200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030040146CC-SENTENCIAC473C202005/11/2020CC-SENTENCIA_C_473_C_2020_05/11/2020300401612020Recurso de extracto: LA CORTE CONSTITUCIONAL DETERMINÓ QUE LA NORMA NO ADOLECE DE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA POR EL HECHO DE NO CONFERIR DE MANERA EXPRESA A ALCALDES Y GOBERNADORES COMPETENCIA PARA OTORGAR PERMISOS PARA EL PORTE Y TENENCIA DE ARMAS EN EL TERRITORIO DE SU JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONALIDAD05/11/2020Cristina Pardo SchlesingerDECRETO 2535 DE 1993D-13552Identificadores20030232042true1349066original30204314Identificadores

Fecha Providencia

05/11/2020

Fecha de notificación

05/11/2020

Magistrado ponente:  Cristina Pardo Schlesinger

Norma demandada:  DECRETO 2535 DE 1993


Recurso de extracto:

LA CORTE CONSTITUCIONAL DETERMINÓ QUE LA NORMA NO ADOLECE DE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA POR EL HECHO DE NO CONFERIR DE MANERA EXPRESA A ALCALDES Y GOBERNADORES COMPETENCIA PARA OTORGAR PERMISOS PARA EL PORTE Y TENENCIA DE ARMAS EN EL TERRITORIO DE SU JURISDICCIÓN

1. Norma demandada

DECRETO 2535 DE 1993

(diciembre 17)

Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos

ARTICULO 32. COMPETENCIA. Son competentes para la expedición y revalidación de permisos para tenencia y para porte de armas y para la venta de municiones y explosivos en los lugares que determine el Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes autoridades militares: El Jefe del Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y los Ejecutivos y Segundos Comandantes de Unidades Tácticas en el Ejército Nacional, o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.

ARTICULO 41. SUSPENSION. [Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006] El nuevo texto es el siguiente:> Las autoridades de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993, podrán suspender de manera general la vigencia de los permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales. Estas autoridades, también podrán ordenar la suspensión de los permisos de manera individual a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales, previo concepto del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, cuando a juicio de las mismas, las condiciones que dieron origen a la concesión original han desaparecido.

Si el titular del permiso respecto del cual se dispuso la suspensión individual, no devuelve el arma a la autoridad militar competente en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la disposición que la ordenó, procederá su decomiso, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Cuando la suspensión sea de carácter general, los titulares no podrán portar las armas.

PARÁGRAFO 1o. Los gobernadores y alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar competente la adopción de la suspensión general, de manera directa o por conducto del Ministerio de Defensa Nacional.

PARÁGRAFO 2o. La autoridad militar que disponga la suspensión general de la vigencia de los permisos, podrá autorizar o no de manera especial o individual el porte de armas a solicitud del titular o del gobernador o alcalde respectivo, previo estudio detallado de las circunstancias y argumentos de seguridad nacional y seguridad pública que la invocan.

2. Decisión

Declarar EXEQUIBLES las expresiones demandadas de los artículos 32 y 41 del Decreto 2535 de 1993, por las razones expuestas en la presente providencia.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de los fundamentos

En primer lugar, la Sala Plena se pronunció respecto de la no configuración de la cosa juzgada en el presente caso, en relación con la sentencia C-867 de 2010. Precisó que los accionantes cuestionaban directamente la exclusión de los alcaldes de la competencia para expedir y suspender los permisos de porte y tenencia de armas, pero no lo hacían alegando el artículo 315 superior, como en la oportunidad anterior.

Concluyó este Tribunal que, aunque las normas a analizar eran las mismas evaluadas por la sentencia C-867 de 2010, los cargos eran nuevos y existía una modificación constitucional reciente relevante en la solución del problema sugerido. Por consiguiente, la Corte tenía competencia para pronunciarse en relación con los argumentos alegados por los demandantes.

No obstante, y pese a la falta de identidad de cargos, la Sala advirtió que existían elementos argumentativos relacionados con los analizados en la sentencia C-867 de 2010. Ello en la medida en que los demandantes, al sustentar de manera conjunta dichos cargos, consideraron que las normas demandadas trasgredían los principios de democracia participativa, de autonomía administrativa de los municipios y departamentos en el marco del principio de aseguramiento del monopolio por parte del Estado sobre la fuerza y el uso de las armas. Lo anterior, al omitir a los alcaldes y gobernadores de las autoridades allí previstas, condicionando el cumplimiento de sus funciones frente a la conservación del orden público.

En ese escenario, a pesar de no existir cosa juzgada formal la mencionada sentencia, C-867 de 2010, se constituía en precedente relevante a tener en cuenta en esta oportunidad.

En segundo lugar, se analizó el cargo propuesto por los accionantes que consideraban que en los artículos 32 y 41 del Decreto 2535 de 1993 demandados existía una omisión legislativa relativa al no incluir a los alcaldes y gobernadores como sujetos activos de las competencias allí otorgadas. Por lo tanto, esta omisión materializaba una vulneración de la supremacía del poder civil sobre el militar, la democracia participativa y la autonomía de las entidades territoriales.

Agotado el análisis de los presupuestos para la configuración de una omisión legislativa quedó evidenciado que la misma no se configuró como consecuencia del no cumplimiento de uno de ellos. Lo anterior, por cuanto esta facultad de otorgar permisos para tenencia y porte de armas o su suspensión no resulta esencial para que estas autoridades diseñen y ejecuten sus programas de gobierno en materia de seguridad y mantenimiento de orden público en sus territorios y, de esta manera, se armonizaran las normas con las disposiciones superiores.

Al respecto, se indicó que la competencia solicitada por los accionantes no resultaba esencial para el mantenimiento del orden público en las regiones y municipios. De modo que no estar facultado para tal fin, no vulneraba el principio de autonomía de las entidades territoriales en la medida en que los planes de gobierno en esta materia se diseñarían teniendo en cuenta sus competencias constitucionales y legales.

Bajo este entendido, tampoco se advirtió un desconocimiento del principio a la participación. Ello, porque los planes de gobierno en materia de seguridad y mantenimiento del orden público se diseñarán y expondrán por las autoridades territoriales en el marco de sus competencias legales y constitucionales. En ese contexto, se garantiza la participación de los ciudadanos en los temas que los afecten o interesen. Sin perjuicio de lo anterior, y en gracia de discusión, la Sala señaló que el principio de participación de la ciudadanía en la delimitación de las políticas de seguridad territorial y nacional, estaría garantizado en el marco de las competencias del Presidente de la República, también elegido popularmente y competente para fijar las directrices y procedimientos para tal fin y al que están sometidos no solo los alcaldes y gobernadores, sino las autoridades militares.

Finalmente, respecto del posible sometimiento del poder civil al militar alegado por los demandantes, se explicó que el Acto Legislativo 05 de 2017 no constituía un nuevo parámetro en la manera de interpretar el monopolio de la fuerza. Por ello, no se podía entender que alcaldes y gobernadores eran autoridades competentes para otorgar permisos para porte y tenencia de armas en su territorio y era indispensable que adquirieran esta competencia alegada.

4. Aclaración de voto

La magistrada DIANA FAJARDO RIVERA aclaró su voto en cuanto había puesto de presente la deficiencia de los cargos de inconstitucionalidad que partían de un supuesto que no se deduce de las normas constitucionales invocadas, como se reconoce en la misma sentencia y que, por tanto, carecían de la certeza que se exige para que procediera un examen de fondo. No obstante, realizado este, comparte la conclusión a la que llegó la Corte al declarar la exequibilidad del numeral demandado.