DECRETO10722015201505 script var date = new Date(26/05/2015); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CL. N. 49523. 26, MAYO, 2015. PAG. 540.MINISTERIO DE TRABAJOpor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector TrabajoVigentefalsefalsefalsefalseDECRETO ÚNICOfalse26/05/201526/05/201526/05/2015 49523.

DIARIO OFICIAL. AÑO CL. N. 49523. 26, MAYO, 2015. PAG. 540.

ÍNDICE [Mostrar]

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

RESUMEN DE JURISPRUDENCIA [Mostrar]

DECRETO 1072 DE 2015

(mayo 26)

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

ESTADO DE VIGENCIA: [Mostrar]

Subtipo: DECRETO ÚNICO

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le con­fiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y 

CONSIDERANDO: 

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de polí­ticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado. 

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las princi­pales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica. 

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio. 

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza. 

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia. 

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria. 

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades de­rivadas de los decretos compilados. 

  

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigen­te al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio­nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo. 

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamen­taria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector. 

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este decreto, el Gobierno verificó que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre­taría General del Consejo de Estado. 

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Por lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

LIBRO 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR TRABAJO

PARTE 1

SECTOR CENTRAL

TITULO 1

CABEZA DEL SECTOR


Artículo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del Sector del Trabajo. 

Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos funda­mentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. 

El Ministerio de Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones. 

(Decreto-ley 4108 de 2011, artículo 1°)  

TÍTULO 2

ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN


Artículo 1.1.2.1. Comisión permanente de concertación de políticas salariales y la­borales. De conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la Ley 278 de 1996, la comi­sión permanente a que se refiere el artículo 56 de la Constitución Política se denominará “comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales”. Estará adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y contará con una sede principal en la capital de la República y unas subcomisiones departamentales. También podrán, crearse, cuando las circunstancias así lo demanden, comités asesores por sectores económico. 

(Ley 278 de 1996, artículo 1°)  


Artículo 1.1.2.2. Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media con Presta­ción Definida del Sistema General de Pensiones. La Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del Sistema General de Pensiones, tiene a su cargo, de conformidad con el artículo 4° del Decreto-ley 169 de 2008, la definición de criterios unificados de interpretación de las normas relacionadas con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 

(Decreto número 2380 de 2012, artículo 2°)  


Artículo 1.1.2.3. Comisión Intersectorial para la Gestión del Recurso Humano. La Comisión Intersectorial para la Gestión del Recurso Humano tiene a su cargo la orienta­ción y articulación de las políticas, planes, programas y acciones necesarias para la ejecu­ción de la Estrategia Nacional de Gestión del Recurso Humano. 

(Decreto número 1953 de 2012, artículo 1°)  


Artículo 1.1.2.4. Comisión Intersectorial del Sector de la Economía Solidaria. La Comisión Intersectorial del Sector de la Economía Solidaria tiene como fin la coordina­ción de las acciones de las entidades públicas que formulan e implementan la política del sector de la Economía Solidaria y armonizar la regulación y políticas sectoriales pertinen­tes. 

(Decreto número 4672 de 2010, artículo 1°)  


Artículo 1.1.2.5. Comisión Intersectorial para Promover la Formalización del Tra­bajo Decente en el Sector Público. La Comisión Intersectorial para Promover la Formali­zación del Trabajo Decente en el Sector Público, especialmente en relación con la contra­tación de personal a través de empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado, tiene como fin hacer recomendaciones al Gobierno nacional en estos aspectos y realizar el seguimiento de su implementación.  

(Decreto número 1466 de 2007, artículo 1°)  


Artículo 1.1.2.6. Consejo Nacional de Riesgos Laborales. El Consejo Nacional de Riesgos Laborales es un organismo adscrito al Ministerio del Trabajo, de dirección del Sistema General de Riesgos Laborales, de carácter permanente, entre cuyas funciones se encuentran recomendar la formulación de las estrategias y programas para el Sistema General de Riesgos Laborales y aprobar el presupuesto general de gastos del Fondo de Riesgos Laborales. 

(Decreto-ley 1295 de 1994, artículos 69, 70)  


Artículo 1.1.2.7. Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo. De conformidad con lo previsto en la Ley 1636 de 2013, el Consejo Nacional de Mitigación del Desem­pleo estará integrado por el Ministro del Trabajo o su delegado, el Ministro de Hacienda o su delegado, el Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, un representante de los empresarios y un representante de los trabajadores. Tendrá como fun­ciones la fijación de la estructura de comisiones por la labor administrativa de las Cajas de Compensación Familiar con el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante; e Establecer los criterios de gestión y conocer y hacer seguimiento a los resul­tados obtenidos por el Fondo Solidario de Fomento al Empleo y Protección al Cesante; Establecer los criterios de gestión y conocer y hacer seguimiento a los resultados del Ser­vicio Público de empleo; entre otras. 

(Ley 1636 de 2013, artículo 22)  


Artículo 1.1.2.8. Comisión de la Calidad de la Formación para el Trabajo (CCAFT). La Comisión de la Calidad de la Formación para el Trabajo, (CCAFT), estará encargada de definir las políticas de operación, evaluación y control del Sistema de la Calidad de la Formación para el Trabajo. 

(Decreto número 2020 de 2006, artículos 6° y 7°)  


Artículo 1.1.2.9. Consejo Nacional de Economía Solidaria. El Consejo Nacional de Economía Solidaria (CONES) es un organismo autónomo y consultivo del Gobierno na­cional, que actúa frente a este como interlocutor y canal de concertación en los temas atinentes al sector de la economía solidaria en los términos conferidos por la ley. 

(Decreto número 1714 de 2012, artículo 1°)  


Artículo 1.1.2.10. Consejo Superior del Subsidio Familiar. Como entidad asesora del Ministerio del Trabajo, en materia de subsidio familiar, créase el Consejo Superior Familiar. 

(Ley 21 de 1982, artículo 81) 


Artículo 1.1.2.11. Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo In­fantil y la Protección del Menor Trabajador. El Comité Interinstitucional para la Erradi­cación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador es un Comité adscrito al Ministerio del Trabajo que tiene entre otras la función de asesorar, coordinar y proponer políticas y programas tendientes a mejorar la condición social laboral del menor trabajador y desestimular la utilización de la mano de obra infantil. 

(Decreto número 859 de 1995, artículos 1° y 3°)  


Artículo 1.1.2.12. Consejo para la Inclusión de la Discapacidad. Intégrese el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad articulado al Sistema Nacional de Discapacidad, cuyo objeto será coordinar las acciones que el sector privado adelante para coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión social, laboral y productiva de las personas con discapacidad, orientadas al desarrollo de las capacidades a través de la formación para el trabajo, la producción y el empleo de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.  

 

El Consejo para la Inclusión de la Discapacidad desarrollará su objeto como un componente de la Política Pública de Discapacidad y se articulará para el efecto al Consejo Nacional de Discapacidad.  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

TÍTULO 3

FONDOS ESPECIALES


Artículo 1.1.3.1. Fondo de Riesgos Laborales. El fondo de riesgos laborales es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo. 

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 1°)  

PARTE 2

SECTOR DESCENTRALIZADO

TÍTULO 1

ENTIDADES ADSCRITAS


Artículo 1.2.1.1. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), es un establecimiento público del orden nacional con persone­ría jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo. Está encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 

(Ley 119 de 1994, artículo 1°)  


Artículo 1.2.1.2. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es una entidad con persone­ría jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio del Trabajo. 

Tiene como objetivo diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias. 

(Decreto número 4122 de 2011, artículo 1° y 3°)  


Artículo 1.2.1.3. Unidad Administrativa Especial del Servicio Púbico de Empleo. La Unidad Administrativa. Especial del Servicio Público de Empleo es una entidad admi­nistrativa del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía admi­nistrativa y financiera, adscrita al Ministerio del Trabajo, razón por la cual hace parte del Sector Administrativo del Trabajo.  

La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo tiene por objeto la administración del servicio público de empleo y la red de prestadores del servicio pú­blico de empleo, la promoción de la prestación del servicio público de empleo, el diseño y operación del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, el desarrollo de instrumentos para la promoción de la gestión y colocación de empleo y la administración de los recursos públicos, para la gestión y colocación del empleo. 

(Decreto número 2521 de 2013, artículo 2°)  


Artículo 1.2.1.4. Superintendencia del Subsidio Familiar. La Superintendencia del Subsidio Familiar es una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, que tiene a su cargo la supervisión de las cajas de compensación familiar, organizaciones y entidades recaudado­ras y pagadoras del subsidio familiar en cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan o administren una o varias entidades sometidas a su vigilan­cia, con el fin de preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios sociales a su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley. 

(Ley 25 de 1981, artículo 1° y Decreto número 2595 de 2012, artículo 1°)  


Artículo 1.2.1.5. Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter in­terdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictá­menes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, respecto de las regionales y conforme a la reglamentación que determine el Ministerio del Trabajo. 

(Ley 100 de 1993, artículo 42, modificado por la Ley 1562 de 2012, artículo 16)  

TÍTULO 2 ENTIDADES VINCULADAS


Artículo 1.2.2.1. Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). La Ad­ministradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) es una Empresa Industrial y Co­mercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, para que ejerza las funciones señaladas en el Decreto número 4121 de 2011 y en las disposiciones legales vigentes, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política. 

(Decreto número 4121 de 2011, artículo 1°)  

TÍTULO 3

ORGANISMOS DE ARTICULACIÓN SECTORIAL


Artículo 1.2.3.1. De la conformación de la red de comités de seguridad y salud en el trabajo. La red de comités de seguridad y salud en el trabajo, encabezada y liderada por el comité nacional de seguridad y salud en el trabajo, está conformada por la totalidad de los comités seccionales y locales de salud ocupacional, con el objeto de establecer las relaciones jerárquicas, garantizar el funcionamiento armónico, orientar y sistematizar la información y servir de canal informativo para el cabal funcionamiento de los comités de seguridad y salud en el trabajo en el territorio nacional y del sistema general de riesgos laborales. 

(Decreto número 16 de 1997 artículo 2°)  


Artículo 1.2.3.2. Red Nacional de Formalización laboral. La Red Nacional de For­malización laboral es el conjunto de actores, procesos, recursos, políticas y normas que, para realizar los postulados del trabajo decente y de la seguridad social para todos, ejecuta acciones en los campos de la promoción, la capacitación, la orientación, el acompañamien­to, la intervención en la afiliación, el seguimiento y el control de los proyectos, estrategia y actividades orientadas a la formalización laboral de los trabajadores en Colombia inclu­yendo la vinculación al Sistema de Protección Social. 

(Decreto número 567 de 2014, artículo 1°)  


Artículo 1.2.3.3. Red Nacional de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo - Red Ormet. La Red Nacional de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, que se denominará (Red Ormet), red de investigación e información, está conformada por ac­tores, procesos, recursos, políticas y normas que actúan articuladamente en la generación de información de carácter estratégico, que sirva para la toma de decisiones en los aspectos relacionados con la formulación y gestión de la política de mercado de trabajo por parte de los actores involucrados. 

(Decreto número 1444 de 2014, artículo 1°)  

TÍTULO 4

FONDOS ESPECIALES


Artículo 1.2.4.1. Fondo Emprender (FE). El Fondo Emprender (FE) es una cuenta in­dependiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), administra­da por esta entidad, el cual se regirá por el derecho privado, y tendrá como objeto exclusi­vo financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adiciones. 

(Decreto número 934 de 2003, artículos 1° y 2°)  

LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO

PARTE 1

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN


Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente del sector Trabajo, expedida por el Gobierno nacional mediante las facultades reglamenta­rias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la República para para la cumplida ejecución de las leyes. 

  


Artículo 2.1.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del sector Trabajo, así como a las relaciones jurídicas derivadas de los vínculos laborales, y a las personas naturaleza o jurídicas que en ellas intervienen. 

PARTE 2

REGLAMENTACIONES

TÍTULO 1

RELACIONES LABORALES

INDIVIDUALES CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO


Artículo 2.2.1.1.1. Renovación automática contratos mayores a 30 días. Los con­tratos de trabajo cuya duración fuere superior a treinta (30) días e inferior a un (1) año se entenderán renovados por un término igual al inicialmente pactado, si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito a la otra la determinación de no prorrogarlo, con una antelación no inferior a treinta (30) días. 

Estos contratos podrán prorrogarse hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año y así suce­sivamente. 

(Decreto número 1127 de 1991, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.1.2. Contratos iguales o inferiores a 30 días. Los contratos de trabajo cuya duración sea igual o inferior a 30 días no requieren preaviso alguno para su termina­ción. No obstante, las partes, de común acuerdo, podrán pactar su prórroga en los términos previstos en el ordinal 2º del artículo 3º de la Ley 50 de 1990. 

(Decreto número 1127 de 1991, artículo 1°)  


Artículo 2.2.1.1.3. Procedimiento terminación unilateral por rendimiento deficien­te. Para dar aplicación al numeral 9) del artículo 7° del Decreto número 2351 de 1965, el empleador deberá ceñirse al siguiente procedimiento: 

1. Requerirá al trabajador dos (2) veces, cuando menos, por escrito, mediando entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a ocho (8) días. 

2. Si hechos los anteriores requerimientos el empleador considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentará a éste un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas, a efecto de que el trabajador pueda presen­tar sus descargos por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes; y 

3. Si el empleador no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará saber por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes. 

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.1.4. Terminación del contrato por reconocimiento de pensión. La jus­ta causa para terminar el contrato de trabajo por reconocimiento al trabajador de la pen­sión de jubilación estando al servicio del empleador, sólo procederá cuando se trate de la pensión plena, de acuerdo con la ley, la convención, el pacto colectivo o el laudo arbitral. 

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 3°)  


Artículo 2.2.1.1.5. Terminación del contrato por incapacidad de origen común supe­rior a 180 días. De acuerdo con el numeral 15) del artículo 7° del Decreto número 2351 de 1965, es justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del empleador, la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter laboral, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta cau­sa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso, sin perjuicio de la obligación prevista en el artículo 16 del Decreto número 2351 de 1965, cuando a ello haya lugar, y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. 

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 4°)  


Artículo 2.2.1.1.6. Cierre de empresa. 1. Es prohibido al empleador el cierre intem­pestivo de su empresa. Si lo hiciere, además de incurrir en las sanciones legales, deberá pagarle a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. 

2. Cuando previamente se compruebe ante el Ministerio del Trabajo que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios de los trabajadores, la cesación de actividades de éstos será imputable a aquel, y dará derecho a los trabajadores para reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 5°)  


Artículo 2.2.1.1.7. Sanción disciplinaria al trabajador. Antes de aplicarse una san­ción disciplinaria, el empleador debe oír al trabajador inculpado, directamente, y si éste es sindicalizado deberá estar asistido de dos (2) representantes de la organización sindical a que pertenezca. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con viola­ción de este trámite. 

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 6°)  

CAPÍTULO 2

JORNADA DE TRABAJO, DESCANSO OBLIGATORIO, VACACIONES Y RECREACIÓN

SECCION 1

JORNADA Y TRABAJO SUPLEMENTARIO


Artículo 2.2.1.2.1.1. Autorización para desarrollar trabajo suplementario. 1. Ni aún con el consentimiento expreso de los trabajadores, los empleadores podrán, sin autoriza­ción especial del Ministerio del Trabajo, hacer excepciones a la jornada máxima legal de trabajo. 

2. A un mismo tiempo con la presentación de la solicitud de autorización para trabajar horas extraordinarias en la empresa, el empleador debe fijar, en todos los lugares o esta­blecimientos de trabajo por lo menos hasta que sea decidido lo pertinente por el Ministerio del Trabajo, copia de la respectiva solicitud; el Ministerio, a su vez, si hubiere sindicato o sindicatos en la empresa, les solicitará concepto acerca de los motivos expuestos por el empleador y les notificará de ahí en adelante todas las providencias que se profieran. 

3. Concedida la autorización, o denegada, el empleador debe fijar copia de la provi­dencia en los mismos sitios antes mencionados, y el sindicato o sindicatos que hubiere tendrán derecho, al igual que el empleador a hacer uso de los recursos legales contra ella, en su caso. 

4. Cuando un empleador violare la jornada máxima legal de trabajo y no mediare au­torización expresa del Ministerio del Trabajo para hacer excepciones, dicha violación aún con el consentimiento de los trabajadores de su empresa, será sancionada de conformidad con las normas legales. 

(Decreto número 995 de 1968, artículo 1°)  


Artículo 2.2.1.2.1.2. Registro del trabajo suplementario. En las autorizaciones que se concedan se exigirá al empleador llevar diariamente, por duplicado, un registro del trabajo suplementario de cada trabajador, en el que se especifique: nombre de éste, edad, sexo, actividad desarrollada, número de horas laboradas, con indicación de si son diurnas o nocturnas, y la liquidación de la sobre-remuneración correspondiente. El duplicado de tal registro será entregado diariamente por el empleador al trabajador, firmado por aquel o por su representante. Si el empleador no cumpliere con este requisito se le revocará la autorización. 

(Decreto número 995 de 1968, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.2.1.3. Excepciones en casos especiales. El límite máximo de horas de trabajo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, puede ser elevado por orden del empleador y sin permiso del Ministerio del Trabajo, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente, o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de la empresa; pero únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbación grave. El empleador debe anotar en un registro ciñéndose a las indicaciones anotadas en el artículo anterior, las horas extraordi­narias efectuadas de conformidad con el presente artículo. 

(Decreto número 995 de 1968, artículo 3°)  


Artículo 2.2.1.2.1.4. Actividades ininterrumpidas. Cuando una empresa considere que determinada actividad suya requiere por razón de su misma naturaleza, o sea por ne­cesidades técnicas, ser atendida sin ninguna interrupción y deba por lo tanto, proseguirse, los siete (7) días de la semana, comprobará tal hecho ante la Dirección Territorial del Mi­nisterio del Trabajo, o en su defecto ante la Inspección del Trabajo del lugar, para los fines del artículo 166 del Código Sustantivo del Trabajo. 

(Decreto número 995 de 1968, artículo 4°)  

SECCION 2

VACACIONES


Artículo 2.2.1.2.2.1. Indicación fecha para tomar las vacaciones 1. La época de las vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año siguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. 

2. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador, con quince (15) días de anticipa­ción, la fecha en que le concederá las vacaciones. 

3. Todo empleador debe llevar un registro especial de vacaciones, en el que anotará la fecha en que ha ingresado al establecimiento cada trabajador, la fecha en que toma sus vacaciones anuales y en que las termina y la remuneración recibida por las mismas. 

(Decreto número 995 de 1968, artículo 6°)  


Artículo 2.2.1.2.2.2. Acumulación. 1. En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos, de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. 

2. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años. 

3. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares. 

4. Si el trabajador goza únicamente de seis (6) días de vacaciones en un año, se pre­sume que acumula los días restantes de vacaciones a las posteriores, en los términos del presente artículo. 

(Decreto número 995 de 1968, artículo 7°)  


Artículo 2.2.1.2.2.3. Prohibición acumulación para menores de edad. 1. Quedan prohibidas la acumulación y la compensación, aún parcial de las vacaciones de los trabaja­dores menores de diez y ocho (18) años durante la vigencia del contrato de trabajo, quienes deben disfrutar de la totalidad de sus vacaciones en tiempo, durante el año siguiente a aquel en que se hayan causado. 

2. Cuando para los mayores de diez y ocho (18) años se autorice la compensación en dinero hasta por la mitad de las vacaciones anuales, este pago solo se considerará válido si al efectuarlo el empleador concede simultáneamente en tiempo al trabajador los días no compensados de vacaciones. 

(Decreto número 995 de 1968, artículo 8°)  


Artículo 2.2.1.2.3.1. Acumulación de horas para actividades recreativas, culturales o de capacitación. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, las dos (2) horas de la jornada de cuarenta y ocho (48) semanales a que esta norma se refiere, podrán acumularse hasta por un (1) año. 

En todo caso, los trabajadores tendrán derecho a un número de horas equivalente a dos (2) semanales en el período del programa respectivo dentro de la jornada de trabajo. 

(Decreto número 1127 de 1991, artículo 3°)  


Artículo 2.2.1.2.3.2. Programas recreativos, culturales o de capacitación. El em­pleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. 

Dichos programas estarán dirigidos a la realización de actividades recreativas, cultu­rales, deportivas o de capacitación, incluyendo en éstas las relativas a aspectos de salud ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el mejoramiento de la produc­tividad y de las relaciones laborales. 

(Decreto número 1127 de 1991, artículo 4°)  


Artículo 2.2.1.2.3.3. Obligación de asistir. La asistencia de los trabajadores a las acti­vidades programadas por el empleador es de carácter obligatorio. 

Los empleadores podrán organizar las actividades por grupos de trabajadores en núme­ro tal que no se vea afectado el normal funcionamiento de la empresa. 

(Decreto número 1127 de 1991, artículo 5°)  


Artículo 2.2.1.2.3.4. Ejecución de los programas. La ejecución de los programas señalados en los artículos anteriores se podrá realizar a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las Cajas de Compensación Familiar, centros culturales, de estudio y en general, de instituciones que presten el respectivo servicio. 

(Decreto número 1127 de 1991, artículo 6°)  

CAPITULO 3

CESANTÍAS


Artículo 2.2.1.3.1. Base de liquidación cesantías. 1. Para liquidar el auxilio de cesan­tía se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no haya tenido variación en los tres (3) últimos meses. En el caso contrario y en el de los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicio o en todo el tiempo servido si fuere menor de un (1) año. 

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 8°, inc. 1°)  


Artículo 2.2.1.3.2. Cesantías parciales. Los trabajadores individualmente podrán exi­gir el pago parcial de su auxilio de cesantía para la adquisición, construcción, mejoras o liberación de bienes raíces destinados a su vivienda siempre que dicho pago se efectúe por un valor no mayor del requerido para tales efectos. 

Los empleadores están obligados a efectuar la liquidación y pago de que trata el inciso anterior. 

Los empleadores pueden hacer préstamos a sus trabajadores sobre el auxilio de cesan­tía para los mismos fines. 

Los empleadores podrán realizar planes de vivienda, directamente o contratándolos con entidades oficiales, semioficiales o privadas, en beneficio de sus trabajadores, finan­ciados en todo o en parte con préstamos o anticipos sobre el auxilio de cesantía de los trabajadores beneficiados. 

Los trabajadores podrán, igualmente, exigir el pago parcial de sus auxilios de cesantía para realizar planes de vivienda que deberán ser contratados con entidades oficiales, se­mioficiales o privadas. 

Aprobados debidamente los planes generales de vivienda de los empleadores o de los trabajadores, no se requerirá nueva autorización para cada pago de liquidaciones parciales del auxilio de cesantía o préstamos sobre estas. 

(Decreto número 2076 de 1967, artículo 1°)  


Artículo 2.2.1.3.3. Destinación de las cesantías parciales. Se entiende que la suma correspondiente a la liquidación parcial del auxilio de cesantía, o al préstamo sobre esta tiene la destinación de que trata el artículo anterior, solamente cuando se aplique a cual­quiera de las inversiones u operaciones siguientes: 

1. Adquisición de vivienda con su terreno o lote; 

2. Adquisición de terreno o lote solamente; 

3. Construcción de vivienda, cuando ella se haga sobre lote o terreno de propiedad del trabajador interesado, o de su cónyuge; 

4. Ampliación, reparación o mejora de la vivienda de propiedad del trabajador o de su cónyuge; 

5. Liberación de gravámenes hipotecarios o pago de impuestos que afecten realmente la casa o el terreno edificable de propiedad del trabajador, o su cónyuge, y 

6. Adquisición de títulos de vivienda sobre planes de los empleados o de los trabaja­dores para construcción de las mismas, contratados con entidades oficiales, o privadas. 

(Decreto número 2076 de 1967, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.3.4. Intereses de cesantías. Todo empleador obligado a pagar cesantía a sus trabajadores, les reconocerá y pagará intereses del 12% anual sobre los saldos que en 31 de diciembre de cada año, o en las fechas de retiro definitivo del trabajador, o de liquidación parcial de cesantía, tengan a su favor por concepto de cesantía. 

Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes de enero del año siguiente a aquel en que se causaron; o en la fecha de retiro del trabajador o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de cesantía, cuando se produjere antes del 31 de diciem­bre del respectivo período anual, en cuantía proporcional al lapso transcurrido del año. 

En todo caso, se procederá en forma que no haya lugar a liquidar intereses de intereses. 

(Decreto número 116 de 1976, artículo 1°)  


Artículo 2.2.1.3.5. Liquidación y pago de intereses de cesantías. En los casos de pago definitivo de cesantía la liquidación de intereses de hará proporcionalmente al tiempo de servicio transcurrido entre el 31 de diciembre inmediatamente anterior y la fecha del retiro. 

En los casos de liquidación y pago parcial de cesantía la liquidación de intereses se hará proporcionalmente al tiempo de servicio transcurrido entre el 31 de diciembre inme­diatamente anterior y la fecha de la respectiva liquidación. 

En caso de que dentro de un mismo año se practiquen dos o más pagos parciales de cesantía, el cálculo de intereses será proporcional al tiempo transcurrido entre la fecha de la última liquidación y la inmediatamente anterior. 

En la misma forma se procederá cuando el trabajador se retire dentro del año en que haya recibido una o más cesantías parciales. 

(Decreto número 116 de 1976, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.3.6. Pago de los intereses en caso de muerte del trabajador. En caso de muerte los intereses causados se pagarán a las mismas personas a quienes corresponda el auxilio de cesantía del trabajador. 

(Decreto número 116 de 1976, artículo 3°)  


Artículo 2.2.1.3.7. Saldos básicos para el cálculo de intereses. Para determinar los saldos básicos del cálculo de los intereses, se aplicarán las disposiciones legales vigentes al momento en que deba practicarse cada una de las liquidaciones de cesantía de que trata el artículo 1° de la Ley 52 de 1975. 

(Decreto número 116 de 1976, artículo 4°)  


Artículo 2.2.1.3.8. Indemnización por no pago de los intereses. Si el empleador no pagare los intereses dentro de los plazos señalados en el presente capítulo, deberá pagar al trabajador, a título de indemnización y por cada vez que incumpla, una suma adicional igual a dichos intereses, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes. 

(Decreto número 116 de 1976, artículo 5°)  


Artículo 2.2.1.3.9. Información al trabador respecto a las cesantías. Para efectos del artículo 2° de la Ley 52 de 1975, los empleadores deberán informar colectiva o individual­mente a sus trabajadores sobre el sistema empleado para liquidar los intereses y, además, junto con cada pago de estos les entregarán un comprobante con los siguientes datos: 

1. Monto de las cesantías tomadas como base para la liquidación; 

2. Período que causó los intereses: 

3. Valor de los intereses. 

(Decreto número 116 de 1976, artículo 6°)  


Artículo 2.2.1.3.10. Sanciones por incumplimiento. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo investidos de la función de policía administrativa vigilarán el cumplimiento de lo establecido en los artículos 2°.2°.1°.3°.4° a 2°.2°.1°.3°.9°. del presente decreto. 

(Decreto número 116 de 1976, artículo 8°)  


Artículo 2.2.1.3.11. Acogida voluntaria régimen especial de cesantías. Los trabaja­dores vinculados mediante contratos de trabajo celebrados con anterioridad al 1° de enero de 1991 que, de conformidad con lo estipulado en el parágrafo del artículo 98 de la Ley 50 de 1990, se acojan voluntariamente al régimen especial del auxilio de cesantía previsto en los artículos 99 y siguientes de la misma ley, comunicarán por escrito al respectivo empleador la fecha a partir de la cual se acogen a dicho régimen. 

(Decreto número 1176 de 1991, artículo 1°)  


Artículo 2.2.1.3.12. Liquidación en caso de acogida al régimen especial de cesantía. Recibida la comunicación de que trata el artículo anterior, el empleador deberá efectuar la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, junto con sus intereses legales, hasta la fecha señalada por el trabajador, sin que por ello se entienda terminado el contrato de trabajo. 

(Decreto número 1176 de 1991, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.3.13. Consignación cesantías y pago intereses de cesantías. El valor liquidado por concepto de auxilio de cesantía se consignará en el fondo de cesantía que el trabajador elija, dentro del término establecido en el ordinal 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 

El valor liquidado por concepto de intereses, conforme a lo establecido en la Ley 52 de 1975, se entregará directamente al trabajador dentro del mes siguiente a la fecha de liquidación del auxilio de cesantía. 

Parágrafo. La liquidación definitiva del auxilio de cesantía de que trata el presente artículo, se hará en la forma prevista en los artículos 249 y siguientes del Código Sustan­tivo del Trabajo. 

(Decreto número 1176 de 1991, artículo 3°)  


Artículo 2.2.1.3.14. Irrevocabilidad acogida a régimen de cesantías. La decisión de acogerse al régimen especial de cesantía previsto en los artículos 99 y siguientes de la Ley 50 de 1990, será irrevocable. 

  


(Decreto número 1176 de 1991, artículo 5°)  

CAPÍTULO 4

Calzado y Overoles para trabajadores


Artículo 2.2.1.4.1. Calzado y vestido de labor. Para efectos de la obligación consa­grada en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, se considera como calzado y vestido de labor el que se requiere para desempeñar una función o actividad determinada. 

El overol o vestido de trabajo de que trata el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo debe ser apropiado para la clase de labores que desempeñen los trabajadores y de acuerdo con el medio ambiente donde ejercen sus funciones. 

(Decreto número 982 de 1984, artículo 1°)  


Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido. Cuan­do la convención o pacto colectivo u arbitral, contrato sindical, contratado individual o prestación igual o similar a la señalada en el artículo 10 de la Ley 11 de 1984, se aplicara integralmente la más favorable al trabajador, de acuerdo a lo señalado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. 

(Decreto número 982 de 1984, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.4.3. Prohibición de exigencia simultánea. De ninguna manera podrán exigirse independientemente las obligaciones contenidas en el artículo anterior y las con­templadas en el artículo 7° de la Ley 11 de 1984. 

(Decreto número 982 de 1984, artículo 3°)  


Artículo 2.2.1.4.4. Eximente para proporcionar elementos por no uso de los mismos. Si el trabajador no hace uso de los expresados elementos de labor, por cualquier causa, el patrono queda eximido de proporcionarle los correspondientes al periodo siguiente, contado a partir de la fecha en que se le haya hecho al trabajador el último suministro de esos elementos. 

El empleador dará aviso por escrito sobre tal hecho al Inspector de Trabajo y Seguridad Social del lugar y de su defecto a la primera autoridad política, para los efectos que hubiere lugar; con relación a los referidos suministros. 

(Decreto número 982 de 1984, artículo 4°)  

capítulo 5

Teletrabajo


Artículo 2.2.1.5.1. Objeto y ámbito de aplicación. Las normas contenidas en el pre­sente capítulo tienen por objeto establecer las condiciones laborales especiales del teletra­bajo que regirán las relaciones entre empleadores y teletrabajadores y que se desarrolle en el sector público y privado en relación de dependencia. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 1°)  


Artículo 2.2.1.5.2. Teletrabajo y Teletrabajador. Para efectos del presente capítulo el teletrabajo es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. 

El teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas definidas por la ley. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.5.3. Contrato o vinculación de teletrabajo. El contrato o vinculación que se genere en esta forma de organización laboral de teletrabajo debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo para los traba­jadores particulares y en las disposiciones vigentes que rigen las relaciones con los servi­dores públicos, y con las garantías a que se refiere el artículo 6° de la Ley 1221 de 2008, y especialmente deberá indicar: 

1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio. 

2. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal. 

3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo. 

4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador. 

Parágrafo. En caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador, este no podrá exigir posteriormente realizar su trabajo en las instalaciones del empleador, a no ser que las partes de cmún acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso dejaría de ser teletrabajador. 

Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y las partes de común acuerdo optan por el teletrabajo, el acuerdo que firmen deberá contener los elementos descritos en el presente artículo y será anexado al contrato de trabajo o a la hoja de vida del empleado. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 3°)  


Artículo 2.2.1.5.4. Igualdad de trato. El empleador debe promover la igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades laborales y demás derechos fundamentales laborales, entre teletrabajadores y demás traba­jadores de la empresa privada o entidad pública. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 4°)  


Artículo 2.2.1.5.5. Uso adecuado de equipos y programas informáticos. Para el sec­tor privado el empleador debe incluir en el reglamento interno de trabajo, lo relacionado con el adecuado uso de equipos, programas y manejo de la información, con el fin de per­mitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de organización laboral. 

El empleador debe informar al teletrabajador sobre las restricciones de uso de equipos y programas informáticos, la legislación vigente en materia de protección de datos perso­nales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en general las sanciones que puede acarrear por su incumplimiento. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 5°)  


Artículo 2.2.1.5.6. Manuales de funciones de las entidades públicas. Para los servi­dores públicos las entidades deberán adaptar los manuales de funciones y competencias laborales, con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de organización laboral. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 6°)  


Artículo 2.2.1.5.7. Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los teletrabaja­dores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). 

Los teletrabajadores en relación de dependencia, durante la vigencia de la relación laboral, deben ser afiliados por parte del empleador al Sistema de Seguridad Social, Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan o las disposiciones que regulen los regímenes especiales, así como a las Cajas de Compensación Familiar en los términos y condiciones de la normatividad que regula dicha materia. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 7°)  


Artículo 2.2.1.5.8. Obligaciones de las partes en seguridad y previsión de riesgos laborales. Las obligaciones del empleador y del teletrabajador en seguridad y previsión de riesgos laborales son las definidas por la normatividad vigente. En todo caso, el empleador deberá incorporar en el reglamento interno del trabajo o mediante resolución, las condi­ciones especiales para que opere el teletrabajo en la empresa privada o entidad pública. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 8°)  


Artículo 2.2.1.5.9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales, (ARL). Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), en coordinación con el Mi­nisterio del Trabajo, deberán promover la adecuación de las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo a las características propias del teletrabajo. 

Las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán elaborar una guía para prevención y actuación en situaciones de riesgo que llegaren a presentar los teletrabajadores, y sumi­nistrarla al teletrabajador y empleador. 

La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales se hará a través del empleador, en las mismas condiciones y términos establecidos en el Decreto-ley 1295 de 1994, me­diante el diligenciamiento del formulario que contenga los datos especiales que para tal fin determine el Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se deberá precisar las actividades que ejecutará el teletrabajador, el lugar en el cual se desarrollarán, la clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo, así como el horario en el cual se ejecutarán. La información anterior es necesaria para la determinación del riesgo y definición del origen de las contin­gencias que se lleguen a presentar. 

El empleador deberá allegar copia del contrato o del acto administrativo a la Adminis­tradora de Riesgos Laborales (ARL) adjuntando el formulario antes mencionado, debida­mente diligenciado. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 9°)  


Artículo 2.2.1.5.10. Auxilio de transporte, horas extras, dominicales y festivos para los teletrabajadores. Cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad al teletrabajador, no habrá lugar al auxilio de transporte. 

Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable el tiempo laborado y el te­letrabajador a petición del empleador se mantiene más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo o en el Decreto-ley 1042 de 1978, para los servidores públicos, al pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier otro empleado. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 10)  


Artículo 2.2.1.5.11. Evaluación del teletrabajador. Para los empleados públicos la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá adoptar un instrumento que permita medir el desempeño laboral del teletrabajador, para los fines previstos en las disposiciones vigentes. 

(Decreto 884 de 2012, artículo 11)  


Artículo 2.2.1.5.12. Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. El Ministerio del Tra­bajo como Coordinador General de la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo, desarro­llará conjuntamente con las entidades establecidas en la Ley 1221 de 2008, las siguientes actividades: 

1. Convocará la integración de mesas de trabajo, que se conformarán por aspectos tec­nológicos, formativos, organizativos, legales, y una mesa especial sobre población vulne­rable; estas mesas deberán generar una agenda anual para el desarrollo de las actividades. 

2. Trabajará en la generación y desarrollo de las políticas públicas definidas en la Ley 1221 de 2008 en cuanto al fomento del teletrabajo, generación de incentivos y en la polí­tica especial de teletrabajo en la población vulnerable. 

3. Fomentará la posibilidad que las empresas adopten el contrato de teletrabajo, para las mujeres antes de entrar a licencia de maternidad y durante la etapa de lactancia, con el ánimo de flexibilizar el sistema y fomentar la equidad de género en el ámbito laboral. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 12) 


Artículo 2.2.1.5.13. Acciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trabajará de manera conjunta con el Ministerio del Trabajo, y con las demás entidades competentes, en la promoción, difusión y fomento del Teletrabajo en las entidades públi­cas y privadas, con este propósito adelantará las siguientes acciones: 

1. Promover el uso, apropiación y masificación de las tecnologías de la información y las comunicaciones mediante la promoción, difusión y fomento del teletrabajo. 

2. Promover e impulsar la cultura del teletrabajo en el país, a través de planes y pro­gramas de promoción y difusión del teletrabajo incrementando el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

3. Promover la inclusión laboral de población con discapacidad mediante el teletra­bajo, a través del acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones para el contacto entre el trabajador y la empresa. 

4. Apoyar al Ministerio del Trabajo en la formulación de planes y programas que in­centiven la implementación de prácticas de teletrabajo. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 13)  


Artículo 2.2.1.5.14. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el teletrabajo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones difun­dirá información y buenas prácticas relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones requeridas para implementar prácticas de teletrabajo. 

(Decreto número 884 de 2012, artículo 14)  

CAPÍTULO 6

NORMAS LABORALES ESPECIALES RELACIONADAS CON DETERMINADOS TRABAJADORES

SECCION 1

CONDUCTORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS TAXI


Artículo 2.2.1.6.1.1. Objeto. Las normas contenidas en la presente sección tienen por objeto adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley 336 de 1996, respecto del acceso universal a la seguridad social de los conductores de los equipos destinados al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi y facilitar el cumplimiento de los estándares de servicio requeridos por el ordenamiento jurídico. 

(Decreto número 1047 de 2014, artículo 1°)  


Artículo 2.2.1.6.1.2. Seguridad social para conductores. Los conductores de los equi­pos destinados al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasa­jeros en Vehículos Taxi, deberán estar afiliados como cotizantes al Sistema de Seguridad Social y no podrán operar sin que se encuentren activos en los sistemas de pensiones, salud y riesgos laborales. 

(Decreto número 1047 de 2014, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.6.1.3. Normativa aplicable y Riesgo Ocupacional. La afiliación y pago de la cotización a la seguridad social de los conductores de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, se regirá por las normas generales establecidas para el Sistema General de Seguridad Social. El riesgo ocupacional de los conductores, para efectos del Sistema General de Riesgos Laborales, se clasifica en el nivel cuatro (IV). 

(Decreto número 1047 de 2014, artículo 3°)  


Artículo 2.2.1.6.1.4. Requisitos. Para la afiliación del conductor de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, se requerirá únicamente el diligenciamiento del formulario físico o electrónico establecido para tal fin en la normativa vigente. 

PARÁGRAFO. Las entidades administradoras del Sistema de Riesgos Laborales, no podrán impedir, entorpecer o negar la afiliación de los conductores cubiertos por las nor­mas de la presente sección. 

(Decreto número 1047 de 2014, artículo 4°)  


Artículo 2.2.1.6.1.5. PILA. El Ministerio de Salud y Protección Social expedirá las disposiciones para actualizar en lo necesario, la Planilla Integrada de Liquidación de Apor­tes (PILA) y permitir la identificación en ella de los conductores cubiertos por las normas del presente capítulo. 

(Decreto número 1047 de 2014, artículo 6°)  


Artículo 2.2.1.6.1.6. Inspección, vigilancia y control. Sin perjuicio de las competen­cias que le corresponden a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y a la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de transporte, el Ministerio del Trabajo ejecutará las acciones de inspección, vigi­lancia y control que se requieran para garantizar el cumplimiento de la presente sección, en lo concerniente a las normas de seguridad social. 

(Decreto número 1047 de 2014, artículo 21)  

SECCION 2

MANO DE OBRA LOCAL A PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS


Artículo 2.2.1.6.2.1.Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer medidas especiales con el propósito de facilitar y fortalecer la contratación de mano de obra local en los municipios en los que se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.1.6.2.2.Alcance. Las medidas previstas en la presente sección aplicarán en todos los municipios donde se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos y cobijarán a todos los empleadores que vinculen personal a los mismos. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.1.6.2.3.Definiciones. Para efectos de interpretar y aplicar la presente sección se establecen las siguientes definiciones:  

  

1. Proyecto de exploración y producción de hidrocarburos: todas aquellas actividades y servicios relacionados con el desarrollo de contratos celebrados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), o contratos de asociación suscritos con Ecopetrol S. A., para explorar o producir hidrocarburos en áreas continentales.  

  

2. Área de influencia: se entenderá como área de influencia el municipio o municipios donde se desarrolle el proyecto de exploración y producción de hidrocarburos.  

  

3. Vacante: todo puesto de trabajo no ocupado, cuyas funciones estén relacionadas con los servicios o actividades realizadas en el marco de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.  

  

4. Mano de obra local: solo se considerará como mano de obra local, sin importar el tipo de vacante al que aspire, la persona que acredite su residencia con el certificado expedido por la alcaldía municipal, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del literal f) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.  

  

5. Mano de obra calificada: para el caso de estandarizaciones adoptadas por el Ministerio del Trabajo, serán considerados como calificados aquellos cargos que correspondan a perfiles ocupacionales que requieran para su desarrollo formación técnica, tecnológica o profesional, sin importar que el empleador valide dicho requerimiento de formación por tiempo de experiencia.  

  

Para el caso de perfiles no estandarizados, serán considerados como calificados aquellos cargos que requieran para su desarrollo formación técnica, tecnológica o profesional, sin importar que el empleador valide dicho requerimiento de formación por tiempo de experiencia. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.1.6.2.4.Priorización en la contratación de mano de obra local. La totalidad de la mano de obra no calificada contratada para prestar sus servicios en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, en principio, será residente en el área de influencia del proyecto de exploración y producción de hidrocarburos.  

  

De otra parte, si la hubiere, por lo menos el treinta por ciento (30%) de la mano de obra calificada contratada para prestar sus servicios en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, será residente en el área de influencia del proyecto de exploración y producción de hidrocarburos.  

  

Parágrafo 1°. En los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos que inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de las presentes medidas, cada uno de los empleadores a que se refiere el artículo 2.2.1.6.2.2 del presente decreto, calculará las vacantes que debe proveer con mano de obra local tomando como base el número de personas que estima vincular al proyecto y con las contrataciones laborales que realice cumplirá con lo previsto en el presente artículo.  

  

Cuando el proyecto se encuentre en ejecución a la entrada en vigencia de las presentes medidas, los empleadores calcularán las vacantes que deben proveer con mano de obra local tomando como base el número de personas vinculadas al proyecto y con cada nueva contratación laboral cumplirán progresivamente con lo previsto en el presente artículo.  

  

Parágrafo 2°. Para efectos de calcular los porcentajes de contratación de mano de obra se incluirán las vacantes de los cargos a que se refiere el parágrafo 3° del artículo 2.2.6.1.2.12 del presente decreto. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.1.6.2.5.Proceso de priorización de mano de obra local. El proceso de priorización de contratación de mano de obra local se realizará a través de los prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo que tengan autorizada la prestación presencial en el municipio donde se desarrolle el proyecto. 

  

La oferta de vacantes se realizará en el siguiente orden de priorización: 

  

1. En el municipio o municipios que correspondan al área de influencia del proyecto. 

  

2. En los municipios que limiten con aquel o aquellos que conforman el área de influencia del proyecto. 

  

3. En los demás municipios del departamento o departamentos donde se encuentre el área de influencia del proyecto. 

  

4. En el ámbito nacional. 

  

Para poder avanzar del primer nivel de priorización, será necesario que los prestadores encargados de la gestión de las vacantes certifiquen la ausencia de oferentes inscritos que cumplan el perfil requerido. Para tal efecto, se observarán las estandarizaciones ocupacionales adoptadas por el Ministerio del Trabajo. 

  

Parágrafo. Para efectos del presente artículo el empleador registrará sus vacantes por lo menos con las agencias públicas de gestión y colocación de empleo y las constituidas por Cajas de Compensación Familiar que tengan competencia en el municipio donde se desarrolle el proyecto, sin perjuicio de su facultad de acudir a los demás prestadores autorizados en el territorio. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.1.6.2.6.Procesos a cargo de los prestadores. La Unidad del Servicio Público de Empleo establecerá a través de resolución las funcionalidades y procesos que deberán implementar los prestadores del Servicio Público de Empleo para cumplir con la presente sección. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.1.6.2.7.Obligaciones de empleadores. Con el fin de dar cumplimiento a la presente sección se establecen las siguientes obligaciones:  

  

1. El empleador, además de la información necesaria para realizar el registro de la vacante, entregará al prestador del Servicio Público de Empleo los siguientes datos:  

  

1.1. Municipio donde se espera sea residente el oferente.  

  

1.2. Término de vigencia de la publicación de la vacante, el cual no podrá ser inferior a tres (3) días hábiles.  

  

2. El empleador le reportará al prestador la selección o las razones de no selección de los oferentes remitidos.  

  

3. Las empresas operadoras de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, en los contratos que celebren con terceros para desarrollar actividades relacionadas con proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, incluirán cláusulas relacionadas con la gestión del recurso humano a través del Servicio Público de Empleo y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente sección.  

  

Parágrafo 1°. Los datos personales recolectados en desarrollo de lo previsto en el presente artículo estarán sujetos a las reglas de tratamiento previstas en la Ley 1581 de 2012.  

  

Parágrafo 2°. Las empresas del sector de hidrocarburos podrán coadyuvar a los prestadores del Servicio Público de Empleo en la realización de jornadas de registro masivo de oferentes de mano de obra en los territorios donde desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.1.6.2.8.Seguimiento, vigilancia y control. Las empresas operadoras de contratos celebrados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) o contratos de asociación suscritos con Ecopetrol S. A., harán seguimiento a la vinculación de mano de obra local por parte de sus contratistas y, de forma conjunta con estos, reportarán semestralmente información relacionada con:  

  

1. Nómina vinculada al proyecto.  

  

2. Mano de obra local contratada para cargos calificados y no calificados.  

  

3. Municipios donde se encuentra el proyecto.  

  

La anterior información será reportada a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo a través de los prestadores del Servicio Público de Empleo, según el procedimiento y condiciones que establezca la Unidad del Servicio Público de Empleo.  

