200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030039124CC-SENTENCIAC119202015/04/2020CC-SENTENCIA_C_119__2020_15/04/2020300391312020LA FACULTAD DE EXPEDIR DE PLIEGOS TIPO PARA LA SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, EN LO QUE RESPECTA A LOS REQUISITOS HABILITANTES Y LOS CRITERIOS DE ESCOGENCIA, NO DESCONOCE LA AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, AL TRATARSE DE ASUNTOS CUYA REGULACIÓN COMPETE AL LEGISLADOR.
CONSTITUCIONALIDADAlejandro Linares CantilloLEY 1882 DE 2018D12637Identificadores20030216567true1328501original30190097Identificadores

Fecha Providencia

15/04/2020

Magistrado ponente:  Alejandro Linares Cantillo

Norma demandada:  LEY 1882 DE 2018


LA FACULTAD DE EXPEDIR DE PLIEGOS TIPO PARA LA SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, EN LO QUE RESPECTA A LOS REQUISITOS HABILITANTES Y LOS CRITERIOS DE ESCOGENCIA, NO DESCONOCE LA AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, AL TRATARSE DE ASUNTOS CUYA REGULACIÓN COMPETE AL LEGISLADOR.


1. Norma acusada


LEY 1882 de 2018

(enero 15)


Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones


ARTÍCULO 4°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 20 de la Ley 1150 de 2007:


Parágrafo 7°1 El Gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, los cuales deberán ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública en los procesos de selección que adelanten. Dentro de los documentos tipo el Gobierno adoptará de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las condiciones habilitantes, así como los factores técnicos y económicos de escogencia, según corresponda a cada modalidad de selección y la ponderación precisa y detallada de los mismos, que deberán incluirse en los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos. Para la adopción de esta reglamentación el Gobierno tendrá en cuenta las características propias de las regiones con el ánimo de promover el empleo local.


La facultad de adoptar documentos tipo la tendrá el Gobierno Nacional, cuando lo considere necesario, en relación con otros contratos o procesos de selección.


Los pliegos tipo se adoptarán por categorías de acuerdo con la cuantía de la contratación, según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.”.


2. Decisión


Primero.LEVANTAR, respecto del presente asunto, la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura.


Segundo. Declarar la EXEQUIBILIDAD de las expresiones demandadas del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones, en cuanto al cargo de vulneración de los artículos 1 y 287 de la Constitución Política.



Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de la providencia


Le correspondió a la Corte Constitucional decidir una demanda contra algunas expresiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, que adicionó un parágrafo al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en las que se atribuye competencia al Gobierno Nacional para adoptar documentos tipo para los pliegos de condiciones de determinados contratos y también lo autoriza para adoptar dichos documentos tipo respecto de los otros contratos o procesos de selección y se prevé que los mismos deberán ser utilizados obligatoriamente por todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los procesos de selección que adelanten.


De manera preliminar y, en aplicación del principio pro actione, concluyó la Corte que la demanda era apta para permitir un pronunciamiento de fondo en cuanto a la constitucionalidad de la norma. A continuación, a partir de los argumentos del escrito ciudadano, este tribunal formuló el siguiente problema jurídico: ¿La facultad atribuida al Gobierno Nacional por el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, para adoptar documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras o en cualquier otro tipo de contrato o proceso de selección, que considere el Gobierno Nacional y que deben ser obligatoriamente utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación, en sus respectivos procesos de procesos de selección, desconoce la autonomía de las entidades territoriales, prevista en los artículos 1 y 287 de la Constitución Política


En razón de las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las expresiones demandadas del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018.


4. Salvamento de voto parcial


El magistrado Alberto Rojas Ríos estuvo de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala Plena en el sentido de que la competencia atribuida al Gobierno Nacional por virtud del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, que adicionó un parágrafo al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, para estandarizar pliegos tipo de condiciones uniformes en determinados procesos de contratación estatal, tales como (i) selección de obras públicas, (ii) interventoría para las obras públicas, (iii) interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, (iv) consultoría en ingeniería para obras, y el consecuente deber de aplicarlos en los procesos que adelantan las entidades territoriales como sujetos del Estatuto de Contratación Estatal, se ajusta al principio de autonomía territorial (arts. 1 y 287 C.P.).


Precisó que, si bien la obligatoriedad de los pliegos tipo no altera la facultad de las entidades territoriales de administrar sus recursos por medio de la contratación pública, pues están facultadas para realizar las gestiones administrativas que estimen convenientes para el cumplimiento de sus funciones según su presupuesto y su correspondiente plan anual de adquisiciones, no ocurre lo mismo con la expresión: “La facultad de adoptar documentos tipo la tendrá el Gobierno nacional, cuando lo considere necesario, en relación con otros contratos o procesos de selección.”, por tratarse de una atribución genérica, ambigua e indefinida que contraría la autonomía territorial.


Sobre este aspecto, sostuvo que si bien el establecimiento de los pliegos tipo encuentra justificación constitucional en el interés general y la protección del patrimonio público –principios fundantes de la contratación del Estado–, el precitado enunciado establece un campo indefinido de probabilidades que confiere una forma de discrecionalidad absoluta a favor del Gobierno Nacional en materia de contratación, y a través de la cual queda abierta la posibilidad de establecer la medida de los documentos tipo frente a otros contratos por la vía del reglamento y no de la ley. Lo anterior, en criterio del magistrado Rojas Ríos, es contrario al modelo de Estado unitario con descentralización de las entidades territoriales en el que una medida de tal naturaleza debe ser consecuencia del margen de configuración del legislador y no de una habilitación al ejecutivo.


De manera puntual, señaló que el núcleo esencial consiste en la capacidad de contratación de las entidades territoriales y de la autonomía que les ha sido reconocida por el ordenamiento jurídico para administrar sus bienes, la cual se ve menoscabada por la determinación del Legislador de delegar in genere en el ejecutivo la estandarización de algunos aspectos de la contratación pública.