstos no han adelantado ninguna actuación conducente a verificar las irregularidades denunciadas ni a corregirlas o contrarrestarlas, cuando fuere el caso.  

 

En los casos en que las decisiones o actuaciones sean de la junta directiva o de los representantes legales, el trámite previo al que se refiere el presente parágrafo, deberá surtirse ante la asamblea general de accionistas y los dos (2) meses a que se refiere el inciso anterior se contarán desde la fecha de la reunión de la junta directiva o desde la fecha de la actuación del representante, según fuere el caso.  

 

Para establecer el cumplimiento del trámite previsto en el presente parágrafo, se analizarán las actuaciones que el órgano respectivo pueda realizar, de acuerdo con su competencia legal y estatutaria.  

 

  


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PARTE V

DE LA ASISTENCIA LEGAL POPULAR

T I T U L O I

DEL SERVICIO LEGAL POPULAR

CAPITULO 1

Disposiciones generales


Artículo 149. Derogado. 


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Artículo 150. Derogado. 


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Artículo 151. Derogado. 


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Artículo 152. Derogado. 


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Artículo 153. Derogado. 


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Artículo 154. Derogado. 


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Artículo 155. Derogado. 


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Artículo 156. Derogado. 


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Artículo 157. Derogado. 


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Artículo 158. Derogado. 


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CAPITULO 2

Disposiciones complementarias


Artículo 159. Derogado. 


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Artículo 160. Derogado. 


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T I T U L O II

De la defensoría de oficio


Artículo 161Abogados inscritos. Los abogados inscritos que actúen como defensores de oficio de manera gratuita y permanente, como mínimo, dentro de diez (10) procesos anualmente, tendrán derecho a que se les garantice la prestación de los servicios de seguridad social a cargo del Estado, en igualdad de condiciones al personal vinculado a la Defensoría del Pueblo, pero los aportes serán cubiertos en su integridad por el Estado a través del régimen subsidiado previsto por las disposiciones legales que regulan la materia. 

  

Para los casos en que el abogado atienda procesos con pluralidad de sindicados el número de procesos señalados en el inciso anterior se reducirá a seis (6). 

  


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PARTE VI

VIGENCIA, DEROGATORIAS Y OTRAS DISPOSICIONES


Artículo 162.Legislación permanente. Adóptase como legislación permanente los artículos 9°, 12 a 15, 19, 20, 21 salvo sus numerales 4 y 5, 23, 24, 33 a 37, 41, 46 a 48, 50, 51, 56 y 58 del Decreto 2651 de 1991. 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 163.Vigencia. Esta ley rige desde su publicación. Salvo disposición en contrario, los recursos interpuestos, los términos que hubieren comenzado a correr y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las normas vigentes cuando se interpuso el recurso, el término, se promovió el incidente, o comenzó a surtirse la notificación. Los procesos en curso que se encuentren en período probatorio se someterán de inmediato a las normas que en materia de pruebas contiene la presente ley en cuanto a su práctica el Juez o Magistrado concederá a las partes un término de tres (3) días para que reformulen la petición de pruebas no practicadas de acuerdo a la presente ley. 

  


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Artículo 164.Vigencia en materia contencioso administrativa. En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación. 

  

Los procesos de única instancia que cursan actualmente en el Consejo de Estado y que conforme a las disposiciones de esta ley correspondan a los Tribunales en única instancia, serán enviados a éstos en el estado en que se encuentren, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia. 

  

Los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales y que quedaren de doble instancia se deberán enviar en el estado en que se encuentren al competente, según esta ley, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia. 

  

Los procesos en curso que a la vigencia de esta ley eran de doble instancia y quedaren de única, no serán susceptibles de apelación, a menos que ya el recurso se hubiere interpuesto. 

  

Parágrafo. Mientras entran a operar los Juzgados Administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley. 

  


Artículo 165.Seguimiento. La Dirección General de Políticas Jurídicas y Desarrollo Legislativo del Ministerio de Justicia y del Derecho, hará el seguimiento de los efectos producidos por la aplicación de la presente ley. Dicha Dirección rendirá un informe al respecto dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a dicha vigencia, ante las Presidencias del Senado y la Cámara de Representantes. 

  


Artículo 166.Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se faculta al Gobierno Nacional para que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de esta ley, compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido, la cual será el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. 

  


Artículo 167.Derogatorias. Derógase: 

  

1. Los artículos 22, 23, 27, 30, 31, 33, 36 a 41, 43, 46, 48, 54, 58, 68 a 71, 77, 78, 88, 92, 94, 96, 98 a 100, 104, 107, 108, 111 y 116 de la Ley 23 de 1991. 

  

2. Los artículos 5°, 6°, 8°, 9°, 25 a 27, 29, 38 numeral 3, 42, 45 y 47 a 54 del Decreto 2279 de 1989. 

  

3. El artículo 9° de la Ley 25 de 1992. 

  

Las demás normas que le sean contrarias. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Afecta la vigencia de: [Mostrar]


El Presidente del honorable Senado de la República, 

  

Amylkar Acosta Medina. 

  

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

  

Pedro Pumarejo Vega. 

  

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

  

Carlos Ardila Ballesteros. 

  

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

  

Diego Vivas Tafur. 

  

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 

  

Publíquese y ejecútese. 

  

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 7 de julio de 1998. 

  

ERNESTO SAMPER PIZANO 

  

La Ministra de Justicia y del Derecho, 

  

Almabeatriz Rengifo López. 

  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

  

Antonio José Urdinola Uribe. 

  

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

  

Carlos Bula Camacho.