  

Parágrafo 1°. Además de las entidades enunciadas, a esta información solo accederán los titulares de la misma y las entidades públicas que tengan funciones relacionadas con lo previsto en la presente sección, según lo previsto en la Ley 1581 de 2012.  

  

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo, en desarrollo de sus funciones de inspección vigilancia y control, verificará el cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del empleador en la presente sección, especialmente las previstas en el artículo 2.2.1.6.2.4 del presente decreto, y adelantará las actuaciones administrativas a que haya lugar conforme a la verificación realizada.  

  

Parágrafo 3°. La información de los numerales 1 y 2 del presente artículo se presentará de forma desagregada por cada empleador. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.1.6.2.9.Reportes. La Unidad del Servicio Público de Empleo rendirá informe semestral al Ministerio del Trabajo sobre la forma en que se implementen las medidas establecidas en esta sección”. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

SECCION 3

NORMAS LABORALES RELACIONADAS CON DETERMINADOS TRABAJADORES EMPLEADOS A BORDO DE BUQUES DE BANDERA COLOMBIANA EN SERVICIO INTERNACIONAL


Artículo 2.2.1.6.3.1. Campo de aplicación. Las disposiciones de la presente sección rigen para todas las personas empleadas a bordo de buques de bandera colombiana en servicio internacional, con excepción de las que no trabajan en dichos buques más que durante su permanencia en puerto. 

La presente sección no se aplica: 

A los buques de guerra; 

A los buques del Estado que no estén dedicados al comercio; A los buques dedicados al cabotaje nacional; 

A los yates de recreo; 

A las embarcaciones comprendidas en la denominación de Indian Country Craft; 

A los barcos de pesca, y 

A las embarcaciones cuyo desplazamiento sea inferior a 100 toneladas o a 300 metros cúbicos, ni a los buques destinados al “home trade” cuyo desplazamiento sea inferior al límite fijado para el régimen especial de estos buques por la legislación nacional vigente al adoptarse el Convenio número 22 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Definiciones. Para efectos de la presente sección, a la gente de mar se le aplican las definiciones contenidas en el artículo 6º del Decreto número 1597 de 1988, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 1°)  


Artículo 2.2.1.6.3.2. Contrato de enrolamiento. Es aquel por el cual una persona que pertenezca a la clasificación de gente de mar, se obliga a prestar un servicio personal en un buque bajo la continua dependencia o subordinación del empleador y mediante remu­neración. 

El contrato de enrolamiento será suscrito por el empleador o su representante y por la gente de mar. Deberán darse facilidades al trabajador y a sus consejeros para que examinen el contrato de enrolamiento antes de ser firmado. Una vez firmado, copia del mismo, será remitido al inspector de trabajo de su jurisdicción para su depósito y posterior constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en él. 

Los contratos de enrolamiento celebrados en el exterior, para prestar servicios en naves de bandera colombiana, se regirán por las leyes colombianas aunque el contrato se inicie en puerto extranjero. 

Tal como lo dispone el Decreto-Ley 2324 de 1984, en las naves de matrícula colom­biana, el capitán, los oficiales y como mínimo el ochenta por ciento (80%) del resto de la tripulación deberá ser colombiana. El castellano deberá usarse obligatoriamente en las órdenes de mando verbales y escritas y en las anotaciones, libros o documentos exigidos. La Dirección General Marítima autorizará a los armadores la contratación de personal extranjero, cuando en el país no lo hubiere capacitado o idóneo en número suficiente. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.6.3.3. Competencia jurisdiccional. Se entenderá por no escritas en el contrato las cláusulas por las que las partes convengan de antemano en separarse de las re­glas normales de la competencia jurisdiccional, salvo lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo en lo relacionado con el arbitraje. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 3°)  


Artículo 2.2.1.6.3.4. Licencia de navegación. Reglamento interno de trabajo. La li­cencia de navegación expedida por la Dirección General Marítima, es el documento que garantiza la idoneidad, para desempeñar un cargo determinado a bordo por parte de la gente de mar. 

A fin de permitir que la gente de mar conozca la naturaleza y alcance de sus derechos y obligaciones y se puedan informar a bordo de manera precisa, sobre las condiciones de empleo, se fijarán las cláusulas del reglamento interno de trabajo en dos sitios fácilmente accesibles a ellos. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 4°)  


Artículo 2.2.1.6.3.5. Modalidades del contrato. El contrato de enrolamiento podrá celebrarse por viaje, por duración determinada o por duración indeterminada. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 5°)  


Artículo 2.2.1.6.3.6. Contenido del contrato. El contrato de enrolamiento además de la especificación clara de los derechos y deberes de cada parte, deberá contener los si­guientes datos: 

Los nombres y apellidos, fechas de nacimiento o las edades, lugares de nacimiento y domicilio de las partes. 

El lugar y fecha de celebración del contrato. 

La designación del buque o buques a bordo de los cuales se compromete a servir el interesado, cuando el contrato es por viaje. 

El viaje que va emprender, si ello puede determinarse al celebrar el contrato. 

El cargo que va a desempeñar el interesado. 

Si es posible el lugar y la fecha en que el interesado está obligado a presentarse a bordo para comenzar su servicio. 

El importe de los salarios, su forma y periodos de pago. 

La duración del contrato, es decir: 

Si el contrato se ha celebrado por una duración determinada; 

Si el contrato ha sido celebrado por un viaje, el puerto de destino y el tiempo que debe­rá transcurrir después de la llegada para que el interesado pueda ser licenciado; 

Si el contrato se ha celebrado por duración indeterminada, las condiciones que permi­tan a cada parte terminarlo, así como el plazo de aviso, que no podrá ser más corto para el empleador que para la Gente de Mar. 

Las vacaciones anuales o proporcionales que conceden a la Gente de Mar al servicio del mismo empleador. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 6°)  


Artículo 2.2.1.6.3.7. Terminación del contrato de duración indeterminada. El con­trato de enrolamiento por duración indeterminada podrá darse por terminado, por cual­quiera de las partes, en un puerto de carga o descarga del buque, a condición de que se haya dado el aviso previo convenio, por escrito, el cual no podrá ser inferior a veinticuatro (24) horas. Copia del aviso deberá ser firmado por el destinatario y el incumplimiento de esas condiciones dejará sin efecto el aviso. 

El aviso formulado en forma regular no surtirá efecto si las partes se ponen de acuerdo en restablecer íntegramente las condiciones contractuales. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 7°)  


Artículo 2.2.1.6.3.8. Duración del contrato. Salvo estipulación expresa en contrario, el contrato de enrolamiento se entenderá celebrado por el viaje de ida y regreso. 

Si el plazo previsto para la duración del contrato expira durante la travesía el enrola­miento quedará prorrogado hasta la terminación del viaje. 

El personal que según el contrato de enrolamiento deba ser regresado a un lugar deter­minado o desembarcado en él será en todo caso conducido a dicho lugar. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 8°)  


Artículo 2.2.1.6.3.9. Causales de terminación del contrato independientemente de su duración. El contrato de enrolamiento que se celebre por un viaje, por duración deter­minada o por duración indeterminada, queda legalmente terminado en los casos siguientes: 

Mutuo consentimiento de las partes; 

Fallecimiento del marino; 

Pérdida o incapacidad absoluta del buque para la navegación; 

Terminación unilateral, en los casos contemplados en los artículos 2.2.1.6.3.10. y 2.2.1.6.3.11. de este decreto, y Suspensión del servicio del buque por falta de utilización del mismo, siempre que dicha suspensión sea mayor de noventa (90) días. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 9°)  


Artículo 2.2.1.6.3.10. Terminación del contrato con justa causa por parte del em­pleador. Además de las justas causas contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, el empleador podrá terminar unilateralmente el contrato de enrolamiento en los siguientes casos: 

No encontrarse a bordo la gente de mar en el momento en que el contrato lo señala o el capitán lo requiera; 

Cometer la gente de mar actos graves contra la propiedad de las personas señaladas anteriormente; 

Causar la gente de mar de modo intencional en el desempeño de sus funciones un daño material grave en las máquinas, instalaciones, equipos, estructuras del buque, o carga del mismo; 

No permanecer la gente de mar en el buque o en su puesto sin autorización del superior jerárquico; 

Comprometer los mismos con su imprudencia o descuido inexplicables la seguridad del buque o de las personas que allí se encuentran; 

Desobedecer la gente de mar sin causa justificada las órdenes emitidas por el capitán u otro superior jerárquico, que se refieran de modo directo a la ejecución del trabajo para el cual fue enrolado, y 

Negarse la gente de mar a cumplir temporalmente funciones diversas de las propias de su título, categoría, profesión o grado en casos de necesidad y en interés de la navegación. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 10)  


Artículo 2.2.1.6.3.11. Terminación del contrato con justa causa por parte de la gente de mar. Además de los eventos de justas causas de terminación del contrato de trabajo, la gente de mar podrá solicitar su desembarco inmediatamente en los siguientes casos: 

Cuando el buque no estuviere en condiciones de navegabilidad o el alojamiento de la tripulación fuere insalubre según lo determine las autoridades competentes; 

Cuando el capitán abuse de su autoridad, y 

Cuando el empleador no cumpla con las medidas de seguridad, salud, e higiene pres­critas por las leyes y reglamentos vigentes. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 11)  


Artículo 2.2.1.6.3.12. Certificación de servicios prestados. Cualquiera que sea la cau­sa de terminación del contrato, el empleador deberá entregar a la gente de mar una certifi­cación que contenga la relación de sus servicios a bordo. 

Requerimiento que se entiende cumplido con las anotaciones en la libreta de embarco aprobada, mediante Resolución número 00591 de 1982, proferida por la Dirección Gene­ral Marítima Portuaria, DIMAR, o la norma que la modifique o sustituya. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 12)  


Artículo 2.2.1.6.3.13. Abandono del empleo por obtención de uno de mayor cate­goría.  

1. Si la gente de mar prueba al armador o a su representante que tiene la posibilidad de obtener el mando de un buque, el empleo de oficial, el de oficial mecánico, o cualquier otro empleo de mayor categoría que el que ocupa, ya que, por circunstancias surgidas después de su contrato, el abandono de su empleo presenta para ella interés capital, podrá pedir su licen­ciamiento, a condición de que asegure su substitución por una persona competente, aceptada por el armador o su representante, sin que ello signifique nuevos gastos para el armador. 

2. En este caso, la gente de mar tiene derecho a percibir los salarios correspondientes a la duración del servicio prestado. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 13)  


Artículo 2.2.1.6.3.14. Inspección, vigilancia y control. Las autoridades administra­tivas del trabajo, dentro de sus funciones de control de las normas laborales, vigilarán el cumplimiento del Convenio 22 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 129 de 1931 y de las normas contenidas en la presente sección. 

(Decreto número 1015 de 1995, artículo 14) 

SECCION 4

TRABAJADORES QUE LABORAN POR PERIODOS INFERIORES A UN MES


Artículo 2.2.1.6.4.1. Objeto. Las normas contenidas en la presente sección tienen por objeto adoptar el esquema financiero y operativo que permita la vinculación de los tra­bajadores dependientes que laboren por períodos inferiores a un mes, a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar, con el fin de fomentar la formalización laboral. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 1°)  


Artículo 2.2.1.6.4.2. Campo de aplicación. Las normas en la presente sección se apli­can a los trabajadores dependientes que cumplan con las siguientes condiciones, sin per­juicio de las demás que les son de su naturaleza: 

1. Que se encuentren vinculados laboralmente. 

2. Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes, sea contratado por periodos inferiores a treinta (30) días. 

3. Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente. 

Parágrafo. Las normas incluidas en la presente sección no se aplicarán a los traba­jadores afectados por una reducción colectiva o temporal de la duración normal de su trabajo, por motivos económicos, tecnológicos o estructurales. El traslado de un trabajo a tiempo completo a un trabajo a tiempo parcial, o viceversa deberá ser voluntario. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.6.4.3. Afiliación a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y sub­sidio familiar. La afiliación del trabajador a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar será responsabilidad del empleador y se realizará en los términos que establecen las normas generales que rigen los diferentes sistemas, a través de las Adminis­tradoras de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar autorizadas para operar. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 3°)  


Artículo 2.2.1.6.4.4. Selección y afiliación. Para la afiliación al Sistema General de Pensiones, el trabajador seleccionará una única administradora de pensiones. 

Para la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y del Subsidio Familiar, co­rresponderá al empleador efectuar la selección de la Administradora de Riesgos Laborales y de la Caja de Compensación Familiar. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 4°)  


Artículo 2.2.1.6.4.5. Base de cotización mínima semanal a los sistemas de seguridad social para los trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes. En el Sistema de Pensiones, el ingreso base para calcular la cotización mínima mensual de los trabajadores a quienes se les aplican las normas contenidas en la presente sección, será el correspondiente a una cuarta parte (1/4) del salario mínimo mensual legal vigente, el cual se denominará cotización mínima semanal. 

Para el Sistema de Riesgos Laborales, el ingreso base de cotización será el salario mínimo legal mensual vigente. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 5°)  


Artículo 2.2.1.6.4.6. Monto de las cotizaciones al sistema general de pensiones, sub­sidio familiar y riesgos laborales. Para el Sistema General de Pensiones y del Subsidio Familiar, se cotizará de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla: 

 

Los valores semanales citados en este artículo, se refieren al valor mínimo semanal calculado en el artículo 2.2.1.6.4.8. del presente decreto. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 6°)  

  


Artículo 2.2.1.6.4.7. Porcentaje de cotización. El monto de cotización que le corres­ponderá al empleador y al trabajador, se determinará aplicando los porcentajes estableci­dos en las normas generales que regulan los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 7°)  


Artículo 2.2.1.6.4.8. Tablas. De conformidad con lo señalado en los artículos prece­dentes, el valor semanal del pago se calcula como se ilustra a continuación: 

1. Valor de cotización mínima semanal a cargo del empleador en cada sistema: 

 

* En la tabla se especifica un ejemplo de empresa con actividad económica de riesgos laborales I. 

** En riesgos laborales el valor a pagar será igual al valor mensual. 

2. Valores mínimos a cargo del trabajador para el Sistema de Pensiones: 

 

Parágrafo 1°. Los valores señalados en las tablas contenidas en la presente sección son ilustrativos y calculados sobre el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) del año 2013, por lo tanto se ajustarán anualmente según el incremento oficial del salario mínimo mensual. 

Parágrafo 2°. El porcentaje de cotización al Sistema General de Riesgos Laborales se aplicará de conformidad con la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto número 1607 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 8)  


Artículo 2.2.1.6.4.9. Contabilización de las semanas en el sistema general de pensio­nes. Para efectos de la contabilización de las semanas en el Sistema General de Pensiones, las administradoras reconocerán como una (1) semana el rango entre un (1) día y siete (7) días laborados, tomados para el cálculo del monto de la cotización. Si el empleador toma cuatro (4) días laborados para el cálculo, el sistema reconocerá una (1) semana; si toma ocho (8) días laborados, el sistema reconocerá dos (2) semanas y así sucesivamente. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 9°)  


Artículo 2.2.1.6.4.10. Mecanismos de recaudo. El mecanismo de recaudo en los Sis­temas de Pensiones, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar, será el de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). El modelo operativo que se adopte para actualizar el sistema PILA a fin de cobijar a los trabajadores a que se refiere la presen­te sección, incorporará un esquema de reporte a los operadores de información y bancarios de carácter unificado o por grupos de trabajadores, que permita controlar los costos de operación. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 10)  


Artículo 2.2.1.6.4.11. Oportunidad para el pago de las cotizaciones. La cotización a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar se realizará en los plazos establecidos en las normas generales que los rigen. El empleador realizará las coti­zaciones reportando el número de días que laboró el trabajador durante el mes correspon­diente; para el Sistema de Riesgos Laborales la cotización será mensual. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 11)  


Artículo 2.2.1.6.4.12. Multiplicidad de empleadores. Cuando un trabajador tenga si­multáneamente más de un contrato de trabajo, cada empleador deberá efectuar de manera independiente las cotizaciones correspondientes a los diferentes Sistemas señalados en la presente sección, en los términos del régimen aplicable a cada uno de ellos. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 12)  


Artículo 2.2.1.6.4.13. Prohibición de multiafiliación. En el evento en que el trabaja­dor cuente con más de una relación laboral deberá informar a sus empleadores la adminis­tradora de pensiones seleccionada, con el fin de que estos últimos realicen su afiliación y cumplan sus obligaciones en una única administradora de pensiones. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 13)  


Artículo 2.2.1.6.4.14. Control a la evasión y la elusión. El Gobierno nacional deberá adoptar los controles que permitan detectar cuando un trabajador que tiene varios emplea­dores, perciba una remuneración superior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, así como cuando los empleadores utilicen este mecanismo para evadir las cotizaciones que les corresponden por sus trabajadores, a partir de sus ingresos reales. Para el efecto, la Uni­dad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. (UGPP)., deberá ajustar sus procedimientos para realizar una apropiada fiscalización sobre estas cotizaciones. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 14)  


Artículo 2.2.1.6.4.15. Beneficios y servicios. La cotización a los sistemas de que trata la presente sección, otorga derecho a los beneficios y servicios en los términos regulados en las respectivas leyes y normas reglamentarias. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 15)  


Artículo 2.2.1.6.4.16. Mínimo de derechos y garantías de los trabajadores a que hace referencia la presente sección. Las normas sobre salarios, jornada de trabajo, pres­taciones sociales, vacaciones y demás que les sean aplicables en virtud de lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, constituyen el mínimo de derechos y garantías consa­gradas en favor de los trabajadores a tiempo parcial, por lo tanto no produce efecto alguno cualquier estipulación que pretenda afectar o desconocer tales derechos. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 16)  


Artículo 2.2.1.6.4.17. Medidas especiales. El Ministerio del Trabajo, en coordinación con las correspondientes entidades del Gobierno, adoptará medidas para facilitar el acceso al trabajo a tiempo parcial, productivo y libremente elegido, que responda igualmente a las necesidades de los empleadores y de los trabajadores, siempre que se garantice la protec­ción al mínimo de derechos a que se refiere la presente sección. 

Estas medidas deberán comprender: 

1. Revisión de las disposiciones de la legislación que puedan impedir o desalentar el recurso al trabajo a tiempo parcial o la aceptación de este tipo de trabajo; 

2. Utilización del Servicio Público de Empleo en el marco de sus funciones de infor­mación o de colocación, para identificar y dar a conocer las oportunidades de trabajo a tiempo parcial; 

3. Atención especial, en el marco de las políticas de empleo, a las necesidades y las preferencias de grupos específicos, tales como los desempleados, los trabajadores con res­ponsabilidades familiares, los trabajadores de avanzada edad, los trabajadores en con­diciones de discapacidad y los trabajadores que estén cursando estudios o prosigan su formación profesional. 

Se deben incluir además, la realización de investigaciones y la difusión de información sobre el grado en que el trabajo a tiempo parcial, responde a los objetivos económicos y sociales de los empleadores y de los trabajadores. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 17)  


Artículo 2.2.1.6.4.18. Traslado voluntario de las sumas cotizadas al sistema general de pensiones al mecanismo BEPS. Si la persona que ha realizado cotizaciones mínimas semanales al Sistema General de Pensiones en los términos de la presente sección, no logra cumplir los requisitos para obtener una pensión, si lo decide voluntariamente, los recursos por concepto de devolución de saldos o indemnización sustitutiva, según aplique, podrán ingresar al mecanismo de beneficios económicos periódicos BEPS con el fin de obtener la suma periódica, de conformidad con las normas que regulan dicho mecanismo. 

Los recursos de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos se tendrán en cuenta para el cálculo del subsidio periódico, siempre que permanezcan por lo menos tres (3) años en el Servicio Social Complementario de los BEPS. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo. 18)  


Artículo 2.2.1.6.4.19. Verificación de semanas cotizadas por parte del empleado y el empleador. El sistema de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) deberá permitir que el empleado y el empleador puedan verificar y generar un reporte sobre las cotizaciones y semanas imputadas a cada uno de ellas. 

(Decreto número 2616 de 2013, artículo 19)  

SECCION 5

VINCULACIÓN LABORAL DE LAS MADRES COMUNITARIAS CON LAS ENTIDADES ADMINSITRATIVAS DEL PRORAMA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR


Artículo 2.2.1.6.5.1. Objeto y campo de aplicación. La presente sección reglamenta la vinculación laboral de las Madres Comunitarias con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar. 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 1°)  


Artículo 2.2.1.6.5.2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vin­culadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades adminis­tradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social. 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 2°)  


Artículo 2.2.1.6.5.3. Calidad de las madres comunitarias. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de ser­vidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 3°)  


Artículo 2.2.1.6.5.4. Empleadores. Podrán ser empleadores de las madres comunita­rias, las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar que hayan sido constituidas legalmente, con capacidad contractual, personería jurídica y que cumplan los lineamientos establecidos por el ICBF. 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 4°)  


Artículo 2.2.1.6.5.5. Garantía y control sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de protección social por parte de los empleadores. Las entidades adminis­tradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar constituirán las garantías requeridas para el cumplimiento de las acreencias laborales a favor de las Madres Comu­nitarias, las cuales deberán mantener su vigencia en los términos legales, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 2923 de 1994. 

Parágrafo. En caso que las entidades administradoras del Programa de Hogares Co­munitarios de Bienestar incumplan con sus obligaciones laborales o de seguridad social respecto de las Madres Comunitarias, el ICBF podrá dar por finalizado el respectivo con­trato de aporte y hacer efectivas las pólizas, para garantizar las prestaciones laborales de las Madres Comunitarias. 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 5°)  


Artículo 2.2.1.6.5.6. Coordinación en actividades de promoción y prevención. Las Cajas de Compensación Familiar y las Administradoras de Riesgos Laborales coordinarán de manera directa o mediante apoyo de terceros especializados, la prestación articulada de servicios para asegurar mejores condiciones de trabajo, seguridad y salud en el trabajo y bienestar laboral. 

Las Cajas de Compensación Familiar, conforme a los programas sociales que brindan en el marco legal que las rige, promocionarán servicios a favor de las Madres Comunita­rias. 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 6°)  


Artículo 2.2.1.6.5.7. Calidad del servicio. El ICBF inspeccionará, vigilará y supervi­sará la gestión de las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar en sus diferentes formas de atención, con el fin de que se garantice la calidad en la prestación del servicio y el respeto por los derechos de los niños beneficiarios del programa, atendiendo la naturaleza especial y esencial del servicio público de Bienestar Familiar. 

Parágrafo. Para los fines indicados en el presente artículo, la selección de las Madres Comunitarias estará a cargo de su respectivo empleador. 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 7°)  


Artículo 2.2.1.6.5.8. Apoyo al proceso de formalización. El Ministerio del Traba­jo apoyará el proceso de formalización laboral de las madres comunitarias, prestando el acompañamiento requerido a las entidades administradoras del Programa de Hogares Co­munitarios de Bienestar Familiar y promoviendo instrumentos pedagógicos y modelos que faciliten su vinculación laboral. 

(Decreto número 289 de 2014, artículo 8°)  

TÍTULO 2

RELACIONES LABORALES COLECTIVAS

CAPÍTULO 1

SINDICATOS


Artículo 2.2.2.1.1. Comunicación de cambios en Juntas Directivas, Subdirectivas o Comités Seccionales. Los cambios totales o parciales en las juntas directivas, subdi­rectivas o comités seccionales de las organizaciones sindicales, deberán ser comunicados por escrito una vez realizada la asamblea de elección, por cualquier miembro de la junta entrante o saliente, al respectivo empleador y al inspector de trabajo de la correspondiente jurisdicción o, en su defecto, a la primera autoridad política del lugar, con indicación de los nombres identificación de cada uno de los directivos elegidos. El inspector o el alcalde, a su vez, pasarán igual comunicación inmediatamente al empleador o empleadores. 

(Decreto número 1194 de 1994, artículo. 1°)  


Artículo 2.2.2.1.2. Registro de cambios en Juntas Directivas, Subdirectivas o Comi­tés Seccionales. Los cambios totales o parciales de las juntas directivas, subdirectivas o comités seccionales de las organizaciones sindicales, serán inscritos en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio del Trabajo. 

La solicitud de inscripción de las juntas directivas deberá ser presentada por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la asamblea de elección, por el presidente o secretario de la junta, entrante o saliente, acompañada de los siguientes documentos: parte pertinente del acta de elección, suscrita por el secretario general de la organización sindical o por quien haya actuado como secretario de la respectiva asamblea, listado debi­damente firmado por los asistentes a la misma, y la nómina de los directivos con indicación de sus nombres y apellidos, documentos de identidad y cargos que les fueron asignados. 

En el acta de elección de juntas directivas se hará constar el número total de afiliados a la organización sindical, igualmente, que la elección de los miembros de la junta directiva se realizó por votación secreta, en tarjeta electoral y con sujeción a las normas constitucio­nales legales y estatutarias pertinentes. 

Una vez efectuada la elección, los miembros de la junta directiva electa harán la co­rrespondiente designación de cargos. En todo caso, el cargo de fiscal corresponderá a la fracción mayoritaria de las minoritarias. 

Parágrafo. Se presume que la elección de juntas directivas sindicales, se efectuó con el lleno de las formalidades legales y que las personas designadas para ocupar cargos en ellas reúnen los requisitos exigidos en la Constitución Política, la ley o los estatutos del sindicato, federación o confederación. 

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 2°)  


Artículo 2.2.2.1.3. Procedimiento para la inscripción de Juntas Directivas Sindica­les. La inscripción de las juntas directivas sindicales corresponde a los funcionarios que para el efecto designe el Ministerio del Trabajo. 

El funcionario competente dispondrá de un término máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de radicación de la solicitud en el Ministerio de Trabajo, para inscribir, formular objeciones o negar la inscripción. 

En caso de que la solicitud de inscripción no reúna los requisitos de que trata el artículo anterior, el funcionario del conocimiento formulará mediante auto de trámite a los peticio­narios, las objeciones a que haya lugar, a fin de que se efectúen las correcciones necesa­rias. Presentada la solicitud corregida, el funcionario dispondrá de un término máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a su radicación, para resolver sobre la misma. 

Parágrafo. Se entenderá que se ha desistido de la solicitud de inscripción, si formula­das las objeciones, no se da respuesta en el término de dos (2) meses. En este evento, se ar­chivará la petición sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente otra solicitud. 

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 3°)  


Artículo 2.2.2.1.4. Causales para negación de la inscripción. Constituye causal para negar la inscripción de las juntas directivas de las organizaciones sindicales, el que la elec­ción sea contraria a la Constitución Política, a la ley o a los estatutos, o que producido el auto de objeciones no se dé cumplimiento a lo que en él se dispone. 

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 4°)  


Artículo 2.2.2.1.5. Improcedencia de impugnaciones durante el trámite. Durante el trámite de inscripción de una junta directiva no procede ningún tipo de impugnación. La providencia mediante la cual se ordena o no la inscripción, debidamente motivada, deberá notificarse al representante legal de la organización sindical, a quienes hayan suscrito la respectiva solicitud, y al empleador o empleadores correspondientes. Contra la misma, proceden los recursos de ley, interpuestos en la forma prevista en el Código de Procedi­miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 5°)  


Artículo 2.2.2.1.6. Ausencia de pronunciamiento por parte del Ministerio. Vencidos los términos de que trata el artículo 2.2.2.1.3. del presente decreto, sin que el Ministerio del Trabajo se pronuncie sobre la solicitud, la junta directiva se entenderá inscrita en el registro correspondiente, sin perjuicio de las sanciones en que incurra el funcionario res­ponsable de la omisión. En este evento, el funcionario procederá a ordenar la inscripción y notificará a los jurídicamente interesados, advirtiéndoles que contra este acto proceden los recursos de ley, interpuestos en la forma prevista en el Código de Procedimiento Adminis­trativo y de lo Contencioso Administrativo. 

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 6°)  


Artículo 2.2.2.1.7. Anotación en el archivo sindical. Dentro de los tres (3) días si­guientes a la ejecutoria de la providencia que decida la solicitud de inscripción de una junta directiva sindical, el funcionario del conocimiento remitirá copia de la misma a la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial - Grupo de Archivo Sindical en Bogotá o quien haga sus veces, para efectos de la anotación correspondiente. 

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 7°)  


Artículo 2.2.2.1.8. Subdirectivas y Comités Seccionales. Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de subdirectivas seccionales, en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros. Igualmente se podrá prever la creación de comités seccionales en aquellos mu­nicipios distintos al del domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva y en el que se tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio. 

(Decreto número 1194 de 1994, artículo 9°)  


Artículo 2.2.2.1.9. Protección en caso de presentación de pliego de peticiones. La protección a que se refiere el artículo 25 del Decreto número 2351 de 1965, comprende a los trabajadores afiliados al sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones, desde el momento de su presentación al empleador hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere el caso. 

(Decreto número 1373 de 1966, artículo 10)  


Artículo 2.2.2.1.10. Depósito del Pacto Colectivo. El pacto colectivo debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más que se depositará necesariamente en el Ministerio del Trabajo, a más tardar dentro de los quince días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de estos requisitos el pacto colectivo no produce ningún efecto. 

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 59)  


Artículo 2.2.2.1.11. Presentación de pliego de peticiones cuando hay Pacto Colecti­vo. En ningún caso la existencia de un pacto colectivo en una empresa impedirá al sindi­cato de sus trabajadores presentar pliego de peticiones y suscribir convención colectiva de trabajo. Tampoco la existencia del pacto colectivo podrá alterar la aplicación del principio según el cual a trabajo igual desempeñado en puesto jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. 

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 61)  


Artículo 2.2.2.1.12. De la convocatoria a la asamblea. La asamblea para optar por huelga o tribunal de arbitramento de que trata el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990, será convocada por el sindi­cato o sindicatos que agrupen más de la mitad de los trabajadores de la empresa. 

Cuando el sindicato o sindicatos no reúnan más de la mitad de los trabajadores de la empresa, la decisión de optar por el tribunal de arbitramento se tomará por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa afiliados a éste o estos sindicatos. 

Si en la empresa no existiere sindicato, la convocatoria la pueden hacer los delegados de los trabajadores a que se refiere el artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo. 

(Decreto número 2519 de 1993, artículo 1°; modificado por el Decreto número 801 de 1998, artículo 1°)  


Artículo 2.2.2.1.13. Desarrollo de la asamblea. Cumplidos los requisitos previstos en los artículos anteriores, el empleador deberá abstenerse de ejecutar actos tendientes a impedir o dificultar la celebración de la asamblea, y los trabajadores de afectar con ella el desarrollo de las actividades de la empresa. 

(Decreto número 2519 de 1993, artículo 3°)  


Artículo 2.2.2.1.14. De la asistencia del funcionario. La asistencia del funcionario de trabajo a la asamblea tendrá como objeto exclusivo presenciar y comprobar la votación. El informe pertinente deberá rendirlo al inmediato superior dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. 

(Decreto número 2519 de 1993, artículo 4°)  


Artículo 2.2.2.1.15. Del tribunal de arbitramento durante el desarrollo de la huelga. Durante el desarrollo de la huelga, la mayoría de los trabajadores de la empresa o la asam­blea general del sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajado­res, podrán determinar, someter el diferendo a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. 

Para tal efecto deberán presentar al Ministerio del Trabajo, en el primer caso, la lista de los trabajadores que optaron por la decisión, con la firma y número de identificación de cada uno de ellos, la cual deberá ser cotejada con la nómina de la empresa; y, en el segundo evento, copia de la parte pertinente del acta suscrita por el presidente y el secretario del sindicato o sindicatos. 

(Decreto número 2519 de 1993, artículo 6°)  


Artículo 2.2.2.1.16. Definición. El contrato sindical es el que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Es de naturaleza colectiva laboral, solemne, nominada y principal.  


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Artículo 2.2.2.1.17. Afiliados vinculados para la ejecución del contrato. La actividad de los trabajadores que se vinculan a una empresa como afiliados de un sindicato a través de un contrato sindical para prestar servicios o realizar obras se regirá por lo dispuesto en los artículos 373, 482, 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo, por el presente decreto, y por lo dispuesto en el contrato sindical y su respectivo reglamento.  


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Artículo 2.2.2.1.18. Adecuación a la ley. El sindicato que suscribe un contrato sindical para prestar servicios o ejecutar obras, lo hará en el marco del cumplimiento de la Constitución Nacional, la ley y el Decreto Reglamentario Único del Sector Trabajo. De no cumplir con las obligaciones legales, las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo impondrán las sanciones previstas en las normas aplicables.  


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Artículo 2.2.2.1.19. Autorización para la celebración del contrato sindical. La celebración de un contrato sindical por parte de un sindicato será autorizada mediante decisión previa de sus afiliados en asamblea general.  


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Artículo 2.2.2.1.20. Responsabilidad del sindicato. El sindicato de trabajadores que haya suscrito un contrato sindical responde por las obligaciones directas que surjan del mismo y por el cumplimiento de las que se estipulen a favor de los afiliados vinculados para su ejecución.  


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Artículo 2.2.2.1.21. Existencia previa y afiliados del sindicato. Para la celebración de un contrato sindical debe acreditarse:  

– La existencia previa del sindicato con al menos seis meses de constitución antes de la firma del contrato sindical.  

 

– La afiliación de trabajadores vinculados a la empresa con la cual se celebra el contrato sindical.  

 

– La aprobación en asamblea de afiliados de la suscripción del contrato sindical.  

 

– La estructura y capacidad administrativa y financiera para prestar los servicios, ejecutar las obras contratadas y cumplir con las obligaciones legales.  


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Artículo 2.2.2.1.22. Acciones y representación. El sindicato de trabajadores que haya suscrito un contrato sindical tiene personería para ejercer tanto los derechos y acciones que le correspondan directamente, como la representación de los afiliados vinculados para su ejecución.  


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Artículo 2.2.2.1.23. Garantías de cumplimiento. Para garantizar las obligaciones directas, las que surjan del contrato sindical, el cumplimiento de las obligaciones legales y las que se estipulen para amparar a los afiliados vinculados para su ejecución, cada una de las partes contratantes debe constituir caución suficiente que constará en el contrato. Si no se constituyere, se entiende que el patrimonio de cada contratante responde por las respectivas obligaciones.  


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Artículo 2.2.2.1.24. Solución de controversias. La solución de las controversias que se originen entre las partes contratantes en virtud del contrato sindical podrá ser resuelta por tribunal de arbitramento voluntario o demás mecanismos alternativos si así lo acuer­dan las partes, o en su defecto, por la autoridad judicial laboral competente. 

(Decreto número 1429 de 2010, artículo 9°)  

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Artículo 2.2.2.1.25. De la suscripción del contrato sindical. El contrato sindical será suscrito por los representantes legales del sindicato y de la empresa de acuerdo con lo establecido en la ley y en sus estatutos.  


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Artículo 2.2.2.1.26. Requisitos del contrato sindical. El contrato sindical deberá constar por escrito y contendrá como mínimo:  

  

– La fecha de constitución del sindicato.  

 

– El número de acta y fecha de la asamblea de afiliados que autorizó la celebración del contrato.  

 

– Las cláusulas relativas al objeto, condiciones para la ejecución y las obligaciones de cada uno de los contratantes.  

 

– El valor total de la prestación del servicio o de la ejecución de la obra.  

 

– La cuantía de la caución que los contratantes deben constituir para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.  

 

– Las auditorías que consideren necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones recíprocas.  

 

– Los procesos y procedimientos técnicos para la ejecución del contrato.  


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Artículo 2.2.2.1.27. Asamblea anual. El sindicato que celebra un contrato sindical deberá realizar al menos una vez al año una asamblea con los afiliados vinculados para la ejecución del contrato sindical donde se les informe como mínimo los siguientes asuntos:  

– Informe de gestión administrativa social, contable y financiera.  

 

– Informe de los aportes a la seguridad social integral de los afiliados.  

 

– Total de obligaciones legales, compensaciones y beneficios reconocidos a los afiliados.  

 

– Propuesta de distribución de excedentes si los hubiere.  

 

– Proyección del siguiente ejercicio fiscal del correspondiente contrato sindical.  


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Artículo 2.2.2.1.28. Reglamento del contrato sindical. El sindicato de trabajadores que suscribe un contrato sindical debe elaborar un reglamento por cada contrato sindical y someterlo a la aprobación de la asamblea general que autoriza la celebración del mismo, el cual contendrá como mínimo la siguiente regulación:  

1. Tiempo mínimo de afiliación al sindicato para participar en la ejecución de un contrato sindical.  

 

2. Procedimiento para el nombramiento del coordinador o coordinadores en el desarrollo del contrato sindical.  

 

3. Procedimiento para seleccionar a los afiliados que van a participar en la ejecución del contrato sindical.  

 

4. Causales y procedimiento de retiro y remplazo de afiliados que participan en la ejecución del contrato sindical.  

 

5. Mecanismos alternativos de solución de conflictos entre los afiliados y el sindicato teniendo en cuenta la garantía de los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho a la defensa.  

 

6. Porcentaje de los excedentes del valor del contrato sindical que se destinará a educación, capacitación, vivienda, recreación y deporte para los afiliados.  

 

7. La forma como el sindicato realizará todas las gestiones relacionadas con el sistema de seguridad social integral de los afiliados.  

  

8. Los demás derechos y obligaciones que se establezcan para los afiliados contratados para la ejecución del contrato.  


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Artículo 2.2.2.1.29. Contabilidad del contrato sindical. El sindicato firmante de un contrato sindical deberá establecer en su contabilidad general una subcuenta para cada uno de los contratos sindicales suscritos, de manera que se puedan constatar claramente los movimientos propios de cada contrato.  


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Artículo 2.2.2.1.30. Depósito del contrato sindical. Uno de los ejemplares del contrato sindical con su correspondiente reglamento debe depositarse a más tardar quince (15) días después de su firma, ante la respectiva Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo en donde este se suscriba o se vaya a ejecutar. La dependencia respectiva expedirá las constancias de depósito del contrato sindical que se requieran.  


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Artículo 2.2.2.1.31. Solución de controversias. Las controversias que se originen entre las partes contratantes en virtud del contrato sindical podrán ser resueltas por arbitramento voluntario u otros mecanismos alternativos, si así lo acuerdan las partes, o en su defecto por la jurisdicción laboral y de la seguridad social.  


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Artículo 2.2.2.1.32. Disolución del sindicato o de la empresa contratante. De presentarse la disolución del sindicato, las personas que hayan sido contratadas para la ejecución del contrato sindical, continuarán prestando sus servicios o ejecutando las obras en las condiciones estipuladas, mientras dure la vigencia del contrato sindical. Las obligaciones pendientes para con los afiliados al sindicato suscriptor del contrato sindical, serán consideradas créditos privilegiados de la primera clase a la que hace referencia el artículo 2495 del Código Civil. La caución que haya prestado el sindicato disuelto subsistirá por un periodo igual a la ejecución del contrato sindical y tres años más, para garantizar las obligaciones de los respectivos trabajadores.  

 

En caso de disolución y liquidación de la empresa que hace parte del contrato sindical, las obligaciones pendientes para con el sindicato firmante y las de los afiliados vinculados para la ejecución del contrato sindical, serán consideradas créditos privilegiados de la primera clase a que hace referencia el artículo 2495 del Código Civil. La caución que haya prestado la empresa subsistirá hasta la terminación del contrato sindical y tres años más, para garantizar las obligaciones con los afiliados vinculados para la ejecución del contrato sindical.  


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CAPÍTULO 2

PROHIBICIONES Y SANCIONES


Artículo 2.2.2.2.1. Suspensión del trabajo. Cuando la disminución en el ritmo de ejecución de trabajo se produzca por un grupo de trabajadores no sindicalizados, el em­pleador podrá disponer la suspensión pertinente, según lo previsto en el artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo, previa comprobación sumaria del Ministerio de Trabajo, y agotados los trámites siguientes: 

1. Haber requerido colectivamente a los trabajadores aludidos por dos veces, cuando menos, mediante entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a dos días, y utili­zando en lugares visibles de la empresa carteles legibles relacionados con dicho requeri­miento; 

2. Si producidos los anteriores requerimientos subsiste el deficiente rendimiento la­boral, el empleador presentará a los trabajadores un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas a efecto de que los trabajadores puedan presentar sus descargos por escrito dentro de los dos días siguientes. 

3. Si el empleador no quedare conforme con las justificaciones de los trabajadores, así se los hará saber por escrito dentro de los dos días siguientes. 

Parágrafo. Para que la disminución en el ritmo de ejecución del trabajo pueda produ­cir las sanciones anotadas en el presente artículo, su causa debe ser la acción intencional de los trabajadores. Si fuere generada por fuerza mayor o caso fortuito no tendrán aplicación las disposiciones contenidas en el presente artículo. 

(Decreto número 2486 de 1973, artículo 2°)  


Artículo 2.2.2.2.2 Vínculo sindical. La terminación del contrato de trabajo no extin­gue, por ese solo hecho, el vínculo sindical del trabajador. 

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 4°)  


Artículo 2.2.2.2.3. Limitación a suscripción de pactos colectivos. Las empresas que hubieren firmado o que firmen convenciones colectivas de trabajo con sindicatos cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de trabajadores de cada una de ellas, no po­drán suscribir pactos colectivos. 

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 46)  

CAPÍTULO 3

CUOTAS SINDICALES


Artículo 2.2.2.3.1. Recaudo de las cuotas sindicales. Con el fin de garantizar que las organizaciones sindicales puedan recaudar oportunamente las cuotas fijadas por la ley y los estatutos sindicales para su funcionamiento, el empleador tiene la obligación de: 

1. Efectuar sin excepción la deducción sobre los salarios de la cuota o cuotas sindicales y ponerlas a disposición del sindicato o sindicatos, cuando los trabajadores o empleados se encuentren afiliados a uno o varios sindicatos. 

2. Retener y entregar directamente a las organizaciones de segundo y tercer grado, las cuotas federales y confederales que el sindicato afiliado esté obligado a pagar en los términos del numeral 3 del artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo y de las normas contenidas en este capítulo. 

3. Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los trabajadores no sin­dicalizados deben pagar a estas por beneficio de la convención colectiva en los términos del artículo 68 de la Ley 50 de 1990, salvo que exista renuncia expresa a los beneficios del acuerdo. 

4. Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los empleados públicos no sindicalizados autoricen descontar voluntariamente y por escrito para el sindicato, por reciprocidad y compensación, en razón de los beneficios recibidos con ocasión del Acuer­do Colectivo obtenido por el respectivo sindicato, para lo cual se habilitarán los respecti­vos códigos de nómina. 

(Decreto número 2264 de 2013, artículo 1°)  


Artículo 2.2.2.3.2 Prueba de la calidad de afiliado a un sindicato. La certificación de la Tesorería del sindicato sobre la deducción del valor de la cuota o las cuotas, de los miembros de la respectiva organización sindical, constituye prueba frente al empleador y la Autoridad Administrativa Laboral de la calidad de afiliado a uno o a varios sindicatos. 

(Decreto número 2264 de 2013, artículo 2°)  


Artículo 2.2.2.3.3 Prueba de la calidad de afiliado a Federación o Confederación. La certificación de la Tesorería de la Federación, Confederación o Central Sindical sobre la deducción del valor de la cuota o las cuotas federales o confederales que los sindicatos están obligados a pagar a aquellas, servirá de prueba frente a la Autoridad Administrativa Laboral y al empleador de la calidad de afiliado que ostenta el sindicato a la respectiva Federación o Confederación. 

(Decreto número 2264 de 2013, artículo 3°)  


Artículo 2.2.2.3.4 Coincidencia de las certificaciones. Las certificaciones a que alu­den los artículos anteriores deben ser coincidentes con las de los bancos o cajas de ahorros en los cuales deben estar los fondos de las organizaciones sindicales por disposición del artículo 396 del CST. 

(Decreto número 2264 de 2013, artículo 4°)  


Artículo 2.2.2.3.5 Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en el presente ca­pítulo, se aplican a las organizaciones sindicales de trabajadores particulares, oficiales, de empleados públicos y mixtas y sus disposiciones respetan la autonomía sindical y los acuerdos colectivos ya pactados. 

(Decreto número 2264 de 2013, artículo 5°)  

CAPÍTULO 4

SINDICATOS DE EMOLEADOS PÚBLICOS


Artículo 2.2.2.4.1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplicará a los em­pleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, con excepción de: 

1. Los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de Gobierno, representación, autori­dad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas públicas; 

2. Los trabajadores oficiales; 

3. Los servidores de elección popular o los directivos elegidos por el Congreso o cor­poraciones territoriales, y, 

4. El personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 2°)  


Artículo 2.2.2.4.2. Reglas de aplicación del presente capítulo. Son reglas de aplica­ción de este capítulo, las siguientes: 

1. El respeto de la competencia constitucional y legal atribuida a las entidades y auto­ridades públicas: la negociación debe respetar las competencias exclusivas que la Consti­tución Política y la ley atribuyen a las entidades y autoridades públicas. 

2. El respeto al presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestal en la ley, ordenanza o acuerdo para la suscripción del o los acuerdos colectivos con inci­dencia económica presupuestal, teniendo en cuenta el marco de gasto de mediano plazo, la política macroeconómica del Estado y su sostenibilidad y estabilidad fiscal. 

3. Una sola mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 3°)  


Artículo 2.2.2.4.3. Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente capítulo se entenderá como: 

1. Empleado público: Persona con vínculo laboral legal y reglamentario a la que se le aplica este capítulo. 

2. Condiciones de empleo: Son los aspectos propios de la relación laboral de los em­pleados públicos. 

3. Autoridades públicas competentes: Son las investidas por la Constitución Política y la ley de atribuciones en materia de fijación de condiciones de empleo. 

4. Organizaciones sindicales de empleados públicos: Son las representativas de los empleados públicos. 

5. Negociación: Es el proceso de negociación entre los representantes de las organiza­ciones sindicales de empleados públicos de una parte y, de otra, la entidad empleadora y la autoridad competente, para fijar las condiciones de empleo y regular las relaciones de esta naturaleza entre la administración pública y sus organizaciones sindicales, susceptibles de negociación y concertación de conformidad con lo señalado en el presente capítulo. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 4°)  


Artículo 2.2.2.4.4. Materias de negociación. Son materias de negociación: 

1. Las condiciones de empleo, y 

2. Las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las orga­nizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones de empleo. 

