DECRETO5471947194702 script var date = new Date(17/02/1947); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO LXXXII. N. 26364. 25, FEBRERO, 1947. PÁG. 1.MINISTERIO DE GOBIERNOPor el cual se reglamenta la Ley 97 de 1946VigentefalsefalseInteriorfalsefalseDECRETO REGLAMENTARIO25/02/194717/02/1947263646811

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXII. N. 26364. 25, FEBRERO, 1947. PÁG. 1.

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

DECRETO 547 DE 1947

(febrero 17)

Por el cual se reglamenta la Ley 97 de 1946

ESTADO DE VIGENCIA: [Mostrar]

Subtipo: DECRETO REGLAMENTARIO

El Presidente de la República de Colombia, 

  

en uso de sus atribuciones legales. 

  

DECRETA: 

  


Artículo 1º Para la práctica de la inspección ocular de que habla el artículo 1° de la Ley 97 de 1946, el Alcalde podrá comisionar al Corregidor de la jurisdicción, cuando se tratare de terrenos de difícil acceso desde la cabecera municipal por su distancia o malas vía de comunicación y siempre que a juicio del Alcalde el Corregidor esté en capacidad de reemplazarlo. 

  


Artículo 2º Los peritos que hayan de actual en la inspección ocular, deberán tomar especial cuidado en la apreciación de los hechos, dando la razón de su dictamen y tomando minuciosa nota de todas aquellas circunstancias referentes a los cultivos u ocupación con ganados que tenga el solicitante y particularmente sobre el tiempo de la explotación, para lo cual deben observar los vestigios visibles, como palizadas, rastrojos, etc., que por su estado de descomposición o formación, según el caso, den una idea más o menos segura sobre si la ocupación tiene o no más de cinco años. 

  

Parágrafo. Para la escogencia de peritos debe preferirse a las personas que vivan cerca al lugar de la diligencia. 

  


Artículo 3º Aclararse el parágrafo 2º del artículo 1º de la citada ley, en el sentido de que al hablarse de juez municipal para la diligencia de inspección ocular en las adjudicaciones mayores de doscientas hectáreas, no se excluye a los demás funcionarios judiciales de superior categoría. 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 4º La oposición a las adjudicaciones podrá formularse en cualquier tiempo hasta expirados los diez días de fijación en lista de que habla el artículo 3º de la Ley 97, y como base de ella es necesario que el interesado presente un principio de prueba que justifique su oposición, como, por ejemplo, una escritura pública de adquisición del terreno, una sentencia judicial a su favor, declaraciones de personas idóneas, etc. 

  


Artículo 5º Cencido el término de fijación en lista, se remitirá el expediente al Ministerio de la Economía, en donde, en caso de oposición, se ordenará su remisión al respectivo juez o tribunal, para que las partes hagan valer sus derechos. 

  

Si la solicitud fuere por extensión mayor de doscientas hectáreas y no hubiere habido oposición, antes de remitir el expediente al Ministerio, se ordenará por la alcaldía el levantamiento del plano a que se refiere el artículo 55 del Código Fiscal, por el agrimensor a quien debe tomarse el juramento que, conforme al Código Judicial, se exige a los peritos. En caso de oposición, el levantamiento del plano no deberá ordenarse sino una vez que esté en firme y sea favorable al solicitante la decisión judicial respectiva. 

  


Artículo 6º Si no hubiere habido oposición o resuelta que hubiere sido éste a favor del solicitante, el departamento de tierras del Ministerio de Economía Nacional dictará la correspondiente providencia definitiva, pudiendo antes de ello pedir las ampliaciones probatorias que considere necesarias para ilustrar mejor su criterio sobre el particular. 

  

De las apelaciones que se interpusieren contra tales providencias, conocerá directamente el Ministro. 

  


Artículo 7º La tramitación para las adjudicaciones a cambio de títulos de baldíos será la misma establecida en la ley 97, con prescindencia de la inspección ocular, pudiéndose establecer en principio la calidad de baldío del terreno pedido en adjudicación, por medio de tres declaraciones testimoniales tomadas ante el juez del lugar. 

  


Artículo 8º En la parte motiva de las resoluciones de adjudicación, deberán analizarse ampliamente las pruebas allegadas sobre la explotación económica del predio, término de ella y la fuerza de convicción que le merezcan al Ministerio para efectos de la presunción consagrada por el artículo 6º de la ley que se reglamenta. 

  

En la parte resolutiva debe hacerse la declaración de si la adjudicación queda o no amparada por la presunción, especificando que ésta no surtirá efectos contra tercero sino pasado un año a partir de la fecha de inscripción de la resolución en la respectiva Oficina de Registro. 

