200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030038821CC-SENTENCIAC50202012/02/2020CC-SENTENCIA_C_50__2020_12/02/2020300388262020LA CORTE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA LEGAL ORDINARIA QUE LIMITABA LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ AL CONOCIMIENTO DE CIERTOS DELITOS, POR DESCONOCER LA RESERVA DE LEY ESTATUTARIA Y EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCIÓN
CONSTITUCIONALIDAD12/02/2020Gloria Stella Ortiz DelgadoLEY 1922 DE 2018, ARTÍCULO 11.D-13401Identificadores20030210674true1322051original30184330Identificadores

Fecha Providencia

12/02/2020

Fecha de notificación

12/02/2020

Magistrado ponente:  Gloria Stella Ortiz Delgado

Norma demandada:  LEY 1922 DE 2018, ARTÍCULO 11.


LA CORTE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA LEGAL ORDINARIA QUE LIMITABA LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ AL CONOCIMIENTO DE CIERTOS DELITOS, POR DESCONOCER LA RESERVA DE LEY ESTATUTARIA Y EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCIÓN

1. Norma acusada


LEY 1922 DE 2018
(julio 18)
Por medio de la cual se adoptan reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz


ARTÍCULO 11. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. La investigación de delitos de competencia de la JEP debe apuntar, según el caso, a los siguientes objetivos:
1. Determinar las circunstancias geográficas, económicas, sociales, políticas y culturales en las cuales sucedieron los delitos de competencia de la JEP.
2. Cuando proceda describir la estructura y el funcionamiento de la organización criminal, sus redes de apoyo, las características del ataque y los patrones macrocriminales.
3. Develar el plan criminal.
4. Asociar casos y situaciones.
5. Identificar sus responsables.6. Establecer los crímenes más graves y representativos.
7. Identificar a las víctimas y las condiciones particulares que les ocasionen afectaciones diferenciadas.
8. Cuando sea procedente, determinar los móviles del plan criminal y en especial aquellos que comporten razones de discriminación por etnia, raza, género, orientación sexual, identidad de género, convicciones religión, ideologías políticas o similares.
9. Establecer las rutas del narcotráfico y actividades ilícitas; bienes de los perpetradores y las organizaciones criminales.
10. Los demás que se estimen necesarios.
PARÁGRAFO. La JEP será competente de manera exclusiva y prevalente para conocer de las conductas delictivas cometidas por causa con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado por agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que se hayan sometido voluntariamente a esta, en los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado interno.
PARÁGRAFO 2. Las investigaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz parten del reconocimiento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y tiene la obligación de contribuir al fortalecimiento de las instituciones. Por lo anterior, sus agentes, en particular los miembros de la Fuerza Pública, ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales.

2. Decisión


Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 1° del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018 “por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”, excepto la expresión “relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado interno” que se declara INEXEQUIBLE.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de la providencia


La Sala abordó inicialmente el problema jurídico derivado de la pretensión principal de los demandantes, consistente en establecer si el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018, según el cual la JEP es competente de manera exclusiva y prevalente para conocer de las conductas delictivas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado por agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública -AENIFUP- y terceros civiles que se hayan sometido voluntariamente a esta, “relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado interno”, desconoce la reserva de ley estatutaria por haber modificado vía ley ordinaria la competencia material de la JEP.

Este Tribunal estableció que, al tratarse de un vicio de competencia por violación de la reserva de ley estatutaria, antes de llevar a cabo un análisis material del contenido normativo demandado, era necesario establecer si el Legislador ordinario tenía la competencia para expedirlo. Para ello, estableció la siguiente metodología: (i) la determinación del tipo de norma bajo examen, (ii) el estudio de sus contenidos frente a las previsiones y límites constitucionales en la materia y (iii) la constatación de una invasión en la órbita de competencia del Legislador estatutario. Después de haber llevado a cabo este ejercicio, concluyó que la norma examinada efectivamente era una norma de competencia. Por otro lado, resaltó que las competencias de la JEP fueron establecidas de manera genérica por el Constituyente, mediante definiciones realizadas por comprensión y a través de exclusiones, sin acudir a una definición por extensión o por listado. Estas enfatizan en la competencia material para conocer de las conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, con una mención especial a las consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, concluyó que la manera en que el Constituyente definió la competencia material de la JEP se explica por los principios básicos delSistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), los cuales son de rango constitucional.
En consecuencia, precisó que no existe un catálogo de delitos para terceros y AENIFPU, debido a que esta es la manera de interpretar las competencias amplias dadas por el Constituyente. No es posible alterar este enfoque a través de una ley ordinaria que contenga catálogos taxativos de conductas de competencia de la JEP que restrinjan lo establecido por la Constitución. En la práctica, esto limitaría su competencia al restar o anular el margen de valoración que la misma jurisprudencia constitucional ha reconocido como indispensable para que la entidad pueda ejercer sus funciones y maximizar el cumplimiento de los objetivos del SIVJRNR. No obstante, la remisión a la cláusula general de competencia tampoco significa que la JEP tenga potestades ilimitadas e indeterminables.
Por lo tanto, esta Corporación concluyó que, de conformidad con las normas establecidas para la administración de justicia transicional, el Legislador ordinario no puede modificar una disposición que defina su competencia mediante un listado, debido a que la Constitución previamente definió su competencia de manera amplia a través de exclusiones. En ese sentido, toda Legislación ordinaria que detalle la competencia material de la JEP, en realidad limita sus facultades, lo cual no está permitido por la Constitución.

Finalmente, la Sala Plena encontró que el parágrafo sólo contiene algunas expresiones inconstitucionales derivadas de la violación a la reserva de ley estatutaria, porque el resto del artículo reitera las previsiones superiores. Por lo tanto, de la norma demandada tan solo la fórmula “relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado interno” será declarada inexequible.