Parágrafo 1°. No son objeto de negociación y están excluidas, las siguientes materias: 

1. La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y organismos. 

2. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado. 

3. El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera ad­ministrativa general y sistemas específicos. 

4. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas. 

5. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria. 

Parágrafo 2°. En materia salarial podrá haber negociación y concertación, consul­tando las posibilidades fiscales y presupuestales. Sin perjuicio de lo anterior, en el nivel territorial, se respetarán los límites que fije el Gobierno nacional. En materia prestacional las entidades no tienen facultad de negociar y concertar, toda vez que por mandato consti­tucional y legal la única autoridad competente para regular la materia es el Presidente de la República. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 5°)  


Artículo 2.2.2.4.5. Partes en la negociación. Pueden ser partes en la negociación: 

1. Una o varias entidades y autoridades públicas competentes, según la distribución constitucional y legal y, 

2. Una o varias organizaciones sindicales de empleados públicos. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 6°)  


Artículo 2.2.2.4.6. Ámbito de la negociación. Constituyen ámbitos de la negociación: 

1. El general o de contenido común, con efectos para todos los empleados públicos o para parte de ellos, por región, departamento, distrito o municipio. 

2. El singular o de contenido particular por entidad o por distrito, departamento o municipio. 

Parágrafo. En el ámbito general o de contenido común, la negociación se realizará con representantes de las Confederaciones y federaciones sindicales de empleados públi­cos y los representantes de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, de Planeación Nacional y del Departamento Administrativo de la Función Pública y por las demás autoridades competentes en las materias objeto de negociación. En el ámbito singu­lar o de contenido particular, la participación de las anteriores instancias será facultativa. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 7°) 

  


Artículo 2.2.2.4.7. Condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la ne­gociación. Para la comparecencia sindical a la negociación se deben cumplir las siguientes condiciones y requisitos: 

1. Dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de organizaciones sindicales de empleados públicos, estas deberán realizar previamente actividades de coordinación para la integración de solicitudes, con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras. 

2. Los negociadores deben ser elegidos en Asamblea Estatutaria. 

3. El pliego de solicitudes debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro de los dos meses siguientes a la realización de la misma. 

4. El escrito sindical por el cual se presenta y anexa el pliego a las entidades y autorida­des públicas competentes, deberá ir con copia al Ministerio del Trabajo e indicar la fecha de la asamblea sindical y los nombres de los negociadores designados. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 8°)  


Artículo 2.2.2.4.8. Grado de representatividad sindical y conformación de la comi­sión negociadora. El grado de representatividad sindical y la conformación de la comisión negociadora, se efectuará, así: 

1. En caso de que concurran a la negociación varias organizaciones sindicales de em­pleados públicos, estas en ejercicio de su autonomía sindical determinarán el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. En el evento en que no haya acuerdo para la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, esta debe ser objetiva y proporcional al número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical depositada en banco, conforme a los artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo y según certificación del tesorero y secretario. 

2. El número de integrantes de la comisión negociadora sindical debe ser razonable­mente proporcional al ámbito de la negociación. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo. 9°)  


Artículo 2.2.2.4.9. Reglas de la negociación. Las partes adelantarán la negociación bajo las siguientes reglas: 

1. Iniciar y adelantar la negociación en los términos del presente capítulo. 

2. Autonomía para determinar el número de negociadores y asesores, aplicando el prin­cipio de la razonable proporcionalidad, según el ámbito de la negociación y el número de afiliados. 

3. Designar los negociadores, quienes se presumen investidos de la representatividad suficiente para negociar y acordar sin perjuicio del marco de las competencias atribuidas en la Constitución y la ley. 

4. Concurrir a las reuniones de negociación buscando alternativas para la solución del pliego. 

5. Suministrar la información necesaria sobre los asuntos objeto de negociación, salvo reserva legal. 

6. Otorgar a los negociadores principales o en ausencia de estos a los suplentes, las garantías necesarias para la negociación. 

7. Respetar y permitir el ejercicio del derecho de asesoría y de participación en el proceso de negociación. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 10)  


Artículo 2.2.2.4.10. Términos y etapas de la negociación. La negociación del pliego se desarrollará bajo los siguientes términos y etapas: 

1. Los pliegos se deberán presentar dentro del primer bimestre del año. 

2. La entidad y autoridad pública competente a quien se le haya presentado pliego, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al último día del primer bimestre, con copia al Ministerio del Trabajo, informará por escrito los nombres de sus negociadores y asesores, y el sitio y hora para instalar e iniciar la negociación. 

3. La negociación se instalará formalmente e iniciarán los términos para la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la designación de los negociadores. 

4. La negociación se desarrollará durante un período inicial de veinte (20) días hábiles, prorrogables, de mutuo acuerdo, hasta por otros veinte (20) días hábiles. 

5. Si vencido el término inicial para la negociación y su prórroga no hubiere acuerdo o este solo fuere parcial, las partes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, podrán con­venir en acudir a un mediador designado por ellas. El Ministerio del Trabajo reglamentará la designación del mediador cuando no haya acuerdo sobre su nombre. 

6. Cuando no haya acuerdo en el nombre del mediador las partes podrán solicitar la intervención del Ministerio del Trabajo para efectos de actuar como mediador. 

7. El mediador, dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a su designación, se reunirá con las partes, escuchará sus puntos de vista y posibles soluciones, y coordinará nueva audiencia para dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en la que el mediador les propondrá en forma escrita, fórmulas justificadas de avenimiento que consulten la equi­dad, el orden jurídico y el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal. 

8. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, las partes podrán no acoger o acoger integral o parcialmente las fórmulas de mediación para convenir el acuerdo colectivo. 

9. Si persistieren diferencias, deberá realizarse audiencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, con participación del mediador y de las partes, en la que la fórmula o fórmulas de insistencia por el mediador, orientarán a las partes para ser utilizadas por ellas en la solución y acuerdo colectivo, respetando la competencia constitucional y legal de las entidades y autoridades públicas. 

10. Cumplidos los términos anteriormente señalados para la etapa de la negociación y para adelantar la mediación, se dará cierre a la misma y se levantarán las actas respectivas. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 11)  


Artículo 2.2.2.4.11. Actas. Durante el procedimiento de negociación deberá suscribir­se las siguientes actas: 

1. El acta de instalación e iniciación de la negociación, en la que conste: Las partes, los nombres de las respectivas comisiones negociadoras y sus asesores, la fecha de inicio y de terminación de la etapa de arreglo directo, el sitio, los días en que se adelantará la negociación, y el horario de negociación. 

2. El acta o actas en las que se consignen los acuerdos parciales y su forma de cum­plimiento. 

3. El acta de finalización de la primera etapa, sin prorroga o con prorroga, en la que se deben precisar los puntos del pliego sindical en los que hubo acuerdo y en los que no hay acuerdo, con una exposición sintética y precisa de los fundamentos de cada una de las partes. 

4. Las actas en las que se acuerda acudir a la mediación y de designación del mediador, o de acudir al Ministerio del Trabajo. 

5. El acta o actas de la audiencia o audiencias de mediación. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 12)  


Artículo 2.2.2.4.12. Acuerdo colectivo. El acuerdo colectivo contendrá lo siguiente: 

1. Lugar y fecha. 

2. Las partes y sus representantes. 

3. El texto de lo acordado. 

4. El ámbito de su aplicación, según lo previsto en el artículo 2.2.2.4.6. del presente decreto. 

5. El período de vigencia. 

6. La forma, medios y tiempos para su implementación, y 

7. La integración y funcionamiento del comité de seguimiento para el cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo. 

Parágrafo. Una vez suscrito el acuerdo colectivo será depositado en el Ministerio del Trabajo dentro de los diez (10) días siguientes a su celebración. 

Una vez firmado el acuerdo colectivo no se podrán formular nuevas solicitudes durante la vigencia del mismo. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 13)  


Artículo 2.2.2.4.13. Cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo. La auto­ridad pública competente, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la suscripción del acta final, y con base en esta, expedirá los actos administrativos a que haya lugar, res­petando las competencias constitucionales y legales. 

Parágrafo. Para la suscripción del acuerdo colectivo de aplicación nacional, de mane­ra obligatoria, los representantes del Gobierno en la mesa de negociación deberán consul­tar y obtener la autorización previa del Gobierno nacional. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 14)  


Artículo 2.2.2.4.14. Garantías durante la negociación. En los términos del artículo 39 de la Constitución Política, la Ley 584 del 2000 y del libro 2, título 2, capítulo 5 del pre­sente decreto, los empleados públicos a quienes se les aplica el presente capítulo, durante el término de la negociación, gozan de las garantías de fuero sindical y permiso sindical, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 15)  


Artículo 2.2.2.4.15. Capacitación. Los organismos y entidades públicas que están dentro del campo de aplicación del presente capítulo, deberán incluir dentro de los Planes Institucionales de Capacitación la realización de programas y talleres dirigidos a impartir formación a los servidores públicos en materia de negociación colectiva. 

(Decreto número 160 de 2014, artículo 16)  

CAPÍTULO 5

PERMISOS SINDICALES


Artículo 2.2.2.5.1. Permisos sindicales para los representantes sindicales de los ser­vidores públicos. Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus Órganos Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización Electoral, las Universidades Públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión. 

(Decreto número 2813 de 2000, artículo 1°)  


Artículo 2.2.2.5.2. Beneficiarios de los permisos sindicales. Las organizaciones sin­dicales de servidores públicos son titulares de la garantía del permiso sindical, del cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de con­federaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las asam­bleas sindicales y la negociación colectiva. 

(Decreto número 2813 de 2000, artículo 2°)  


Artículo 2.2.2.5.3. Reconocimiento de los permisos sindicales. Corresponde al no­minador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante acto admi­nistrativo los permisos sindicales a que se refiere el presente capítulo, previa solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, en la que se precisen, entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de los representantes, su finalidad, duración periódica y su distribución. 

Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el artículo 2.2.2.5.1. de este decreto, en el marco de la Constitución Política Nacional, atender oportunamente las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las organizaciones sindicales de los servidores públicos. 

Parágrafo. Los permisos sindicales que se hayan concedido a los representantes sin­dicales de los servidores públicos continuarán vigentes, sin que ello impida que su otorga­miento pueda ser concertado con las respectivas entidades públicas. 

(Decreto número 2813 de 2000, artículo 3°) 


Artículo 2.2.2.5.4. Efectos de los permisos sindicales. Durante el período de permiso sindical, el empleado público mantendrá los derechos salariales y prestacionales, así como los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentre inscrito. 

(Decreto número 2813 de 2000, artículo 4°) 


Artículo 2.2.2.6.1. Número mínimo para la constitución o subsistencia de las fede­raciones de trabajadores. Toda federación local o regional de trabajadores necesita para constituirse o subsistir, un número no inferior a diez sindicatos, y toda federación nacional, profesional o industrial, no menos de veinte sindicatos. 

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 27)  


Artículo 2.2.2.6.2. Requisitos para la constitución de las federaciones de trabajado­res Las confederaciones requerirán para su constitución por lo menos diez federaciones. 

Parágrafo. Las federaciones y confederaciones legalmente constituidas con anterio­ridad al 19 de julio de 1978 continuarán subsistiendo, aunque no cuenten con el mínimo aquí prescrito. 

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 28)  


Artículo 2.2.2.6.3. Prohibiciones de las confederaciones. Ninguna confederación po­drá admitir a federaciones, sindicatos, subdirectivas, seccionales o comités de sindicatos que se encuentren afiliados a otra confederación de la misma índole. Ninguna federación podrá admitir a sindicatos, subdirectivas, seccionales o comités de sindicatos que se en­cuentren afiliados a otra federación de la misma naturaleza. 

Parágrafo. Las subdirectivas, seccionales o comités de sindicatos no podrán afiliarse a una confederación o federación, aisladamente de lo que disponga la junta directiva o asamblea general de la respectiva organización, según sus estatutos. 

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 29)  


Artículo 2.2.2.6.4. Asesorías de las organizaciones sindicales. Toda organización sindical de segundo o tercer grado puede asesorar a sus organizaciones afiliadas ante los respectivos empleadores en la tramitación de los conflictos individuales o colectivos. Tam­bién podrán ejercer el derecho de asesoría ante los funcionarios del Ministerio del Trabajo, ante las demás autoridades o ante terceros, respecto de cualquiera reclamación. 

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 30)  


Artículo 2.2.2.6.5. Requisitos para acceder a las asesorías de las organizaciones sin­dicales. Para los efectos del artículo anterior, quien pretende actuar así ante el Ministerio del Trabajo deberá acreditar ante el funcionario del conocimiento que la organización sin­dical que representa goza de personería jurídica vigente y que las personas en cuestión se encuentra inscrita como miembros de la junta directiva de la respectiva federación o con­federación, mediante constancia expedida por el secretario general de la una o de la otra. 

(Decreto número 1469 de 1978, artículo 31)  

CAPÍTULO 7

CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO


Artículo 2.2.2.7.1. Coexistencia de sindicatos. Cuando en una misma empresa existan varios sindicatos, estos, en ejercicio del principio de la autonomía sindical, podrán decidir, comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjun­tamente la comisión negociadora sindical. 

Si no hubiere acuerdo, la comisión negociadora sindical se entenderá integrada en forma objetivamente proporcional al número de sus afiliados y los diversos pliegos se negociarán en una sola mesa de negociación para la solución del conflicto, estando todos los sindicatos representados en el procedimiento de negociación y en la suscripción de la convención colectiva. 

Los sindicatos con menor grado de representatividad proporcional al número de sus afiliados, tendrán representación y formarán parte de la comisión negociadora. 

Parágrafo 1°. La prueba de la calidad de afiliado a uno o a varios sindicatos, se de­terminará aplicando las reglas contenidas en el Libro 2, Título 2, Capítulo 3 del presente decreto. 

Parágrafo 2°. En las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deberán articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de conven­ción o laudo. 

(Decreto número 89 de 2014, artículo 1°)  

CAPÍTULO 8

Fuero sindical


Artículo 2.2.2.8.1. Permiso para despedir trabajadores con fuero sindical. Dispuesta la supresión de cargos de la entidad en liquidación conforme lo prevé el artículo 8° del Decreto-ley 254 de 2000, el liquidador procederá a solicitar permiso al juez laboral, para retirar a los servidores amparados por fuero sindical. 

El término de prescripción de la respectiva acción empezará a correr a partir del día siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo. 

(Decreto número 2160 de 2004, artículo 1°)  

“CAPÍTULO 9

Convocatoria e integración de tribunales de arbitramento para la solución de conflictos colectivos laborales

(Adicionado por artículo 1 del Decreto 17 de 2016)


Artículo 2.2.2.9.1.Procedimiento de convocatoria e integración de tribunales de arbitramento. El presente capítulo establece el procedimiento para la convocatoria e integración de Tribunales de Arbitramento que diriman los conflictos colectivos laborales. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.2.9.2.Solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento. El escrito de solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento contendrá en copia simple, dependiendo la parte solicitante, los siguientes documentos:  

  

Documentos anexos a la solicitud de la organización sindical, u organizaciones sindicales 

  

1. El acta de inicio de la etapa de arreglo directo firmada por las partes.  

  

2. El acta final suscrita por las partes, o la versión propia, con la expresión del estado en que queda la negociación del pliego de peticiones indicando con precisión cuáles fueron los acuerdos parciales.  

  

3. La declaración acerca de la existencia de pluralidad de organizaciones sindicales en negociación colectiva con el mismo empleador y la etapa en que se encuentra la negociación.  

  

4. La designación del árbitro por parte de la organización sindical.  

  

5. El acta de asamblea general suscrita por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores en los términos del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, que contenga la decisión de dirimir el conflicto por un tribunal de arbitramento y la designación del árbitro correspondiente.  

  

6. El pliego de peticiones presentado por la organización sindical, o el pliego de peticiones unificado, o pliegos de peticiones en caso de ser más de una organización sindical.  

  

7. La denuncia de la convención colectiva, conforme lo previsto en el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando de esa forma se hubiera originado el conflicto.  

  

8. La manifestación de que se trata de un sindicato minoritario, si así fuere, siempre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores no hayan optado por la huelga cuando esta sea procedente.  

  

9. La manifestación en caso de considerarla conveniente de ser notificados electrónicamente conforme el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.  

  

Documentos anexos a la solicitud de los empleadores  

  

1. El acta de inicio de la etapa de arreglo directo firmada por las partes.  

  

2. El acta final suscrita por las partes, o la versión propia, con la expresión del estado en que quedaron la negociación del pliego de peticiones indicando con precisión cuáles fueron los acuerdos parciales.  

  

3. La declaración acerca de la existencia de pluralidad de organizaciones sindicales en negociación colectiva con el mismo empleador y la etapa en que se encuentra la negociación.  

  

4. La designación del árbitro por parte del empleador.  

  

5. El pliego de peticiones presentado por la organización sindical, o el pliego de peticiones unificado, o pliegos de peticiones en caso de ser más de una organización sindical.  

  

6. La denuncia de la convención colectiva, conforme lo previsto en el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando de esa forma se hubiera originado el conflicto.  

  

7. La manifestación en caso de considerarla conveniente de ser notificados electrónicamente conforme el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.  

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.2.9.3.Convocatoria e integración del tribunal de arbitramento. El Ministerio del Trabajo, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de los documentos con el pleno de requisitos solicitados a las partes, dejará constancia de la fecha a partir de la cual se comenzarán a contar los términos para el trámite de Convocatoria e Integración del Tribunal de Arbitramento.  

  

Inmediatamente a la emisión de la constancia se procederá a comunicar a los árbitros designados por las partes la obligación de posesionarse dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación y la obligación de estos de designar de común acuerdo al tercer árbitro, dentro de las 48 horas siguientes a la posesión. En caso que los árbitros no se pongan de acuerdo para designar al tercer árbitro dentro del término indicado en el párrafo anterior, dicho árbitro será designado por el Ministerio del Trabajo.  

  

Una vez se cumpla con los requisitos dispuestos para la convocatoria del tribunal de arbitramento y se encuentren designados y posesionados los tres árbitros, el Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección expedirá Resolución de convocatoria e integración del tribunal de arbitramento, en donde indicará a los árbitros que deberán instalar el tribunal en un término no mayor a ocho (8) días contados a partir de la comunicación de la mencionada Resolución.  

  

Contra esta resolución de convocatoria e integración de tribunal de arbitramento obligatorio no procederán recursos por tratarse de un acto administrativo de trámite.  

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.2.9.4.Unidad en la integración de los tribunales de arbitramento. El Ministerio del Trabajo, en desarrollo de los principios constitucionales de eficacia, economía, y celeridad aplicará el criterio de unidad en la integración de los tribunales de arbitramento, con sujeción a los siguientes parámetros:  

  

- En caso de existencia de una pluralidad de pliegos de peticiones presentados al mismo empleador, cuya negociación haya superado la etapa de arreglo directo, y siempre que no se haya optado por la huelga, se integrará un solo tribunal de arbitramento.  

  

De no mediar acuerdo sobre la designación del árbitro en representación de las organizaciones sindicales se acogerá el designado por la organización más representativa.  

  

- En caso de una pluralidad de pliegos de peticiones presentados a diferentes empleadores por un mismo sindicato con peticiones coincidentes, se integrará un solo tribunal de arbitramento previo acuerdo de las partes, para lo cual los empleadores en consenso deberán designar un solo árbitro.  

  

Las partes contarán con tres (3) días para informar el nombre del árbitro que los representará, de lo contrario el árbitro será designado por el Ministerio del Trabajo. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.2.9.5.Designación de los árbitros en caso de renuencia de las partes. En caso de renuencia en la designación de los árbitros por las partes, el Ministerio del Trabajo los designará de la lista de árbitros enviada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

  

Una vez vencido el término dispuesto para la designación de los árbitros según corresponda no se tendrán en cuenta las designaciones extemporáneas de los árbitros.  

  

Existirá renuencia de las partes cuando:  

  

1. Con la solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento no se informe el árbitro designado.  

  

2. Al recibo del requerimiento emitido por el Ministerio del Trabajo para la designación y pasados tres días no se informe el nombre del árbitro.  

  

3. Designados los árbitros de las partes, no se posesionen dentro de los tres días siguientes a su designación. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.2.9.6.Designación de los árbitros por parte del Ministerio del Trabajo. El Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección designará de la lista de árbitros enviada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el árbitro correspondiente, así:  

  

1. Se fijará la lista de árbitros enviada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en un lugar público y en el sitio web del Ministerio del Trabajo.  

  

2. Se designará el árbitro de la lista correspondiente al domicilio en donde se desarrolló el conflicto colectivo o en el solicitado por las partes.  

  

3. En caso que no se halle árbitro de la respectiva jurisdicción se seleccionará de la lista de la jurisdicción más cercana geográficamente.  

  

4. La designación del árbitro por parte del Ministerio del Trabajo se realizará mediante sorteo.  

  

5. Si el árbitro designado no acepta el encargo, se realizará un nuevo sorteo para designar su reemplazo. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.2.9.7. Impedimentos y recusaciones. La persona a quien se comunique su nombramiento como árbitro deberá informar, antes de posesionarse ante el Ministerio del Trabajo, si coincide o ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en otros procesos arbitrales o judiciales, trámites administrativos o cualquier otro asunto profesional en los que él o algún miembro de la oficina de abogados a la que pertenezca o haya pertenecido, intervenga o haya intervenido como árbitro, apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia en el curso de los dos (2) últimos años.  

  

Igualmente, deberá indicar cualquier relación de carácter familiar o personal que sostenga con las partes o sus apoderados.  

  

Si durante el curso del proceso se llegare a establecer que el árbitro no reveló información que debió suministrar al momento de posesionarse, por ese solo hecho quedará impedido, y así deberá declararlo. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.2.9.8.Control disciplinario. En los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el control disciplinario de los árbitros y los secretarios se regirá por las normas disciplinarias de los servidores judiciales y auxiliares de la justicia.  

  

El Ministerio del Trabajo compulsará copias de oficio a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o la autoridad disciplinaria que corresponda en caso de evidenciar la renuencia sistemática de los árbitros designados y/o posesionados que podría constituir la falta contemplada en el numeral 1 artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, cuando estos fueren abogados. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.2.9.9Utilización de medios electrónicos. En el trámite de convocatoria e integración del tribunal de arbitramento se utilizarán los medios electrónicos en todas las actuaciones, especialmente para llevar a cabo las comunicaciones de los actos administrativos y la presentación de solicitudes.  

  

La comunicación transmitida por medios electrónicos se considerará recibida el día en que se envió, salvo que se trate de la comunicación de la resolución de convocatoria e integración del tribunal de arbitramento obligatorio, caso en el cual se considerará hecha el día que se reciba en la dirección electrónica del destinatario.  

  

La formación y guarda del expediente podrá llevarse íntegramente a través de medios electrónicos o magnéticos.  

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.2.9.10. Actuaciones administrativas. Mediante autos de trámite se impulsarán y surtirán las actuaciones previas y posteriores a la resolución de convocatoria e integración del tribunal de arbitramento en los términos del Código Sustantivo del Trabajo”. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

TÍTULO 3

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

CAPÍTULO 1

DEL PODER PREFERENTE


Artículo 2.2.3.1.1. Objeto. El objeto del presente capítulo es reglamentar el ejercicio del poder preferente otorgado al Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, frente a las investigaciones y actuaciones que se adelanten dentro del contexto del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control en todo el Territorio Nacional. 

(Decreto número 34 de 2013, artículo 1°)  


Artículo 2.2.3.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se­rán de obligatoria aplicación: 

1. A todas y cada una de las actuaciones administrativas derivadas de las normas la­borales o del sistema de riesgos laborales surtidas por las Inspecciones de Trabajo a nivel nacional, Coordinaciones de Grupo, Direcciones Territoriales del Trabajo y Oficinas Es­peciales del Trabajo. 

2. Al desarrollo de las atribuciones de poder preferente asignadas al Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, a través de la Dirección General de Inspección, Vigi­lancia, Control y Gestión Territorial y la Unidad de Investigaciones Especiales prevista para tales efectos. 

(Decreto número 34 de 2013, artículo 2°)  


Artículo 2.2.3.1.3. Poder preferente. Para los efectos legales establecidos en el artí­culo 32 de la Ley 1562 de 2012, el Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo es titular del ejercicio preferente del poder investigativo y sancio­nador, el cual será desarrollado a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial. 

En ejercicio del poder preferente, el Viceministro de Relaciones Laborales e Inspec­ción, mediante decisión motivada, podrá intervenir, suspender, comisionar, reasignar o vigilar toda actuación administrativa de competencia de las Direcciones Territoriales, Ofi­cinas Especiales, Coordinaciones de los Grupos o Inspecciones del Ministerio del Trabajo, en cualquier etapa en que se encuentre. 

(Decreto número 34 de 2013, artículo 3°)  


Artículo 2.2.3.1.4. Criterios para la aplicación del poder preferente. El ejercicio del poder preferente procederá de oficio o a solicitud de parte, siempre que se sustente en razones objetivas, calificables como necesarias para garantizar la correcta prestación del servicio y el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia, eficacia, econo­mía, celeridad e imparcialidad en las investigaciones administrativas de competencia del Ministerio del Trabajo y se aplicará teniendo en cuenta además los siguientes criterios: 

1. Cuando se considere necesario en virtud de la complejidad del asunto, la especiali­dad de la materia, el interés nacional, el impacto económico y social, o por circunstancias que requieran especial atención por parte de la Cartera laboral. 

2. Cuando se requiera como medida necesaria para asegurar los principios de trans­parencia y celeridad, la efectividad de la garantía al debido proceso, o de cualquier otro derecho o principio fundamental. 

Parágrafo 1°. Cuando se vislumbre la posible ocurrencia de alguna de las circuns­tancias que justificarían el ejercicio del poder preferente, el Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección podrá solicitar la elaboración de un informe en el cual se efectúe el análisis de las situaciones de hecho que podrían dar origen a una actuación administrativa, si esta no se ha iniciado; o de la respectiva actuación, cuando ya esté en curso, previa revi­sión del expediente. Dicho informe servirá de sustento para adoptar la decisión de ejercer o no el poder preferente. 

(Decreto número 34 de 2013, artículo 4°)  


Artículo 2.2.3.1.5. Actuación. En los eventos en que resulte procedente el ejercicio del poder preferente con sujeción a los criterios establecidos en el artículo anterior, el Vi­ceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo puede ordenar cualquiera de las siguientes actuaciones: 

1. Apertura de actuación administrativa. Consiste en la decisión de iniciar una ac­tuación administrativa y asignar el conocimiento de la misma a la Unidad de Investi­gaciones Especiales o a una Inspección del Trabajo, Coordinación de Grupo, Dirección Territorial u Oficina Especial diferente a aquella donde por competencia general habría de radicarse el asunto. 

2. Reasignación de la actuación administrativa. Cuando se decide que una Inspec­ción del Trabajo, Coordinación de Grupo, Dirección Territorial u Oficina Especial, no debe continuar adelantando una actuación administrativa y en su lugar, se asigna el conocimien­to de la misma a la Unidad de Investigaciones Especiales o a otra Inspección del Trabajo, Coordinación de Grupo, Dirección Territorial u Oficina Especial. 

El funcionario que se encuentre adelantando la respectiva actuación respecto de la cual se ejerce el poder preferente, deberá suspenderla inmediatamente en el estado en que se encuentre y remitirá el expediente al funcionario o a la dependencia a que se haya asignado el conocimiento del asunto. 

3. Comisión. El titular del poder preferente comisionará al funcionario que estime conveniente para que realice los actos procesales respectivos para el desarrollo de las investigaciones, tales como recaudo de pruebas, notificaciones, diligencias de inspección o cualquiera otra acción que sea conducente para el cumplimiento de la labor administrativa. 

Parágrafo 1°. Para los efectos señalados en los numerales 1 y 2 del presente artículo, en la decisión motivada que se profiera, se indicará la dependencia o funcionario que asu­mirá o continuará la respectiva actuación administrativa. 

(Decreto número 34 de 2013, artículo 5°)  


Artículo 2.2.3.1.6. Recurso de Apelación. La Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial decidirá en segunda instancia los recursos frente a las actua­ciones administrativas por incumplimiento de las normas laborales, resueltas en primera instancia por la Unidad de Investigaciones Especiales. Corresponderá a la Dirección de Riesgos Laborales, resolver la segunda instancia de las investigaciones por violación al Sistema de Riesgos Laborales. 

Parágrafo. Cuando el ejercicio del poder preferente implique reasignación de Direc­ción Territorial u Oficina Especial, esta asumirá el conocimiento en todas las instancias, de acuerdo con las competencias establecidas para el efecto. 

(Decreto número 34 de 2013, artículo 6°)  


Artículo 2.2.3.1.7. Control. El Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, puede solicitar en cualquier momento informes o cualquier otra actuación que estime con­veniente para los fines del poder conferido en el artículo 32 de la Ley 1562 de 2012. 

(Decreto número 34 de 2013, artículo 7°)  


Artículo 2.2.3.1.8. Validez de las actuaciones. Tendrán plena validez todas las ac­tuaciones surtidas y las pruebas recaudadas hasta el momento de la comunicación de la decisión por la cual se somete el asunto al poder preferente, siempre que hubieren sido adelantadas en legal forma. 

(Decreto número 34 de 2013, artículo 8°)  


Artículo 2.2.3.1.9. Actuaciones administrativas en curso. Todas y cada una de las actuaciones administrativas que se encontraran en curso al 15 de enero de 2013, podrán ser objeto del ejercicio del poder preferente, del que trata esta norma. 

(Decreto número 34 de 2013, artículo 9°)  

“CAPÍTULO 2

De la Inspección, Vigilancia y Control sobre la Tercerización Laboral

(Adicionado por artículo 1 Decreto 583 de 2016)

(Capítulo Derogado por Artículo 1 Decreto 683 de 2018)


Artículo 2.2.3.2.1. Derogado 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.3.2.2.Derogado . 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.3.2.3 Derogado 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.3.2.4.Derogado 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.3.2.5.Derogado 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.3.2.6. Derogado 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.3.2.7.Derogado 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.3.2.8.Derogado 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.3.2.9.Derogado 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.3.2.10.Derogado 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]


TÍTULO 4

RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES EN RIESGOS LABORALES


Artículo 2.2.4.1.1. Entidades Administradoras de Riesgos Laborales Para adelantar las labores de prevención, promoción, y control previstas en el Decreto-ley 1295 de 1994, las ARL deberán acreditar semestralmente ante la Dirección de Riesgos Laborales: 

1. Organización y personal idóneo con que se cuenta su departamento de Riesgos La­borales. 

2. Relación de equipos, laboratorios e instalaciones, propios o contratados, que serán utilizados para la prestación de los servicios de Promoción, Prevención e Investigación. 

3. Infraestructura propia o contratada, que garantice el cubrimiento para sus afiliados de los servicios de rehabilitación, de prevención, de promoción y de asesoría que les com­pete. 

4. Proyección y ampliación de los servicios a que se refieren los numerales anteriores, relacionada con cálculos de incremento de cobertura durante el período fijado por la Di­rección Técnica de Riesgos Laborales. 

5. Copia de los contratos vigentes que garanticen el cubrimiento para sus afiliados de los servicios asistenciales, de prevención, de promoción y de asesoría, con la EPS, perso­nas naturales o jurídicas legalmente reconocidas para tal fin. 

6. Relación de los programas, campañas y acciones de Educación, Prevención e Inves­tigación que se acuerden desarrollar con la empresa al momento de la afiliación. 

Parágrafo. Debe discriminar esta información por cada departamento del país, en donde existan oficinas de servicio y afiliados a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 6°)  


Artículo 2.2.4.1.2. Desarrollo de programas y acciones de prevención. En el for­mulario de afiliación de la empresa, la Administradora de Riesgos Laborales se compro­meterá para con la respectiva empresa a anexar un documento en el que se especifiquen los programas y las acciones de prevención que en el momento se detecten y requieran desarrollarse a corto y mediano plazo. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 7°)  


Artículo 2.2.4.1.3. Contratación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de las empresas. Para el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de las empresas, estas podrán contratar con la entidad Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentren afiliadas, o con cualesquiera otra persona natural o jurídica que reúna las condiciones de idoneidad profesional para desempeñar labores de Seguridad y Salud en el Trabajo y debidamente certificadas por autoridad competente. 

No obstante lo anterior, el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo deberá acogerse a la reglamentación para el Sistema de Gestión y eva­luación del mismo establecido por el Ministerio del Trabajo. En su efecto, se deberá acoger a lo proyectado por la ARL en desarrollo de la asesoría que le debe prestar gratuitamente para el diseño básico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 9°)  


Artículo 2.2.4.1.4. Conformación de comisiones. El Ministerio del Trabajo reglamen­tará y fomentará la conformación de comisiones nacionales integradas por representantes de los trabajadores, los empleadores, entidades estatales y otras organizaciones vinculadas con el Sistema General de Riesgos Laborales, cuyo objeto será la de hacer de instancias operativas de las políticas y orientaciones del Sistema para la promoción y prevención de los Riesgos Laborales por actividades de la economía nacional o por interés de tipo sectorial. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 15)  


Artículo 2.2.4.1.5. Prestación de los servicios de salud. Las prestaciones asistencia­les en el Sistema General de Riesgos Laborales, se otorgarán en las mismas condiciones medias de calidad fijadas por la Comisión de Regulación en Salud, que han de prestar las entidades promotoras de salud a sus afiliados del régimen contributivo. 

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 8°)  


Artículo 2.2.4.1.6. Accidente de trabajo y enfermedad laboral con muerte del traba­jador. Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, el empleador deberá adelantar, junto con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o el Vigía de seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia de la muerte, una investigación encaminada a determinar las causas del evento y remitirlo a la Administra­dora correspondiente, en los formatos que para tal fin ésta determine, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. Recibida la investigación por la Administradora, ésta lo evaluará y emitirá concepto sobre el evento correspondiente, y determinará las acciones de prevención a ser tomadas por el empleador, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles. 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión del concepto por la Admi­nistradora lo de Riesgos Laborales, ésta lo remitirá junto con la investigación y la copia del informe del empleador referente al accidente de trabajo o del evento mortal, a la Direc­ción Regional o Seccional de Trabajo, a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio del Trabajo, según sea el caso, a efecto que se adelante la correspondiente investigación y se impongan las sanciones a que hubiere lugar. 

La Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo en cualquier tiempo podrá solicitar los informes de que trata este artículo. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 4°)  


Artículo 2.2.4.1.7. Reporte de accidentes y enfermedades a las Direcciones Territo­riales y Oficinas Especiales. Los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Te­rritorial u Oficinas Especiales correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguien­tes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las Administradoras de Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud y lo establecido en el artículo 2.2.4.1.6. del presente decreto. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 14)  

CAPÍTULO 2

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES

SECCIÓN 1

REGLAS GENERALES SOBRE AFILIACIÓN


Artículo 2.2.4.2.1.1. Selección. Los empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. 

La selección de la entidad administradora de riesgos laborales es libre y voluntaria por parte del empleador. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 3°)  


Artículo 2.2.4.2.1.2. Formulario de afiliación. Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva entidad administradora, me­diante el diligenciamiento de un formulario provisto para el efecto por la entidad adminis­tradora seleccionada, establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 4°)  


Artículo 2.2.4.2.1.3. Efectos de la afiliación. De conformidad con el literal k) del ar­tículo 4º del Decreto-ley 1295 de 1994, la afiliación se entiende efectuada al día siguiente de aquel en que el formulario ha sido recibido por la entidad administradora respectiva. 

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que asiste a la entidad administradora de ries­gos laborales de determinar, con posterioridad a la afiliación, si esta corresponde o no a la clasificación real, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Decreto-ley 1295 de 1994. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 6°)  


Artículo 2.2.4.2.1.4. Cambio de entidad administradora de riesgos laborales. Los empleadores pueden trasladarse voluntariamente de entidad administradora de riesgos la­borales una vez cada año, contado desde la afiliación inicial o el último traslado. 

Para estos efectos, deberán diligenciar el formulario que para tal fin apruebe la Super­intendencia Financiera, y dar aviso a la entidad administradora de la cual se desafilian con por lo menos 30 días comunes de antelación a la desvinculación. 

El traslado surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que vence el término del aviso de que trata el inciso anterior. 

La empresa que se traslada conserva la clasificación y el monto de la cotización que tenía, en la entidad administradora a la cual se cambia, cuando menos por los siguientes tres meses. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 7°) 

  


Artículo 2.2.4.2.1.5. Obligación especial del empleador. Los empleadores deben in­formar a sus trabajadores, mediante comunicación individual o colectiva, la entidad admi­nistradora de riesgos laborales a la cual están afiliados. 

Igualmente deberá transmitir dicha información, por escrito, a la entidad o entidades promotoras de salud a la que estén afiliados sus trabajadores. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 8°)  


Artículo 2.2.4.2.1.6. Contenido del formulario de novedades.  

  

Se consideran novedades:  

  

1.1. Ingreso de un trabajador.  

  

1.2. Incapacidad del trabajador.  

  

1.3. Vacaciones de un trabajador.  

  

1.4. Licencias y suspensiones del trabajo, no remuneradas  

  

1.5. Modificación del salario.  

  

1.6. Egreso de un trabajador.  

  

1.7. Cambio de nombre o razón social del empleador.  

  

1.8. Cambio de actividad económica principal.  

  

Durante el período de duración de la novedad no se causan cotizaciones a cargo del empleador, al Sistema General de Riesgos Laborales, por las contempladas en los numerales 1.2., 1.3., 1.4 y 1.6., de este artículo.  

  

(Decreto 1772 de 1994, artículo 19)”.  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.4.2.1.7. Afiliación colectiva en el Sistema General de Riesgos Labora­les. La afiliación colectiva al Sistema General de Riesgos Laborales, solo podrá realizarse a través de las entidades, entendidas estas como las definidas en el numeral 2.1. del artículo 2º del Decreto número 3615 de 2005, o la norma que lo modifique o sustituya. 

La clasificación del riesgo del trabajador independiente se realizará de acuerdo con la actividad, arte, oficio, o profesión que desempeñe la persona. La administradora de riesgos laborales ARL, verificará dicha clasificación. 

Para estos efectos, la agremiación expedirá una certificación en la que conste los pará­metros de tiempo, días, horarios, tareas y espacio a los cuales se limita el cubrimiento por el riesgo laboral, el cual no cubre las contingencias ocurridas en horarios adicionales que no estén previa y claramente definidos. 

Cuando el trabajador independiente desarrolle una actividad, arte, oficio o profesión que implique una disponibilidad de 24 horas al día y 7 días a la semana, deberá existir contrato escrito que así lo determine. Copia de dicho contrato será exigido por la adminis­tradora de riesgos laborales para realizar la afiliación. 

Los agremiados que decidan afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales, lo harán a través de la agremiación a la administradora de riesgos laborales seleccionada por esta. Es obligación de las ARL mantener actualizada la base de datos de trabajadores independientes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. 

El reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral, lo realizará la agremiación, en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad. 

Parágrafo. Las administradoras de riesgos laborales ARL, procederán a dar cobertura por los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presenten existiendo afilia­ción y pago oportuno de la cotización; dicha cobertura no se otorgará después de dos (2) meses de mora en el pago de las cotizaciones, en relación con los hechos que se presenten después de este período de protección. 

(Decreto número 3615 de 2005, artículo 5°, modificado por el Decreto número 2313 de 2006, artículo 2°)  

SECCIÓN 2

AFILIACIÓN, COBERTURA Y EL PAGO DE APORTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A TRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS


Artículo 2.2.4.2.2.1 Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer reglas para llevar a cabo la afiliación, cobertura y el pago de aportes en el Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 1°)  


Artículo 2.2.4.2.2.2. Campo de aplicación. La presente sección se aplica a todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con enti­dades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes y a los contratantes, conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012 y a los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012. 

Parágrafo 1°. Para efectos la presente sección, todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con una duración superior a un (1) mes, se entenderán como contratistas. 

Parágrafo 2°. Se entiende como contrato formal de prestación de servicios, aquel que conste por escrito. Tratándose de entidades o instituciones públicas, se entienden incluidos los contratos de prestación de servicios independientemente del rubro presupuestal con cargo al cual se efectúa el pago. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 2°)  


Artículo 2.2.4.2.2.3 Actividades de alto riesgo. Para efectos de la presente sección, se asimilan como de alto riesgo, aquellas actividades correspondientes a las clases IV y V a que hace referencia el Decreto-ley 1295 de 1994 y la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto número 1607 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 3°)  


Artículo 2.2.4.2.2.4 Selección de la Administradora de Riesgos Laborales. Las per­sonas a las que se les aplica la presente sección, para efectos de su afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, tienen el derecho a la libre escogencia de su Administrado­ra de Riesgos Laborales, debiendo afiliarse a una sola. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 4°)  

Parágrafo. El trabajador dependiente que simultáneamente suscriba uno o más contra­tos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como trabajador dependiente. 


Artículo 2.2.4.2.2.5. Afiliación por intermedio del contratante. El contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los contratistas objeto de la presente sección, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012. El incumplimiento de esta obligación, hará responsable al contratante de las prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 5°)  


Artículo 2.2.4.2.2.6 Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. 

La finalización de la cobertura para cada contrato corresponde a la fecha de termina­ción del mismo. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 6°)  


Artículo 2.2.4.2.2.7. Documentos o soportes para la afiliación. Para la afiliación ante la Administradora de Riesgos Laborales, el contratante debe presentar el formulario físico o electrónico establecido para tal fin por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como los soportes que se requieran. El formulario debe contener como mínimo, el valor de los honorarios, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y la clase de riesgo. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 7°)  


Artículo 2.2.4.2.2.8. Novedades en el Sistema General de Riesgos Laborales. Los contratantes deberán presentar la declaración de novedades previsibles en forma anticipa­da a su ocurrencia; aquellas novedades no previsibles, se reportarán el día de su ocurrencia o máximo el día hábil siguiente a aquel en el cual se tenga conocimiento. 

La declaración de novedades por parte de los contratantes deberá hacerse mediante formulario físico o electrónico, según el formato que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 8°)  


Artículo 2.2.4.2.2.9. Afiliación cuando existen varios contratos. Cuando los contra­tistas a los que les aplica la presente sección celebren o realicen simultáneamente varios contratos, deben estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos, en una misma Administradora de Riesgos Laborales. 

El contratista debe informar al contratante, la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentra afiliado, para que este realice la correspondiente novedad en la afilia­ción del nuevo contrato. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 9°)  


Artículo 2.2.4.2.2.10. Cobertura de las prestaciones económicas y asistenciales. Los contratistas afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, tienen derecho a las presta­ciones económicas y asistenciales establecidas en la legislación vigente. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 10)  


Artículo 2.2.4.2.2.11. Cotización según clase de riesgo. La cotización de las personas a las que se les aplica la presente sección, se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre: 

1. La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución, 

2. El propio de la actividad ejecutada por el contratista. 

Parágrafo 1°. Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal de la entidad o institución. 

Parágrafo 2°. La Administradora de Riesgos Laborales deberá verificar la clasifica­ción de la actividad económica con la cual fue afiliado el contratista, para lo cual, podrá pedir copia del contrato firmado y en caso de encontrar inconsistencia realizará la reclasi­ficación, de lo cual deberá informar al contratante para efectos de la reliquidación y pago de las cotizaciones, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 11)  


Artículo 2.2.4.2.2.12. Ingreso base de cotización. La base para calcular las cotizacio­nes de las personas a las que les aplica de la presente sección no será inferior a un (1) sala­rio mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes y debe corresponder a la misma base de cotización para los Sistemas de Salud y Pensiones. 

Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente sección perciban ingresos de forma simultánea provenientes de la ejecución de varios contratos, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas por cada uno de ellos conforme a la normativa vigente. 


No obstante, cuando se alcance el límite de los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberá cotizarse empezando por el de mayor riesgo. 

En el evento de simultaneidad de contratos, el ingreso base de cotización para el re­conocimiento de las prestaciones económicas por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, será igual a la sumatoria de los ingresos base de cotización de la totalidad de los contratos, sin que supere el límite al que hace referencia el presente artículo. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 12) 


Artículo 2.2.4.2.2.13. Pago de la cotización. Las Entidades o Instituciones públicas o privadas contratantes y los contratistas, según corresponda, deberán realizar el pago men­sual de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales de manera anticipada, dentro de los términos previstos por las normas vigentes. 

Al contratista le corresponde pagar de manera anticipada, el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II o III, con­forme la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto número 1607 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

El contratante debe pagar el valor de la cotización de manera anticipada, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V. 

Parágrafo 1°. El contratante deberá verificar el pago mensual de aportes por parte de los trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Laborales. 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social ajustará la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes, de tal forma que las Entidades o instituciones públicas o privadas contratantes y los contratistas, puedan efectuar el pago de las cotizaciones en los términos previstos en la presente sección, incluso en los casos en que sólo proceda el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con la normativa vigente. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 13)  


Artículo 2.2.4.2.2.14. Ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación para las prestaciones económicas que deban ser reconocidas a las personas objeto de apli­cación de la presente sección, se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1562 de 2012 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione y tendrá en cuenta el Ingreso Base de Cotización, según lo previsto en la presente sección. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 14)  


Artículo 2.2.4.2.2.15. Obligaciones del contratante. El contratante debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 

1. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y en­fermedades laborales. 

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo. 

3. Realizar actividades de prevención y promoción. 

4. Incluir a las personas que les aplica la presente sección en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Permitir la participación del contratista en las capacitaciones que realice el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada de las personas a las que les aplica la presente sección. 

7. Informar a los contratistas afiliados en riesgo IV y/o V sobre los aportes efectuados al Sistema General de Riesgos Laborales. 

8. Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el pago anticipado de la cotización, cuando el pago del aporte esté a su cargo. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 15)  


Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la activi­dad contratada, para lo cual asumirá su costo. 

3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y en­fermedades laborales. 

4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contra­tantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. 