  


Artículo 9º Los adjudicatarios de terrenos adjudicados con una anterioridad de cinco o más años a la vigencia de la ley 97, para que puedan ser amparados con la presunción de derecho, deberán acompañar a su solicitud los siguientes documentos: 

  

1° El acta original de una inspección ocular practicada por un juez del lugar, en asocio de peritos, nombrados, uno por el interesado y otro por el funcionario, con citación personal y previa de los colindantes y del respectivo agente del ministerio público, en la cual deberán acreditarse los siguientes hechos: 

  

a) Que los linderos del respectivo predio son los mismos que aparecen en la resolución de adjudicación; 

  

b) La extensión cultivada u ocupada con ganados, calidad del terreno y naturaleza de los pastos; 

  

c) Si dentro de la extensión identificada se encuentran o no establecidos colonos o cultivadores distintos del adjudicatario o derechohabiente, a qué título y en qué extensión aproximada; 

  

d) Todos aquellos otros hechos que sirvan para juzgar sobre la pacífica y efectiva explotación o posesión del adjudicatario o derechohabiente. 

  

El funcionario deberá consignar también su concepto personal sobre los hechos, para lo cual podrá exigir todas aquellas ampliaciones que considerare necesarias, y recoger todas las informaciones que los vecinos del lugar que pudieren servirle para formarse un mejor criterio sobre el asunto. 

  

2° La prueba de que no ha sido discutido en juicio la propiedad del predio en cuestión o que habiéndolo sido, el juicio ha sido favorable al adjudicatario por sentencia que haya hecho tránsito a cosa juzgada. 

  


Artículo 10. Para las adjudicaciones hechas con menos de cinco años de anterioridad a la vigencia de la Ley 97, deberán presentarse las mismas comprobaciones del artículo anterior, con la sola adición de que Debe establecerse fehacientemente que la explotación tiene más de cinco años. 

  

Lo mismo se entenderá para las adjudicaciones que se hagan con posterioridad a la vigencia de la ley, pero que por haberse iniciado con anterioridad a dicha vigencia, se hubieren adelantado conforme al procedimiento coetáneo a su iniciación. 

  


Artículo 11. Los adjudicatarios a cambio de títulos de baldíos para ser amparados por la presunción de derecho, deberán comprobar lo siguiente: 

  

a) Haber obtenido del Ministerio de la Economía la declaración sobre el cumplimiento efectivo y oportuno de las obligaciones de explotación consignadas en la respectiva resolución de adjudicación, de conformidad con la ley 52 de 1931; 

  

b) La prueba de la explotación mínima de cinco años en la forma establecida en el artículo 9º. Del presente decreto, lo mismo que la relativa a controversia del dominio de que habla el mismo artículo. 

  

Parágrafo. Cuando a juicio del Ministerio, las pruebas presentadas conduzcan a la comprobación de los mismos hechos que se requieren para la extinción de la condición resolutoria y para el amparo de la presunción de derecho, podrán hacerse ambas declaraciones en una sola providencia. 

  


Artículo 12. Con el fin de evitar el minifundio, no se adjudicarán extensiones menores de 25 hectáreas, a no ser que por la proximidad de otros propietarios o colonos o por la naturaleza misma del terreno, no se alcance a esa extensión mínima, lo cual debe quedar claramente establecido en la respectiva inspección ocular. 

  


Artículo 13. En las adjudicaciones hasta cincuenta hectáreas que la ley 5ª de 1930 permite como máximo en la zona de cinco kilómetros a cada lado de todas las vías públicas construidas o proyectadas, el frente sobre la vía no podrá ser mayor de medio kilómetro. 

  


Artículo 14. En lo sucesivo, las islas y playones podrán ser adjudicables a los particulares, con las siguientes condiciones: 

  

a) Deberá preferirse a quienes carezcan de otros medios de subsistencia, hecho que puede comprobarse con los correspondientes certificados de las oficinas de hacienda nacional y de catastro en los que conste que el peticionario no figura con renta o patrimonio alguno; 

  

b) Se preferirá, además, a quienes estando en el caso del aparte anterior, sean actualmente ocupantes o arrendatarios de la isla o playón, siendo entendido que se respetarán en todas sus partes los contratos de arrendamiento vigentes y cualquiera que sea la situación económica de los arrendatarios; 

  

c) Por regla general, la extensión adjudicable no deberá ser mayor de 5 hectáreas, pero el Ministerio de la Economía podrá ampliar esa extensión cuando las circunstancias de área de la isla o playón, su situación geográfica, reducido número de aspirantes etc., lo permitan; y 

  

d) Mientras se determina el procedimiento más aconsejable para esta clase de adjudicaciones, se adoptará el de las comisiones oficiales de adjudicación de que tratan los decretos 198 y 1418 de 1943. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 15. En lo sucesivo, no habrá lugar a indemnización contra la nación, departamento o municipios por razón de las fajas de terrenos que utilicen para sus vías públicas y que atraviesen terrenos baldíos mejorados o adjudicados, salvo el valor de las mejoras a que hubiere lugar, hecha la compensación con la posible valorización que hubiere beneficiado al predio, de conformidad con el artículo 268 de la Ley 167 de 1941. 

  


Artículo 16. Tanto de este decreto como de la Ley que por él se reglamenta, se publicará un folleto para ser repartido profusamente. 

  


Artículo 17. El presente decreto regirá desde su expedición. 

  

Comuníquese y publíquese. 

  

Dado en Bogotá, a 17 de febrero de 1947 

  

MARIANO OSPINA PEREZ 

  

El Ministro de Gobierno, 

  

Roberto URDANETA ARBELAEZ 

  

El Ministro de la Economía Nacional, 

  

Roberto MARULANDA