5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Segu­ridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 16)  


Artículo 2.2.4.2.2.17. Obligaciones de la Administradora de Riesgos Laborales. Las obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales para con sus trabajadores inde­pendientes afiliados serán las siguientes: 

1. Afiliar y registrar en la Administradora de Riesgos Laborales al trabajador indepen­diente. 

2. Recaudar las cotizaciones, efectuar el cobro y distribuir las mismas conforme al artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 y lo establecido en la presente sección. 

3. Garantizar a los trabajadores independientes, la prestación de los servicios de salud y el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas en el Sistema Gene­ral de Riesgos Laborales. 

4. Realizar actividades de prevención y control de riesgos laborales para el trabajador independiente. 

5. Promover y divulgar al trabajador independiente programas de medicina laboral, higiene industrial, salud y seguridad en el Trabajo y seguridad industrial. 

6. Fomentar estilos de trabajo y vida saludables para el trabajador independiente. 

7. Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que presenten los tra­bajadores independientes afiliados. 

8. Suministrar asesoría técnica para la realización de estudios evaluativos de higiene ocupacional o industrial, diseño e instalación de métodos de control de ingeniería, según el grado de riesgo, para reducir la exposición de los trabajadores independientes a niveles permisibles. 

9. Adelantar las acciones de cobro, previa constitución en mora del contratante o del contratista de acuerdo a la clase de riesgo y el requerimiento escrito donde se consagre el valor adeudado y los contratistas afectados. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo. 

10. Verificar la clasificación de la actividad económica con la cual fue afiliado el con­tratista. (Decreto número 723 de 2013, artículo 17)  


Artículo 2.2.4.2.2.18. Exámenes médicos ocupacionales. En virtud de lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012, la entidad o institución contra­tante deberá establecer las medidas para que los contratistas sean incluidos en sus Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, para lo cual podrán tener en cuenta los términos de dura­ción de los respectivos contratos. El costo de los exámenes periódicos será asumido por el contratante. 

A partir del 15 de abril de 2013, las personas que tengan contrato formal de prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo de seis (6) meses para practicarse un examen preocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes preocupacionales será asumido por el contratista. 

Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los contratos. En el caso de perder su condición de contratista por un periodo superior a seis (6) meses continuos, deberá realizarse nueva­mente el examen. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 18)  


Artículo 2.2.4.2.2.19. Alternativas de ejecución de las actividades de promoción y prevención a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales. Las actividades de pro­moción y prevención realizadas por la Administradora de Riesgos Laborales en la cual se encuentran afiliadas las personas a las que se les aplica la presente sección, podrán ejecu­tarse de la siguiente forma: 

1. En las instalaciones del contratante o fuera de ellas. 

2. A través de esquemas de acompañamiento virtual y de tecnologías informáticas y de la comunicación, sin perjuicio del seguimiento personal que obligatoriamente respalde dicha gestión. 

3. Mediante convenios entre Administradoras de Riesgos Laborales, en los cuales de­berá señalarse la forma de remuneración de los servicios prestados. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 19)  


Artículo 2.2.4.2.2.20. Estadísticas de accidentalidad. El contratante debe incluir den­tro de sus estadísticas, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que sufran las personas a las que se les aplica la presente sección en ejercicio de la actividad contrata­da, las cuales deben ser tenidas en cuenta para determinar el índice de lesión incapacitante y de siniestralidad. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 20)  


Artículo 2.2.4.2.2.21. Inspección, vigilancia y control. Para efectos de la aplicación de la presente sección, la inspección, vigilancia y control se realizará de la siguiente ma­nera: 

1. Las actividades de salud de las Administradoras de Riesgos Laborales estarán suje­tas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, confor­me al artículo 121 de la Ley 1438 de 2011. 

2. El incumplimiento de los términos y la normativa que regula el pago de las presta­ciones económicas de las personas a las que se les aplica la presente sección será sancio­nado por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme al artículo 15 de la Ley 1562 de 2012. 

3. El incumplimiento de la afiliación, administración, prevención, promoción, atención y control de los riesgos y las actividades de seguridad y salud en el trabajo, será sanciona­do por las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, conforme al artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 115 del Decreto-ley 2150 de 1995 y los artículos 13, 30 y 32 de la Ley 1562 de 2012. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 21)  


Artículo 2.2.4.2.2.22. Mecanismos de seguimiento y control. En virtud de lo esta­blecido en el parágrafo 3° del artículo 7° de la Ley 1562 de 2012, las entidades Adminis­tradoras de Riesgos Laborales deberán acoger las instrucciones y criterios técnicos que establezca la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, (UGPP), para el cumplimiento de sus funciones de cobro de los aportes, cobro persuasivo y recaudo y enviarán a dicha Unidad con la periodicidad y condiciones técnicas que esta determine, la información relativa al desarrollo de tales funciones sobre las obligaciones en mora que se hayan originado con acciones propias o hallazgos remitidos por dicha entidad. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 22) 

  


Artículo 2.2.4.2.2.23. Normas complementarias. En los aspectos no regulados en la presente sección se aplicarán las disposiciones contenidas en el Decreto-ley 1295 de 1994, las Leyes 776 de 2002, 1562 de 2012 y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 23)  


Artículo 2.2.4.2.2.24. Otras disposiciones. La afiliación al Sistema General de Ries­gos Laborales no configura relaciones laborales entre el contratante y el contratista. 

(Decreto número 723 de 2013, artículo 25)  

SECCIÓN 3

AFILIACIÓN DE ESTUDIANTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES


Artículo 2.2.4.2.3.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer las reglas para la afiliación y el pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los es­tudiantes que cumplen con las condiciones expresamente señaladas en el literal a) numeral 4 del artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2° de la Ley 1562 de 2012. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 1°)  


Artículo 2.2.4.2.3.2. Ámbito de aplicación. La presente sección aplica a los estudian­tes de instituciones de educación pública o privada que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 

1. Que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para la institución donde realizan sus estudios e involucren un riesgo ocupacional. 

2. Que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus estudios u obtener un título o certificado de técnico laboral por competencias que los acreditará para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, que involucren un riesgo ocupacional. 

Las prácticas o actividades que en el sistema educativo colombiano cumplen con las características señaladas en el numeral 2 del presente artículo, son aquellas realizadas en el marco de la educación media técnica, los programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores, la educación superior y los programas de formación laboral de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Asimismo, aplica a las Administradoras de Riesgos Laborales, a los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, a las entidades territoriales certificadas en educación, a las instituciones de educación, a las escuelas normales superiores, y a las entidades, empresas o instituciones públicas o privadas donde se realicen prácticas por parte de los estudiantes. 

Parágrafo 1°. La presente sección aplicará a todas aquellas personas que se encuentren realizando prácticas Ad-Honorem que involucren un riesgo ocupacional, como requisito para obtener un título y que por disposición de los reglamentos internos de la institución de educación donde cursa sus estudios, no cuentan con matrícula vigente. 

Parágrafo 2°. La afiliación y obligaciones en el Sistema General de Riesgos Labora­les de los estudiantes que ejecuten trabajos o realicen sus prácticas formativas mediante contrato de aprendizaje, vínculo laboral; contrato de prestación de servicios o en el marco de un convenio docencia - servicio en el área de la salud, procederá de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes que regulen dichos escenarios de trabajo o prácticas formativas. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 2°)  


Artículo 2.2.4.2.3.3. Definiciones. Para los efectos de la presente sección, se maneja­rán las siguientes definiciones: 

Riesgo Ocupacional. Entiéndase como la probabilidad de exposición a cualquiera de los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los estudiantes, de que trata el artículo 2.2.4.2.3.2. del presente decreto, en los escenarios donde se realiza la práctica o actividad, capaz de producir una enfermedad o accidente. 

Fuente de Ingreso. Entiéndase como aquellos valores recibidos y/o causados a favor de la institución de educación como resultado de las actividades desarrolladas por estudian­tes, en cumplimiento del objeto social de la misma. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 3°)  


Artículo 2.2.4.2.3.4. Afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. La afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes de que trata el artículo 2.2.4.2.3.2. de la presente decreto, procederá de la siguiente manera: 

1. Cuando se trate de estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la institución educativa donde realizan sus estudios, esta deberá realizar la afiliación y el pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. 

2. Cuando se trate de estudiantes que deban realizar prácticas o actividades como re­quisito para culminar sus estudios u obtener un título o certificado de técnico laboral por competencias que los acredite para el desempeño laboral en uno de los sectores de la pro­ducción y de los servicios, la afiliación y el pago de aportes estará a cargo de: 

2.1. Las entidades territoriales certificadas en educación, cuando se trate de prácticas propias de la educación media técnica en instituciones educativas de carácter estatal; 

2.2. Las instituciones educativas, cuando se trate de prácticas propias de la educación media técnica en instituciones educativas de carácter oficial con régimen especial o de carácter privado; 

2.3. Las escuelas normales superiores, cuando se trate de prácticas propias de sus pro­gramas de formación complementaria, independiente de su naturaleza jurídica; 

2.4. La entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica, para el caso de la educación superior y de los programas de formación laboral en la edu­cación para el trabajo y el desarrollo humano, sin perjuicio de los acuerdos entre la insti­tución de educación y la entidad , empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica, sobre quién asumirá la afiliación y el pago de los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales y la coordinación de las actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo. 

La afiliación de los estudiantes de que trata la presente sección, deberá efectuarse como mínimo un (1) día antes del inicio de la práctica o actividad correspondiente, y de­berá realizarse ante la Administradora de Riesgos Laborales en la cual la entidad, empresa o institución obligada a afiliar a los estudiantes, tenga afiliados a sus trabajadores. 

En ningún caso, las obligaciones de afiliación y pago al Sistema General de Riesgos Laborales podrán trasladarse al estudiante. 

Parágrafo 1°. Para la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, los estudian­tes deberán estar previamente afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en cualquiera de sus regímenes, o a un régimen exceptuado o especial en salud. 

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales certificadas en educación que les corresponda afiliar a los estudiantes de media técnica al Sistema General de Riesgos Laborales, lo harán con cargo a los recursos que le trasladará anualmente el Ministerio de Educación Nacional por concepto del Sistema General de Participaciones-población atendida, con base en el registro de matrícula reportado en el Sistema de Información de Matrícula (SIMAT) del año inmediatamente anterior. 

Parágrafo 3°. Las instituciones educativas que oferten media técnica de carácter ofi­cial con régimen especial o de carácter privado, así como las escuelas normales superiores privadas, que les corresponda afiliar a los estudiantes al Sistema General de Riesgos Labo­rales, lo harán con cargo a sus propios recursos. 

Para el caso de las escuelas normales de carácter estatal, la afiliación y el pago de los aportes la realizará el rector de dicha institución, en su calidad de ordenador del gasto, con cargo al Fondo de Servicios Educativos de que trata el Decreto número 4791 de 2008 o la norma que lo modifique o sustituya, y ante la misma Administradora de Riesgos Laborales a la que su entidad territorial certificada en educación tenga afiliados a sus trabajadores. 

Parágrafo 4°. Para el caso de la educación superior y de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, cuando la práctica se realice en escenarios que en sí mismos no constituyan una persona jurídica, la afiliación y el pago del aporte al Sistema General de Riesgos Laborales del estudiante estará a cargo de la institución de educación donde curse sus estudios. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 4°)  


Artículo 2.2.4.2.3.5. Cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales. La cober­tura del Sistema General de Riesgos Laborales se iniciará el día calendario siguiente al de la afiliación y se mantendrá por todo el tiempo que dure la práctica o actividad. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 5°)  


Artículo 2.2.4.2.3.6. Cotización y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. La cotización al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes de que trata la presente sección se realizará sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) y para el cálculo del monto de la cotización, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1562 de 2012, las normas reglamentarias incluidas en el presente decreto sobre afiliación y cotizaciones al Sistema General de Riesgos La­borales y el Decreto número 1607 de 2002, o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

El pago de los aportes al Sistema se realizará a través de la Planilla Integrada de Liqui­dación de Aportes (PILA), en las fechas establecidas para las personas jurídicas. La tarifa a pagar por la cobertura se determinará de acuerdo con la actividad económica principal o el centro de trabajo de la entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 6°)  


Artículo 2.2.4.2.3.7. Garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudian­tes. La relación docencia - servicio debe garantizar que los estudiantes desarrollen sus prácticas formativas en condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar, con­forme a las normas vigentes, para lo cual ofrecerá las siguientes garantías: 

1. Los estudiantes que realicen prácticas formativas que impliquen riesgos frente a ter­ceros, estarán cubiertos por una póliza de responsabilidad civil extracontractual, con una cobertura no inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes; 

2. Los estudiantes de posgrado serán afiliados a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales por el tiempo que dure su práctica. Para efectos de la afiliación y pago de aportes, se tendrá como base de cotización un salario mínimo legal mensual vigente. En todo caso, dicha afiliación no implicará un vínculo laboral, conside­rando que se da en el marco de una relación académica; 

3. Los turnos de las prácticas formativas de los estudiantes se fijarán atendiendo las normas, principios y estándares de calidad en la prestación del servicio de salud y de bienestar de los estudiantes y docentes. En cualquier caso, los turnos serán de máximo 12 horas, con descansos que garanticen al estudiante su recuperación física y mental y no podrán superar 66 horas por semana. 

4. Los estudiantes de programas académicos de formación en el área de la salud que requieran de residencia o entrenamiento que implique la prestación de servicios de salud por parte de ellos, tendrán derecho a alimentación, hotelería, ropa de trabajo y elementos de protección gratuitos, de acuerdo con las jornadas, turnos y servicios que cumplan en el marco de la práctica formativa; 

5. Los estudiantes de pregrado y de educación para el trabajo y el desarrollo humano en programas de formación laboral, serán afiliados al Sistema General de Riesgos Labo­rales durante el tiempo que dure su práctica. La afiliación y cotización se realizará sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) y en ningún caso implicará un vínculo laboral. 

Parágrafo. Las garantías establecidas en el presente artículo serán responsabilidad de las instituciones que integran la relación docencia servicio, quienes financiarán la totalidad de los gastos que impliquen las mismas. Los convenios docencia-servicio establecerán las responsabilidades de las partes en la suscripción, financiación, pago, trámite y seguimiento de dichas garantías, así como la afiliación a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y de Riesgos Laborales, según corresponda de acuerdo con el nivel académico. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 7°)  


Artículo 2.2.4.2.3.8. Responsabilidades de los estudiantes durante la realización de la práctica o actividad. Los estudiantes de que trata la presente sección tendrán las siguien­tes responsabilidades en su calidad de afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que le sean in­dicadas para el desarrollo de actividades dentro de su práctica. 

3. Utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para la realización de la práctica o actividad correspondiente. 

4. Informar a la entidad territorial certificada en educación, a la institución educativa o a la empresa o institución pública o privada que lo afilió, la ocurrencia de incidentes, accidentes o de enfermedades causadas por la práctica o actividad. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 8°)  


Artículo 2.2.4.2.3.9. Obligaciones del responsable de la afiliación y pago. La entidad territorial certificada en educación, la institución de educación, la escuela normal superior o la empresa o institución pública o privada que afilia y paga los aportes al Sistema Gene­ral de Riesgos Laborales del estudiante, tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Realizar los trámites administrativos de afiliación de los estudiantes al Sistema Ge­neral de Riesgos Laborales. 

2. Paga los aportes al Sistema a través de la PILA. 

3. Reportar las novedades que se presenten, a la Administradora de Riesgos Laborales respectiva. 

Reportar los accidentes y las enfermedades ocurridas con ocasión de la práctica o actividad, a la Administradora de Riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de Salud respectiva del estudiante. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 9°)  


Artículo 2.2.4.2.3.10. Obligaciones de la entidad, empresa o institución pública o privada en donde se realice la práctica. La entidad, empresa o institución pública o priva­da en donde se realice la práctica, deberá: 

1. Capacitar al estudiante sobre las actividades que va a desarrollar en el escenario de práctica, y explicarle los riesgos a los que va a estar expuesto junto con las medidas de prevención y control para mitigarlos. 

2. Acoger y poner en práctica las recomendaciones que en materia de prevención del riesgo imparta la Administradora de Riesgos Laborales. 

3. Informar los accidentes y las enfermedades ocurridos con ocasión de la práctica o actividad, a la Administradora de Riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de Salud a la cual esté afiliado el estudiante, cuando la empresa o institución pública o privada en donde se realice la práctica no es la obligada a realizar la afiliación y el pago. 

4. Verificar que el estudiante use los elementos de protección personal en el desarrollo de su práctica o actividad. 

5. Incluir al estudiante en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando la empresa o institución pública o privada esté en la obligación de tenerlo. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 10)  


Artículo 2.2.4.2.3.11. Obligaciones de la institución de educación. Corresponde a las instituciones de educación a las que pertenezcan los estudiantes, que deban ser afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con la presente sección: 

1. Revisar periódicamente que el estudiante en práctica desarrolle labores relacionadas exclusivamente con su programa de formación o educación, que ameritaron su afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. 

2. Verificar que el espacio de práctica cuente con los elementos de protección personal apropiados según el riesgo ocupacional. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 11)  


Artículo 2.2.4.2.3.12. Supervisión de la práctica. La entidad, empresa o institución pública o privada en la que el estudiante realice su práctica podrá designar una persona que verifique el cumplimiento de las condiciones de prevención, higiene y seguridad industrial y de las labores formativas asignadas al estudiante. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 12)  


Artículo 2.2.4.2.3.13. Protección y prevención a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales. Las Administradoras de Riesgos Laborales deberán implementar y desarrollar a favor de los estudiantes todas las actividades establecidas en el Decreto-ley 1295 de 1994, en la Ley 1562 de 2012 y las demás normas vigentes sobre la materia. 

Frente a los accidentes ocurridos con ocasión de la práctica o actividad de los estu­diantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, la Administradora de Riesgos Laborales respectiva realizará la investigación del mismo en un término no superior a quince (15) días, contados a partir del reporte del evento, y recomendará las acciones de prevención conforme a las causas analizadas. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 13)  


Artículo 2.2.4.2.3.14. Prestaciones económicas y asistenciales del Sistema General de Riesgos Laborales. Los estudiantes de que trata la presente sección, tendrán todas las prestaciones económicas y asistenciales del Sistema General de Riesgos Laborales esta­blecidas en el Decreto-ley 1295 de 1994, en la Ley 776 de 2002, en la Ley 1562 de 2012 y en las demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 14)  


Artículo 2.2.4.2.4.15. De la responsabilidad y sanciones. El incumplimiento de los deberes consagrados en el presente sección, dará lugar a las investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales pertinentes de acuerdo con la ley. 

La inspección, vigilancia y control será ejercida por la Superintendencia Financiera de Colombia, por la Superintendencia Nacional de Salud y por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con las normas vigentes. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 15)  


Artículo 2.2.4.2.3.16. Disposiciones complementarias. Los aspectos concernientes a la afiliación y pago de aportes no previstos en la presente sección, se regirán por las nor­mas del Sistema General de Riesgos Laborales. 

(Decreto número 55 de 2015, artículo 16)  

SECCIÓN 4

RIESGOS LABORALES EN EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES


Artículo 2.2.4.2.4.1. Afiliación de trabajadores de las empresas de servicios tempo­rales. Los trabajadores permanentes y en misión de las empresas de servicios temporales deberán ser afiliados por éstas a una Administradora de Riesgos Laborales. 

Parágrafo. Igualmente deberán ser afiliados los trabajadores a los Sistemas General de Pensiones y Salud, a través de las Empresas Promotoras de Salud y Administradoras del Fondo de Pensiones que ellos elijan. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 10)  


Artículo 2.2.4.2.4.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Las Empresas usuarias que utilicen los servicios de Empresas de Servicios Tem­porales, deberán incluir los trabajadores en misión dentro de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lo cual deberán suministrarles: 

Una inducción completa e información permanente para la prevención de los riesgos a que están expuestos dentro de la empresa usuaria. 

Los elementos de protección personal que requieran el puesto de trabajo. 

Las condiciones de Seguridad e Higiene Industrial y Medicina del Trabajo que contie­ne el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa usuaria. 

Parágrafo. El cumplimiento de lo ordenado en este artículo no constituye vínculo laboral alguno entre la empresa usuaria y el trabajador en misión. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 11)  


Artículo 2.2.4.2.4.3. Pago de las cotizaciones. Las empresas de servicios temporales tendrán a su cargo el pago de las cotizaciones para el Sistema General de Riesgos Labora­les de sus trabajadores a la correspondiente ARL donde los hayan afiliado. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 12)  


Artículo 2.2.4.2.4.4. Cotización de las empresas de servicios temporales. El valor de la cotización para el Sistema General de Riesgos Laborales de las Empresas de Servicios Temporales, será de la siguiente manera: 

Para los trabajadores de planta según la clase de riesgo en que se encuentre clasificada la Empresa de Servicios Temporales. 

Para los trabajadores en misión, según la clase de riesgo en que se encuentre clasificada la empresa usuaria o centro de trabajo. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 13)  


Artículo 2.2.4.2.4.5. Reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Para los efectos del cómputo del Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI), y la Evaluación del Sis­tema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), las empresas usuarias están obligadas a reportar a la ARL a la cual se encuentran afiliadas el número y la activi­dad de los trabajadores en misión que sufran Accidentes de Trabajo o Enfermedad Laboral. 

Los exámenes médicos ocupacionales periódicos, de ingreso y de egreso de los traba­jadores en misión, deberán ser efectuados por la Empresa de Servicios Temporales. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 14)  

“SECCIÓN 5

AFILIACIÓN VOLUNTARIA AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

(Adicionado por artículo 1 Decreto 1563 de 2016)


Artículo 2.2.4.2.5.1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente sección tiene por objeto establecer las reglas para la afiliación voluntaria de los trabajadores independientes que devenguen uno (1) o más salarios mínimos mensuales legales vigentes y el pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales, a través de las administradoras de riesgos laborales y mediante el uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).  

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.4.2.5.2. Reglas de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Para la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas señaladas en el artículo 2.2.4.2.5.1. del presente decreto, se seguirán las siguientes reglas:  

  

1. El período mínimo de afiliación de las personas de que trata esta sección será de un (1) mes.  

2. El trabajador podrá elegir de manera voluntaria si realiza la afiliación de manera individual o de manera colectiva a través de agremiaciones o asociaciones autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 2.2.4.2.5.3. del presente decreto.  

3. La afiliación se hará a través de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) que elija el afiliado, salvo los siguientes casos:  

  

3.1. Cuando decida afiliarse de manera colectiva, caso en el cual la agremiación o asociación la escogerá.  

3.2. Cuando se trate de un afiliado voluntario que simultáneamente sea trabajador de­pendiente o trabajador independiente con contrato de prestación de servicios de que trata el artículo 2.2.4.2.2.1. del presente decreto, evento en el cual, deberá hacerlo a través de la administradora de riesgos laborales con la que se encuentra afiliado como dependiente o contratista de prestación de servicios; de la misma manera deberá proceder si decide afiliarse de manera colectiva.  

  

4. Sin perjuicio de las excepciones a la obligación de afiliación legalmente establecidas, el afiliado voluntario que desee afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales en los términos de esta sección, deberá estar previamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo y al Sistema General de Pensiones. Para efecto del trámite de afiliación se seguirá el siguiente orden: salud, pensiones y riesgos laborales.  

  

5. La afiliación se realizará mediante el diligenciamiento del formulario que defina el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual podrá ser físico o electrónico, donde se deben señalar como mínimo los datos del trabajador, las situaciones de tiempo, modo y lugar en las cuales se realizará la totalidad de ocupaciones u oficios ejercidas de manera independiente y la clase de riesgo de cada una de ellas de acuerdo con la “Tabla de Clasifi­cación de Ocupaciones u Oficios más representativos” de que trata el artículo 2.2.4.2.5.9. del presente decreto.  

  

Adicional al formulario de afiliación se deberá anexar:  

  

6.1. Formato de identificación de peligros establecido por el Ministerio del Trabajo, diligenciado de conformidad con las ocupaciones u oficios que va a desarrollar la persona a la que aplica la presente sección.  

6.2. Certificado de resultados del examen pre-ocupacional que se practique la persona a la que aplica la presente sección, en lo pertinente.  

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.4.2.5.3. Afiliación irregular por terceros. La afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales realizada por un tercero que no cuente con la autorización previa del Ministerio de Salud y Protección Social o sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.4.2.1.7. de este decreto y en el Título 6 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, constituye violación a las disposiciones relativas a la protección y seguridad de los trabajadores y se sancionará hasta con cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 smmlv) de conformidad con lo establecido en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de la medida de prohibición inmediata de trabajos o tareas por riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores que proceda en los términos del artículo 11 de la Ley 1610 de 2013 y de la interposición de las denuncias penales a que hubiere lugar. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.4.2.5.4. Iniciación de la cobertura del Sistema General de Riesgos Labo­rales. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se iniciará el día calendario siguiente al de la afiliación.  

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.4.2.5.5. Ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas de que trata esta sección, deberá ser el mismo con el que aportan a los sistemas generales de salud y pensiones y en todo caso no podrá ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.4.2.5.6. Cotización y pago de aportes al sistema general de riesgos laborales. La cotización al sistema general de riesgos laborales se efectuará por períodos mensuales completos y se pagará mes vencido, conforme a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Para efectos del pago se atenderán los plazos establecidos en el Título 2 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y se utilizará la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA).  

  

  

Cuando la persona ejerza simultáneamente varias ocupaciones u oficios deberá cotizar por el valor de la clase de riesgo más alta. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.4.2.5.7. Tabla de cotizaciones mínimas y máximas. Para efectos de la presente sección, se adopta la siguiente tabla de cotizaciones mínimas y máximas para cada clase de riesgo:  

  

TABLA DE COTIZACIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS 

  

Clase de Riesgo  

Sección 1  

Sección 2  

Sección 3  

Sección 4  

Sección 5  

Sección 6  

Sección 7  

Sección 8  

Sección 9  

Sección 10  

Sección 11  

I  

0,348%  

0,443%  

0,522%  

0,602%  

0,681%  

0,761%  

0,840%  

0,920%  

0,999%  

1,079%  

1,158%  

II  

0,530%  

0,787%  

1,044%  

1,301%  

1,558%  

1,815%  

2,072%  

2,329%  

2,586%  

2,843%  

3,100%  

III  

1,717%  

2,077%  

2,436%  

2,795%  

3,155%  

3,514%  

3,874%  

4,233%  

4,592%  

4,952%  

5,311%  

IV  

2,871%  

3,240%  

3,610%  

3,980%  

4,350%  

4,720%  

5,090%  

5,460%  

5,830%  

6,200%  

6,570%  

V  

3,339%  

3,857%  

4,374%  

4,891%  

5,408%  

5,926%  

6,443%  

6,960%  

7,477%  

7,995%  

8,700%  

  

Las personas a quienes aplica la presente sección cotizarán al sistema general de riesgos laborales conforme a los porcentajes señalados en la tabla anterior respecto al ingreso base de cotización (IBC), así:  

  

1. Clase de riesgo I, II y III el valor correspondiente a la sección 3.  

2. Clase de riesgo IV, valor correspondiente a la sección 5.  

3. Clase de riesgo V, valor correspondiente a la sección 8.  

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.4.2.5.8. Variación de la cotización. Los porcentajes señalados en la “Ta­bla de Cotizaciones Mínimas y Máximas” de que trata el artículo 2.2.4.2.5.7. del presente decreto, podrán ser modificados teniendo en cuenta el análisis del comportamiento de la siniestralidad.  

  

Las administradoras de riesgos laborales realizarán la caracterización de la siniestralidad de acuerdo con lo establecido por los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social, quienes recopilarán la información pertinente respecto a la población objeto de esta sección.  

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.4.2.5.9. Tabla de clasificación de ocupaciones u oficios más representativos. Para efectos de la presente sección, adáptese la “Tabla de clasificación de ocupaciones u oficios más representativos” la cual se incorpora como Anexo 2 de este Decreto, con el fin de establecer el nivel de riesgo de las ocupaciones u oficios, que corresponden a la Clasifi­cación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO-08 año 2015 adaptada para Colombia.  

  

  

Cuando una ocupación u oficio no se encuentre en la “Tabla de clasificación de ocu­paciones u oficios más representativos”, las administradoras de riesgos laborales podrán efectuar la clasificación de acuerdo con el riesgo ocupacional afín previsto en la misma; para tal efecto, deberá tenerse en cuenta las materias primas, materiales o insumos que se utilicen, así como los medios de producción, procesos, almacenamiento y transporte.  

  

  

Efectuada la clasificación de la ocupación u oficio que no se encuentre en la “Tabla de Clasificación de ocupaciones u oficios más representativos”, las administradoras de riesgos laborales deberán comunicarla a los Ministerios del Trabajo y Salud y Protección Social, para que se analice su inclusión.  

  

Parágrafo. La tabla de ocupaciones u oficios a que hace referencia el presente artículo no determina en ningún caso la naturaleza de la relación jurídica en el desarrollo de la ac­tividad, ocupación u oficio ni desvirtúa lo establecido en los artículos 22 a 26 del Código Sustantivo del Trabajo.  

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.4.2.5.10. Efectos de la mora en las cotizaciones. El no pago de dos (2) períodos consecutivos de las cotizaciones de las personas de que trata la presente sección dará lugar a la suspensión de la afiliación por parte de la administradora de riesgos laborales.  

  

  

Para tal efecto, la entidad administradora de riesgos laborales deberá enviar a la última dirección conocida del afiliado una comunicación por correo certificado en un plazo no mayor a un (1) mes después del no pago de los aportes, señalando la situación de incumpli­miento y las consecuencias que le acarrea. La comunicación constituirá al afiliado en mora.  

  

  

Durante el período de suspensión no habrá lugar al reconocimiento y .pago de las pres­taciones económicas del Sistema General de Riesgos Laborales.  

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 2.2.4.2.5.11. Obligaciones de los afiliados voluntarios al Sistema General de Riesgos Laborales. Las personas a que aplica esta sección tendrán las siguientes obligaciones:  

  

1. Procurar el cuidado integral de su salud.  

2. Diligenciar el formulario de afiliación a la administradora de riesgos laborales.  

3. Diligenciar el formato de identificación de peligros de conformidad con las ocupa­ciones u oficios que va a desarrollar y anexarlo al formulario de afiliación.  

4. Practicarse un examen preocupacional y anexar el certificado respectivo al formulario de afiliación a la administradora de riesgos laborales. El costo de los exámenes preocupa­cionales será asumido por el trabajador independiente.  

5. Pagar los aportes al sistema a través de la planilla integrada de liquidación de apor­tes - PILA.  

6. Informar a la administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud donde está afiliado, la ocurrencia de accidentes o de enfermedades con ocasión del ejercicio de su ocupación u oficio.  

7. Reportar a la administradora de riesgos laborales las novedades que se presenten en relación con las condiciones de tiempo, modo y lugar en que desarrolla su ocupación u oficio.  

8. Participar en las actividades de promoción y prevención organizadas por la adminis­tradora de riesgos laborales.  

9. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo.  

10. Realizarse como mínimo cada año, los exámenes médicos periódicos ocupacionales y contar con el certificado respectivo, el cual podrá ser requerido por la administradora de riesgos laborales para el monitoreo y gestión del riesgo. El costo de los exámenes será asumido por el afiliado.  

11. Realizar como mínimo cada año la identificación de peligros asociados con su labor mediante el diligenciamiento del formulario respectivo, el cual podrá ser requerido por la administradora de riesgos laborales para el monitoreo y gestión del riesgo.  

12. Acoger y poner en práctica las recomendaciones que en materia de prevención del riesgo imparta la administradora de riesgos laborales.  

13. Disponer y asumir el costo de los elementos de protección personal necesarios y utilizarlos para ejecutar su ocupación u oficio. 


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Artículo 2.2.4.2.5.12. Obligaciones a cargo de las administradoras de riesgos laborales. Las administradoras de riesgos laborales deberán implementar y desarrollar a favor de las personas a quienes aplica la presente sección, las actividades establecidas en el Decreto-ley 1295 de 1994, en la Ley 1562 de 2012 y en las demás normas vigentes sobre la materia que por su naturaleza les sean aplicables, entre otras:  

  

1. Registrar la afiliación y novedades respectivas del afiliado.  

2. Afiliar de manera obligatoria a las personas de que trata la presente sección e incre­mentar de manera gradual y periódica estas afiliaciones. El Ministerio del Trabajo verificará el incremento en cada Administradora de Riesgos Laborales (ARL), teniendo en cuenta el comportamiento de las afiliaciones en el sistema general de riesgos laborales.  

3. Recaudar las cotizaciones.  

4. Verificar la correcta clasificación de ocupaciones u oficios con la cual se hizo la afiliación.  

5. Cuando exista mérito para ello, adelantar las acciones de cobro, previa constitución en mora del afiliado y la liquidación mediante la cual determine el valor adeudado, que prestará mérito ejecutivo.  

6. Garantizar a los afiliados la prestación de los servicios de salud y el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas que correspondan dentro del sistema general de riesgos laborales.  

7. Fomentar estilos de trabajo y vida saludables para el afiliado.  

8. Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presenten, con el acompañamiento del afiliado.  

9. Capacitar de manera presencial o virtual a la población objeto de la presente sección para que realice y mantenga actualizada la identificación de peligros asociados con su labor y sus medidas de prevención y control.  

10. Disponer de guías específicas de prevención de riesgos laborales por ocupación u oficio.  

11. Generar estrategias, programas, acciones o servicios de promoción y prevención para cada ocupación u oficio.  

12. Desarrollar campañas, programas, mecanismos y acciones para lograr la rehabili­tación integral.  

13. Asesorar en la adecuación de puestos de trabajo, maquinaria, equipos, herramientas y elementos de protección personal para el desarrollo de la ocupación u oficio del afiliado.  

Frente a los accidentes graves ocurridos con ocasión de la ocupación u oficio de las personas a quienes aplica esta sección, afiliadas al sistema general de riesgos laborales, la administradora de riesgos laborales realizará la investigación en un término no superior a treinta (30) días hábiles contados a partir del reporte del evento y recomendará las acciones de prevención conforme a las causas analizadas.  

  


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Artículo 2.2.4.2.5.13. Accidente de trabajo y enfermedad laboral. Para efecto de la presente sección, la determinación del origen del accidente, la enfermedad o la muerte, el grado de pérdida de la capacidad laboral, la fecha de estructuración, así como el informe que se debe rendir sobre su ocurrencia y las consecuencias por no reportarlas en los tiempos establecidos, se regirán por lo dispuesto en el Decreto-ley 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002, la Ley 1562 de 2012, y las demás normas que las modifiquen, sustituyan.  

  

  

Parágrafo. En caso de que el afiliado se encuentre imposibilitado para hacer el reporte, lo podrán realizar el cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos, las personas con interés jurídico y/o causahabientes, la institución prestadora de servicios de salud que brinda la atención inicial, así como aquellas personas autorizadas expresamente por la ley.  

  

Si se trata de un trabador afiliado a través de una agremiación, el reporte lo deberá efectuar esta dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad. 


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Artículo 2.2.4.2.5.14. Prestaciones económicas y asistenciales del sistema general de riesgos laborales. Las personas de que trata la presente sección tendrán derecho al re­conocimiento y pago de las prestaciones económicas y asistenciales del sistema general de riesgos laborales establecidas en el Decreto-ley 1295 de 1994, en la Ley 776 de 2002, en la Ley 1562 de 2012 y en las demás normas que las modifiquen o sustituyan.  

  


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Artículo 2.2.4.2.5.15. Ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación para las prestaciones económicas que deban ser reconocidas a la población objeto de la presente sección, se calculará conforme al artículo 5° de la Ley 1562 de 2012.  

  

  


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Artículo 2.2.4.2.5.16. Inspección, vigilancia y control. El incumplimiento de los deberes consagrados en la presente sección, dará lugar a las investigaciones pertinentes de acuerdo con la normatividad vigente.  

  

1. Corresponde a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, en ejercicio de su función de inspección, vigilancia y control, investigar y sancionar el incumplimiento por parte de las entidades, las normas en el sistema general de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, conforme a la normatividad vigente.  

2. La Superintendencia Nacional de Salud adelantará las funciones de inspección, vigi­lancia y control a las administradoras de riesgos laborales en sus actividades de prestación de los servicios de salud, conforme a la normatividad vigente.  

3. A la Superintendencia Financiera de Colombia le compete ejercer la respectiva vi­gilancia y control a las administradoras de riesgos laborales en relación con los niveles de patrimonio, reservas, inversiones, control financiero y cuando estas incurran en conductas tendientes a dilatar injustificadamente el pago de las prestaciones económicas.  

  


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Artículo 2.2.4.2.5.17. Fiscalización del pago de aportes. La Unidad de Gestión Pen­sional y Parafiscales (UGPP), realizará, conforme con la normatividad vigente las tareas de seguimiento y determinación del oportuno y correcto pago de los aportes al Sistema de la Protección Social por parte del afiliado voluntario.  

  


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Artículo 2.2.4.2.5.18. Disposiciones complementarias. Los aspectos no previstos en la presente sección se regirán por las demás normas del sistema general de riesgos laborales en lo que sea aplicable. 


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CAPÍTULO 3

COTIZACIONES EN EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES


Artículo 2.2.4.3.1. Determinación de la cotización. Las cotizaciones al Sistema Ge­neral de Riesgos Laborales se determinan de acuerdo con: 

1. La actividad económica del empleador; 

2. Índice de lesiones incapacitantes de cada empleador, calculado según la metodolo­gía general definida por el Ministerio del Trabajo, y 

3. El cumplimiento de las políticas y la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 9°)  


Artículo 2.2.4.3.2. Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la rela­ción laboral, los empleadores deberán efectuar cotizaciones obligatorias al Sistema Gene­ral de Riesgos Laborales. 

Parágrafo. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario base de cotización a cargo de cada uno de ellos. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 10)  


Artículo 2.2.4.3.3. Base de Cotización. Las cotizaciones correspondientes a los tra­bajadores dependientes del sector privado se calcularán con base en el salario mensual devengado. Para el efecto, constituye salario el que se determine para el Sistema General de Pensiones. 

Los empleadores del sector público cotizarán sobre los salarios de sus servidores. Para estos efectos, constituye salario el que se determine para los servidores públicos en el Sistema General de Pensiones. 

Igual que para el Sistema General de pensiones, la base de cotización estará limitada a veinticinco (25) salarios mínimos, y la de los salarios integrales se calculará sobre el 70% de ellos. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 11)  


Artículo 2.2.4.3.4. Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones a cargo de los empleadores, no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, de la base de cotización de los trabajadores a cargo del respectivo empleador. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 12) 


Artículo 2.2.4.3.5 Tabla de Cotizaciones Mínimas y Máximas. En desarrollo del ar­tículo 27 del Decreto número 1295 de 1994, se adopta la siguiente tabla de cotizaciones para cada clase de riesgo: 

 

Toda empresa que ingrese por primera vez al Sistema General de Riesgos Laborales, cotizará por el valor correspondiente al valor inicial de la clase de riesgo que le corres­ponda. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 13) 


Artículo 2.2.4.3.6. Formulario de novedades. Las entidades administradoras de ries­gos laborales deben suministrar los formularios de novedades, establecidos por la Super­intendencia Financiera. 

Para los efectos del literal k del artículo 4º del Decreto número 1295 de 1994, que pre­vé la cobertura del sistema general de riesgos laborales a partir del día calendario siguiente al de la afiliación, el ingreso de un trabajador debe reportarse a la entidad administradora a la cual se encuentre afiliado el empleador a más tardar el día hábil siguiente al que se produjo dicho ingreso. 

Las demás novedades pueden informarse mensualmente, junto con la Autoliquidación de cotizaciones. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 15)  


Artículo 2.2.4.3.7. Plazo para el pago de las cotizaciones. Los empleadores son res­ponsables del pago de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales, y deberán consignarlas dentro de los diez (10) primeros días comunes del mes siguiente a aquel objeto de la cotización. 

Las entidades administradoras podrán aceptar la modalidad de pago de cotizaciones con tarjeta de crédito. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 16)  


Artículo 2.2.4.3.8. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de riesgos laborales entablar las acciones de cobro contra los empleadores, por las coti­zaciones que se encuentren en mora, así como por los intereses de mora que se generen, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos que haya demandado el trámite pertinente. 

Los honorarios correspondientes a recaudos extrajudiciales solo podrán ser cobrados a los deudores morosos cuando este cobro se adelante por terceros. 

(Decreto número 1772 de 1994, artículo 17)  


Artículo 2.2.4.3.9. Centro de trabajo. Para los efectos del artículo 25 del Decreto-ley 1295 de 1994, se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

Cuando una empresa tenga más de un centro de trabajo podrán clasificarse los traba­jadores de uno o más de ellos en una clase de riesgo diferente, siempre que se configuren las siguientes condiciones: 

Exista una clara diferenciación de las actividades desarrolladas en cada centro de tra­bajo. 

Que las edificaciones y/o áreas a cielo abierto de los centros de trabajo sean indepen­dientes entre sí, como que los trabajadores de las otras áreas no laboren parcial o totalmen­te en la misma edificación o área a cielo abierto, ni viceversa. 

Que los factores de riesgo determinados por la actividad económica del centro de tra­bajo, no impliquen exposición, directa o indirecta, para los trabajadores del otro u otros centros de trabajo, ni viceversa. 

Parágrafo. Las unidades de radiodianóstico y de radioterapia de los centros asisten­ciales o IPS, deben ser clasificadas como centros de trabajo independientes, en caso de que dichas unidades incumplan las normas de radiofísica sanitaria o bioseguridad, además de las sanciones previstas en el Decreto número 1295 de 1994, la Empresa se clasificara´en la clase correspondiente a dichas Unidades. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 1°)  


Artículo 2.2.4.3.10. Fundamento de la reclasificación. La reclasificación de centros de trabajo que implique para ellos una cotización diferente a aquella que le corresponde a la actividad principal de la empresa, deberá ser sustentada con estudios técnicos comple­tos, realizados por entidades o profesionales reconocidos legalmente y verificables por la entidad Administradora de Riesgos Laborales correspondiente o el Ministerio del Trabajo. 

Parágrafo. La reclasificación se podrá realizar sobre Centros de Trabajo y en ninguna circunstancia por puestos de trabajo. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 2°)  


Artículo 2.2.4.3.11. Remisión de los estudios de reclasificación. Toda reclasificación deberá ser informada por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la Dirección Regional o Seccional de Trabajo o a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio del Tra­bajo, según sea el caso, o a las oficinas que hagan sus veces. 

La reclasificación, en desarrollo de lo ordenado por el artículo 33 del Decreto-ley 1295 de 1994, solo podrá ser efectuada por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales, cumplidos tres meses del traslado de la entidad Administradora de Riesgos Laborales de la empresa reclasificada. 

La Dirección Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo en cualquier tiempo, podrá solicitar los estudios técnicos que sustentaron la reclasificación. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 3°)  

CAPÍTULO 4

REEMBOLSOS


Artículo 2.2.4.4.1. Campo de aplicación. El presente Capítulo se aplica a todos los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, organizado por el Decreto número 1295 de 1994. 

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 1°)  


Artículo 2.2.4.4.2. Reembolso de la atención inicial de urgencias. Las entidades ad­ministradoras de riesgos laborales deberán reembolsar los costos de la atención inicial de urgencias prestada a sus afiliados, y que tengan origen en un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, de conformidad con los artículos 168 y 208 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos. 

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 2°)  


Artículo 2.2.4.4.3. Reembolso por prestaciones asistenciales. Las entidades adminis­tradoras de riegos laborales deben reembolsar los costos de la atención medico asistencial que hayan recibido sus afiliados., con ocasión de un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, a las mismas tarifas convenidas entre la entidad promotora de salud y la institución prestadora de servicios, con independencia de la naturaleza del riesgo. 

Sobre dichas tarifas se liquidarán una comisión del diez por ciento (10%) a favor de la entidad promotora de salud, salvo pacto en contrario. 

La entidad promotora de salud, dentro del plazo fijado en los respectivos convenios, o en su defecto dentro del mes siguiente, deberá presentar la solicitud de reembolso respec­tiva, mediante el diligenciamiento de los formularios previstos o autorizados para efecto por la Superintendencia Nacional de Salud. 

Las empresas promotoras de salud deberán incluir en la respectiva historia clínica los diagnósticos y tratamientos relativos a los riesgos laborales. 

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de que las Entidades Promotoras de Salud y las entidades administradoras de riesgos laborales convengan el reembolso en virtud de cuen­tas globales elaboradas con base en estimativos técnicos. En este caso no se requerirá diligencia el formulario establecido por la Superintendencia Nacional de Salud. 

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 3°; modificado por el Decreto número 455 de 1999)  


Artículo 2.2.4.4.4. Formulario de reembolso. Los formularios de reembolso de que tratan los artículos anteriores deberán contener, por lo menos, los siguientes datos: 

1. Ciudad y Fecha. 

2. Razón social y NIT de la entidad promotora de salud, si fuere el caso. 

3. Nombre e identificación del afiliado. 

4. Nombre o razón social y NIT del empleador. 

5. Nombre o razón social, NIT y número de matrícula, de la institución prestadora de salud que prestó el servicio, o del profesional o profesionales que atendieron al afiliado. 

6. Fecha y lugar del accidente de trabajo. 

7. Número de la historia clínica, su ubicación, diagnóstico y tratamiento del afiliado. 

8. Valor de los servicios prestados al afiliado. 

9. Liquidación de la comisión, si fuese el caso. 

A la solicitud de reembolso deberán acompañarse los siguientes documentos cuando el formulario lo diligencie una entidad promotora de salud: 

1. Copia del informe de accidente de trabajo presentado por el empleador a la entidad promotora de salud, o fundamento para la determinación del origen. 

2. Copia de la cuenta de cobro presentada por la institución prestadora de servicios de salud, en la que se especifiquen los procedimientos medicoquirúrgicos y servicios presta­dos al afiliado. 

Salvo pacto en contrario, las entidades administradoras de riesgos laborales deberán pagar las cuentas dentro del mes siguiente a su presentación, plazo durante el cual podrán ser objetadas con base en motivos serios y fundados. 

Parágrafo. Hasta tanto la Superintendencia Nacional de Salud determine el formulario de reembolso, las entidades administradoras de riesgos laborales podrán diseñarlos y tra­mitarlos, siempre que contengan, cuando menos, la información definida en este artículo. 

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 4°)  


Artículo 2.2.4.4.5. Reembolsos entre entidades administradoras de riesgos labora­les. Las prestaciones derivadas de la enfermedad laboral serán pagadas en su totalidad por la entidad administradora de riesgos laborales a la cual esté afiliado el trabajador al momento de requerir la prestación. 

La entidad administradora de riesgos laborales que atienda las prestaciones económi­cas derivadas de la enfermedad laboral, podrá repetir por ellas, contra las entidades que asumieron ese riesgo con anterioridad, a prorrata del tiempo durante el cual otorgaron dicha protección, y de ser posible, en función de la causa de la enfermedad. 

La entidad administradora de riesgos laborales que asuma las prestaciones económi­cas, podrá solicitar los reembolsos a que haya lugar dentro del mes siguiente a la fecha en que cese la incapacidad temporal, se pague la indemnización por incapacidad permanente, o se reconozca definitivamente la presión de invalidez o de sobrevivientes. 

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 5°)  


Artículo 2.2.4.4.6. Procedimiento para efectuar los reembolsos. La base para efectuar el reembolso será el valor pagado en caso de incapacidad temporal o permanente parcial. 

Tratándose de pensiones, la base será el capital necesario entendido como el valor actual esperado de la pensión de referencia de invalidez o de sobrevivientes, según el caso, que se genere en favor del afiliado o su núcleo familiar desde la fecha del fallecimiento, o del momento en que el dictamen de invalidez quede en firme, y hasta la extinción del derecho a la pensión. 

El capital necesario se determinará según las bases técnicas y tablas de mortalidad con­tenidas en las Resoluciones números 585 y 610 de 1994 de la Superintendencia Financiera o en las normas que las modifiquen o sustituyan. 

En caso de cesación o disminución del grado de invalidez que implique la extinción o la disminución de la pensión, la entidad administradora de riesgos laborales restituirá a las demás entidades administradoras, la porción del capital necesario que les corresponda. 

Los reembolsos a que se refiere este artículo se harán dentro del mes siguiente a aquel en que se soliciten, término dentro del cual podrán ser objetados por motivos serios y fundados. 

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 6°)  


Artículo 2.2.4.4.7. Subrogación. La entidad administradora de riesgos laborales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contin­gencia laboral, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, ins­tauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjui­cio, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos laborales. 

(Decreto número 1771 de 1994, artículo 12)  

CAPÍTULO 5

DEL CONSEJO NACIONAL DE RIESGOS LABORALES


Artículo 2.2.4.5.1. Modificaciones de los planes de inversión del fondo de riesgos laborales. Cuando se modifique la apropiación prevista en el Presupuesto General de la Nación para el Fondo de Riesgos Laborales o cuando el Consejo Nacional de Riesgos Laborales lo considera conveniente para lograr los propósitos del Fondo, dicho órgano podrá modificar, sustituir o adicionar los proyectos de inversión que hayan sido aprobados de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 del Decreto número 1295 de 1994. En tal caso, el Consejo podrá solicitar a la Dirección Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo la elaboración de la propuesta respectiva para su consideración y aprobación. 

Igual procedimiento se seguirá cuando, en desarrollo de las normas legales sobre la materia, se realicen adiciones presupuestales. 

(Decreto número 1859 de 1995, artículo 1°)  

CAPÍTULO 6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación. El presente capítulo tiene por ob­jeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los traba­jadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 1°)  


Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se aplican las siguientes definiciones: 

1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 

2. Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 

3. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no confor­midad potencial u otra situación potencial no deseable. 

4. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 

5. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organi­zación, se ha planificado y es estandarizable. 

6. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 

7. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o in­ducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficien­te para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

8. Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabaja­dor o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

9. Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

10. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento con­tinuo a través de los siguientes pasos: 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabaja­dores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguien­do los resultados deseados. 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguri­dad y salud de los trabajadores. 

11. Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de con­diciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemo­gráfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

12. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utili­zación de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de ries­gos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

13. Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajado­ra, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

14. Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

15. Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la reali­zación de una acción. 

16. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

17. Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 

18. Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuen­cias de esa concreción. 

19. Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significa­tivamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación. 

20. Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este. 

21. Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

22. Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implemen­tación del SG-SST. 

23. Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

24. Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Segu­ridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

25. Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organiza­ción. 

26. No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. 

27. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

28. Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización. 

29. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. 

30. Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño. 

31. Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correc­tivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST. 

32. Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, inci­dentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

33. Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

34. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 

35. Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. 

36. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. 

Parágrafo 1°. En aplicación de lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1562 de 2012, para todos los efectos se entenderá como seguridad y salud en el trabajo todo lo que antes de la entrada en vigencia de dicha ley hacía referencia al término salud ocupacional. 

Parágrafo 2°. Conforme al parágrafo anterior se entenderá el Comité Paritario de Salud Ocupacional como Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y el Vigía en Salud Ocupacional como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes tendrán las funciones establecidas en la normatividad vigente. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 2°)  


Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 3°)  


Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del com­portamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los traba­jadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

Parágrafo 1°. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe adaptarse al tamaño y características de la empresa; igualmente, puede ser compati­ble con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en ellos. 

Parágrafo 2°. Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 4°)  


Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST). El empleador o contratante debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comuni­cada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 5°)  


Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).  

La Política de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes requi­sitos: 

1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la empresa para la gestión de los riesgos laborales. 

2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización. 

3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa. 

4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y 

5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 6°)  


Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La Política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la organización expresa su compromiso: 

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 

2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y 

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 7°)  


Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 

Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. 

3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado res­ponsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anual­mente y deberá quedar documentada. 

4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según correspon­da, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 

5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguri­dad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012. 

6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desa­rrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. 

7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Segu­ridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, respon­sabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente. 

9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Co­mité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. 

Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus re­presentantes ante el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo (SG-SST) e igual­mente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del SG-SST. 

El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la iden­tificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas; 

10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en las Empresas: Debe ga­rantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los están­dares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras: 

10.1. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Se­guridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación; 

10.2. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y; 

10.3. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implemen­tación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); y 

11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. 

Parágrafo. Por su importancia, el empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 8°)  


Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, capaci­tarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst) o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la implementación del presente capítulo. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 9°)  


Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores, de con­formidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud; 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud; 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Segu­ridad y Salud en el Trabajo de la empresa; 

4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; 

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo defi­nido en el plan de capacitación del SG–SST; y 

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 10)  


Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El em­pleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus de­beres u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. 

Parágrafo 1°. El programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin de identificar las acciones de mejora. 

Parágrafo 2°. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 11)  


Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y de­bidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 

1. La política y los objetivos de la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Tra­bajo (SST), firmados por el empleador; 

2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sis­tema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 

3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos; 

4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemio­lógica en concordancia con los riesgos existentes en la organización; 

5. El plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 

6. El programa de capacitación anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacita­ciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión; 

7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 

8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal; 

9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 

10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones; 

11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfer­medades laborales de acuerdo con la normatividad vigente; 

12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias; 

13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, inclui­dos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos. 

En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá tener documentado lo anterior y los resultados individuales de los monitoreos biológicos; 

14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas; 

15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Ries­gos Laborales que le aplican a la empresa; y 

16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. 

Parágrafo 1°. Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, o una combinación de estos y en custodia del responsable del desa­rrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Parágrafo 2°. La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Segu­ridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), debe estar redactada de manera tal, que sea clara y entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe ser revisada y actualizada cuando sea necesario difundirse y ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los apartes que les compete. 

Parágrafo 3°. El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución prestado­ra de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe ga­rantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal vigente. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 12)  


Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos. El empleador debe conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida. El responsable del SG-SST tendrá acceso a todos los documentos y registros exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perfil de médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. La conservación puede hacerse de forma electrónica de conformidad con lo establecido en el presente capítulo siempre y cuando se garantice la preservación de la información. 

Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un periodo mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa: 

1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en caso que no cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo; 

2. Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los resultados de los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de monitoreo biológico, audiometrías, espirometrías, radiografías de tórax y en general, las que se realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya reserva y custodia está a cargo del médico correspondiente; 

3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo; 

4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguri­dad y salud en el trabajo; y, 

5. Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. 

Para los demás documentos y registros, el empleador deberá elaborar y cumplir con un sistema de archivo o retención documental, según aplique, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 13)  


Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación. El empleador debe establecer mecanismos efica­ces para: 

1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo; 

2. Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a los trabajadores y contratistas; y, 

3. Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 14)  


Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los ries­gos. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores inde­pendientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda prio­rizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. 

Los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

Parágrafo 1°. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desa­rrollada por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los ni­veles de la empresa. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual. 

También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos. 

Parágrafo 2°. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el tra­bajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosociales, entre otros. 

Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposi­ción. 

Parágrafo 3°. El empleador debe informar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones a que haya lugar. 

Parágrafo 4°. Se debe identificar y relacionar en el Sistema de Gestión de la Segu­ridad y Salud en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto número 2090 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 15)  


Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de iden­tificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo existente al 31 de julio de 2014 deberá examinarse teniendo en cuenta lo establecido en el presente artículo. Esta autoevaluación debe ser realizada por personal idóneo de conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los estándares mínimos que se reglamenten. 

La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud en el trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la empresa y su entorno, y acorde con las modificaciones en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. 

La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales inclu­yendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores, que se reglamenten y le sean aplicables; 

2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros deberá contemplar los cam­bios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros; 

3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual; 

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe ser anual; 

5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas; 

6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores; 

7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus con­diciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad; y 

8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior. 

Parágrafo 1°. Todos los empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la empresa, la cual debe servir para establecer una línea base y para evaluar la mejora continua en el sistema. 

Parágrafo 2°. La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser la base para la toma de decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Parágrafo 3°. El empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el auto­rreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas; esta información la debe utilizar como insumo para la actualización de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 16)  


Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), basado en la eva­luación inicial y otros datos disponibles que aporten a este propósito. 

1. La planificación debe aportar a: 

1.1. El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos labora­les incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema Ge­neral de Riesgos Laborales que le apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

1.2. El fortalecimiento de cada uno de los componentes (Política, Objetivos, Planifi­cación, Aplicación, Evaluación Inicial, Auditoría y Mejora) del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y, 

1.3. El mejoramiento continuo de los resultados en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

2. La planificación debe permitir entre otros, lo siguiente: 

2.1. Definir las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa; 

2.2. Definir objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) medibles y cuantificables, acorde con las prioridades definidas y alineados con la política de seguridad y salud en el trabajo definida en la empresa; 

2.3. Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronogra­ma, responsables y recursos necesarios; 

2.4. Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; y, 

2.5. Definir los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST.) 

Parágrafo 1°. La planificación en Seguridad y Salud en el Trabajo debe abarcar la implementación y el funcionamiento de cada uno de los componentes del Sistema de Ges­tión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST9 (Política, Objetivos, Planificación, Aplicación, Evaluación inicial, Auditoría y Mejora), desarrollados de conformidad con el presente capítulo. 

Parágrafo 2°. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del Sistema de Ges­tión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 17)  


Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y salud en el trabajo establecida en la empresa y el resultado de la evaluación inicial y auditorías que se realicen. 

Estos objetivos deben tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes: 

1. Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su cumplimiento; 

2. Ser adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica de la empresa; 

3. Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las prioridades identificadas; 

4. Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en ma­teria de riesgos laborales, incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen; 

5. Estar documentados y ser comunicados a todos los trabajadores; y 

6. Ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y actualizados de ser necesario. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 18)  


Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitati­vos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resul­tados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. 

Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes variables: 

1. Definición del indicador; 

2. Interpretación del indicador; 

3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el resultado esperado; 

4. Método de cálculo; 

5. Fuente de la información para el cálculo; 

6. Periodicidad del reporte; y 

7. Personas que deben conocer el resultado. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 19)  


Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan la estructura, el empleador debe considerar entre otros, los siguientes aspectos: 

1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada; 

2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo; 

3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma; 

4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 

5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeri­dos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Traba­jo; 

6. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condi­ciones de trabajo peligrosas; 

7. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo; 

8. Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 

9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención; 

10. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organi­zación; y 

11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 20)  


Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros: 

1. Evaluación inicial (línea base); 

2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su crono­grama; 

3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo; 

4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados; 

5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empre­sa realizada en el último año; 

6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad; 

7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus re­sultados, si aplica; 

8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados; 

9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, acciden­tes de trabajo y enfermedades laborales; 

10. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; 

11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias; y 

12. La estrategia de conservación de los documentos. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 21)  


Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre otros: 

1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; 

2. Cumplimiento de los objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); 

3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma; 

4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo; 

5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfer­medades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad; 

6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa; 

7. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores; 

8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; 

9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados; y 

10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocu­pacionales y sus resultados si aplica. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 22)  


Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos. El empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 23)  


Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización: 

1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desapare­cer) el peligro/riesgo; 

2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no gene­re riesgo o que genere menos riesgo; 

3. Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros; 

4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de expo­sición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedi­mientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros; y, 

5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de pro­tegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 

Parágrafo 1°. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las ac­ciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores. 

Parágrafo 2°. El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las ins­talaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de uso. 

Parágrafo 3°. El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los pro­gramas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control; 

Parágrafo 4°. El empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 24)  


Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El em­pleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. 

Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emer­gencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos: 

1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa; 

2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante emer­gencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua; 3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, consi­derando las medidas de prevención y control existentes; 

4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa; 

5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias; 

6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos; 

7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedi­mientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o mini­mizar el impacto de las no prioritarias; 

8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación; 

9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial; 

10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores; 

11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios; 

12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento; y 

13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa. 

Parágrafo 1°. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la vulnerabilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales o regionales pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de la Ley 1523 de 2012. 

Parágrafo 2°. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emer­gencias debe permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de continuidad de negocio, cuando así proceda. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 25)  


Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio. El empleador o contratante debe implemen­tar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). 

Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que pue­dan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la misma manera, debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. 

Parágrafo. Antes de introducir los cambios internos de que trata el presente artículo, el empleador debe informar y capacitar a los trabajadores relacionados con estas modifi­caciones. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 26)  


Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones. El empleador debe establecer y mantener un pro­cedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacio­nadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de la empresa. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 27)  


Artículo 2.2.4.6.28 Contratación. El empleador debe adoptar y mantener las disposi­ciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores coope­rados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. 

Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspec­tos en materia de seguridad y salud el trabajo: 

1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; 

2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas; 

3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obliga­ción de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente; 

4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de perso­nal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información; 

5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, con­tratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de preven­ción y control que estén bajo su responsabilidad; y 

6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contra­to en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. 

Parágrafo. Para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Tra­bajo (SG-SST), los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades del presente capítulo. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 28)  


Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Segu­ridad y Salud en el Trabajo. (SG-SST). El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación. 

Parágrafo. El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración resultados de auditorías previas. La selección del personal auditor no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos existente. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 29)  


Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El proceso de auditoría de que trata el presente capítulo, deberá abarcar entre otros lo siguiente: 

1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; 

2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado; 

3. La participación de los trabajadores; 

4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas; 

5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Se­guridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores; 

6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 

7. La gestión del cambio; 

8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones; 

9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) frente a los proveedores y contratistas; 

10. La supervisión y medición de los resultados; 

11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa; 

12. El desarrollo del proceso de auditoría; y 

13. La evaluación por parte de la alta dirección. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 30)  


Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección. La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Segu­ridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento. 

Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfer­medades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

La revisión de la alta dirección debe permitir: 

1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcan­zar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 

2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma; 

3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Siste­ma de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados; 

4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos; 6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anterio­res de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios; 

7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 

8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organi­zación que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua; 

9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces; 

10. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo; 

11 Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa; 

12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores; 

13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en mate­ria de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garan­tía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen: 

14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo: 

15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos; 

16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa; 

17. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo; 

18. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores; 

19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos; 

20. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; 

21. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo; 

22. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo; 

23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; 

24. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. 

Parágrafo. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y divulgados al Copasst o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) quien deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 31)  


Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enferme­dades laborales. La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en el presente decreto, la Resolución número 1401 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan. El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes ac­ciones: 

1. Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) lo cual debe ser el soporte para la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias; 

2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora; 

3. Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; y 

4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguri­dad y salud en el trabajo y que se consideren también en las acciones de mejora continua. 

Parágrafo 1°. Los resultados de actuaciones administrativas desarrolladas por el Mi­nisterio del Trabajo y las recomendaciones por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales, deben ser considerados como insumo para plantear acciones correctivas, pre­ventivas o de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo, respetando los requisi­tos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislación vigente. 

Parágrafo 2°. Para las investigaciones de que trata el presente artículo, el empleador debe conformar un equipo investigador que integre como mínimo al jefe inmediato o su­pervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento, a un representante del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando el empleador no cuen­te con la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados para tal fin. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 32)  


Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. El empleador debe garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. 

Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a: 

1. Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades con base en lo establecido en el presente capítulo y las demás disposiciones que regulan los aspectos del Sistema General de Riesgos Laborales; y, 

2. La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documenta­ción de las medidas preventivas y correctivas. 

Parágrafo 1°. Cuando se evidencie que las medidas de prevención y protección relati­vas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, estas deberán someterse a una evaluación y jerarquización prioritaria y sin demora por parte del empleador o contratante, de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo. 

Parágrafo 2°. Todas las acciones preventivas y correctivas deben estar documentadas, ser difundidas a los niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 33)  


Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua. El empleador debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus activida­des y el cumplimiento de sus propósitos. Entre otras, debe considerar las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora: 

1. El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 

2. Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados; 

3. Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales; 

4. Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Se­guridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corres­ponda; 

5. Los resultados de los programas de promoción y prevención; 

6. El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y 

7. Los cambios en legislación que apliquen a la organización. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 34)  


Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria. Los responsables de la ejecución de los Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), deberán realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Se­guridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que defina el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas en el literal a) del artículo 12 de la Ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobación del mismo. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 35)  


Artículo 2.2.4.6.36. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en el presente ca­pítulo y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, será sancionado en los términos previstos en el artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado parcial­mente y adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Parágrafo. Las Administradoras de Riesgos Laborales realizarán la vigilancia delega­da del cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo e informarán a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo los casos en los cuales se evidencia el no cumpli­miento del mismo por parte de sus empresas afiliadas. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 36)  


Artículo 1°.Modificación del artículo 2.2.4.6.37. del Decreto número 1072 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, el cual quedará así:  

 

Artículo 2.2.4.6.37.Transición. Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio de 2017 y en dicha fecha se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de las siguientes fases de implementación:  

 

FASE 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

1  

Evaluación inicial.  

Es la autoevaluación realizada por la empresa con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente, conforme al artículo 2.2.4.6.16. del Decreto número 1072 de 2015.  

Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, con la asesoría de las Administradoras de Riesgos Laborales y según los estándares mínimos.  

2  

Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial.  

Es el conjunto de elementos de control que consolida las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las debilidades encontradas en la autoevaluación.  

Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de servicios temporales.  

3  

Ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Es la puesta en marcha del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en coherencia con la autoevaluación y el plan de mejoramiento inicial.  

Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las  

4  

Seguimiento y plan de mejora.  

Es el momento de evaluación y vigilancia preventiva de la ejecución, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la implementación del plan de mejora.  

Actividad que regulará el Ministerio del Trabajo conforme a los estándares mínimos.  

Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de servicios temporales.  

5  

Inspección, vigilancia y control  

Fase de verificación del cumplimiento de la normatividad vigente sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Visitas y actividades de Inspección, Vigilancia y Control del sistema).  

La efectúa el Ministerio del Trabajo conforme a los estándares mínimos.  

 

Parágrafo 1°. El Ministerio del Trabajo definirá el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo a las fases descritas en el presente artículo y determinará los estándares mínimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la implementación del referido sistema.  

 

Parágrafo 2°. Para efectos del presente capítulo, las Administradoras de Riesgos Laborales brindarán asesoría, capacitación, campañas y asistencia técnica en las diferentes fases de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos sus afiliados obligados a adelantar este proceso. Asimismo, presentarán informes semestrales en junio y diciembre de cada año a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo sobre las actividades de asesoría, capacitación, campañas y asistencia técnica, así como del grado de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

 

Parágrafo 3°. Hasta el 31 de mayo de 2017 inclusive, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución número 1016 del 31 de marzo de 1989, “por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”.  

 

Parágrafo 4°. El proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en sus diferentes fases se realiza en el transcurso del tiempo de conformidad con el cronograma establecido por el Ministerio del Trabajo para tal fin, con los soportes, antecedentes y pruebas de su ejecución.  

 

Las actividades de inspección, vigilancia y control de este proceso se realizarán en cualquiera de las fases de: a) Evaluación inicial; b) Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial; c) Ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y d) Seguimiento y plan de mejora, adelantadas por los responsables de ejecutarlas.  

 

El Ministerio del Trabajo podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las normas vigentes en riesgos laborales a los empleadores o contratantes y la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en sus diferentes fases”.  


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.4.6.38. Constitución del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Tra­bajo. Las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo que realicen todas las entidades, tanto públicas como privadas, deberán ser contempladas dentro del Plan Nacional de Se­guridad y Salud en el Trabajo. 

Para la organización y administración del Plan Nacional se determinan los siguientes niveles: 

1. Nivel Nacional normativo y de dirección: Constituido por los Ministerios del Traba­jo y Salud y Protección Social. 

2. Nivel Nacional de Coordinación: Comité Nacional de Salud Ocupacional. 

3. Nivel Nacional de ejecución gubernamental: Constituido por dependencias de los Ministerios, Institutos Descentralizados y demás entidades del orden nacional. 

4. Nivel Seccional y Local de ejecución gubernamental constituido por las dependen­cias seccionales, departamentales y locales. 

5. Nivel privado de ejecución: Constituido por los empleadores, servicios privados de Salud Ocupacional y los trabajadores. 

Parágrafo. Las entidades y empresas públicas se considerarán incluidas en el nivel privado de ejecución respecto de sus propios trabajadores. 

(Decreto número 614 de 1984, artículo 10)  


Artículo 2.2.4.6.39. Sujeción de otras entidades gubernamentales. Las demás entida­des gubernamentales que ejerzan acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, igualmente deberán integrarse al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y, por tanto, se ajustarán a las normas legales para la ejecución de sus actividades en esta área. 

(Decreto número 614 de 1984, artículo 11)  


Artículo 2.2.4.6.40. Servicios privados de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cual­quier persona natural o jurídica podrá prestar servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo a empleadores o trabajadores, sujetándose a la supervisión y vigilancia del Ministerio de Salud y Protección Social o de la entidad en que éste delegue. 

(Decreto número 614 de 1984, artículo 32)  


Artículo 2.2.4.6.41. Responsabilidades de los servicios privados de Salud y Seguri­dad en el Trabajo. Las personas o empresas que se dediquen a prestar servicios de Segu­ridad y Salud en el Trabajo a empleadores o trabajadores en relación con el programa y actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo que se regulan en este capítulo, tendrán las siguientes responsabilidades: 

1. Cumplir con los requerimientos mínimos que el Ministerio de Salud y Protección Social de termine para su funcionamiento; 

2. Obtener licencia o registro para operar Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

3. Sujetarse en la ejecución de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo al pro­grama de medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo de la respectiva empresa. 

(Decreto número 614 de 1984, artículo 33)  


Artículo 2.2.4.6.42. Contratación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. La contratación, por parte del empleador de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo con una empresa especialmente dedicada de este tipo de servicios, no implica en ningún momento, el traslado de las responsabilidades del empleador al contratista.  

  

La contratación de los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del empleador, no lo exonera del cumplimiento de la obligación que tiene el empleador de rendir informe a las autoridades de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación con la ejecución de los programas.  

  

(Decreto 614 de 1984, artículo 34)”.  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]


CAPÍTULO 7

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES


Artículo 2.2.4.7.1. Objeto. El objeto del presente capítulo es establecer el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 1°)  


Artículo 2.2.4.7.2. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se deberán aplicar por parte de los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales, a saber: 

1. Las Entidades Administradoras del Sistema General de Riesgos Laborales (ARL). 

2. Las Juntas de Calificación de Invalidez. 

3. Los Prestadores de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo (PS-SO). 

4. Los empleadores públicos y privados. 

5. Los trabajadores dependientes e independientes. 

6. Los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o admi­nistrativo. 

7. Las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo. 

8. Las agremiaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

9. La Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado. 

10. El personal civil de las Fuerzas Militares. 

Parágrafo 1°. Las disposiciones del presente capítulo y de las normas que se des­prendan del mismo se aplicarán por parte de los integrantes mencionados, respecto del cumplimiento de sus responsabilidades en materia de prevención de riesgos ocupaciona­les, desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y aplicación del mismo. 

Parágrafo 2°. La calidad de los servicios de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) continuará rigiéndose por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 2°)  


Artículo 2.2.4.7.3. Características del sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales. Las acciones que desarrolle el sistema se orientarán a la mejora de los resultados de la atención en seguridad y salud en el trabajo, centrados en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud, que van más allá de la verificación de la existencia de estructura o de la documentación de procesos, los cuales sólo constituyen prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados. 

Para efectos de evaluar y mejorar la calidad de la atención en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales deberá cumplir con las siguientes características: 

1. Accesibilidad. Es la posibilidad que tienen trabajadores y empleadores de utilizar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales que les garantiza el sistema general de riesgos laborales. 

2. Oportunidad. Es la posibilidad que tienen trabajadores y empleadores de obtener los servicios que requieren, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo la vida, la integridad física o la salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales en relación con la de­manda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. 

3. Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y me­todologías, basadas en evidencia científicamente probada, que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en los procesos de promoción de la seguridad y salud en el trabajo y prevención de los riesgos laborales, o de mitigar sus consecuencias. 

4. Pertinencia. Es el grado en el cual se realizan los servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales que requieren los trabajadores y empleadores, de acuerdo con la naturaleza y el grado de peligrosidad de sus riesgos ocupacionales propendiendo porque los efectos secundarios de las intervenciones sean menores que los beneficios potenciales. 

5. Continuidad. Es el grado en el cual los trabajadores y empleadores realizan y reci­ben los servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales requeridos, median­te una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico, sin dilaciones que afecten la efectividad de tales servicios en ninguna de sus fases. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 3°)  


Artículo 2.2.4.7.4. Componentes. El Sistema de Garantía de Calidad del Sistema Ge­neral de Riesgos Laborales tendrá los siguientes componentes: 

1. Sistema de Estándares Mínimos. 

2. Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales. 

3. Sistema de Acreditación. 

4. Sistema de Información para la Calidad. 

Parágrafo 1°. El Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, determinará, de ma­nera progresiva, los estándares que hacen parte de los diversos componentes del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con el desarrollo del país, los avances técnicos y científicos del sector, realizando los ajustes y actualizaciones a que haya lugar. Dichos estándares deberán ser implementados por los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales en las fases y dentro de las fechas que el mencionado Ministerio defina. 

Parágrafo 2°. La Unidad Sectorial de Normalización en Salud será la instancia de concertación y coordinación de los Sistemas de Calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema General de Riesgos Laborales. Los estándares de calidad propuestos por esta Unidad se considerarán recomendaciones técnicas, las cuales podrán ser adoptadas por el Ministerio del Trabajo, o quien haga sus veces, mediante acto admi­nistrativo, en cuyo caso, tendrán el grado de obligatoriedad que este defina. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo. 4°)  


Artículo 2.2.4.7.5. Sistema de Estándares Mínimos. Es el conjunto de normas, re­quisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tec­nológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-admi­nistrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. 

El incumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos del Sistema de Estánda­res Mínimos acarreará, sin perjuicio de la pérdida de la posibilidad de operar, la aplicación de las sanciones a las que se refiere el artículo 2.2.4.7.13. del presente decreto. 

La verificación del cumplimiento de los estándares mínimos de suficiencia patrimonial y financiera por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales, continuará siendo realizada por la Superintendencia Financiera. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 5°)  


Artículo 2.2.4.7.6. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Es el mecanismo sistemático y conti­nuo de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad complementarios a los están­dares mínimos, conforme a los programas de auditoría, que deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el Sistema de Estándares Mínimos según lo determine el Ministerio del Trabajo, o quien haga sus veces. 

Los procesos de auditoría serán obligatorios para todos los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales mencionados en el artículo 2.2.4.7.2. del presente decreto. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 6°)  


Artículo 2.2.4.7.7. Sistema de acreditación. El Sistema de Acreditación es el con­junto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cum­plimiento de niveles superiores de calidad por parte de todos los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales mencionados en artículo 2.2.4.7.2. del presente decreto y que deseen voluntariamente acogerse a dicho sistema. 

El Sistema Único de Acreditación del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, se aplicará con base en los lineamientos que expida el Mi­nisterio del Trabajo, o quien haga sus veces. 

Será requisito para la acreditación, el cumplimiento de los estándares mínimos de cali­dad y la demostración del funcionamiento del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en seguridad y salud en el trabajo. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 7°)  


Artículo 2.2.4.7.8. Sistema de Información para la Calidad. El Ministerio del Tra­bajo o quien haga sus veces diseñará e implementará un Sistema de Información para la Calidad con el objeto de estimular la competencia por calidad entre los actores del Sistema General de Riesgos Laborales que al mismo tiempo permita orientar a los trabajadores y empleadores en el conocimiento de las características del sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes y en los niveles de calidad de los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales mencionados en el artículo 2.2.4.7.2. del presente decreto, de manera que puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer los derechos que para ellos contempla el Sistema General de Riesgos Laborales. 

El Ministerio del Trabajo o, quien haga sus veces, incluirá en su página web los datos del Sistema de Información para la Calidad con el propósito de facilitar al público el acce­so en línea sobre esta materia. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 8°)  


Artículo 2.2.4.7.9. Objetivos del Sistema de Información para la Calidad. Son obje­tivos del Sistema de Información para la Calidad, los siguientes: 

1. Monitorear. Hacer seguimiento a la calidad de los servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales para que los actores, las entidades de dirección y de ins­pección, vigilancia y control del Sistema realicen el monitoreo y ajuste del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

2. Orientar. Suministrar información objetiva que permita reducir las asimetrías de información y garantizar a los usuarios su derecho a la libre elección de prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo y administradoras de riesgos laborales. 

3. Referenciar. Contribuir a la comparación competitiva de la calidad de los servicios entre las Administradoras de Riesgos Laborales, los Prestadores de Servicios de seguridad y salud en el trabajo, las Juntas de Calificación de Invalidez y los empleadores en lo refe­rente a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y de los riesgos laborales. 

4. Estimular. Propende por apoyar e incentivar la gestión de la calidad basada en hechos y datos. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 9°)  


Artículo 2.2.4.7.10. Suministro de información. Los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales, las Direcciones Territoriales de Trabajo o, quienes hagan sus veces, y las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud están obligados a generar y su­ministrar los datos requeridos para el funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con las directrices que imparta el Ministerio del Trabajo o, quien haga sus veces. 

Parágrafo. El Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, establecerá los indi­cadores de calidad del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que serán de obligatorio reporte por parte de las instituciones obligadas al cum­plimiento del presente capítulo. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 10)  


Artículo 2.2.4.7.11. Características del Sistema de Información para la Calidad. Son principios del Sistema de Información para la Calidad, los siguientes: 

1. Gradualidad. La información que debe entregarse será desarrollada e implementa­da de manera progresiva en lo relacionado con el tipo de información que se recolectará y se ofrecerá a los trabajadores y empleadores y demás usuarios del sistema. 

2. Simplicidad. La información se presentará de manera que la misma sea comprendi­da y asimilada por la población. 

3. Focalización. La información estará concentrada en transmitir los conceptos fun­damentales relacionados con los procesos de toma de decisiones de los usuarios para la selección de Administradora de Riesgos Laborales y de Prestadores de Servicios de segu­ridad y salud en el trabajo con base en criterios de calidad. 

4. Validez y confiabilidad. La información será válida en la medida en que efectiva­mente presente aspectos centrales de la calidad y confiable en cuanto mide calidad en todas las instancias en las cuales sea aplicada. 

5. Participación. En el desarrollo e implementación de la información participarán de manera activa las entidades integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales. 

6. Eficiencia. Debe recopilarse solamente la información que sea útil para la eva­luación y mejoramiento de la calidad de la atención en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales y debe utilizarse la información que sea recopilada. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 11)  


Artículo 2.2.4.7.12. Competencias en la organización del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. El Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, tendrá los siguientes niveles de competencia: 

1. Nivel de Dirección Técnica. Estará a cargo del Ministerio del Trabajo, o quien haga sus veces, que expedirá las resoluciones y reglamentos necesarios para la implementación, desarrollo y cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, velando por su permanente actualización y por la compatibilidad del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud y con otros Sistemas de Ges­tión de Calidad. 

2. Nivel de Inspección, Vigilancia y Control. La Superintendencia Financiera ejerce la función de vigilancia y control en lo referente al cumplimiento de los estándares míni­mos de suficiencia patrimonial y financiera por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales. 

La Superintendencia Nacional de Salud ejerce la función de inspección, vigilancia y control de las Administradoras de Riesgos Laborales en sus actividades de salud. 

Las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud ejercen la función de vigilan­cia y control del cumplimiento de los estándares mínimos por parte de los Prestadores de Servicios de seguridad y salud en el trabajo. 

Las Direcciones Territoriales, o quienes hagan sus veces, y la Dirección de Riesgos Laborales, en lo de su competencia, ejercen las funciones de vigilancia y control del cum­plimiento de los estándares mínimos por parte de las Administradoras de Riesgos Labora­les, los empleadores en lo referente a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y las Juntas de Calificación de Invalidez. 

3. Nivel de operación. Constituido por los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales mencionados en el artículo 2.2.4.7.2. del presente decreto. A estas instituciones les corresponde cumplir con las disposiciones establecidas para el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 12)  


Artículo 2.2.4.7.13. Sanciones. Corresponde a la Superintendencia Financiera, la Su­perintendencia Nacional de Salud, las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud y a las Direcciones Territoriales o quienes hagan sus veces, de conformidad con las com­petencias asignadas en las normas legales vigentes, imponer las sanciones frente al incum­plimiento de las disposiciones del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

(Decreto número 2923 de 2011, artículo 13)  

CAPÍTULO 8

FONDO DE RIESGOS LABORALES


Artículo 2.2.4.8.1. Administración del fondo. De conformidad con el literal h) del artículo 70 del Decreto-ley 1295 de 1994, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales debe aprobar al presupuesto general de gastos del Fondo de Riesgos Laborales. 

Los recursos del Fondo de Riesgos Laborales sólo podrán ser administrados en encargo fiduciario. Para estos efectos, el Ministerio del Trabajo, podrá elegir una de las sociedades fiduciarias autorizadas que le presenten propuestas, mediante el proceso de contratación autorizado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 3°)  


Artículo 2.2.4.8.2. Obligaciones de las entidades administradores del fondo de ries­gos laborales. Las entidades fiduciarias que administren los recursos del Fondo de Riesgos Laborales deberán cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás que les corresponda cumplir en desarrollo del respectivo contrato: 

1. Disponer de una infraestructura operativa y técnica, adecuada y suficiente para cum­plir con la administración apropiada de los recursos confiados, y de las actividades que se deriven del contrato correspondiente. 

2. Contar con un adecuado sistema de información de los programas de prevención y demás actividades adelantadas por el Fondo y con personal capacitado para el desarrollo de las actividades a cargo de la Fiduciaria. 

3. Llevar contabilidad independiente de los recursos del fondo, de manera que pueda identificarse, en cualquier tiempo, si un determinado bien, activo u operación corresponde al fondo, o a los demás bienes, activos u operaciones de la entidad. 

4. Invertir los recursos del Fondo en condiciones de seguridad, liquidez y rentabilidad, mientras no se requieran para el cumplimiento del objeto del mismo. 

5. Conservar actualizada y en orden la información y documentación relativa a las operaciones y actividades realizadas con los recursos del fondo. 

6. Verificar de acuerdo con las instituciones del Ministerio del Trabajo que los recursos del Fondo se destinen a los programas, estudios y campañas de prevención, educación e investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, en los términos aprobados por el Consejo Nacional de Riesgos Laborales y con sujeción a las condiciones fijadas por Ministerio del Trabajo. 

7. Rendir la información y las cuentas que le requiera el Ministerio del Trabajo o la Superintendencia Financiera. 

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 4° numeral 2 modificado por el Decreto nú­mero 676 de 1995, artículo 1º; numeral 6 modificado por el Decreto número 676 de 1995, artículo 2º) 


Artículo 2.2.4.8.3. Recursos del fondo de riesgos laborales. Los recursos del Fondo de Riesgos Laborales son los definidos en el artículo 89 del Decreto-ley 1295 de 1994, a saber: 

1. El 1% de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales a cargo de los empleadores. 

2. Aportes del presupuesto nacional. 

3. Las multas de que trata el Decreto-ley 1295 de 1994. 

4. Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de Prevención de Riesgos Laborales en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados. 

5. Las donaciones que reciba, y en general los demás recursos que reciba a cualquier título. 

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 5°)  


Artículo 2.2.4.8.4. Recaudo de los recursos por parte de las entidades administrado­ras de riesgos laborales. Las entidades administradoras de riesgos laborales transferirán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recaudo, los recursos del Fondo de Riesgos Laborales provenientes de los aportes de los empleadores. 

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 6°)  


Artículo 2.2.4.8.5. Recaudo de los recursos por parte de la Sociedad Fiduciaria. La sociedad fiduciaria que administre los recursos del Fondo de Riesgos Laborales, recaudará los siguientes recursos: 

1. Los aportados por el presupuesto nacional. 

2. Los provenientes de las entidades territoriales para planes de prevención de riesgos laborales en su jurisdicción. 

3. Los que se originen por donaciones. 

4. Los que tengan su origen en las multas previstas en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. 

5. El 1% de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales a cargo de los empleadores. 

Parágrafo. El cobro coactivo de las multas de que trata el numeral 4 de este artículo, lo efectuará la entidad competente para sancionar. 

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 7°; modificado por el Decreto número 676 de 1995, artículo 3°)  


Artículo 2.2.4.8.6. Intereses moratorios. Vencido el término establecido en el artículo 2.2.4.8.4. de este decreto sin que se hayan efectuado los traslados correspondientes, o cuando se hayan realizado por un monto inferior, se causarán intereses de mora iguales a los que rigen sobre el impuesto de renta y complementarios, a cargo de las entidades administradoras de riesgos laborales, sin perjuicio de las sanciones que pueda imponer la Superintendencia Financiera a dichas entidades por el incumplimiento de esta obligación legal. 

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 8°)  


Artículo 2.2.4.8.7. Ausencia de insinuación. Las donaciones que hagan al Fondo de Riesgos Laborales las personas naturales o jurídicas, no requerirán del procedimiento de la insinuación. 

(Decreto número 1833 de 1994, artículo 9°)  

CAPÍTULO 9

SISTEMA DE COMPENSACIÓN EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

(MODIFICADO POR ART 1 DECRETO 2509 DE 2015)


Artículo 2.2.4.9.1. Objeto. Definir un mecanismo obligatorio de compensación que distribuya equitativamente entre todas las administradoras de riesgos laborales, los costos generados por los riesgos de mayor incidencia siniestral u operativa en el Sistema General de Riesgos Laborales, de acuerdo con la población afiliada. 

(Decreto número 1442 de 2014, artículo 1°)  


Artículo 2.2.4.9.2. Obligatoriedad de afiliación. Las Administradoras de Riesgos La­borales están en la obligación de aceptar las afiliaciones de todos los empleadores y sus trabajadores y de los trabajadores independientes, de conformidad con lo previsto en la Ley 1562 de 2012, sin sujeción a la clase de riesgo o actividad económica que desarrollen. 

(Decreto número 1442 de 2014, artículo 2°)  


Artículo 2.2.4.9.3. Implementación. Para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema y los derechos de los trabajadores, las Administradoras de Riesgos Laborales de­berán implementar de manera general y única, un mecanismo de compensación económi­co que impida la selección adversa por clase de riesgo, actividad económica, número de trabajadores o accidentalidad laboral. 

El incumplimiento a esta obligación, acarreará las sanciones previstas en el artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994. 

(Decreto número 1442 de 2014, artículo 3°)  


Artículo 2.2.4.9.4. Plazo. El mecanismo de compensación será uno solo y deberá ser remitido, debidamente suscrito por todas las Administradoras de Riesgos Laborales a los Ministerios del Trabajo y Hacienda y Crédito Público para su revisión y eventuales ob­servaciones, en un término no mayor a cuatro (4) meses a partir del 31 de julio de 2014. 

Si transcurrido el citado plazo las Administradoras de Riesgos Laborales no han pre­sentado el mecanismo de compensación, los citados Ministerios podrán definirlo. 

Parágrafo. El mecanismo podrá ser revisado y ajustado periódicamente, especialmen­te cuando se presenten cambios en las condiciones en materia de cotizaciones en el Sis­tema General de Riesgos Laborales, producto de políticas que se establezcan, tales como variaciones en la tasa de cotización o la reclasificación de actividades económicas, entre otras. 

(Decreto número 1442 de 2014, artículo 4°)  


Artículo 2.2.4.9.5. Vigilancia y control. La Superintendencia Financiera de Colombia se encargará de la vigilancia y el control de todos los aspectos relacionados con el registro y control de los recursos que se manejen con el mecanismo de compensación, sin perjuicio de las demás funciones que le han sido asignadas. 

(Decreto número 1442 de 2014, artículo 5°)  

CAPÍTULO 10

INTERMEDIARIOS DE SEGUROS


Artículo 2.2.4.10.1. Intermediarios de seguros. De conformidad con el inciso 4° del artículo 81 del Decreto-ley 1295 de 1994, en ningún caso la ARL sufragará el monto de honorarios o comisiones cuando la intermediación sea contratada por el empleador para la selección de la ARL.  

  

Las Administradoras de Riesgos Laborales podrán contratar intermediarios de seguros para la afiliación de empresas al Sistema General de Riesgos Laborales.  

  

(Decreto 1530 de 1996, artículo 5°)”.  


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.4.10.2.Idoneidad e infraestructura humana y operativa de los intermediarios de seguros. La labor de intermediación de seguros en el ramo de riesgos laborales estará reservada legalmente a los corredores de seguros, agencias y agentes de seguros que acrediten su idoneidad profesional y la infraestructura humana y operativa, en los términos previstos en el presente capítulo.  

 

1. Idoneidad Profesional: Para acreditar la idoneidad profesional a que se refiere el parágrafo 5o del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, los agentes de seguros, los representantes legales y las personas naturales que laboren para los corredores de seguros y las agencias de seguros ejerciendo la labor de intermediación, deberán demostrar ante el Ministerio del Trabajo que realizaron y aprobaron el curso de conocimientos específicos sobre el Sistema General de Riesgos Laborales, cuyas materias o contenidos mínimos, duración y tipo de entidades que podrán adelantarlo, serán establecidos por el Ministerio del Trabajo.  

 

2. Infraestructura Humana: Para prestar los servicios de intermediación en riesgos laborales, los corredores y las agencias de seguros, deberán acreditar ante el Ministerio del Trabajo que de manera permanente cuentan con un profesional con experiencia mínima de un año en la labor de intermediación en el ramo de riesgos laborales o en el Sistema General de Riesgos Laborales. En el caso de los agentes, deberán acreditar experiencia en el Sistema General de Riesgos Laborales o en intermediación de seguros en este ramo.  

 

3. Infraestructura Operativa: Para prestar los servicios de intermediación en riesgos laborales, los corredores, las agencias y los agentes de seguros deberán acreditar ante el Ministerio del Trabajo que de manera permanente cuentan con los siguientes elementos y servicios:  

 

3.1. Software o base de datos que permita el control y seguimiento de la labor de intermediación en el ramo de riesgos laborales.  

 

3.2. Servicios de atención al cliente, incluyendo líneas telefónicas, servicios en línea, correos electrónicos, entre otros.  

 

Parágrafo. Cuando exista un cambio en la regulación del Sistema General de Riesgos Laborales, el Ministerio del Trabajo podrá exigir a los intermediarios de seguros un examen de conocimientos sobre la materia específica que corresponda 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.4.10.3.Inscripción para ejercer la labor de intermediación en el ramo de riesgos laborales. El Ministerio del Trabajo creará y administrará un Registro Único de Intermediarios del Sistema General de Riesgos Laborales, donde deberán registrarse los corredores de seguros, las agencias y los agentes de seguros que acrediten los requisitos a que se refiere el artículo 2.2.4.10.2 del presente decreto.  

  

Los agentes, las agencias y los corredores de seguros, acreditarán los requisitos exigidos en el mencionado artículo 2.2.4.10.2 de este decreto ante el Ministerio del Trabajo, a través del formulario de inscripción físico o electrónico establecido para tal fin por dicho Ministerio, junto con los soportes que este determine.  

  

Parágrafo 1°. Los corredores de seguros, las agencias y agentes de seguros que no se encuentren en el Registro Único de Intermediarios del Ministerio del Trabajo, no podrán ejercer la labor de intermediación, sin perjuicio del plazo señalado para la transición, establecido en el artículo 2.2.4.10.5 del presente decreto.  

  

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo establecerá el término de vigencia de la inscripción en el Registro Único de Intermediarios del Sistema General de Riesgos Laborales y el procedimiento para realizar la renovación de la inscripción.  

  

Parágrafo 3°. Las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo podrán realizar visitas para verificar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad profesional, infraestructura humana y operativa de los agentes, agencias y corredores de seguros y en caso de encontrar incumplimiento de alguno de estos, garantizando el debido proceso, solicitará a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo el retiro del intermediario del Registro Único de Intermediarios. El intermediario que sea retirado del Registro Único solo podrá ser inscrito nuevamente hasta después de dos (2) años de adoptada la decisión”.  

  

Parágrafo 4°. Los corredores, agencias y agentes de seguros que se hayan inscrito en el Registro Único de Intermediarios (RUI), a través del aplicativo habilitado a partir del día 31 de marzo de 2016 en la página web de Ministerio del Trabajo www.mintrabajo.gov.co. no necesitarán realizar nuevamente el registro. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.4.10.4. Prohibiciones. En materia de intermediación se tendrán como prohibiciones las siguientes: 

1. Las Administradoras de Riesgos Laborales y los Empleadores no podrán contratar corredores de seguros, agencias y agentes de seguros que no se encuentren en el Registro Único de Intermediarios del Sistema General de Riesgos Laborales. 

2. Quien actúe en el rol de intermediación, ante el mismo empleador no podrá recibir remuneración adicional de la administradora de riesgos laborales, por la prestación de servicios asistenciales o preventivos de salud ocupacional. 

(Decreto número 1637 de 2013, artículo 3°)  


Artículo 2.2.4.10.5.Transición. Se concede hasta el 30 de junio de 2017 para que los corredores de seguros, las agencias y agentes de seguros acrediten los requisitos en materia de idoneidad profesional e infraestructura humana y operativa y para que se registren en el Registro Único de Intermediarios (RUI) 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.4.10.6. Estándares para revelación de información financiera de Admi­nistradoras de Riesgos Laborales. Para la revelación de la información financiera de las Administradoras de Riesgos Laborales, se deberá tener en cuenta lo previsto por el inciso 2° del parágrafo 5° del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, según el cual las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales, para el pago de las labores de intermediación, sólo podrán utilizar recursos propios; estos recursos son aquellos que conforman su patrimonio o constituyen ingreso, sin que en ningún caso puedan utilizarse para esos efectos las coti­zaciones pagadas, las reservas técnicas, las reservas matemáticas constituidas para el pago de pensiones del sistema, ni sus rendimientos financieros. 

(Decreto número 301 de 2015, artículo 1°)  


Artículo 2.2.4.10.7. Reporte y revelación de Información de las Administradoras de Riesgos Laborales. La Superintendencia Financiera de Colombia definirá los mecanismos de reporte y revelación de información específico para las Administradoras de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.4.10.6 del presente decreto. 

(Decreto número 301 de 2015, artículo 2°) 


Artículo 2.2.4.10.8.Alcance de la Intermediación. Para realizar la labor de intermediación en el Sistema General de Riesgos Laborales se requiere la inscripción a la que hace referencia el artículo 2.2.4.10.3 del presente Decreto, sin perjuicio del plazo señalado para la transición, establecido en el artículo 2.2.4.10.5 del presente decreto.  

 

Para realizar la labor de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo se requiere la respectiva licencia expedida por las entidades departamentales y distritales de salud.  

 

La labor de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo no hace parte de la labor de intermediación. Quien realice la labor de intermediación no podrá recibir remuneración adicional de la Administradora de Riesgos Laborales por la prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo ante un mismo empleador.  

 

La labor de intermediación no podrá ser utilizada para propiciar la concentración de riesgos en el Sistema General de Riesgos Laborales. A partir de la vigencia del presente artículo, los intermediarios deberán llevar estadísticas de sus afiliaciones, las cuales podrán ser solicitadas por el Ministerio del Trabajo en desarrollo de sus actividades de inspección, vigilancia y control 


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Artículo 2.2.4.10.9. Ofertas comerciales. Los corredores, agencias y agentes de seguros tendrán a disposición de las autoridades competentes las cotizaciones realizadas y la totalidad de ofertas comerciales que en respuesta de las mismas presenten las Administradoras de Riesgos Laborales para lograr una afiliación, así como la oferta sobre la cual se concreta la misma”.  


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CAPÍTULO 11

CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Artículo 2.2.4.11.1. Objeto. Las normas del presente capítulo tienen por objeto esta­blecer los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, señalar las garantías mínimas que se deben respetar para garantizar el derecho fundamental al debido proceso a los sujetos objeto de investigación administrativa, así como establecer normas para ordenar la clausura del lugar de trabajo y la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobser­vancia de la normativa de prevención de riesgos laborales, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de las y los trabajadores. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 1°)  


Artículo 2.2.4.11.2. Campo de aplicación. Las normas del presente capítulo se aplican a las actuaciones administrativas que adelanten los Inspectores del Trabajo y Seguridad Social, las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales del Ministerio del Trabajo, la Unidad de Investigaciones Especiales, y la Dirección de Riesgos Laborales de ese mismo Ministerio por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos La­borales. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 2°)  


Artículo 2.2.4.11.3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Admi­nistrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo dispuesto en leyes especiales, entre los cuales se tienen: 

- Debido proceso. En virtud del cual las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitu­ción y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 

- No reformatio in pejus. En virtud del cual existe la prohibición de hacer más gra­vosa la sanción para el único apelante. 

- Non bis in idem. De acuerdo al cual una persona no puede ser sancionada dos ve­ces por los mismos hechos. 

- Igualdad. Las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e institu­ciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 

- Imparcialidad. Las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

Moralidad. Todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 

- Publicidad. Las autoridades darán a conocer sus actos mediante las comunicacio­nes, notificaciones y publicaciones que ordene la ley. 

- Eficacia. Las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones in­hibitorias, dilaciones o retardos, y sanearán, de acuerdo con la normativa vigente, las irre­gularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

- Celeridad. Las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incen­tivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

- Proporcionalidad y razonabilidad. La sanción deberá ser proporcional a la infrac­ción y corresponderá a la gravedad de la falta cometida. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 3°)  


Artículo 2.2.4.11.4. Criterios para graduar las multas. Las multas por infracciones a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales se graduarán atendien­do los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 134 de la Ley 1438 de 2011 y 12 de la Ley 1610 de 2013: 

1. La reincidencia en la comisión de la infracción. 

2. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión por parte del Ministerio del Trabajo. 

3. La utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la in­fracción o sus efectos. 

4. El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 

5. El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción, antes del decreto de pruebas. 

6. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 

7. La ausencia o deficiencia de las actividades de promoción y prevención. 

8. El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 

9. La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número de trabajadores y el valor de los activos de la empresa. 

10. El incumplimiento de los correctivos y recomendaciones en las actividades de promoción y prevención por parte de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) o el Ministerio del Trabajo. 

11. La muerte del trabajador. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 4°)  


Artículo 2.2.4.11.5. Criterio de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de la sanción a los empleadores. Se establecen los criterios de proporcionalidad y razonabi­lidad, conforme al tamaño de la empresa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004 y el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 y conforme a lo establecido en los artículos 13 y 30 de la Ley 1562 de 2012 y con base en los siguientes parámetros: 

 

En el evento en que no coincida el número de trabajadores con el valor total de los activos conforme a la tabla anterior, prevalecerá para la aplicación de la sanción el monto total de los activos conforme a los resultados de la vigencia inmediatamente anterior. 

Parágrafo. Dentro del procedimiento administrativo sancionatorio en lo no previsto en las normas especiales se aplicará lo señalado en la primera parte del Código de Proce­dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 5°)  


Artículo 2.2.4.11.6. Obligatoriedad de incluir los criterios para graduar las multas. Las Direcciones Territoriales y las Oficinas Especiales en primera instancia y la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo en segunda instancia, así como la Unidad de Investigaciones Especiales, deberán incluir en el acto administrativo que imponga la sanción, los criterios aplicables al momento de graduar las multas, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.4.11.4. y 2.2.4.11.5. del presente decreto. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 6°)  


Artículo 2.2.4.11.7. Plan de mejoramiento. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, los Directores Territoriales, las Oficinas Especiales y la Unidad de Investigaciones Especiales podrán ordenar Planes de Mejoramiento, con el fin de que se efectúen los co­rrectivos tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas en materia de seguridad y salud en el trabajo y demás normas del Sistema General de Riesgos Laborales. El Plan debe contener como mínimo las actividades concretas a desarrollar, la persona responsable de cada una de ellas, plazo determinado para su cumplimiento y su ejecución debe estar orientada a subsanar definitivamente las situaciones detectadas, así como a pre­venir que en el futuro se puedan volver a presentar. 

Parágrafo 1°. El Plan de Mejoramiento no constituye impedimento para que el Di­rector Territorial, las Oficinas Especiales o la Unidad de Investigaciones Especiales pa­ralelamente puedan adelantar el proceso administrativo sancionatorio, con ocasión del incumplimiento normativo. 

Parágrafo 2°. El incumplimiento o cumplimiento parcial del Plan de Mejoramiento ordenado por las Direcciones Territoriales, las Oficinas Especiales o la Unidad de Investi­gaciones Especiales del Ministerio del Trabajo, conllevará a la imposición de sanciones a que haya lugar de conformidad con las normas aplicables. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 7°)  


Artículo 2.2.4.11.8. Términos para la clausura o cierre del lugar de trabajo por parte del Inspector de Trabajo. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en desarrollo de la potestad de policía administrativa, mediante auto debidamente motivado, podrán ordenar el cierre o clausura del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores, así: 

1. De tres (3) días a diez (10) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 8° de la Ley 1610 de 2013. 

2. De diez (10) días a treinta (30) días calendario, conforme a lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 8° de la Ley 1610 de 2013, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de los hechos sancionados conforme al literal anterior. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 8°)  


Artículo 2.2.4.11.9. Términos de tiempo para suspensión de actividades o cierre de­finitivo de empresa por parte de los Directores Territoriales. En caso de que continúen los hechos que originaron la medida de cierre hasta por un término de treinta (30) días calendario, o haya reincidencia, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social trasladara el caso al Director Territorial, quien conforme al artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, podrá imponer la medida hasta por un término de ciento veinte (120) días hábiles o proceder al cierre definitivo de la empresa. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 9°)  


Artículo 2.2.4.11.10. Procedimiento para la imposición de la medida de cierre o suspensión de actividades. Las medidas de cierre o suspensión de actividades de que trata el presente capítulo serán impuestas mediante auto debidamente motivado, y su ejecución se llevará a cabo mediante la imposición de sellos oficiales del Ministerio del Trabajo que den cuenta de la infracción cometida. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 10)  


Artículo 2.2.4.11.11. Contenido de la decisión. El auto al que se hace referencia en el artículo anterior deberá contener: 

- La individualización de la persona natural o jurídica y el establecimiento de comer­cio o lugar de trabajo 

- El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la medida. 

- El periodo de tiempo durante el cual se impone la medida. 

- Las normas infringidas con los hechos probados. 

Una vez sean superadas las infracciones a las normas que dieron origen a la medida, previa verificación, se deberá ordenar de manera inmediata el levantamiento de la misma. 

Parágrafo. Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo las autoridades de policía están en la obligación de prestar su activa colaboración, cuando los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Directores Territoriales, Oficinas Especiales o la Unidad de Investigaciones Especiales así lo requieran. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 11)  


Artículo 2.2.4.11.12. Paralización o prohibición inmediata de trabajos y tareas. Sin perjuicio de lo establecido en este capítulo, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social podrán ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobser­vancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, hasta tanto se supere la inobser­vancia de la normatividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1610 de 2013. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 12)  


Artículo 2.2.4.11.13. Respeto de los derechos laborales y prestaciones sociales. En ningún caso la suspensión de actividades o cierre del lugar de trabajo puede ocasionar detrimento a los trabajadores. Los días en que opere la clausura o suspensión se contarán como días laborados para efectos del pago de salarios, primas, vacaciones y demás presta­ciones sociales a que éstos tengan derecho. 

(Decreto número 472 de 2015, artículo 13)  

TÍTULO 5

JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 2.2.5.1.1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplicará a las si­guientes personas y entidades: 

1. De conformidad con los dictámenes que se requieran producto de las calificaciones realizadas en la primera oportunidad: 

1.1. Afiliados al sistema general de riesgos laborales o sus beneficiarios; 

1.2. Trabajadores y servidores públicos del territorio nacional de los sectores público y privado; 

1.3. Trabajadores independientes afiliados al sistema de seguridad social integral; 

1.4. Empleadores; 

1.5. Pensionados por invalidez; 

1.6. Personal civil del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares; 

1.7. Personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; 

1.8. Personas no afiliadas al sistema de seguridad social, que hayan estado afiliados al sistema general de riesgos laborales; 

1.9. Personas no activas del sistema general de pensiones; 

1.10. Administradoras de riesgos laborales, ARL; 

1.11. Empresas Promotoras de Salud, (EPS); 

1.12. Administradoras del sistema general de pensiones; 

1.13. Compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte; 

1.14. Afiliados al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República; 

1.15. El pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la persona que demuestre que aquel está imposibilitado, o personas que demuestren interés jurídico. 

2. De conformidad con los dictámenes que se requieran como segunda instancia de los regímenes de excepción de la Ley 100 de 1993, caso en el cual las juntas regionales de calificación de invalidez actuarán como segunda instancia, razón por la cual no procede la apelación a la junta nacional: 

2.1. Educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; 

2.2. Trabajadores y pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos. 

3. De conformidad con las personas que requieran dictamen de pérdida de capacidad laboral para reclamar un derecho o para aportarlo como prueba en procesos judiciales o administrativos, deben demostrar el interés jurídico e indicar puntualmente la finalidad del dictamen, manifestando de igual forma cuáles son las demás partes interesadas, caso en el cual, las juntas regionales de calificación de invalidez actuarán como peritos, y contra dichos conceptos no procederán recursos, en los siguientes casos: 

3.1. Personas que requieren el dictamen para los fines establecidos en este numeral; 

3.2. Entidades bancarias o compañía de seguros; 

3.3. Personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en la Ley 418 de 1997. 

Parágrafo. Se exceptúan de su aplicación el régimen especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación que soliciten a las juntas regionales de califi­cación de invalidez como peritos. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 1°)  


Artículo 2.2.5.1.2. Personas interesadas. Para efectos del presente capítulo, se enten­derá como personas interesadas en el dictamen y de obligatoria notificación o comunica­ción como mínimo las siguientes: 

1. La persona objeto de dictamen o sus beneficiarios en caso de muerte. 

2. La entidad promotora de salud. 

3. La administradora de riegos laborales. 

4. La administradora del fondo de pensiones o administradora de régimen de prima media. 

5. El empleador. 

6. La compañía de seguro que asuma el riesgo de invalidez, sobrevivencia y muerte. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 2°)  


Artículo 2.2.5.1.3. Principios rectores. La actuación de los integrantes de las juntas de calificación de invalidez estará regida por los principios establecidos en la Constitución Política, entre ellos, la buena fe, el debido proceso, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad, la integralidad y la unidad. 

Su actuación también estará regida por la ética profesional, las disposiciones manual único de calificación de invalidez o norma que lo modifique o adicione, así como las con­tenidas en el presente capítulo y demás normas que complementen. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 3°)  


Artículo 2.2.5.1.4. Naturaleza de las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez. Las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez son organismos del sistema de la seguridad social integral del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio. 

Por contar las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez con personería jurídica y autonomía técnica y científica y de conformidad con la normatividad vigente, sus integrantes responderán solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los administradores del sistema de seguridad social integral, cuando este hecho esté plenamente probado, dentro del proceso promovido ante la justicia laboral ordinaria. 

Parágrafo 1°. La jurisdicción y competencia que tenga cada junta, podrá coincidir o no con la división política territorial de los respectivos departamentos, distritos o muni­cipios. 

Parágrafo 2°. Cuando un dictamen de la junta regional o nacional de calificación de invalidez, sea demandado ante la justicia laboral ordinaria se demandará a la junta regional o nacional de calificación de invalidez como organismo del sistema de la seguridad social del orden nacional, de creación legal, con personería jurídica, de derecho privado, sin áni­mo de lucro, y al correspondiente dictamen. 

Parágrafo 3°. Sin perjuicio del dictamen pericial que el juez laboral pueda ordenar a un auxiliar de la justicia, a una universidad, a una entidad u organismo competente en el tema de calificación del origen y pérdida de la capacidad laboral, el juez podrá designar como perito a una junta regional de calificación de invalidez que no sea la junta a la que corresponda el dictamen demandado. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 4°)  


Artículo 2.2.5.1.5. Certificación de no vinculación con entidades de seguridad so­cial o de vigilancia y control. Los integrantes principales de las juntas de calificación de invalidez no podrán tener vinculación alguna, ni realizar actividades relacionadas con la calificación del origen, fecha de estructuración y grado de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas o comerciales en las entidades administradoras del sistema de seguridad social integral, ni con sus entidades de dirección, vigilancia y control. 

Para el efecto, se deberá radicar en la dirección territorial del Ministerio del Trabajo antes de la fecha de posesión para el nuevo periodo de vigencia, certificación en la que conste la no vinculación a la que hace referencia el inciso anterior, la cual se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. En caso de no presentar dicha certificación, no se podrá posesionar y su nombre será excluido de la lista de elegibles. 

Parágrafo. Dicha certificación no les será exigible a los integrantes suplentes que designe el Ministerio del Trabajo, salvo que sea designado como integrante principal de manera permanente, caso en el cual deberá allegar la certificación antes de posesionarse como integrante permanente de la junta. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 7°)  


Artículo 2.2.5.1.6. Funciones comunes de las juntas de calificación de invalidez. Son funciones de las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez, las siguientes: 

1. Dictar su propio reglamento el cual deberá estar disponible para las autoridades competentes y acatar las disposiciones del presente capítulo y el manual de procedimiento administrativo que establezca el Ministerio del Trabajo. 

2. Elegir al contador y revisor fiscal con voto de la mayoría de sus integrantes. 

3. Tener una sede de fácil acceso y sin barreras arquitectónicas, que permita el ingreso de las personas en situación de discapacidad. 

4. Garantizar la atención al usuario de lunes a sábado en horas hábiles y en el horario fijado por la junta, con consideraciones de servicio al cliente. 

5. Asesorar al Ministerio del Trabajo en la actualización del manual único de califica­ción de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional y la elaboración de formularios y formatos que deban ser diligenciados en el trámite de las calificaciones y dictámenes. 

6. Capacitar y actualizar a sus integrantes principales únicamente en temas relaciona­dos con las funciones propias de las juntas. 

7. Emitir los dictámenes, previo estudio del expediente y valoración del paciente. 

8. Citar a la persona objeto de dictamen para la valoración correspondiente. 

9. Ordenar la práctica de exámenes y evaluaciones complementarias, diferentes a los acompañados en el expediente que considere indispensables para fundamentar su dictamen. 

10. Si lo considera necesario y con el fin de proferir el dictamen, solicitar los antece­dentes e informes adicionales a las entidades promotoras de salud, a las administradoras de riesgos laborales, a las administradoras del sistema general de pensiones, compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y demás compañías de seguros así como a los empleadores y a las instituciones prestadoras de servicios de salud que hayan atendido al afiliado, al pensionado o al beneficiario. 

11. Tener un directorio de los profesionales o entidades inscritas como interconsultores, a quienes se les podrá solicitar exámenes complementarios o valoraciones especializadas. 

12. Remitir los informes mensuales o trimestrales en las fechas establecidas y con la calidad requerida por el Ministerio del Trabajo la información que le sea solicitada y en medio que de igual forma se le requiera. 

13. Asistir a los eventos de capacitación que convoque el Ministerio del Trabajo. 

14. Cumplir con las responsabilidades del sistema obligatorio de garantía de calidad del sistema en riesgos laborales, así como el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. 

15. Garantizar que la valoración del paciente por parte del médico ponente deberá realizarse individualmente o en forma conjunta con el terapeuta físico u ocupacional o el psicólogo, quienes harán la valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupa­cionales. La valoración individual o la conjunta del paciente en todo caso se debe realizar el mismo día para el cual fue citado. 

16. Implementar los mecanismos de control frente a que un mismo interesado no radi­que la misma solicitud en diferentes salas de la respectiva junta. 

17. Implementar un sistema de información de conformidad con los parámetros del Ministerio del Trabajo. 

18. Las demás que la ley, el presente capítulo o el Ministerio del Trabajo determinen. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 10)  


Artículo 2.2.5.1.7. Funciones de los integrantes de la junta de calificación de in­validez. Los integrantes de las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez, tendrán las siguientes funciones: 

1. Estudiar los expedientes y documentos que el director administrativo y financiero de la junta le entregue para la sustentación de los dictámenes. 

2. Realizar la valoración de la persona objeto del dictamen. 

3. Los médicos deberán radicar los proyectos de ponencia y preparar los mismos en forma escrita, dentro de los términos fijados en el presente capítulo. 

4. Los psicólogos y terapeutas físicos u ocupacionales deberán estudiar y preparar con­ceptos sobre discapacidad y minusvalía, previa valoración del paciente, todo ello dentro de los términos dispuestos en el presente capítulo para la radicación del proyecto. 

5. El médico ponente deberá tener en cuenta la valoración del psicólogo o terapeuta físico u ocupacional. 

6. Asistir a las reuniones de la junta. 

7. Entregar los documentos de soporte del dictamen emitido que se encuentren en su custodia. 

8. Firmar las actas y los dictámenes en que intervinieron, dichas actas y dictámenes deberán tener numeración consecutiva. 

9. Cumplir con los términos de tiempo y procedimientos establecidos en el presente capítulo. 

10. Participar en la elaboración de los informes mensuales o trimestrales que debe enviar la junta con destino al Ministerio del Trabajo. 

11. Pronunciarse sobre impedimentos y recusaciones de sus integrantes. 

12. Las demás que establezca el manual de procedimientos para el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez expedido por el Ministerio del Trabajo. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 11)  


Artículo 2.2.5.1.8. Funciones del director administrativo y financiero de la junta de calificación de invalidez. El director administrativo y financiero de cada una de las juntas tendrá las siguientes funciones: 

1. Velar por la conservación, administración y custodia del archivo de la junta de cali­ficación de invalidez. 

2. Seleccionar y contratar a los trabajadores de la junta y adelantar los trámites admi­nistrativos para la celebración de los contratos de prestación de servicios requeridos; pagar los salarios, prestaciones sociales de los trabajadores y demás obligaciones laborales; y pagar, igualmente, los honorarios de los contratos de prestación de servicios. 

3. Realizar el reparto de las solicitudes, recursos o apelaciones recibidas entre los médicos de la respectiva junta de calificación de invalidez. 

4. Radicar los proyectos de la junta de calificación de invalidez preparados por el ponente. 

5. Informar a la persona objeto de dictamen la fecha y la hora de su valoración. 

6. Comunicar a todas las partes interesadas sobre la solicitud de pruebas que hayan sido requeridas por la junta. 

7. Garantizar el correcto archivo de las actas y los dictámenes de la junta con su debida numeración cronológica. 

8. Garantizar el correcto archivo y numeración cronológica de las actas relacionadas con los temas administrativos y financieros. 

9. Notificar los dictámenes de la junta regional. 

10. Coordinar y participar en la elaboración de los informes y gestionar su envío al Ministerio del Trabajo. 

11. Coordinar y gestionar lo pertinente para el desarrollo de un programa de actualiza­ción jurídica y técnica de los integrantes de la junta de calificación de invalidez. 

12. Informar el lugar de la sede y el horario de atención de la junta, así como las mo­dificaciones a los mismos a la dirección de riesgos laborales y a la dirección territorial correspondiente del Ministerio del Trabajo, entidades de vigilancia y control, las entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos laborales, administradoras del sistema ge­neral de pensiones, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte. 

13. Velar porque permanezca fijado en un lugar visible de la sede de la junta, informa­ción sobre horario de atención al público, trámites que se realizan ante la junta, derechos y deberes frente a las juntas y los procedimientos en caso de queja por insatisfacción en el servicio. 

14. Responder por la administración y custodia de todos los bienes y recursos de la junta de calificación de invalidez. 

15. Autorizar el pago de los honorarios de los integrantes de la junta que le correspon­dan previa verificación del número de dictámenes emitidos y notificados, así como revisa­do el pago de la seguridad social y luego de realizadas las deducciones correspondientes. 

16. Constituir a su costo una póliza de cumplimiento y calidad del 25% y 20% respec­tivamente sobre el valor de los honorarios. 

17. Firmar los estados financieros de la junta, junto con el contador y revisor fiscal. 

18. Ejercer la representación legal de la junta de calificación de invalidez, representa­ción que será indelegable. 

19. Servir como ordenador del gasto de la junta. 

20. Velar por que se realice la defensa judicial de la junta, para lo cual podrá contratar la asistencia jurídica, y representación judicial correspondiente, de conformidad a los pre­cios del mercado en cada ciudad. 

21. Elaborar y presentar a los integrantes principales el presupuesto anual y sus co­rrespondientes informes de ejecución, teniendo en cuenta que los estados financieros de la junta, en ningún caso pueden arrojar pérdida. 

22. Velar por la adecuada utilización de los recursos financieros que ingresan a la junta. 

23. Velar por el adecuado funcionamiento y mantener actualizada la información en el sistema de información establecido por el Ministerio del Trabajo. 

24. Implementar y utilizar el sistema de correspondencia de la junta y velar por su adecuado mantenimiento y actualización de la información. 

25. Las demás que por razón de sus funciones le correspondan o le asignen el presente capítulo, el Ministerio del Trabajo y la respectiva junta en su reglamento interno. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 12)  


Artículo 2.2.5.1.9. Funciones exclusivas de la junta nacional de calificación de in­validez. Además de las comunes, son funciones exclusivas de la junta nacional de califica­ción de invalidez, las siguientes: 

1. Decidir en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra los dictá­menes de las juntas regionales de calificación de invalidez, sobre el origen, estado de pér­dida de la capacidad laboral, fecha de estructuración y revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez. 

2. Los integrantes de cada una de las salas se reunirán en conjunto en una Sala Plena una vez al mes, donde cada uno de los ponentes hará un resumen de los criterios utilizados, de conformidad con la normatividad vigente para la definición de casos, en dicha reunión se unificarán criterios y se dejará en actas, cuyas copias se remitirán a las juntas regionales quienes las usarán como parámetros para sus decisiones. Antes del mes de marzo de cada año remitirán a la dirección de riesgos laborales un informe sobre las líneas de interpreta­ción en la emisión de dictámenes, escogiendo los casos más relevantes teniendo en cuenta su impacto social y/o económico y/o jurídico. 

3. Devolver a la junta regional respectiva, el expediente completo junto con el dicta­men emitido, una vez esté en firme. 

4. Implementar los mecanismos de control frente a que un mismo interesado no haya radicado la misma solicitud en diferentes juntas regionales de calificación de invalidez. 

5. Las demás que por razón de sus funciones le correspondan o le asignen el presente capítulo, el Ministerio del Trabajo y la respectiva junta en su reglamento interno. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 13)  


Artículo 2.2.5.1.10. Funciones exclusivas de las juntas regionales de calificación de invalidez. Además de las comunes, son funciones de las juntas regionales de calificación de invalidez, las siguientes: 

1. Decidir en primera instancia las controversias sobre las calificaciones en primera oportunidad de origen y la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional y su fecha de es­tructuración, así como la revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez. 

2. Actuar como peritos cuando le sea solicitado de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 

3. Los integrantes de la junta o de cada una de las salas se reunirán en conjunto en una sala plena una vez al mes, donde analizarán las copias de las actas de la unificación de cri­terios de la junta nacional para usarlas como referencia o parámetros para sus decisiones. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 14)  


Artículo 2.2.5.1.11. Renuncias. En caso de renuncia de cualquiera de los integrantes, se procederá a su reemplazo durante el período de vigencia faltante, por el suplente si lo hubiere, o en ausencia de este por quien designe el Ministerio del Trabajo de conformidad con el presente capítulo y de acuerdo con la lista de elegibles y según las bases del con­curso. 

Las renuncias deberán ser presentadas ante el Ministro del Trabajo, con copia dirigida a la dirección de riesgos laborales y a la junta de calificación de invalidez. 

La permanencia en el cargo del integrante que presente renuncia se extiende hasta la fecha en que el suplente designado por el Ministerio del Trabajo o el nuevo integrante designado, asuma sus funciones. 

Parágrafo. - En caso de renuncia de alguno de los integrantes principales de la junta de calificación de invalidez, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, el Ministerio del Trabajo designará un integrante ad hoc hasta tanto se designe su reemplazo, por el periodo de vigencia faltante de la junta. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 15)  


Artículo 2.2.5.1.12. Actuación de suplentes. Las actuaciones de los integrantes su­plentes serán requeridas en los siguientes casos: 

1. Cuando la junta de calificación de invalidez se encuentre parcialmente integrada en la conformación de sus integrantes principales, por la falta de posesión de alguno de ellos, por renuncia o retiro por orden de autoridad competente, el director administrativo y financiero procederá a convocar una reunión a la que citará al integrante que el Ministerio del Trabajo haya designado como suplente para que inicie su actuación como integrante principal una vez posesionado ante el director territorial, y hasta que termine el periodo de vigencia de la junta, dejando constancia de la reunión en acta. 

2. Cuando en ausencia temporal de alguno de los integrantes principales, el director administrativo y financiero de la junta de calificación de invalidez procederá a llamar al respectivo suplente, quien asumirá sus funciones de forma inmediata, de lo cual deberá dejar constancia en acta. 

3. Cuando se haya declarado impedimento o haya sido recusado alguno de los inte­grantes principales, se seguirá lo establecido en el artículo de impedimentos y recusacio­nes del presente capítulo. 

Parágrafo 1°. En los casos en los que actúe el integrante suplente, este tendrá derecho al pago de honorarios correspondientes a los dictámenes emitidos, según lo dispuesto en el presente capítulo. 

Parágrafo 2°. Siendo la función de las juntas de calificación de invalidez un servicio público, cuando el integrante principal se ausente sin justificación, por más de cinco (5) días consecutivos, el director administrativo y financiero de la junta de calificación de in­validez dejará constancia en acta e informará de tal situación a la Procuraduría General de la Nación y realizará las gestiones para su reemplazo temporal o definitivo de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente capítulo. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 16)  


Artículo 2.2.5.1.13. Designaciones ad hoc. Cuando por cualquier razón no pueda actuar el integrante principal ni el suplente designado por el Ministerio del Trabajo y como consecuencia de ello no exista quórum decisorio para proferir el dictamen, el director ad­ministrativo y financiero de la junta de calificación de invalidez solicitará a la dirección de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo la designación de un integrante ad hoc, quien actuará exclusivamente en el caso para el cual se solicita. 

Parágrafo 1°. Los integrantes ad hoc se nombrarán de la lista de elegibles y de confor­midad con las bases del concurso. 

Parágrafo 2°. En todos los casos en los que actúe como ad hoc, este tendrá derecho al pago de honorarios correspondientes a los dictámenes emitidos y notificados, según lo dispuesto en el presente capítulo o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 17)  


Artículo 2.2.5.1.14. Equipo interconsultor externo de las juntas de calificación de invalidez. Todas las juntas deben llevar un directorio de profesionales o entidades inter­consultores independientes de las instituciones de seguridad social relacionadas con el caso sobre el cual se va a emitir el dictamen, a quienes se les solicitará la práctica de exámenes complementarios o valoraciones especializadas, la confirmación de los resulta­dos de aquellas pruebas practicadas en la primera oportunidad cuando no existe claridad sobre los mismos y otras pruebas que en concepto de la junta se requieran para emitir el dictamen. 

La junta de calificación de invalidez inscribirá a sus interconsultores, velando porque haya profesionales idóneos de todas las áreas del conocimiento de la salud. Para tal efecto, se deberá aportar la correspondiente hoja de vida del profesional idóneo o si el intercon­sultor es una entidad, de sus profesionales idóneos. En todo caso, será el paciente el que escoja del directorio al interconsultor según la especialidad que se requiera, quedando evidencia escrita de su elección. 

Las tarifas que se paguen a las entidades o profesionales, registrados como interconsul­tores, serán las establecidas por la respectiva junta conforme a los precios del mercado en cada ciudad, las cuales serán publicadas en las instalaciones de las juntas y serán asumidas por la administradora de riesgos laborales, las administradoras del sistema general de pen­siones o demás interesados cuando recurran por su cuenta ante las juntas de calificación de invalidez de conformidad con lo establecido en el presente capítulo. 

Las juntas cuando soliciten valoraciones especializadas, exámenes médicos o pruebas complementarias deberán comunicarles a todos los interesados la realización de dichas pruebas para garantizar el debido proceso, frente a lo cual no procede recurso alguno. 

Cuando para el estudio de un caso la junta de calificación de invalidez requiera de exámenes complementarios, lo hará saber a la entidad solicitante o interesado que haya radicado la solicitud ante la junta, quien deberá cancelarlos en el término de cinco (5) días hábiles de recibido el requerimiento ante la respectiva junta quien trasladará ese pago al equipo interconsultor correspondiente. 

El término para allegar los resultados de exámenes complementarios será de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su solicitud. En caso que se requieran exámenes especializados en Colombia se señala un término no mayor de treinta (30) días y si se deben practicar en el exterior será hasta de sesenta (60) días. 

Parágrafo 1°. Para efectos de los dictámenes establecidos en el presente capítulo, los exámenes a llevarse a cabo en el exterior corresponderán a aquellos que por criterio de la junta sea indispensable su realización y que sea imposible realizarlos en Colombia. En estos casos no se requerirá que la entidad extranjera requiera estar registrados como interconsultores en la junta. 

Parágrafo 2°. Si la solicitud de dictamen la realizó la entidad promotora de salud el pago del interconsultor le corresponderá a la administradora del fondo de pensiones o administradora de riesgos laborales según la calificación en primera oportunidad, cuyos valores podrán recobrarse una vez el dictamen quede en firme. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 18)  


Artículo 2.2.5.1.15. Presupuesto de la junta de calificación de invalidez. El director administrativo y financiero de la junta, presentará y aprobará el presupuesto anual, frente al cual podrá recibir sugerencias y aportes de los integrantes principales de la junta, así mismo presentará a dichos integrantes un informe trimestral de su ejecución y deberá con­tar con la revisión del respectivo revisor fiscal. Por ningún caso las juntas pueden cerrar un año con pérdida para lo cual se deben tomar las medidas financieras correspondientes. 

En el presupuesto anual se deberán tener en cuenta las provisiones, tales como el no pago o pago parcial de honorarios, devoluciones de honorarios de conformidad con lo establecido en el presente capítulo, cambios de períodos de vigencia e integración de la junta, traslado de dictámenes a otras juntas conformadas, gastos que se originen en deman­das ante la justicia ordinaria, entre otras. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 19)  

  


Artículo 2.2.5.1.16. Honorarios. Las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez recibirán de manera anticipada por la solicitud de dictamen, sin importar el nú­mero de patologías que se presenten y deban ser evaluadas, el equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente de conformidad con el salario mínimo establecido para el año en que se radique la solicitud, el cual deberá ser cancelado por el solicitante. 

El incumplimiento en el pago anticipado de honorarios a las juntas de calificación de invalidez por parte de las entidades administradoras de riesgos laborales y empleadores,será sancionado por las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. El no pago por parte de las demás entidades será sancionado por la autoridad competente. 

Cuando la junta regional de calificación de invalidez actúe como perito por solicitud de las entidades financieras, compañías de seguros, estas serán quienes deben asumir los honorarios de las juntas de calificación de invalidez. 

En caso que la junta regional de calificación de invalidez actúe como perito, por soli­citud de autoridad judicial, los honorarios deberán ser cancelados por quien decrete dicha autoridad. En el evento que el pago no se realice oportunamente, la junta regional de calificación de invalidez informará de tal hecho al juez quien procederá a requerir al res­ponsable del pago, sin que sea posible suspender el trámite de dictamen. 

En los casos en que la junta regional de calificación de invalidez actúe como perito en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal, su gestión no generará honorario alguno. 

Cuando las juntas regionales de calificación de invalidez actúen como segunda ins­tancia en los casos de los educadores y servidores públicos de Ecopetrol, serán el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio o Empresa Colombiana de Petróleos, quienes asumirán los honorarios de las juntas de calificación de invalidez. 

Si la junta regional de calificación de invalidez actúa como perito por solicitud del inspector de trabajo del Ministerio del Trabajo, los honorarios serán asumidos por parte del empleador. 

Cuando el pago de los honorarios de las juntas regional y/o nacional de calificación de invalidez hubiere sido asumido por el interesado, tendrá derecho al respectivo reembolso por parte de la entidad que conforme al resultado del dictamen le corresponda asumir las prestaciones ya sea la administradora de riesgos laborales, o administradora del sistema general de pensiones, en caso que el resultado de la controversia radicada por dicha per­sona, sea a favor de lo que estaba solicitando, en caso contrario, no procede el respectivo reembolso. 

El reembolso se realizará a la administradora de riesgos laborales, o la administradora del sistema general de pensiones, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

Las juntas de calificación de invalidez percibirán los recursos de manera anticipada, pero el pago de los honorarios a sus integrantes solo serán cancelados hasta que el res­pectivo dictamen haya sido emitido y notificado, recursos que deben ser diferenciados y plenamente identificables en la contabilidad, la cual estará certificada por el revisor fiscal de la respectiva junta. 

A los integrantes de las juntas de calificación de invalidez les está prohibido exigir cualquier otro tipo de remuneración por los dictámenes proferidos, así como recibir direc­tamente el pago de los honorarios, so pena de incurrir en sanciones conforme lo establece el código disciplinario único, contenido en la Ley 734 de 2002. 

Los honorarios de las juntas corresponderán a un (1) salario mínimo mensual legal vigente por cada dictamen solicitado, sin importar el número de patologías que se presen­ten y deban ser evaluadas, del cual un porcentaje será para el pago de honorarios de los integrantes de las Juntas y otro porcentaje a la administración de la junta. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 20)  


Artículo 2.2.5.1.17. Distribución de honorarios a los integrantes y miembros de las juntas de calificación de invalidez. El director administrativo y financiero de la respectiva junta de calificación de invalidez, según sea el caso, distribuirá mensualmente los honora­rios correspondientes a los dictámenes emitidos, de la siguiente forma: 

1. La junta nacional y las juntas regionales tipo A, se distribuirá a cada uno de los integrantes por cada dictamen emitido y notificado el 15% del valor de honorario de la junta, proporción que de ahora en adelante se denominará porcentaje de honorarios de los integrantes de la junta. 

2. Las juntas regionales tipo B, se distribuirá a cada uno de los integrantes por cada dictamen emitido y notificado el 20% del valor de honorario de la junta como porcentaje de honorarios de sus integrantes. 

Las juntas tendrán un solo el director administrativo y financiero, sin importar el nú­mero de salas, cuyos honorarios serán definidos por el Ministerio del Trabajo teniendo en cuenta los ingresos de la junta a conformar y se darán a conocer en el proceso de selección. 

La distribución de los honorarios de los integrantes de la junta será supervisada por el revisor fiscal quien deberá reportar de manera inmediata a las autoridades todas las ano­malías detectadas. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 21)  


Artículo 2.2.5.1.18. Gastos de administración de las juntas de calificación de invali­dez. Los gastos de administración corresponden al porcentaje restante que queda luego de la proporción correspondiente a los honorarios de los integrantes y de ahora en adelante se denominará porcentaje de administración. 

Son gastos administrativos de la junta, aquellos que se efectúan para su adecuado fun­cionamiento, tales como salarios y prestaciones, honorarios, aportes a la seguridad social y parafiscal de sus trabajadores, defensa judicial, arriendos, servicios públicos, aseo y cafetería, adecuación del archivo, libros, fotocopias y papelería, sistemas de información y correspondencia, cursos de capacitación, transporte y manutención para asistir a las ca­pacitaciones, entre otros. 

En ningún caso incluyen gastos personales de sus integrantes, tales como pago del sistema de seguridad social integral, retención en la fuente y demás deducciones, manu­tención y transporte personal, gastos de representación, gastos financieros, sistemas de comunicación, pregrados, diplomados, posgrados, maestrías, doctorados relacionados o no con el sistema de riesgos laborales, entre otros. 

La utilización del porcentaje de administración será supervisada por el revisor fiscal quien deberá reportar de manera inmediata a las autoridades todas las anomalías detecta­das. 

Parágrafo 1°. Los cursos de capacitación, transporte y manutención son para los in­tegrantes principales de las juntas de calificación de invalidez, previa aprobación de los cursos por la junta en pleno; los cuales son con cargo a los gastos de administración, y no podrán superar el monto de doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada integrante durante el año; los cursos de capacitación y evento no podrán superar tres (3) días hábiles a nivel nacional y cinco (5) días hábiles a nivel internacional. Los integran­tes de las juntas de calificación de invalidez deben asistir a las capacitaciones que convo­que el Ministerio del Trabajo y en todo caso, en ningún momento la junta podrá suspender las actividades, ni aplazar valoraciones como tampoco detener la prestación del servicio, debiéndose llamar al suplente o recurrir a la designación de ad hoc.  

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo podrá fijar un límite a los gastos de adminis­tración de las juntas de calificación de invalidez. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 22)  


Artículo 2.2.5.1.19. Remanentes juntas calificación de invalidez. Los remanentes de los gastos de administración a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada año, una vez aten­didos todos los gastos de operación y administración, se deberán invertir con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad en entidades financieras autorizadas por la Superinten­dencia Financiera de Colombia, que cuenten con calificación por una sociedad calificadora de riesgos autorizada en el país. En consideración a que los recursos que administra la junta de calificación de invalidez corresponden a un portafolio de carácter no especulativo, serán preferibles las inversiones en títulos emitidos o con respaldo del Gobierno nacional. 

La utilización de remanentes solo se realizará siempre y cuando se hayan garantizado los recursos necesarios para una adecuada prestación del servicio y el manejo adminis­trativo de la junta y una vez vencidas las fechas mencionadas, de lo cual deberá reposar certificación con firmas del director administrativo y financiero y el revisor fiscal. 

Las inversiones o adquisiciones de la junta de calificación de invalidez no son propie­dad de sus integrantes y deben ser registradas en un inventario anual de la junta y entrega­das al director administrativo y financiero para un nuevo período de vigencia. 

Parágrafo. La utilización de los remanentes serán supervisados por el revisor fiscal quien deberá reportar de manera inmediata a las autoridades todas las anomalías detectadas. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 23)  


Artículo 2.2.5.1.20. Manejo de las cuentas bancarias. El monto de los honorarios que se deberán cancelar a las juntas de calificación de invalidez, se consignará así: 

1. Cuenta bancaria para recaudar el pago de honorarios por dictámenes. La junta debe abrir una nueva cuenta bancaria a nombre de la respectiva junta, dicha cuenta será exclusi­vamente para los fines establecidos en el presente capítulo y los dineros que se encuentren en ella, serán manejados por el director administrativo y financiero. 

2. Cuenta bancaria para recaudar y pagar honorarios a los equipos interdisciplinarios. La junta debe abrir una nueva cuenta bancaria a nombre de la respectiva junta, se recau­dará exclusivamente los recursos para el pago de las evaluaciones, pruebas, exámenes y conceptos dados por los equipos interdisciplinarios que sean requeridos por la junta. 

Los números de las cuentas bancarias, así como cualquier cambio de la misma, debe darse a conocer a las entidades de vigilancia y control, las entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos laborales, administradoras del sistema general de pensiones, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y se publicará en lugar visible al público en las instalaciones de la junta. 

Las juntas regionales y la nacional de calificación de invalidez deben llevar su propia contabilidad, con sus respectivos libros que reflejen la realidad financiera de la junta, de acuerdo con las normas contables vigentes. Su manejo está sometido a control de la Con­traloría General de la República toda vez que manejan recursos públicos. 

En el presupuesto anual se deberán tener en cuenta las provisiones, tales como el no pago o pago parcial de honorarios, devoluciones de honorarios de conformidad con lo establecido en el presente capítulo, cambios de períodos de vigencia e integración de la junta, traslado de dictámenes a otras juntas conformadas, gastos que se originen en deman­das ante la justicia ordinaria, entre otras. 

Parágrafo. Las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez que al 26 de junio de 2013 tengan bienes, dineros, títulos valores o inversiones deberán constituirlos o colocarlos a nombre de la respectiva junta, por ser organismos del sistema de la seguridad social integral del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1562 de 2012. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 24)  


Artículo 2.2.5.1.21. Funciones del revisor fiscal de las juntas de calificación de in­validez. Son funciones del revisor fiscal las establecidas en la ley y las definidas a conti­nuación: 

1. Cerciorarse que las operaciones contables que se realicen por cuenta de las juntas regionales o nacional de calificación de invalidez se ajustan a lo establecido en el presente capítulo y demás normatividad vigente. 

2. Dar oportuna información, por escrito al Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la junta, según los casos, de las irregularidades detectadas en el funcionamiento financiero y contable de la junta. 

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, vigilancia y control de las juntas y rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

4. Velar por que se lleve la contabilidad de la junta, las actas de las reuniones en las cuales se atiendan asuntos financieros, y la debida conservación de la información conta­ble de la junta, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la junta y procurar que se tomen oportuna­mente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los bienes, dineros, títulos valores y recursos de la junta. 

7. Avalar con su firma los estados financieros de la junta y deberá emitir el correspon­diente dictamen. 

8. Convocar a los integrantes de la junta a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. 

9. Avalar con su firma los inventarios de la junta. 

10. Realizar auditorías por lo menos una vez al mes. 

11. Supervisar y ejercer el estricto control de la contabilidad y presupuesto de la junta. 

12. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la normatividad vigente. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 25)  


Artículo 2.2.5.1.22. Archivo. Cada junta deberá mantener un archivo que contenga los expedientes con sus respectivos dictámenes, copia de las actas y demás documentos de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación, así como las relativas al archivo y custodia de las historias clínicas y las demás normas que se expidan sobre el particular. 

La junta deberá mantener organizado un archivo, el cual estará a disposición de las autoridades de vigilancia correspondientes, y contendrá como mínimo, los siguientes do­cumentos: 

1. Histórico de resoluciones de designación de integrantes de la junta de calificación de invalidez, de las correspondientes actas de posesión, modificaciones en su integración, renuncias y traslados de jurisdicción. 

2. Reglamento interno de acuerdo con los períodos de vigencia, modificaciones y sus respectivas aprobaciones. 

3. Carpeta de presupuestos aprobados, con sus respectivos soportes y debidamente actualizada. 

4. Actas de todas las reuniones, ordinarias y extraordinarias, realizadas por la junta de calificación de invalidez en cada periodo de vigencia. 

5. Evidencia del envío de la información requerida por el Ministerio del Trabajo y copia de la misma. 

6. Inventarios de muebles, equipos y elementos que la junta haya adquirido con recur­sos administrativos. 

7. Pago de nómina, de prestaciones sociales, de seguridad social integral y demás parafiscales de los trabajadores de planta, con sus respectivos soportes, así como de los honorarios de contratos de prestación de servicios. 

8. Soportes de pago de honorarios a los integrantes y miembros de la junta de califica­ción de invalidez. 

9. Hojas de vida de los trabajadores, con los soportes de contratación y novedades de personal. 

10. Registro de interconsultores y hojas de vida de sus profesionales idóneos. 

11. Registro de impedimentos y recusaciones de integrantes de la junta. 

12. Contratos de arrendamiento. 

13. Libros de contabilidad. 

14. Comprobantes de egreso y sus soportes. 

15. Registro de las actuaciones de suplentes y ad hoc. 

16. Demás asuntos que la junta considere necesarios según su reglamento interno y funciones. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 26)  


Artículo 2.2.5.1.23. Inventarios y entrega de bienes, elementos y expedientes a cargo de las juntas de calificación de invalidez. Las juntas de calificación de invalidez deberán mantener actualizado el inventario de bienes y adquisiciones. 

Cuando los bienes, elementos y expedientes deban ser entregados a nuevos integrantes de la junta de calificación de invalidez, a otra junta o al Ministerio del Trabajo, se deberá levantar el acta correspondiente. 

Para la entrega se seguirán los siguientes procedimientos: 

1. Para efecto de la entrega por finalización de períodos de vigencia de los integrantes y miembros, el director administrativo y financiero saliente procederá a presentar un infor­me al entrante, dejando constancia de lo siguiente: 

1.1 Relación de todos los expedientes que se encuentran en trámite indicando el estado de los mismos y aquellos que se encuentren pendientes de dictamen y demás archivos de la junta. 

1.2. Inventario de todos y cada uno de los bienes y elementos de la junta, (muebles, equipos, libros, software, etc.) 

1.3. Contratos de arrendamiento y de trabajo. 

1.4. Entrega de los libros de contabilidad. 

1.5. Estado de la correspondencia, de reparto, de audiencias, entre otros. 

1.6. Conciliaciones de las cuentas bancarias, extractos y arqueo de la caja menor. 

1.7. Relación de los honorarios pendientes por cancelar a los integrantes salientes al momento de la entrega de la junta, por encontrarse en curso la notificación del dictamen. 

1.8. Relación de cuentas por cobrar y por pagar. 

1.9. Relación de todos aquellos asuntos que se consideren necesarios para el trámite de entrega. 

1.10. Reservas en dinero para el pago de acreencias laborales que se causen hasta la fecha de entrega de la respectiva junta. 

2. Para efecto de entrega por cambio de algún integrante de la junta: 

2.1. Cuando por cualquier razón deba reemplazarse alguno de los integrantes de la junta de calificación de invalidez, este deberá entregar al nuevo integrante designado o en su defecto al director administrativo y financiero de la junta, todas las solicitudes de dictámenes que se encontraban a su cargo, indicando detalladamente el estado en que se encuentran y las actuaciones pendientes de resolver. 

2.2. Cuando es el director administrativo y financiero el que se reemplaza, deberá realizarse el procedimiento establecido en este artículo para entrega por la finalización de periodo de vigencia de la junta. 

3. Para efecto de entrega por traslado de jurisdicción: Cuando deba ser trasladada la jurisdicción, la junta seguirá el procedimiento establecido en el presente artículo para la entrega por finalización de periodo de vigencia. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 27)  


Artículo 2.2.5.1.24. Presentación de la solicitud. La solicitud ante la junta podrá ser presentada por: 

1. Administradoras del sistema general de pensiones. 

2. Compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte. 

3. La administradora de riesgos laborales. 

4. La entidad promotora de salud. 

5. Las compañías de seguros en general. 

6. El trabajador o su empleador. 

7. El pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la persona que demuestre que aquel está imposibilitado, en las condiciones establecidas en el presente artículo. 

8. Por intermedio de los inspectores de Trabajo del Ministerio del Trabajo, cuando se requiera un dictamen de las juntas sobre un trabajador no afiliado al sistema de seguridad social por su empleador. 

9. Las autoridades judiciales o administrativas, cuando estas designen a las juntas re­gionales como peritos. 

10. Las entidades o personas autorizadas por los fondos o empresas que asumían pres­taciones sociales en regímenes anteriores a los establecidos en la Ley 100 de 1993, para los casos de revisión o sustitución pensional. 

11. Las entidades o personas autorizadas por las secretarías de educación y las autori­zadas por la Empresa Colombiana de Petróleos. 

12. Por intermedio de las administradoras del Fondo de Solidaridad Pensional, las personas que requieran la pensión por invalidez como consecuencia de eventos terroristas. 

Parágrafo. La solicitud se deberá presentar a la junta regional de calificación de inva­lidez que le corresponda según su jurisdicción teniendo en cuenta la ciudad de residencia de la persona objeto de dictamen. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 28)  


Artículo 2.2.5.1.25. Casos en los cuales se puede recurrir directamente ante las jun­tas regionales de calificación de invalidez. El trabajador o su empleador, el pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario podrán presentar la solicitud de calificación o recu­rrir directamente a la junta de calificación de invalidez en los siguientes casos: 

1. Si transcurridos treinta (30) días calendario después de terminado el proceso de re­habilitación integral aún no ha sido calificado en primera oportunidad, en todos los casos, la calificación no podría pasar de los quinientos cuarenta (540) días de ocurrido el acciden­te o diagnosticada la enfermedad, caso en el cual tendrá derecho a recurrir directamente a la junta. 

Lo anterior sin perjuicio que dicho proceso de rehabilitación pueda continuar después de la calificación, bajo pertinencia y criterio médico dado por las instituciones de seguri­dad social. 

2. Cuando dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación de la inconformi­dad, conforme al artículo 142 del Decreto número 19 de 2012, las entidades de seguridad social no remitan el caso ante la junta regional de calificación de invalidez. 

La solicitud ante la junta en los casos de recurrirse directamente deberá estar acom­pañada de la copia de la consignación de los honorarios, carta u oficio dándole aviso a su entidad promotora de salud, administradora de riesgos laborales y entidad administradora del sistema general de pensión, y los documentos que estén en poder del solicitante de conformidad con el artículo 2.2.5.1.26. del presente Decreto, que debe contener la califi­cación en primera oportunidad, razón por la cual, solo en este caso, las juntas no exigirán el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en dicho artículo, sino que pedirán a las entidades correspondientes los documentos faltantes. 

Parágrafo 1°. Cuando el trabajador solicitante recurra directamente a la junta de califi­cación de invalidez conforme con lo establecido en el presente artículo, deberá manifestar por escrito la causal respectiva. En tal caso, el director administrativo de la junta de cali­ficación de invalidez determinará la entidad de seguridad social a la cual le corresponde el pago de los honorarios y procederá a realizar el respectivo cobro a la administradora de riesgos laborales o entidad administradora del sistema general de pensiones según co­ rresponda, a través de las acciones de cobro judicial ante los jueces laborales, en la que solicitará el pago de intereses y costas del proceso y deberá presentar la correspondiente queja ante las diferentes autoridades administrativas, sin que se suspenda el trámite ante la junta por la falta de pago de honorarios. 

Parágrafo 2°. En estos casos el director administrativo y financiero dará aviso a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo o autoridad correspondiente para que se inicie la investigación e imponga las sanciones correspondientes por incumplimiento de términos en la primera oportunidad. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 29)  


Artículo 2.2.5.1.26. Condiciones que deben reunir las entidades que califican la pérdida de la capacidad laboral. Cada una de las entidades administradoras de riesgos laborales, de las Entidades Promotoras de Salud y de las Administradoras del Régimen Subsidiado, deberán disponer de un equipo interdisciplinario para realizar la calificación por pérdida de la capacidad laboral, el cual deberá contar con un médico con experiencia mínima específica en medicina laboral de un (1) año, un médico especialista en medicina física y rehabilitación con experiencia mínima específica de dos (2) años y un profesional diferente a las áreas de la medicina con formación en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo, con una experiencia relacionada de dos (2) años. Este equipo deberá efectuar el estudio y seguimiento de los afiliados y posibles beneficiarios, recopilar pruebas, valora­ciones, emitir conceptos de rehabilitación en cada caso y definir el origen y grado de pér­dida de la capacidad laboral. Así mismo, deberá diligenciar el formulario autorizado por el Ministerio del Trabajo para notificar el dictamen correspondiente, en el cual se deberá señalar al notificado la oportunidad de acudir ante la Junta Regional de Calificación de In­validez, término para presentar la reclamación, e informar que es la entidad administradora la que asume el costo de dicho trámite. 

El equipo interdisciplinario de las entidades administradoras de riesgos laborales de­berá ser registrado en las Direcciones Territoriales de Trabajo del Ministerio del Trabajo, anexando las respectivas hojas de vida de sus integrantes e informando las modificaciones que sucedan al respecto. 

(Decreto número 2463 de 2001; artículo 5, incisos 1º y 2º)  


Artículo 2.2.5.1.27. Calificación del origen del accidente, la enfermedad o la muer­te. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Entidades Promotoras de Salud, deberán conformar una dependencia técnica o grupo interdisciplinario que adelante el pro­cedimiento de determinación del origen y registrarla ante las Secretarías de Salud. Las Administradoras de Riesgos Laborales adelantarán el procedimiento por intermedio del grupo interdisciplinario previsto en el artículo 2.2.5.1.26. del presente decreto. 

Parágrafo 1°. El costo de los honorarios que se debe sufragar a las Juntas de Ca­lificación de Invalidez, será asumido por la última Entidad Administradora de Riesgos Laborales o Fondo de Pensiones al cual se encuentre o se encontraba afiliado el trabajador y podrá repetir el costo de los mismos contra la persona o entidad que resulte responsable del pago de la prestación correspondiente, de conformidad con el concepto emitido por las Juntas de Calificación de Invalidez. 

Parágrafo 2°. Cuando se haya determinado en primera instancia el origen de una con­tingencia, el pago de la incapacidad temporal deberá ser asumido por la Entidad Promotora de Salud o Administradora de Riesgos Laborales respectiva, procediéndose a efectuar los reembolsos en la forma prevista por la normatividad vigente. 

El incumplimiento de la obligación de que trata el presente artículo dará lugar a impo­sición de sanciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994 o norma que los sustituya, modifique o adicione. 

(Decreto número 2463 de 2001, artículo 6º, inciso 2º y parágrafos 2º y 4º)  


Artículo 2.2.5.1.28. Requisitos mínimos que debe contener el expediente para ser solicitado el dictamen ante la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez. Conforme a la reglamentación que se expida para el procedimiento y trámite que en pri­mera oportunidad deben realizar las entidades de seguridad social, los expedientes o casos para ser tramitados en las Juntas de Calificación de Invalidez requieren unos requisitos mínimos, según se trate de accidente, enfermedad o muerte, los cuales independientemen­te de quién es el actor responsable de la información debe estar anexa en el expediente a radicar, así: 

 

 

AT: Accidente de trabajo. 

EL: Enfermedad laboral. 

NA: No aplica. 

X: Se requiere. 

Parágrafo 1°. El empleador para dar cabal cumplimiento de los requisitos estableci­dos en el presente artículo, que son su responsabilidad, podrá anexar documentos, expedir certificación, realizar estudios o dar una constancia al respecto. 

Si el empleador no certifica o allega algunos de los requisitos para el trámite que son su responsabilidad, de conformidad con la normativa vigente, la entidad de seguridad social debe dejar constancia escrita del incumplimiento de los requisitos, debiendo informar al respecto a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo para la investigación y san­ciones en contra de la empresa o empleador; pero la falta de requisitos o documentos de responsabilidad de la empresa, no pueden afectar, ni tomarse en contra de los derechos, prestaciones y la calificación del origen, pérdida y fecha de estructuración. 

Parágrafo 2°. Ante la falta de elementos descritos en el presente artículo que son responsabilidad del empleador, se aceptará la reconstrucción de la información realizada por la Administradora de Riesgos Laborales, cuyos costos de reconstrucción, en todo caso, serán recobrables al respectivo empleador o empleadores responsables. 

Al encontrar la Junta de Calificación de Invalidez que la reconstrucción realizada den­tro de la calificación en primera oportunidad, no se efectuó teniendo en cuenta el periodo de tiempo, modo y lugar de la exposición al factor de riesgo que se está analizando, so­licitará su reconstrucción a través del equipo interconsultor respetando dichos criterios. 

Parágrafo 3°. En caso de insistencia en la radicación del expediente sin la información completa de exposición ocupacional se recibirá advirtiendo que se podrá solicitar concepto de alguna de las entidades o profesionales del equipo interconsultor de las Juntas, con el fin de reconstruir la exposición ocupacional a criterio del médico valorador cuyos costos los asumirá la Administradora de Riesgos Laborales y los recobrará al respectivo empleador o empleadores responsables. 

Parágrafo 4°. La calificación que llegue a las Juntas Regionales y Nacional de Califi­cación de Invalidez dada en primera oportunidad sobre el grado de pérdida de la capacidad laboral y su fecha de estructuración deberán estar soportadas en el manual único para la Calificación de Invalidez o manual vigente a la fecha de la calificación. 

Los exámenes de laboratorio, diagnóstico y tratamiento prescritos como factores de calificación principales y moduladores serán parte de los requisitos obligatorios conforme lo requiera y exija el manual único para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. 

Parágrafo 5º. El expediente que se radique en la Junta de Calificación de Invalidez debe contener los datos actualizados para realizar la notificación de la persona objeto del dictamen, así como la copia de la consignación del pago de honorarios para la realización del dictamen en primera instancia. 

Parágrafo 6º. En las calificaciones de primera oportunidad debe estar el nombre y la firma de las personas que conformaron el equipo interdisciplinario que emitió la califica­ción de conformidad con los artículos 2.2.5.1.26. y 2.2.5.1.27 del presente decreto. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 30)  

  


Artículo 2.2.5.1.29. Solicitudes incompletas ante las Juntas de Calificación de Inva­lidez. Cuando la solicitud no esté acompañada de los documentos señalados en el artículo 2.2.5.1.28 del presente decreto, que son los requisitos mínimos que debe contener la califi­cación en primera oportunidad para solicitar el dictamen ante la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, la correspondiente Junta, indicará al solicitante cuáles son los documentos faltantes a través de una lista de chequeo. 

La lista de chequeo será firmada por el director administrativo y financiero de la junta, debe contener el número de radicado y será devuelta al solicitante, en este caso el expe­diente no quedará en la Junta de Calificación de Invalidez sino seguirá en custodia del solicitante. Se otorgará un término de treinta (30) días calendario para que allegue el expe­diente completo, lapso durante el cual estará suspendido el término para decidir. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud ante la Junta cuando no allegue los requisitos faltantes, salvo que antes de vencer el plazo concedido radique soli­citud de prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en el presente artículo, el director administrativo y financiero decretará el desistimiento y el archivo de la solicitud, sin perjuicio de que la misma pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos incluyendo nuevo pago de los honorarios del correspondiente dictamen. 

Parágrafo 1°. Si la entidad o institución de seguridad social no allega los documen­tos completos y se da la declaratoria de desistimiento, la Junta informará a la autoridad competente para que se surta la investigación y sanciones a que haya lugar, en el caso de las Administradoras de Riesgos Laborales se informará a la Dirección Territorial corres­pondiente. 

Parágrafo 2°. Si el interesado insiste en que se radique la solicitud ante la Junta con documentación incompleta, antes de que se declare el desistimiento, se recibirá y advertirá por escrito de las consecuencias, dándole curso al procedimiento ante la respectiva Junta. 

Parágrafo 3°. Cuando exista desistimiento de la solicitud de conformidad con el pre­sente artículo, en las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez se devolverá a los solicitantes el valor de los honorarios de los integrantes de la Junta, descontando el porcentaje de administración, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo. 

Parágrafo 4°. Conforme al artículo 142 del Decreto-ley 19 de 2012 o la norma que lo sustituya, modifique o adiciones, cuando las Entidades Promotoras de Salud califiquen ori­gen común en primera oportunidad, y se presente controversias por parte del trabajador, la Empresa Promotora de Salud deberá solicitar a la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora del Régimen de Prima Media, según corresponda, que efectúe el pago anticipado, para que la Entidad Promotora de Salud pueda remitir expediente en el término de cinco (5) días ante la Junta de Calificación de Invalidez copia de la consignación. 

En el caso que la Empresa Promotora de Salud remita el expediente y le falte la copia de la consignación de los honorarios a la Junta de Calificación de Invalidez, se procederá de conformidad con el presente artículo. 

Parágrafo 5°. En el caso que por una misma calificación dada a una persona en pri­mera oportunidad, sean radicadas controversias por diferentes solicitantes el valor de los honorarios de la Junta, será cancelado por estas de manera proporcional, correspondién­dole a la Junta realizar la devolución de los dineros a que haya lugar también de manera proporcional de acuerdo al número de solicitantes. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 31)  


Artículo 2.2.5.1.30. Prohibición de realizar y allegar doble Calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez. Ningún expediente debe llegar con doble calificación a las Juntas de Calificación de Invalidez, en caso de encontrar dicha situación la junta de­berá informarlo a la autoridad competente para que se investigue a la entidad que realizó la segunda calificación y se impongan sanciones por esta anomalía. En el caso de las Ad­ministradoras de Riesgos Laborales se informará a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo correspondiente. 

En el caso que la controversia se hubiera presentado por la primera calificación la junta entrará a dar trámite a la solicitud de conformidad con lo establecido el presente capítulo. Si por el contrario la controversia se hubiera presentado por la segunda calificación la junta no emitirá dictamen sino procederá a devolver el expediente de conformidad con lo establecido en el artículo denominado devolución de expedientes, correspondiente al 2.2.5.1.31 del presente decreto. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 32)  


Artículo 2.2.5.1.31. Devolución de expedientes. Una vez llevado a cabo el procedi­miento establecido en el artículo denominado solicitudes incompletas, correspondiente al 2.2.5.1.29. del presente decreto, ante las Juntas de Calificación de Invalidez y recibido el expediente, los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez, con base en la revisión de los documentos allegados con la solicitud, devolverán el mismo sin dictamen si encuentra lo siguiente: 

1. Cuando no obre en el expediente evidencia de que las partes interesadas fueron in­formadas, comunicadas o notificadas de la calificación en primera oportunidad, siendo re­portada esta anomalía a las autoridades para la investigación y sanciones correspondientes. 

2. Al encontrar que la calificación en primera oportunidad sobre el origen de la contin­gencia y pérdida de capacidad laboral y el grado de invalidez no cuenta con los nombres y firmas de las personas que conformaron el equipo interdisciplinario para emitirla, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.26. y 2.2.5.1.27. del presente decreto. 

3. Cuando la calificación que se controvierte no contenga al mismo tiempo la defini­ción del origen y la pérdida de capacidad laboral junto con su fecha de estructuración si el porcentaje de este último es mayor a cero por ciento de la pérdida de la capacidad laboral (0%). 

4. Al encontrar la Junta que en la primera oportunidad las partes interesadas o el califi­cado, presentaron la o las inconformidades o controversias por fuera de los diez (10) días establecidos en el artículo 142 del Decreto-ley 19 de 2012 o la norma que lo sustituya, modifique o adicione, por cuanto dicha calificación ya se encuentra en firme y solo pro­cedería la reclamación ante la justicia laboral ordinaria. Siendo no subsanable esta causal de devolución. 

5. Cuando exista calificación conjunta, actas de compromiso o de acuerdo de califi­cación, dado por grupos interdisciplinarios integrado con representantes de las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Riesgos Laborales, Administradoras del Siste­ma General de Pensiones y compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez, y en este caso la Junta informará a las autoridades correspondientes para la investigación y sanción del caso. 

6. Cuando la controversia presentada ante la Junta recaiga respecto de un caso con una segunda calificación emitida en la primera oportunidad, sobre un mismo caso, patología, origen, se informará a las entidades competentes para la investigación y sanción corres­pondiente. Siendo no subsanable esta causal de devolución. 

Para la devolución del expediente se procederá conforme el procedimiento establecido en el artículo solicitudes incompletas, correspondiente al 2.2.5.1.29. del presente Decreto, ante las Juntas de Calificación de Invalidez, solo que en lugar de lista de chequeo firmada, el director administrativo y financiero firmará una comunicación dando a conocer los argu­mentos de la devolución y no procederá recurso alguno sobre esta comunicación. 

Parágrafo 1º. Cuando se devuelva un expediente, se devolverá al solicitante el por­centaje de honorarios de los integrantes de la Junta; el porcentaje de administración no se devolverá. 

Parágrafo 2º. La comunicación de devolución deberá ser remitida con copia a todas las partes interesadas y no procede recurso alguno. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 33)  


Artículo 2.2.5.1.32. Pago de gastos de traslado, valoraciones por especialistas y exá­menes complementarios. Todos los gastos que se requieran para el traslado de los inte­grantes de la Junta de conformidad con el presente capítulo, del afiliado, pensionado por invalidez o beneficiario objeto de dictamen, así como de su acompañante dentro o fuera de la ciudad de conformidad con el concepto médico, estarán a cargo de la entidad Admi­nistradora de Riesgos Laborales, Administradoras del Sistema General de Pensiones, el empleador correspondiente, de esta manera: 

1. Por la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Sistema General de Pensiones, de acuerdo si la calificación en primera oportunidad fue de origen común o laboral; 

2. Por el paciente, en el evento que solicite la revisión de la pensión de invalidez cuan­do esta haya sido suspendida según lo previsto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan; 

3. El empleador cuando llegue a las Juntas de Calificación de Invalidez a través del Inspector de Trabajo y Seguridad Social. 

Parágrafo 1°. Los medios de transporte seleccionados para el traslado deberán ser los adecuados al estado de salud de la persona a calificar y no podrán afectar la dignidad humana. 

Parágrafo 2°. Cuando la persona objeto de dictamen solicite la práctica de exámenes complementarios o valoraciones por especialistas no considerados técnicamente necesa­rios para el dictamen por los integrantes de las Juntas, el costo será asumido directamente por este solicitante. Estos gastos serán reembolsados por la entidad Administradora de Riesgos Laborales, entidad Administradora del Fondo de Pensiones, entidad Administra­dora de Régimen Prima Media según como corresponda, cuando el dictamen en firme sea a favor frente a lo que estaba solicitando la persona objeto del dictamen. 

Parágrafo 3°. Las entidades de seguridad social anteriormente mencionadas realiza­rán los respectivos recobros una vez el dictamen quede en firme. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 34)  


Artículo 2.2.5.1.33. Recepción y radicación de solicitudes ante la Junta de Califi­cación de Invalidez. De todo documento que sea recibido por la Junta de Calificación de Invalidez deberá llevarse un registro. 

La Junta de Calificación de Invalidez diseñará mecanismos para que el proceso de recepción de documentos sea ágil y permita diferenciar: 

1. Correspondencia general; 

2. Solicitudes de dictámenes; 

3. Casos dictaminados anteriormente a la misma persona por el mismo o por diferente objeto; 

4. Interposición de recursos; 

5. Solicitudes de revisión de invalidez. 

Parágrafo 1°. Las solicitudes de dictámenes que se presenten ante las juntas deben formar un expediente con los documentos exigidos en el presente capítulo y estar debi­damente foliados, todo documento que se origine en el proceso de dictamen se anexará a dicho expediente de tal manera que se garantice la conservación adecuada de los docu­mentos. 

Con fundamento en el derecho a la intimidad, la honra, el buen nombre y la confiden­cialidad de la historia clínica, solo podrá ser radicado en medio físico el expediente y no se podrá presentar o remitir dicha información por medios magnéticos o electrónicos. 

Parágrafo 2°. El número de radicación que se asigna a cada solicitud debe ser conse­cutivo y corresponderá únicamente al orden cronológico de recepción. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 35)  


Artículo 2.2.5.1.34. Reparto. Radicadas las solicitudes, dentro de los dos (2) días há­biles siguientes, el director administrativo y financiero procederá a efectuar el reparto entre los médicos integrantes de la correspondiente junta de manera proporcional. 

Cuando existan varias salas de decisión en una Junta de Calificación de Invalidez, el reparto lo hará el director administrativo y financiero en forma equitativa y para todas las salas existentes por igual número, cuando exista represamiento en una sala el reparto se distribuirá en las demás de manera equitativa. 

En la finalización de periodos de las juntas, por traslado de jurisdicción a otra junta, o por instrucción de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo como plan de choque para la descongestión de solicitudes de dictámenes represados, el director administrativo y financiero distribuirá las solicitudes de manera equitativa y proporcional entre las salas de las juntas. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 36)  


Artículo 2.2.5.1.35. Reuniones de las Juntas de Calificación de Invalidez. Las Juntas de Calificación de Invalidez tendrán sus audiencias privadas de decisión en la sede de la Junta como mínimo tres (3) veces por semana, de conformidad con el número de solicitu­des allegadas, de modo que se dé cumplimiento a los términos establecidos en el presente capítulo. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 37)  


Artículo 2.2.5.1.36. Sustanciación y ponencia. Recibida la solicitud por el médico ponente se procederá de la siguiente manera: 

1. El director administrativo y financiero de la Junta citará al paciente por cualquier medio idóneo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de lo cual se dejará constancia en el expediente; 

2. La valoración al paciente o persona objeto de dictamen deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes; 

3. En caso de no asistencia del paciente a la valoración, en el término anterior, al siguiente día el director administrativo y financiero de la junta citará nuevamente por co­rreo físico que evidencie el recibido de la citación para la valoración, esta última deberá realizarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes al envío de la comunicación; 

4. En caso de no asistencia del paciente a la valoración, en el término anterior, al si­guiente día luego del paso anterior, el director administrativo y financiero de la junta dará aviso por escrito a la Administradora de Riesgos Laborales o Administradora del Sistema General de Pensiones de acuerdo a si la calificación en primera oportunidad fue de origen común o laboral, cuya constancia debe reposar en el expediente, indicándole la nueva fecha y hora en la que se debe presentar el paciente para que esta lo contacte y realice las gestiones para su asistencia. La valoración de la persona se deberá realizar dentro de los quince (15) días calendario siguientes al recibo de la comunicación escrita a las entidades anteriormente mencionadas; 

5. Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la valoración del paciente, el mé­dico ponente estudiará las pruebas y documentos suministrados y radicará la ponencia; 

6. Cuando el médico ponente solicite la práctica de pruebas o la realización de valo­raciones por especialistas, este las registrará en la solicitud de práctica de pruebas que las ordena señalando el término para practicarlas de conformidad con el presente capítulo; 

7. Recibidos los resultados de las pruebas o valoraciones solicitadas, el médico po­nente radicará el proyecto de dictamen dentro de los dos (2) días hábiles a su recibo y se incluirá el caso en la siguiente reunión privada de la junta; 

8. Una vez radicada la ponencia el director administrativo y financiero procederá a agendar el caso en la siguiente audiencia privada de decisión, que en todo no caso no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles. 

Parágrafo 1°. De conformidad con el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 o la norma que lo sustituya, modifique o adicione, la Junta Nacional deberá decidir la apelación que haya sido impuesta, en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la radica­ción de la ponencia. 

Parágrafo 2°. De comprobarse la imposibilidad de asistir a la cita de la persona a va­lorar, el médico ponente se trasladará para su valoración salvo que se demuestre la imposi­bilidad de traslado por caso fortuito o fuerza mayor, evento en el cual, se podrá dictaminar de acuerdo a las pruebas allegadas a la Junta. En todo caso la suspensión del trámite de valoración no podrá ser superior a sesenta (60) días calendario. 

Parágrafo 3°. Si la persona objeto de valoración no asiste a la cita fijada por el director administrativo y financiero de la Junta, una vez se surta el procedimiento descrito en los numerales 1), 3) y 4) del presente artículo, este dará aviso por escrito a las partes interesa­das, cuya constancia debe reposar en el expediente y se procederá a emitir el dictamen con lo que repose en el expediente. 

Parágrafo 4°. Para realizar las valoraciones de la persona objeto de dictamen está prohibido que se realice de manera simultánea para varios pacientes ya que esta debe ser de manera individual. 

Parágrafo 5°. Los términos de tiempo establecidos en el presente artículo serán suce­sivos entre un trámite y el que le sigue. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 38)  


Artículo 2.2.5.1.37. Quórum y decisiones. Las Juntas de Calificación de Invalidez adoptarán sus decisiones en audiencia privada, donde asistirán de manera presencial todos los integrantes principales de la respectiva sala, sin participación de las partes interesadas, entidades de seguridad social o apoderados; la decisión se tomará con el voto favorable de la mayoría de ellos y votarán todos los integrantes de la Junta. 

En caso de no existir quórum, el director administrativo y financiero de la Junta con­vocará la actuación del suplente y en su ausencia, solicitará a la Dirección de Riesgos La­borales del Ministerio del Trabajo, la designación de un integrante ad hoc, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo. 

Tanto el voto como la ponencia deberán surtirse en forma escrita; de lo actuado en la audiencia privada se deberá elaborar acta y de todo lo anterior se dejará constancia en el expediente correspondiente. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 39)  


Artículo 2.2.5.1.38. Dictamen. Es el documento que deberá contener siempre, y en un solo documento, la decisión de las Juntas Regionales en primera instancia o Nacional de Calificación de Invalidez en segunda instancia, sobre los siguientes aspectos: 

1. Origen de la contingencia, y 

2. Pérdida de capacidad laboral junto con su fecha de estructuración si el porcentaje de este último es mayor a cero por ciento de la pérdida de la capacidad laboral (0%). 

Así como, los fundamentos de hecho y de derecho y la información general de la per­sona objeto del dictamen. 

Lo anterior, debe estar previamente establecido en la calificación que se realiza en primera oportunidad y las Juntas Regionales y la Nacional en el dictamen resolverán úni­camente los que hayan tenido controversia respecto del origen, la pérdida de la capacidad laboral, la fecha de estructuración y transcribirá sin ningún tipo de pronunciamiento, ni cambio alguno, aquellos que no hayan tenido controversia. 

La decisión del dictamen será tomada por la mayoría de los integrantes de la Junta de Calificación de Invalidez o sala según sea el caso y todos sus integrantes tienen la responsabilidad de expedirlo y firmarlo en el formulario establecido por el Ministerio del Trabajo. Cuando exista salvamento de voto, el integrante que lo presente deberá firmar el dictamen, dejando constancia en el acta sobre los motivos de inconformidad y su posición, sin que esa diferencia conceptual sea causal de impedimento alguno. 

Parágrafo. Los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, no son actos administrativos. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 40)  


Artículo 2.2.5.1.39. Notificación del dictamen. Dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la fecha de celebración de la audiencia privada, la Junta Regional de Califica­ción de Invalidez citará a través de correo físico que deje constancia del recibido a todas las partes interesadas para que comparezcan dentro de los cinco (5) días hábiles al recibo de la misma para notificarlas personalmente. 

Vencido el término anterior y si no es posible la notificación, se fijará en un lugar vi­sible de la sede de la Junta durante diez (10) días hábiles, indicando la fecha de fijación y retiro del aviso. 

De todo lo anterior, deberá reposar copia en el respectivo expediente, y en todo caso se deberán indicar los recursos a que tienen derecho las partes. 

En los casos de apelación, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la fecha de celebración de la audiencia privada comu­nicará el dictamen por correo físico que deje constancia de su entrega a la persona objeto del dictamen y a las demás personas interesadas. 

El director administrativo y financiero una vez tenga la constancia de entrega de la comunicación a todas las partes interesadas, por quedar ya el dictamen en firme, remitirá el expediente a la Junta Regional para su respectivo control y custodia. 

Parágrafo. En los casos en los que la solicitud de dictamen sea realizada a través de la Inspección de Trabajo del Ministerio del Trabajo, autoridades judiciales o administrativas, actuando como peritos las Juntas de Calificación de Invalidez, la notificación o comuni­cación según sea el caso se surtirá en sus respectivos despachos. Para tal efecto, la Junta remitirá solamente el dictamen a dichas entidades, las cuales se encargarán de la notifica­ción o comunicación según sea el caso, de conformidad con lo establecido en este artículo; posteriormente, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social deberá devolver debidamente notificado el dictamen. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 41)  


Artículo 2.2.5.1.40. Aclaración y corrección de los dictámenes. Las Juntas de Califi­cación de Invalidez pueden corregir errores tipográficos, ortográficos o aritméticos que no modifiquen el fondo de la decisión, previa demostración de su fundamento, el cual quedará consignado en el acta y en el expediente correspondiente. La aclaración deberá ser comu­nicada a los interesados y no admite recursos. 

Para lo anterior, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del dic­tamen en el caso de la Junta Regional o recibida la comunicación en el caso de la Junta Nacional, se recibirán las solicitudes de aclaración o las mismas Juntas de oficio podrán realizarlo. En todo caso la Junta lo aclarará o corregirá con la firma de todos los integrantes que firmaron el dictamen y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes lo comunicará a todas las partes interesadas, luego de dicho término queda debidamente ejecutoriado el dictamen. 

En el caso de aclaración o corrección de la Junta Regional, no se excluye el derecho que tienen los interesados a presentar los recursos de reposición y/o apelación frente al dictamen, de conformidad con el artículo denominado recurso de reposición y apelación, correspondiente al artículo 2.2.5.1.41. del presente decreto. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 42)  


Artículo 2.2.5.1.41. Recurso de reposición y apelación. Contra el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez proceden los recursos de reposición y/o apelación, presentados por cualquiera de los interesados ante la Junta Regional de Cali­ficación de Invalidez que lo profirió, directamente o por intermedio de sus apoderados, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, sin que requiera de formalidades especiales, exponiendo los motivos de inconformidad, acreditando las pruebas que se pre­tendan hacer valer y la respectiva consignación de los honorarios de la Junta Nacional si se presenta en subsidio el de apelación. 

El recurso de reposición deberá ser resuelto por las Juntas Regionales dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción y no tendrá costo, en caso de que lle­guen varios recursos sobre un mismo dictamen este término empezará a contarse desde la fecha en que haya llegado el último recurso dentro de los tiempos establecidos en el inciso anterior. 

Cuando se trate de personas jurídicas, los recursos deben interponerse por el represen­tante legal o su apoderado debidamente constituido. 

La Junta Regional de Calificación de Invalidez no remitirá el expediente a la Junta Nacional si no se allega la consignación de los honorarios de esta última e informará di­cha anomalía a las autoridades competentes para la respectiva investigación y sanciones a la entidad responsable del pago. De igual forma, informará a las partes interesadas la imposibilidad de envío a la Junta Nacional hasta que no sea presentada la consignación de dichos honorarios. 

Presentado el recurso de apelación en tiempo, el director administrativo y financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez remitirá todo el expediente con la docu­mentación que sirvió de fundamento para el dictamen dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, salvo en el caso en que falte la consignación de los honorarios de la Junta Nacional. 

Si el recurso de reposición y/o apelación no fue presentado en tiempo, el director administrativo y financiero así lo informará a la Junta de Calificación de Invalidez o sala de decisión respectiva en la sesión siguiente, quedando en firme el dictamen proferido, procediendo a su notificación conforme a lo establecido en el artículo de notificación del dictamen, correspondiente al artículo 2.2.5.1.39. del presente decreto. 

Parágrafo 1°. En el evento en que el recurrente sea el trabajador, no se allegará la consignación de honorarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.25. del presente decreto. 

Parágrafo 2°. Los interesados podrán interponer dentro del término fijado en el pre­sente artículo, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, o interponer el de apelación a través de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Los dictámenes y decisiones que resuelven los recursos de las Juntas no constituyen actos administrativos. 

Parágrafo 3°. Cuando la Junta Regional de Calificación resuelva el recurso de reposi­ción a favor de la solicitud del recurrente, no procederá la remisión a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, pero si este no es favorable a la solicitud de alguno de los recu­rrentes se remitirá a la Junta Nacional si se interpuso de manera subsidiaria el recurso de apelación previa verificación de la consignación de honorarios. En todo caso no proceden ni existen los recursos de recursos. 

Parágrafo 4°. Cuando el recurso de apelación se presente de manera extemporánea será rechazado y se devolverá el valor de los honorarios al recurrente, descontando el por­centaje administrativo de conformidad con lo establecido en el presente capítulo. 

Parágrafo 5°. Para el caso de los educadores afiliados al Fondo Nacional de Presta­ciones Sociales del Magisterio y los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez actuarán como segunda y última instancia. 

Parágrafo 6°. Cuando existan varios apelantes sobre un dictamen emitido por la Junta Regional, cada uno de ellos deberá consignar los honorarios correspondientes, pero la Jun­ta Nacional devolverá proporcionalmente la diferencia resultante del valor del honorario y según el número de apelantes. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 43)  


Artículo 2.2.5.1.42. Controversias sobre los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral or­dinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la Junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el director administrativo y financiero representará a la Junta como entidad privada del Régimen de Seguridad Social Integral, con personería jurídica, y autonomía técnica y científica en los dictámenes. 

Parágrafo. Frente al dictamen proferido por las Junta Regional o Nacional solo será procedente acudir a la justicia ordinaria cuando el mismo se encuentre en firme. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 44)  


Artículo 2.2.5.1.43. Firmeza de los dictámenes. Los dictámenes adquieren firmeza cuando: 

1. Contra el dictamen no se haya interpuesto el recurso de reposición y/o apelación dentro del término de diez (10) días siguientes a su notificación; 

2. Se hayan resuelto los recursos interpuestos y se hayan notificado o comunicado en los términos establecidos en el presente capítulo; 

3. Una vez resuelta la solicitud de aclaración o complementación del dictamen proferi­do por la Junta Nacional y se haya comunicado a todos los interesados. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 45)  


Artículo 2.2.5.1.44. Competencia del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Traba­jo realizará visitas de supervisión, inspección y control administrativo, operativo y de ges­tión financiera de las Juntas de Calificación de Invalidez, y verificará, entre otros aspectos, los tiempos de resolución de casos, la notificación y participación de las partes involucra­das en los procesos de calificación, violación de los términos de tiempo y procedimientos del presente capítulo y de la reglamentación del Sistema General de Riesgos Laborales. 

Previa investigación y con el cumplimiento del debido proceso, el Director Territorial del Ministerio del Trabajo, podrá imponer multas en forma particular a cada integrante de las Juntas hasta por cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes según la gra­vedad de la falta, las cuales serán a favor del Fondo de Riesgos Laborales. 

La primera instancia de las sanciones e investigaciones administrativas corresponden al Director Territorial, y la segunda instancia será la Dirección de Riesgos Laborales. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 46)  


Artículo 2.2.5.1.45. Aplicación del Código Disciplinario Único. Los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez son particulares que ejercen funciones públicas, razón por la cual están sujetos al control disciplinario de Procuraduría General de la Na­ción y les será aplicable el Código Disciplinario Único, advertencia que se les hará en el momento de la posesión. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 47)  


Artículo 2.2.5.1.46. Incompatibilidades e inhabilidades. Los integrantes principales de las Juntas de Calificación de Invalidez no podrán tener vinculación alguna, ni realizar actividades relacionadas con la calificación del origen, fecha de estructuración y grado de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas en las entidades Administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral, ni con sus entidades de dirección, vigilancia y control. 

En el evento que el Ministerio del Trabajo conozca que alguno de los integrantes prin­cipales se encuentra en causal de incompatibilidad o inhabilidad informará esta situación a la Procuraduría General de la Nacional remitiendo las evidencias que tenga al respecto. 

Parágrafo. Para los suplentes y ad hoc esta incompatibilidad procede solo en los casos que requieran tomar posesión para ser integrante principal. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 48)  


Artículo 2.2.5.1.47. Impedimentos y recusaciones. Los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez estarán sujetos al régimen de impedimentos y recusaciones apli­cable a los Jueces de la República, conforme con lo dispuesto en el Código de Proce­dimiento Civil o en el Código General del Proceso, según aplique, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 

El integrante, tan pronto como advierta la existencia de alguna causal de impedimento, dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento, lo manifestará con escrito moti­vado al director administrativo y financiero, quien convocará a los integrantes principales de la Junta o sala según sea el caso, para que resuelvan el impedimento o la recusación. La decisión deberá ser firmada por la mayoría de sus integrantes; en caso de que lo consideren infundado le devolverán el expediente al integrante que lo venía conociendo. 

Aceptado el impedimento o recusación, el director administrativo y financiero, proce­derá a llamar al suplente o a solicitar a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo un integrante ad hoc según sea el caso. 

Parágrafo 1°. A los integrantes suplentes y los que sean designados ad hoc no se les aplicarán los impedimentos establecidos en el artículo 19 de la Ley 1562 del 2012, pero no podrán tener ninguna relación directa o indirecta con la entidad o institución que calificó en primera oportunidad o que presentó la inconformidad; si se presentara esta circunstan­cia, el director administrativo y financiero solicitará otro ad hoc

Parágrafo 2°. Para el trámite del impedimento o recusación, se surtirán los procedi­mientos y términos establecidos en el Código de Procedimiento Civil o Código General del Proceso, según aplique, y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten­cioso Administrativo. 

Parágrafo 3°. Los integrantes principales de las Juntas de Calificación de Invalidez no podrán prestar a título personal o por interpuesta persona servicios de asistencia, represen­tación o asesoría en asuntos relacionados con sus funciones, en ninguna entidad durante y hasta por el término de dos (2) años después de su retiro como integrante principal de la Junta de Calificación de Invalidez. 

El integrante principal y suplente de la Junta de Calificación de Invalidez, no podrá de manera indefinida prestar a título personal o por interpuesta persona servicios de asis­tencia, representación o asesoría en los asuntos concretos que conoció en ejercicio de sus funciones. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 49)  


Artículo 2.2.5.1.48. Demandas o denuncias contra las Juntas de Calificación de Invalidez y sus integrantes de periodo vigente o anteriores. El director administrativo y financiero contratará los servicios de defensa judicial y asumirá como parte de los gastos de administración, aquellos que se generen como consecuencia del proceso. 

Cuando hay una condena en contra de la Junta de Calificación de Invalidez, esta re­petirá contra el integrante o miembro de la misma el pago de honorarios del abogado, indemnizaciones y costas derivados del proceso judicial o administrativo, siempre que la condena se haya producido como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente cul­posa de dicho miembro o integrante. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 50)  


Artículo 2.2.5.1.49. Fundamentos tenidos en cuenta para la calificación. Toda ca­lificación que llegue a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez dada por las Empresas Promotoras de Salud, las Administradoras de Riesgos Laborales, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, las Administradoras del Sistema General de Pensiones, y en primera y segunda instancia las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, sin perjuicio de los documentos y soportes de la calificación, deberán contener: 

1. Los fundamentos de hecho que debe contener la calificación con el cual se declara el grado, el origen de pérdida de la capacidad laboral o de la invalidez y la fecha de estructu­ración, son todos aquellos que se relacionan con la ocurrencia de determinada contingen­cia y se encuentran relacionados en el presente capítulo en el artículo denominado requi­sitos mínimos que debe contener la calificación en primera oportunidad para ser solicitado el dictamen ante la Junta regional y nacional de Calificación de Invalidez. 

2. Los fundamentos de derecho, son todas las normas que se aplican al caso concreto. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 51)  


Artículo 2.2.5.1.50. Procedimiento aplicado para la calificación integral de la inva­lidez. Las solicitudes que lleguen a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Nacional por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales o las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Entidades Promotoras de Salud o las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, las Administradoras del Sistema General de Pensiones, deben contener la calificación integral para la invalidez de conformidad la Sentencia C-425 de 2005 de la honorable Corte Constitucional y su precedente jurispru­dencial, esto mismo aplicará para el correspondiente dictamen por parte de las Juntas de Calificación de Invalidez Regional o Nacional. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 52)  


Artículo 2.2.5.1.51. Dictámenes sobre el origen y la pérdida de la capacidad laboral de educadores, de servidores públicos de Ecopetrol, Fuerzas Militares y Policía Nacio­nal. Los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos o pertenecientes a las Fuerzas Militares o de Policía Nacional serán calificados por los profesionales o entidades calificadoras de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional competentes, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio o de Ecopetrol, según el caso. 

El trámite ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez se surtirá, solo después de efectuarse la calificación correspondiente en su respectivo régimen. 

La tabla de calificación que deberán utilizar Juntas regionales de Calificación de Inva­lidez, será la misma con la cual se calificó anteriormente al trabajador en cada uno de los regímenes de excepción. 

El dictamen se realizará teniendo en cuenta la fecha de estructuración, y las normas es­peciales aplicables a los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a los servidores públicos de Ecopetrol, según el caso. 

Para el caso de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, las Juntas actúan como peritos ante los Jueces Administrativos, y deben calificar con los manuales y tablas de dicho régimen especial. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 53)  


Artículo 2.2.5.1.52. De la actuación como perito por parte de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. Las solicitudes de actuación como peritos de las Juntas Re­gionales de Calificación de Invalidez se realizarán en los siguientes casos: 

1. Cuando sea solicitado por una autoridad judicial; 

2. A solicitud del Inspector de Trabajo del Ministerio del Trabajo, solo cuando se re­quiera un dictamen sobre un trabajador no afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral; 

3. Por solicitud de entidades bancarias o compañías de seguros. 

Cuando la Junta Regional de Calificación de Invalidez actúe en calidad de perito, en materia de términos atenderá lo que para cada caso en particular dispongan las autoridades correspondientes, sin embargo, si se requieren documentos, valoraciones o pruebas adicio­nales a las allegadas con el expediente, estos serán requeridos a quienes deban legalmente aportarlos, suspendiéndose los términos que la misma autoridad ha establecido, para lo cual deberá comunicar a esta el procedimiento efectuado. 

Todo dictamen pericial de las Juntas debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos y los fundamentos técnicos y científicos de sus conclusiones. 

Parágrafo. Los dictámenes emitidos en las actuaciones como perito no tienen validez ante procesos diferentes para los que fue requerido y se debe dejar claramente en el dicta­men el objeto para el cual fue solicitado. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 54)  


Artículo 2.2.5.1.53. Revisión de la calificación de incapacidad permanente parcial o de la Calificación de Invalidez. La revisión de la calificación de incapacidad permanente parcial o de la invalidez requiere de la existencia de una calificación o dictamen previo que se encuentre en firme, copia del cual debe reposar en el expediente. 

La Junta de Calificación de Invalidez, en el proceso de revisión de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, solo puede evaluar el grado porcentual de pérdida de capa­cidad laboral sin que le sea posible pronunciarse sobre el origen o fecha de estructuración salvo las excepciones del presente artículo. Para tal efecto, se tendrá en cuenta el manual o la tabla de calificación vigente en el momento de la calificación o dictamen que le otorgó el derecho. 

En el Sistema General de Riesgos Laborales la revisión de la pérdida de incapacidad permanente parcial por parte de las Juntas será procedente cuando el porcentaje sea infe­rior al 50% de pérdida de capacidad laboral a solicitud de la Administradora de Riesgos Laborales, los trabajadores o personas interesadas, mínimo al año siguiente de la califi­cación y siguiendo los procedimientos y términos de tiempo establecidos en el presente capítulo, la persona objeto de revisión o persona interesada podrá llegar directamente a la junta solo si pasados 30 días hábiles de la solicitud de revisión de la calificación en primera oportunidad esta no ha sido emitida. 

En los sistemas generales de riesgos laborales y de pensiones, la revisión pensional por parte de las juntas será procedente a solicitud de la correspondiente Administradora de Riesgos Laborales o Administradora del Sistema General de Pensiones cada tres (3) años, aportando las pruebas que permitan demostrar cambios en el estado de salud y a solicitud del pensionado en cualquier tiempo. Copia de todo lo actuado deberá reposar en el expe­diente y se hará constar en la respectiva acta y en el nuevo dictamen. 

Parágrafo 1°. En el Sistema General de Riesgos Laborales, si a un pensionado por invalidez se le revisa su grado de invalidez y obtiene un porcentaje inferior al 50%, gene­rándole la pérdida de su derecho de pensión, se le reconocerá la indemnización correspon­diente a la incapacidad permanente parcial conforme al artículo 7º de la Ley 776 de 2002 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione. 

En caso contrario, si a una persona a la que se le haya reconocido la indemnización por incapacidad permanente parcial, y se le revisa su grado de pérdida de capacidad laboral, cuyo resultado sea una calificación superior al 50%, se le deberá reconocer el derecho a pensión por invalidez, sin realizar descuento alguno. 

Parágrafo 2°. En caso de detectarse en la revisión de una incapacidad permanente parcial que esta sube al porcentaje del 50% o más se deberá también modificar la fecha de estructuración, de igual forma se procederá cuando un estado de invalidez disminuya a 49% o menos. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 55)  


Artículo 2.2.5.1.54. Cesación de la invalidez. Sin perjuicio de las sanciones legales correspondientes, en cualquier tiempo, cuando se pruebe ante la Junta de Calificación de Invalidez que ha cesado o no ha existido el estado de invalidez del afiliado, del pensionado por invalidez o del beneficiario, la Junta procederá a declarar la cesación o inexistencia del estado de invalidez, según el caso, indicando la fecha de cesación. 

Cuando se detecte que no existió el estado de invalidez, la entidad responsable del pago de la pensión dará aviso a las autoridades correspondientes. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 56)  


Artículo 2.2.5.1.55. Responsabilidades del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo podrá unificar criterios en materia de calificación de origen, de pérdida de la ca­pacidad laboral u ocupacional. 

El Ministerio del Trabajo podrá actualizar cada tres (3) años y en cada período de vigencia de las Juntas de Calificación de Invalidez, un manual de procedimientos para su funcionamiento. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 57)  


Artículo 2.2.5.1.56. Sanciones. Corresponde a las Direcciones Territoriales del Minis­terio del Trabajo, de conformidad con el artículo 91 del Decreto-Ley 1295 de 1994, y el artículo 20 de la Ley 1562 de 2012, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustitu­yan, imponer las sanciones por incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo por parte de los empleadores y Administradoras de Riesgos Laborales. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 58)  


Artículo 2.2.5.1.57. Transición. Los integrantes de las Juntas que son secretarios se­rán designados como directores administrativos y financieros hasta culminar el actual pe­ríodo, y en caso de existir más de una Sala, de manera conjunta ejercerán sus funciones. La representación legal, la ordenación del gasto, el manejo de los recursos de la cuenta bancaria y el reparto de solicitudes será de un solo secretario que será elegido por la ma­yoría de los integrantes de la junta y los demás secretarios realizarán la defensa judicial y demás funciones administrativas. 

En la Junta Nacional de Calificación de Invalidez a los médicos se les conservará su designación actual y los nuevos perfiles serán para el próximo concurso. 

El Ministerio del Trabajo, realizará los ajustes, adecuaciones, redistribuciones de car­gos y demás acciones para aplicar el presente capítulo, respetando el período de vigencia de la Junta y los porcentajes de honorarios de los actuales integrantes y miembros. 

(Decreto número 1352 de 2013, artículo 59) 

CAPÍTULO 2

JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE AVIADORES


Artículo 2.2.5.2.1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplica a los aviadores civiles que estén cobijados por el régimen de transición y las normas especiales previstas en el Decreto-ley 1282 de 1994. 

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 1°)  


Artículo 2.2.5.2.2. Junta Especial de Calificación de Invalidez. La integración y el funcionamiento de la Junta Especial de Calificación de Invalidez de que trata este capítulo, se regirán por las disposiciones aquí contenidas. 

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 2°)  


Artículo 2.2.5.2.3. Determinación de la invalidez. El estado de Invalidez será deter­minado, en única instancia, por la Junta Especial de Calificación de Invalidez, de confor­midad con lo previsto en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez. 

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 3°) 


Artículo 2.2.5.2.4. Invalidez. Se considera inválido un aviador civil que por cualquier causa sin importar su origen, no provocada intencionalmente hubiese perdido su capacidad para volar, y por lo tanto se encuentre impedido para ejercer la actividad profesional de la aviación, a juicio de la Junta de que trata el presente capítulo. 

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 4°)  


Artículo 2.2.5.2.5. Naturaleza de la Junta. De conformidad con el artículo 12 del decreto Ley 1282 de 1994, la Junta Especial de Calificación de Invalidez es un organismo independiente y sin personería jurídica. Sus integrantes son designados por el Ministerio del Trabajo, y sus decisiones son de carácter obligatorio. 

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 5°)  


Artículo 2.2.5.2.6. Secretario de la Junta especial de Calificación de Invalidez. La Junta Especial de Calificación de Invalidez, tendrá un (1) secretario, quien deberá ser abo­gado titulado, con seis (6) años de experiencia profesional. Será nombrado por el Ministro del Trabajo de ternas presentadas por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Ac­dac) y la Asociación de Transportadores Aéreos Colombianos (ATAC). 

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 6°)  


Artículo 2.2.5.2.7. Participación de otras personas en las audiencias privadas de la Junta especial de Calificación de Invalidez. A las audiencias privadas podrán asistir, con derecho a voz pero sin voto, las siguientes personas: 

El aviador civil activo o pensionado, sujeto de la evaluación; los peritos o expertos que la Junta determine, y, 

Un representante de Acdac - Caxdac de profesión médico. 

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 7°)  


Artículo 2.2.5.2.8. Solicitud. Las solicitudes de calificación dirigidas a la Junta Espe­cial de Calificación de Invalidez podrán ser presentadas por intermedio de la Caja de Au­xilios y Prestaciones Acdac - Caxdac, el aviador civil activo o pensionado por invalidez, o la persona que demuestre que aquel está imposibilitado, la Caja de Auxilios y Prestaciones Acdac - Caxdac-. 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la Caja de Auxilios y Prestaciones Acdac - Caxdac deberá remitirla a la Junta Especial de Califi­cación de Invalidez. 

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 8°)  


Artículo 2.2.5.2.9. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá ser presentada en los formatos distribuidos por la Caja de Auxilios y Prestaciones Acdac - Caxdac, y deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 

Historia clínica o epicrisis del aviador civil activo o del pensionado por invalidez, según sea el caso, donde consten los antecedentes y el diagnóstico. 

Exámenes clínicos o para - clínicos, o evaluaciones técnicas que determinen el estado de salud del aviador civil activo o pensionado por invalidez. 

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 9°)  


Artículo 2.2.5.2.10. Honorarios de los miembros de la Junta. Salvo lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, los honorarios de los miembros de la Junta Especial de Calificación de Invalidez y su Secretario, serán pagados por la Caja de Auxilios y Pres­taciones Acdac - Caxdac. 

El valor de los honorarios de la Junta de que trata este capítulo es de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada dictamen emitido en única instancia, que deberán ser cancelados al momento de la presentación de la solicitud. 

(Decreto número 1557 de 1995, artículo 10)  

TÍTULO 6

NORMAS REFERENTES AL EMPLEO

CAPÍTULO 1

MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 2.2.6.1.1.1. Objeto de reglamentación. El presente capítulo tiene como ob­jeto la reglamentación del Mecanismo de Protección al Cesante creado por la Ley 1636 de 2013, específicamente en los componentes relacionados con el Servicio Público de Empleo, la capacitación para la inserción laboral y el reconocimiento de las prestaciones económicas de seguridad social. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 1°)  


Artículo 2.2.6.1.1.2. Asignación de subsidios al desempleo. A partir del 27 de sep­tiembre de 2013, las Cajas de Compensación Familiar no podrán asignar nuevos subsidios al desempleo ni microcréditos con cargo a los recursos señalados en el artículo 6° de la Ley 789 de 2002. 

Parágrafo. Los beneficiarios del subsidio al desempleo que se encuentren activos al 27 de septiembre de 2013, seguirán recibiendo el subsidio en los términos y condiciones previstos en la Ley 789 de 2002, hasta la terminación o pérdida del beneficio. 

(Decreto número 2113 de 2013, artículo 2°)  

SECCIÓN 2

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO


Artículo 2.2.6.1.2.1. Objeto del Servicio Público de Empleo. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1636 de 2013, el Servicio Público de Empleo tiene por función esencial lograr la mejor organización posible del mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los empleadores a contratar tra­bajadores apropiados a sus necesidades. 

El servicio público de empleo podrá ser prestado por personas jurídicas de derecho público o privado, en condiciones de libre competencia y mediante el uso de mecanismos e instrumentos tecnológicos que permitan eficiencia, coordinación y transparencia. 

Todas las personas jurídicas que deseen ejercer las actividades de gestión y colocación de empleo de que trata el artículo 29 de la Ley 1636 de 2013, deberán sujetarse a las reglas establecidas en el presente capítulo para su ejercicio. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 2°)  


Artículo 2.2.6.1.2.2. Principios. El Servicio Público de Empleo se prestará con suje­ción a los siguientes principios: 

1. Eficiencia. Es la mejor utilización de los recursos disponibles en el Servicio Público de Empleo para la adecuada y oportuna prestación del servicio a trabajadores y emplea­dores; 

2. Universalidad. Se garantiza a todas las personas la asequibilidad a los servicios y beneficios que ofrece el Servicio Público de Empleo, independiente de la situación ocupa­cional del oferente y/o de la condición del empleador; 

3. Igualdad. El Servicio Público de Empleo se prestará en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; 

4. Libre escogencia. Se permitirá a trabajadores y empleadores la libre selección de prestadores dentro del Servicio Público de Empleo, entre aquellos autorizados; 

5. Integralidad. El Servicio Público de Empleo deberá comprender la atención de las diversas necesidades de los trabajadores, que le permitan superar los obstáculos que le impiden su inserción en el mercado de trabajo; 

6. Confiabilidad. El servicio se prestará con plenas garantías a trabajadores y emplea­dores acerca de la oportunidad, pertinencia y calidad de los procesos que lo integran; 

7. Enfoque diferencial. La generación de política y prestación del servicio público de empleo, atenderá las características particulares de personas y grupos poblacionales en razón de su edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad o vulnerabilidad; 

8. Calidad. El Servicio Público de Empleo se prestará de manera oportuna, persona­lizada, humanizada, integral y continua, de acuerdo con los estándares de calidad que determine la reglamentación que expida el Ministerio del Trabajo. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 3°)  


Artículo 2.2.6.1.2.3. Respeto a la intimidad y dignidad. El Servicio Público de Em­pleo se prestará con respeto a la dignidad de los usuarios y al derecho a la intimidad en el tratamiento de sus datos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política y las leyes y decretos que la desarrollan. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 4°)  


Artículo 2.2.6.1.2.4. Gratuidad. Las actividades básicas de gestión y colocación re­feridas en el artículo 2.2.6.1.2.17. del presente decreto, serán prestadas siempre de forma gratuita para el trabajador. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 5°)  


Artículo 2.2.6.1.2.5. De la Dirección y Regulación del Servicio Público de Empleo. El Ministerio del Trabajo en desarrollo de la función de dirección del Sistema de Gestión de Empleo para la Productividad debe garantizar la integración, articulación, coordinación y focalización de las políticas activas y pasivas de empleo, vinculándolas a la prestación del Servicio Público de Empleo a nivel nacional, departamental y municipal. 

En desarrollo de dicha función, el Ministerio del Trabajo orientará, regulará y supervi­sará la prestación del Servicio Público de Empleo que provean en cooperación los opera­dores públicos y privados de servicios de empleo, con el fin de armonizarlos y articularlos a las políticas, planes y programas de gestión, fomento y promoción del empleo, en aten­ción a las prioridades que establezca en la materia el Gobierno nacional. 

Como coordinador del Sistema de Gestión de Empleo para la Productividad, el Minis­terio del Trabajo coordinará las acciones que en materia de empleo deban ser tomadas en todos los sectores administrativos y liderará las instancias existentes y las que sean creadas para este fin. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 6°)  


Artículo 2.2.6.1.2.6.Del Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo. En de­sarrollo de las funciones previstas en el artículo 22 de la Ley 1636 de 2013, el Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo deberá garantizar la coordinación intersectorial de las políticas de empleo y realizar el seguimiento al debido funcionamiento del Servicio Público de Empleo, para lo cual podrá crear mesas sectoriales de seguimiento, evaluación y discusión. 

Adicionalmente, el Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo promoverá la creación o utilización de las instancias existentes en el orden territorial para la promoción de la política pública de empleo y de mitigación del desempleo. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 7°)  


Artículo 2.2.6.1.2.7. De la administración del Servicio Público de Empleo. En cum­plimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1636 de 2013, la Unidad Adminis­trativa Especial del Servicio Público de Empleo ejercerá la administración del Servicio Público de Empleo y de la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo, la promo­ción de la prestación del servicio público de empleo, el diseño y operación del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, el desarrollo de instrumentos para la promo­ción de la gestión y colocación de empleo y la administración de los recursos públicos para la gestión y colocación de empleo, así como las demás funciones que se le asignen en la reglamentación correspondiente. 

Parágrafo. En el ejercicio de sus funciones como administradora del Servicio Público de Empleo, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo deberá atender las directrices, instrucciones y demás políticas administrativas generadas por el Ministerio del Trabajo en cumplimiento de sus funciones de dirección, coordinación y regulación del Servicio Público de Empleo. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 8°)  


Artículo 2.2.6.1.2.8. Conectividad y reportes. Para garantizar el debido funciona­miento del Servicio Público de Empleo y, en particular, la debida ejecución de las funcio­nes de dirección y coordinación del Servicio Público de Empleo, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo garantizará al Ministerio del Trabajo el acceso directo, ilimitado y continuo al Sistema de Información del Sistema Público de Empleo y presentará los informes periódicos que le sean requeridos. 

Parágrafo. Igualmente, las demás entidades públicas con información relevante del mercado de trabajo, deberán entregarla oportunamente al Ministerio del Trabajo o a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, cuando la misma sea requerida. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 9°)  


Artículo 2.2.6.1.2.9. Del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. El objetivo del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo es el de acopiar y agrupar la información relativa al mercado de trabajo, que contribuya a una mayor trans­parencia y conocimiento de su funcionamiento. El sistema de información deberá permitir el control, monitoreo y evaluación de los servicios de gestión y colocación de empleo y de los de capacitación para la reinserción laboral. 

Para garantizar el adecuado funcionamiento del Servicio Público de Empleo, el Sis­tema de Información del Servicio Público de Empleo de que trata el artículo 26 de la Ley 1636 de 2013, incorporará los registros de los diversos prestadores autorizados para la prestación de los servicios de gestión y colocación y demás actores. El Sistema deberá incluir información tanto de la oferta como de la demanda laboral y desarrollará un vínculo con la oferta de programas de formación complementaria y titulada que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), así como con los programas ofertados por los prestado­res de capacitación para la reinserción laboral. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 10)  


Artículo 2.2.6.1.2.10. Registro de oferentes. La persona natural que desee registrar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, podrá hacerlo a través de cualquiera de los prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo. Con el registro en el respectivo prestador, la persona natural acepta la transmisión de los datos básicos de su hoja de vida al Sistema de información del Servicio Público de Empleo. 

Las hojas de vida serán transmitidas al Sistema de Información del Servicio Público de Empleo conforme las condiciones que defina la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. 

El Sistema de Información del Servicio Público de Empleo deberá enviar la hoja de vida actualizada del oferente al prestador que la solicite con la finalidad de efectuar las acciones de gestión y colocación sobre las vacantes que administre. 

Parágrafo 1°. El oferente podrá elegir el prestador del Servicio Público de Empleo con el que desee realizar la actualización de su hoja de vida o la inclusión de nuevos registros. 

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo, con base en las recomendaciones que formule la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, establecerá mediante resolución el contenido mínimo de la hoja de vida de los oferentes y los mecanismos de actualización que se apliquen. 

Parágrafo 3°. Para la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo, los prestadores del Servicio Público de Empleo deberán obtener el consentimiento, previo, expreso e informado del titular de los datos de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el cual se efectuará en el acto de registro de la oferta o de las actualizaciones. 

El prestador del Servicio Público de Empleo que efectúe el registro o la actualización de los datos de un oferente, podrá solicitar información adicional a la mínima requerida por el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, para efectos de mejorar la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. 

Parágrafo 4°. Los registros realizados con anterioridad a la expedición de la Ley 1636 de 2013, deberán ser transmitidos al Sistema de Información del Servicio Público de Em­pleo cuando presenten cualquier tipo de actualización o a solicitud del interesado. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 11)  


Artículo 2.2.6.1.2.11. Registro Único de Empleadores. El Sistema de Información del Servicio Público de Empleo contará con un Registro Único de Empleadores. Los emplea­dores deberán realizar el respectivo registro ante cualquiera de los prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo. Adicionalmente, este Registro será alimentado con la información que semestralmente envíen las Cajas de Compensación Familiar a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, en los formatos que esta determi­ne para tal fin. Dicho registro solo podrá ser consultado por el Ministerio del Trabajo para efectos estadísticos y de generación de política y regulación y por la Unidad Administra­tiva Especial del Servicio Público de Empleo, como administradora del Servicio Público de Empleo. 

Parágrafo. El Ministerio del Trabajo establecerá mediante resolución el contenido mínimo de la información que tendrá el Registro Único de Empleadores. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 12)  

  


Artículo 2.2.6.1.2.12. Del Registro de Vacantes. Para efectos del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 31 de la Ley 1636 de 2013, los empleadores particu­lares y los no sometidos al régimen del servicio civil, realizarán el registro de sus vacantes en el Servicio Público de Empleo a través de cualquier prestador autorizado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la existencia de las mismas. La información corres­pondiente será transmitida por el prestador en el que se realizó el registro al Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. 

El prestador que haya registrado la vacante, será el administrador de la misma y debe­rá realizar las acciones de gestión y colocación de empleo, debiendo consultar, entre las demás opciones que tenga disponibles, el registro de oferentes del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. 

La vacante tendrá un término de vigencia determinado por el empleador al momento de su registro. Una vez se agote dicho término, el empleador podrá optar por ampliar el mismo o registrar la vacante ante un prestador diferente al inicialmente elegido. Ninguna vacante podrá tenerse como activa por un término superior a seis (6) meses. En caso de vencimiento deberá realizarse un nuevo registro. 

El Ministerio del Trabajo establecerá la información mínima de la vacante a ser re­portada al prestador, atendiendo criterios de protección de los datos del empleador y de reserva de la información específica de la empresa o persona natural que corresponda. 

Parágrafo 1°. La postulación para cubrir una vacante podrá realizarse directamente por el interesado o por un prestador del Servicio Público de Empleo. La Unidad Adminis­trativa Especial del Servicio Público de Empleo garantizará la posibilidad de postulación en línea directamente por el interesado. 

Parágrafo 2°. A partir del primero (1°) de julio del año 2014, todos los empleadores registrarán sus vacantes en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. Dicho registro podrá efectuarse a través de cualquier prestador, público o privado, del Ser­vicio Público de Empleo. El Ministerio del Trabajo establecerá los mecanismos para hacer seguimiento y promover el registro de vacantes de los empleadores. 

Parágrafo 3°. Se exceptúan de la obligación de registro de vacantes, aquellas que ten­gan reserva o restricciones de orden legal o reglamentario. Adicionalmente, de conformi­dad con la solicitud expresa que haga el empleador, podrán exceptuarse de la publicación aquellas vacantes relacionadas con cargos estratégicos, proyectos especiales, posiciones directivas en mercados e industrias especializadas y las demás vacantes que por su natura­leza no deban ser públicas, de acuerdo con los lineamientos que sobre el particular emita el Ministerio del Trabajo. 

Parágrafo 4°. El Gobierno nacional reglamentará el reporte de vacantes y su relación con el Servicio Público de Empleo para las entidades de la Administración Pública. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 13)  


Artículo 2.2.6.1.2.13. Disponibilidad de la información en el Sistema de Informa­ción del Servicio Público de Empleo. La información de la vacante contenida en el Sis­tema de Información del Servicio Público de Empleo sobre los requisitos de educación, experiencia, y salario, deberá estar disponible para quien desee consultarla en dicho Sis­tema y en el prestador autorizado en el que se haya realizado el correspondiente registro. 

Los datos mínimos de la hoja de vida, de conformidad con la Ley Estatutaria 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, deberán encontrarse disponibles para su consulta pública. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 14)  


Artículo 2.2.6.1.2.14. Objetivo de la Red de Prestadores del Servicio Público de Em­pleo. La Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo de que trata el artículo 25 de la Ley 1636 de 2013, tiene por objetivo integrar y conectar las acciones en materia de gestión y colocación de empleo que realicen las entidades públicas, privadas, y las alianzas público-privadas conforme a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 1636 de 2013. 

El Ministerio del Trabajo evaluará y fijará en forma periódica los lineamientos de su­ficiencia de la red de prestadores para garantizar la adecuada cobertura del Servicio, bajo criterios de eficiencia en su prestación, niveles de actividades, dinámicas del mercado de trabajo, zonas especiales, economía regional y los demás que se consideren necesarios a partir de las recomendaciones que formule la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. La autorización de prestadores tomará en cuenta la evaluación y la fijación de los lineamientos en materia de suficiencia de la red. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 15)  


Artículo 2.2.6.1.2.15. De los Prestadores del Servicio Público de Empleo. Son pres­tadores del Servicio Público de Empleo la Agencia Pública de Empleo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las Agencias Públicas y Privadas de Gestión y Coloca­ción de Empleo, incluidas las constituidas por las Cajas de Compensación Familiar, y las Bolsas de Empleo. 

Parágrafo. Son prestadores del Servicio Público de Empleo las personas jurídicas que operen servicios asociados o relacionados, aun cuando no desarrollen alguna de las acti­vidades básicas de gestión y colocación. El Ministerio del Trabajo regulará la operación y condiciones particulares que se apliquen a dichos operadores, sin perjuicio de su autoriza­ción e incorporación en el registro de prestadores. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 16)  


Artículo 2.2.6.1.2.16. Del Registro de Prestadores del Servicio Público de Empleo. Entiéndase como el Registro de Prestadores del Servicio Público de Empleo, la anotación formal, histórica y consecutiva de los datos relacionados con los prestadores de servicios de gestión y colocación autorizados de que trata el artículo 32 de la Ley 1636 de 2013. Corresponde a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo llevar el Registro de Prestadores del Servicio Público de Empleo. El Ministerio del Trabajo de­terminará por resolución las condiciones básicas y el procedimiento de operación de dicho Registro. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 17)  


Artículo 2.2.6.1.2.17. Actividades básicas de gestión y colocación. Las actividades básicas de gestión y colocación son: 

1. Registro de oferentes, demandantes y vacantes; 

2. Orientación ocupacional a oferentes y demandantes; 

3. Preselección, o 

4. Remisión. 

Parágrafo. Los prestadores del Servicio Público de Empleo podrán realizar activida­des distintas de las enunciadas en el presente artículo, las cuales deberán estar registradas en el reglamento de prestación de servicios. Lo anterior, con sujeción a la regulación ex­pedida por el Ministerio del Trabajo en cuanto a los servicios asociados o relacionados en los términos del artículo 29 de la Ley 1636 de 2013. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 18)  


Artículo 2.2.6.1.2.18. De la autorización de los prestadores de servicios de empleo. Atendiendo al principio de eficiencia del Servicio Público de Empleo y a la suficiencia de la red para la prestación del mismo el Ministerio del Trabajo, previa acreditación de los requisitos establecidos en el presente capítulo, podrá otorgar autorización para la presta­ción del Servicio Público de Empleo a las personas jurídicas de derecho público o privado que la soliciten. Cuando los servicios de empleo sean prestados utilizando exclusivamente medios electrónicos, la autorización se entenderá otorgada para todo el territorio nacional. 

Presentada la solicitud, se contará con diez (10) días hábiles para pronunciarse sobre los documentos presentados y solicitar las adiciones o aclaraciones que se consideren ne­cesarias. El peticionario tendrá un término de un (1) mes contado a partir de la fecha de la comunicación del requerimiento. Transcurrido el término anterior, sin que se satisfaga el requerimiento, se entenderá desistida la solicitud y se ordenará el archivo mediante acto administrativo motivado. 

Una vez recibidos los documentos, la autoridad administrativa contará con cinco (5) días hábiles para decidir de fondo sobre la autorización mediante resolución motivada. 

La autorización tendrá una vigencia de (2) dos años, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo con el cual se otorgó. 

Parágrafo. Solo las personas jurídicas autorizadas podrán prestar los servicios de ges­tión y colocación de que trata el artículo 29 de la Ley 1636 de 2013. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 19)  


Artículo 2.2.6.1.2.19. Requisitos para la obtención de la autorización. Las perso­nas jurídicas interesadas en prestar servicios de gestión y colocación de empleo deberán acreditar ante el Ministerio del Trabajo el cumplimiento de las condiciones jurídicas, ope­rativas y técnicas para el ejercicio de los mismos, conforme las definiciones que adopte mediante resolución dicha entidad. 

En la solicitud deberá indicarse el lugar o lugares en donde se prestarán los servicios y se acompañará, como mínimo, con los siguientes documentos: 

1. Copia del acto de constitución o de los estatutos en donde conste como objeto de la persona jurídica la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo o de la disposición legal o reglamentaria por la cual se establece como función de la entidad la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo; 

2. Certificado de existencia y representación legal o documento asimilable; 

3. Reglamento de prestación de servicios; 

4. Póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales a favor de la entidad ad­ministrativa que otorga la autorización, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, por un valor asegurado de cien (100) salarios mínimos mensua­les legales vigentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte del prestador del Servicio Público de Empleo relacionadas con dicha actividad, en especial las previstas en el artículo 95 y siguientes de la Ley 50 de 1990 y en el presente capítulo, con una vigencia igual al periodo de la autorización. 

Parágrafo 1°. La agencia que preste los servicios de gestión y colocación de empleo para reclutar o colocar oferentes de mano de obra en el extranjero, deberá contar con au­torización especial otorgada por el Ministerio del Trabajo, previo el cumplimiento de los requisitos específicos que este determine. 

Los servicios de gestión y colocación de empleo que presten dichas agencias, serán reglamentados por el Ministerio del Trabajo con el propósito de proteger y promover los derechos de los trabajadores migrantes. 

Parágrafo 2°. Se exceptúa de la presentación de la póliza para la autorización del prestador, a las personas de derecho público que constituyan agencias públicas de gestión y colocación. 

Parágrafo 3°. El prestador autorizado queda obligado a mantener las condiciones ju­rídicas, operativas y técnicas que le permitieron obtener la autorización durante todo el tiempo en que esta se encuentre vigente. En caso de incumplimiento, la autoridad adminis­trativa que otorga la autorización podrá suspenderla o revocarla, mediante acto motivado. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 20)  


Artículo 2.2.6.1.2.20. Obligaciones de los Prestadores del Servicio Público de Em­pleo. Los prestadores del Servicio Público de Empleo señalados en el artículo 2.2.6.1.2.15. están obligados a: 

1. Observar y cumplir los principios del Servicio Público de Empleo en la prestación de los servicios de gestión y colación a los usuarios del mismo; 

2. Mantener las condiciones y requisitos que posibilitaron la obtención de la autoriza­ción; 

3. Tener un Reglamento de Prestación de Servicios y darlo a conocer a los usuarios; 

4. Prestar los servicios básicos de gestión y colocación de forma gratuita a los traba­jadores; 

5. Prestar los servicios con respeto a la dignidad y el derecho a la intimidad de los ofe­rentes y demandantes. El tratamiento de sus datos, se realizará atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás disposiciones sobre la materia; 

6. Velar por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo ofer­tados y el perfil ocupacional, académico y/o profesional requerido; 

7. En el desarrollo de sus actividades, en los medios de promoción y divulgación de las mismas, hacer constar la condición en que actúa, mencionando el número del acto administrativo mediante el cual fue autorizado, la pertenencia a la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo y utilizar la imagen de identificación del Servicio Público de Empleo definida por el Ministerio del Trabajo; 

8. Disponer de un sistema informático para la operación y prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. Este sistema deberá ser compatible y complementario con el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, para el suministro men­sual, por medios electrónicos, de la información sobre demanda y oferta de empleo, así como del resto de actividades realizadas como agencia de colocación autorizada; 

9. Presentar los informes estadísticos sobre la gestión y colocación de empleo realiza­da, en los formatos, términos, periodicidad y por los medios que establezca el Ministerio del Trabajo mediante resolución; 

10. Entregar oportunamente la información que sea requerida por la Unidad Adminis­trativa Especial del Servicio Público de Empleo; 

11. Cuando haya una modificación en la representación legal de la agencia de gestión y colocación, remitir a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo el certificado respectivo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al registro de la modificación; 

12. Remitir a la autoridad administrativa, las reformas estatutarias de las personas ju­rídicas autorizadas como prestadoras del servicio público de empleo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su adopción, y 

13. Solicitar autorización para la prestación de servicios en lugares distintos a los ini­cialmente autorizados. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 21)  


Artículo 2.2.6.1.2.21. Del sistema informático para la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. Para brindar los servicios de gestión y colocación de empleo los prestadores deberán disponer del sistema informático de que trata el numeral 8 del artículo anterior. Dicho sistema permitirá el registro de oferentes y demandantes de empleo; de los servicios obtenidos; la trazabilidad de las actuaciones seguidas por estos en su relación con el Servicio Público de Empleo; los informes estadísticos, la formación para el empleo, la orientación profesional, las iniciativas de empleo y los subsidios a des­empleados, así como las actuaciones del prestador de los servicios de gestión y colocación de empleo. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 22)  


Artículo 2.2.6.1.2.22. De las funciones del Sistema informático para la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo. El sistema de que trata el artículo anterior deberá funcionar en un ambiente web y garantizar su compatibilidad con los navegadores que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. 

El sistema informático para la gestión y colocación de empleo deberá contar con las siguientes funcionalidades: 

1. De registro de oferentes y demandantes de empleo, mediante la creación de un usuario y una contraseña. 

2. De publicación de las vacantes; 

3. De registro de las actividades realizadas por los usuarios en materia de búsqueda de empleo, formación o recalificación profesional u otras concernientes a su inserción laboral; 

4. De modificación y actualización de los datos de los usuarios; 

5. De publicación de ofertas de empleo; 

6. De búsqueda en la base de datos de oferentes de empleo; 

7. De clasificación y organización de los oferentes, según los criterios ocupacionales que para tal efecto determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo; 

8. De remisión de hojas de vida de los oferentes a los demandantes de empleo; 

9. De notificación automática de las actuaciones que determine la Unidad Administra­tiva Especial del Servicio Público de Empleo, a los usuarios, por vía electrónica; 

10. De registro acerca del rendimiento de respuesta del sistema informático, según las categorías de las actuaciones que determine la Unidad Administrativa Especial del Servi­cio Público de Empleo; 

11. De comunicación del sistema informático con los estándares de conexión segura o autenticación cifrada con un algoritmo no reversible con una salida mínima de 256 bits y cifrado al vuelo, o con las especificaciones técnicas que determine la Unidad Administra­tiva Especial del Servicio Público de Empleo. 

12. De producir reportes dinámicos y estáticos de la gestión y colocación de empleo, que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. 

13. De extraer información en archivos planos y demás formatos que requiera y deter­mine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. 

Parágrafo. Para efectos de impartir la autorización de que trata el artículo 2.2.6.1.2.18. presente decreto., el Ministerio del Trabajo podrá solicitar que se acredite la disponibilidad del Sistema Informático para la prestación de los servicios de gestión y colocación y veri­ficar su capacidad para ejecutar las funciones referidas en el presente artículo. La anterior potestad también podrá ser ejercida por la Unidad después de otorgada la autorización al prestador del Servicio Público de Empleo. En caso que se verifique que el sistema in­formático no efectúa alguna de las funciones requeridas en el presente capítulo, se podrá suspender la autorización hasta tanto se subsane dicha deficiencia. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 23)  


Artículo 2.2.6.1.2.23. De la compatibilidad y conectividad del Sistema informático para la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. Los prestadores del Servicio Público de Empleo deberán garantizar los niveles de conectividad y disponi­bilidad que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, la cual además establecerá las características y requerimientos técnicos que debe reunir dicho sistema. 

Parágrafo. El Ministerio del Trabajo determinará los plazos en que los prestadores del Servicio Público de Empleo deben cumplir con la obligación de que trata este artículo. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 24)  


Artículo 2.2.6.1.2.24. Del Reglamento de Prestación de Servicios de Gestión y Co­locación de Empleo. Los prestadores del Servicio Público de Empleo deberán tener un reglamento que contenga las condiciones de prestación de los servicios y los derechos y deberes de los usuarios, el cual será público y deberá darse a conocer a quien lo requiera. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 25)  


Artículo 2.2.6.1.2.25. Del contenido del Reglamento de Prestación de Servicios de Gestión y Colocación de Empleo. El Reglamento de Prestación de Servicios deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

1. Nombre y naturaleza de la persona que presta los servicios de gestión y colocación, el tipo de prestador y su domicilio; 

2. Enunciación de los servicios que prestará con su descripción y procedimientos para su prestación; 

3. Ubicación de las sedes y horario de atención al público, para servicios presenciales; 

4. Condiciones del soporte técnico y horario de atención a los usuarios cuando los servicios se presten por medios electrónicos; 

5. Derechos y obligaciones de los oferentes inscritos; 

6. Derechos y obligaciones de los demandantes registrados; 

7. Rango tarifario establecido para la prestación de servicios, cuando proceda, y 

8. Procedimiento para presentación y atención de peticiones, quejas y reclamos. 

Parágrafo. Las tarifas establecidas para la prestación de los servicios, cuando las mis­mas puedan ser cobradas, serán establecidas por cada uno de los prestadores, atendiendo criterios de complejidad del servicio, ubicación geográfica, necesidades del mercado de empleo y, en general, las reglas que el Ministerio del Trabajo dicte en ejercicio de sus funciones de regulación del Servicio Público de Empleo. 

Las tarifas para los servicios asociados, relacionados o complementarios se definirán por mutuo acuerdo entre los operadores y los beneficiarios de aquellos. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 26)  


Artículo 2.2.6.1.2.26. Actos prohibidos en la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo. Queda prohibido a los prestadores del servicio público de empleo: 

1. Efectuar la prestación de los servicios contraviniendo lo dispuesto en el presente capítulo o a lo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios; 

2. Cobrar a los usuarios de servicios de empleo tarifas discriminatorias o sumas dife­rentes a las incorporadas en el Reglamento; 

3. Cobrar por los servicios que deben prestar de forma gratuita; 

4. Ejercer cualquiera de las acciones contempladas en el artículo 35 del Código Sus­tantivo del Trabajo; 

5. Ofrecer condiciones de empleo falsas o engañosas o que no cumplan los estándares jurídicos mínimos; 

6. Prestar servicios de colocación para trabajos en el exterior sin contar con la autori­zación especial. 

7. Participar o promover entre sus usuarios oferentes de mano de obra la realización de acciones ilegales que afecten el normal desarrollo de la actividad económica del empleador.” 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 27)  


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2.2.6.1.2.27. Clases de agencias. Las agencias públicas y privadas de gestión y colocación de empleo pueden ser: 

1. Agencias privadas lucrativas de gestión y colocación de empleo: personas jurídicas que tienen entre sus objetivos la prestación de servicios de colocación percibiendo una utilidad. 

2. Agencias privadas no lucrativas de gestión y colocación de empleo: Personas jurí­dicas que tienen entre sus objetivos la prestación de servicios de colocación sin percibir utilidades por dicha actividad. 

3. Agencias públicas de gestión y colocación de empleo: entidades de derecho público que prestan servicios de colocación sin percibir utilidades por dicha actividad. 

Parágrafo 1°. El Ministerio del Trabajo regulará las condiciones de operación y de­más especificaciones relacionadas con la articulación y desempeño de las agencias de gestión y colocación que enfoquen sus actividades a servicios asociados, relacionados o complementarios. 

Parágrafo 2°. Las Agencias de Gestión y Colocación de Empleo podrán contar con centros de empleo, entendidos como el espacio físico donde convergen el conjunto de recursos, insumos, procesos y procedimientos organizados y articulados con el objeto de prestar los servicios de gestión y colocación de empleo. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 28)  


Artículo 2.2.6.1.2.28. Cobro por servicios básicos. Las agencias privadas que realicen labores de gestión y colocación de empleo podrán cobrar al demandante de mano de obra una comisión por la prestación de los servicios básicos, cuando esta proceda, de conformi­dad con lo establecido en el reglamento de prestación de servicios. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 29)  


Artículo 2.2.6.1.2.29. Cobro por otros servicios. Las agencias podrán cobrar a deman­dantes y oferentes por los servicios distintos de los referidos en el artículo 2.2.6.1.2.17. del presente decreto. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 30)  


Artículo 2.2.6.1.2.30. De la Agencia Pública de Empleo del SENA y sus centros de atención. En desarrollo de su función de Agencia Pública de Empleo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) podrá celebrar convenios y alianzas con personas de derecho pú­blico y privado sin ánimo de lucro, con el propósito de extender los servicios de gestión y colocación de empleo a localidades y sectores que carezcan de los mismos. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA) prestará los servicios de promoción y ejecución de la gestión y colocación pública de empleo, en todas las Direcciones Regio­nales de la entidad. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 31)  


Artículo 2.2.6.1.2.31. De los servicios de la Agencia Pública de Empleo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA). Para el cumplimiento de la función de gestión y colación de empleo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), prestará los servicios de gestión y colocación de empleo y realizará las siguientes actividades complementarias: 

1. Formación y capacitación para desempleados. 

2. Certificación por competencias a los desempleados que lo requieran. 

3. Formación y asesoría para oferentes y emprendedores, y 

4. Todas aquellas que contribuyan a mejorar las condiciones de empleabilidad de los oferentes y que permitan su inserción en el mercado de trabajo. 

Parágrafo. Todos los oferentes inscritos en el Sistema de Información del Servicio Pú­blico de Empleo accederán en condiciones de igualdad a las actividades complementarias que desarrolle el Servicio Nacional de Aprendizaje, con cargo a sus recursos presupues­tales. El Ministerio del Trabajo establecerá el trámite para el acceso a dichos servicios a través de los prestadores de la Red del Servicio Público de Empleo. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 32)  


Artículo 2.2.6.1.2.32. Del Sistema Informático para la Prestación de los Servicios de Gestión y Colocación de Empleo en relación con la Agencia Pública de Empleo. Ade­más de las funciones previstas en el artículo 2.2.6.1.2.22. del presente decreto, el Sistema Informático para la Prestación de los Servicios de Gestión y Colocación deberá registrar las actividades complementarias y demás actuaciones de la Agencia Pública de Empleo a cargo del SENA. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 33)  


Artículo 2.2.6.1.2.33. Las Cajas de Compensación Familiar prestadoras de servicios de gestión y colocación de empleo. En desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 29 de la Ley 1636 de 2013, las Cajas de Compensación Familiar prestarán servi­cios de gestión y colocación de empleo, para lo cual deberán obtener autorización como agencia de colocación privada. 

En concordancia con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, las Cajas podrán prestar los servicios de gestión y colocación de empleo, direc­tamente o mediante alianzas estratégicas con otros operadores debidamente autorizados como agencias de gestión y colocación de empleo. 

En el evento en que los servicios no sean prestados directamente por la correspondien­te Caja, esta deberá informar a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, mediante el depósito del convenio de alianza o del contrato con el tercero en el Registro de Prestadores del Servicio Público. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 34)  


Artículo 2.2.6.1.2.34. Territorialidad. Las Cajas de Compensación Familiar prestarán los servicios de gestión y colocación de que trata el parágrafo del artículo 29 de la Ley 1636 de 2013, a cualquier demandante u oferente de empleo que se lo solicite dentro del ámbito territorial de su competencia. Cuando los servicios de gestión y colocación de empleo sean prestados utilizando exclusivamente medios electrónicos, la autorización se entenderá otorgada para todo el territorio nacional. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 35)  


Artículo 2.2.6.1.2.35. De las obligaciones de las Agencias de Gestión y Colocación de Empleo constituidas por las Cajas de Compensación Familiar. Además de las obliga­ciones establecidas en el artículo 2.2.6.1.2.20. Presente decreto., las Agencias de Gestión y Colocación de Empleo constituidas por las Cajas de Compensación Familiar quedan obligadas a realizar las actividades básicas enunciadas en el artículo 2.2.6.1.2.17. en forma gratuita respecto de los oferentes y demandantes. 

El cobro por servicios asociados y adicionales deberá estar registrado en el corres­pondiente reglamento y ser informado a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 36)  


Artículo 2.2.6.1.2.36. Bolsas de Empleo. Se entiende por bolsa de empleo, la persona jurídica sin ánimo de lucro que presta servicios de gestión y colocación para un grupo es­pecífico de oferentes con los cuales tiene una relación particular, tales como: estudiantes, egresados, afiliados u otros de similar naturaleza. La prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo por las bolsas de empleo, será gratuita para oferentes y demandan­tes usuarios de los servicios. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 37)  


Artículo 2.2.6.1.2.37. Bolsas de empleo de instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior que en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 6 de las “condiciones de calidad de cara´cter institucional” del artículo 2° de la Ley 1188 de 2008 y de la obligación contenida en el numeral 6.5 del artículo 6 del Decreto número 1295 de 2010 o el que lo sustituya, modifique o adicione, organicen bolsas de empleo para la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo para sus estudiantes y egre­sados, deberán obtener la autorización de que trata el artículo 2.2.6.1.2.18. del presente decreto. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 38)  


Artículo 2.2.6.1.2.38. Servicios prestados por las bolsas de empleo. Las bolsas de em­pleo podrán prestar los servicios básicos de colocación de empleo de que trata el artículo 2.2.6.1.2.17., sin que se requiera la prestación de todos ellos. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 39)  


Artículo 2.2.6.1.2.39. Del reglamento de prestación de servicios de las bolsas de empleo. En el reglamento de prestación de servicios de que trata el artículo 2.2.6.1.2.24. del presente decreto, las bolsas de empleo deberán determinar la población específica de oferentes o demandantes a los que prestarán sus servicios. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 40)  


Artículo 2.2.6.1.2.40. De las prohibiciones de las bolsas de empleo. Queda prohibido a las bolsas de empleo: 

1. El cobro de suma alguna por cualquier concepto a los usuarios de los servicios de la bolsa de empleo. 

2. Prestar servicios de gestión y colocación a oferentes que no pertenezcan a la pobla­ción para la cual les fueron estos servicios. 

3. Ejercer cualquiera de las acciones contempladas en el artículo 35 del Código Sus­tantivo del Trabajo. 

4. Ejercer las actividades de que trata el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 41)  


Artículo 2.2.6.1.2.41. Bolsas de empleo para proyectos especiales. Para la atención de requerimientos de mano de obra frente a la ejecución de un proyecto especial, una persona jurídica sin ánimo de lucro podrá prestar servicios de gestión y colocación para el grupo específico de empresas ejecutoras del proyecto, previa la autorización de que trata el artículo 2.2.6.1.2.18. del presente decreto. La prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo por las bolsas de empleo, será gratuita para oferentes y demandantes usuarios de los servicios. 

Para efectos de la actividad de remisión de los oferentes la bolsa deberá consultar el registro de oferentes del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo y remitir los candidatos que corresponda a los requerimientos de los demandantes. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 42)  


Artículo 2.2.6.1.2.42. De la inspección, vigilancia y control del Servicio Público de Empleo. La Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial y las Direc­ciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 14 del artículo 2 del Decreto número 4108 de 2011 o el que lo sustituya, modifique o adi­cione, ejercerán la vigilancia y control de las personas jurídicas prestadoras del Servicio Público de Empleo de que trata este capítulo. 

La Superintendencia del Subsidio Familiar dentro de su competencia y en los térmi­nos de lo previsto por la Ley 1636 de 2013, ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las Cajas de Compensación Familiar en su papel como Agencias de Gestión y Colocación de Empleo y como administradoras del Fosfec. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 43)  


Artículo 2.2.6.1.2.43. Del régimen sancionatorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1636 de 2013, el Ministerio del Trabajo aplicará las sanciones de multa o suspensión o cancelación de la autorización, cuando se presente, por única vez o en forma reiterada, el ejercicio irregular de la gestión y colocación de empleo o la inob­servancia de los principios o incumplimiento de las obligaciones en la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. 

Para la imposición de las sanciones de que trata la Ley 1636 de 2013, se seguirá el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

(Decreto número 2852 de 2013, artículo 44)  

SECCIÓN 3

PRESTACIONES ECONÓMICAS A LA POBLACIÓN CESANTE RECONO­CIDAS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE (FOSFEC)


Artículo 2.2.6.1.3.1.Objeto de las prestaciones económicas. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1636 de 2013 y el artículo 77 de la Ley 1753 de 2015, las prestaciones económicas que serán reconocidas a la población cesante que cumpla con los requisitos dispuestos en las mismas, consistirán en el