200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030035687CC-SENTENCIAC080201815/08/2018CC-SENTENCIA_C_080__2018_15/08/2018300356862018LA CORTE CONSTITUCIONAL REALIZÓ EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 08 DE 2017 SENADO - 016 DE 2017 CÁMARA, “ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ” , CONCLUYENDO QUE EN SU MAYOR PARTE SE AJUSTA A LA CONSTITUCIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 19, 20, 21, 22, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 52, 55, 57, 62, 63, 71, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 112, 114, 125, 146, 148, 152, 153 Y 157, RESPECTO DE LOS CUALES DECIDIÓ COMO A CONTINUACIÓN SE EXPLICA.
CONSTITUCIONALIDAD15/08/2018Antonio José Lizarazo OcampoRPZ-010Identificadores20030173833true1273041original30152689Identificadores

Fecha Providencia

15/08/2018

Fecha de notificación

15/08/2018

Magistrado ponente:  Antonio José Lizarazo Ocampo

Norma demandada:  RPZ-010


LA CORTE CONSTITUCIONAL REALIZÓ EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 08 DE 2017 SENADO - 016 DE 2017 CÁMARA, “ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ”, CONCLUYENDO QUE EN SU MAYOR PARTE SE AJUSTA A LA CONSTITUCIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 19, 20, 21, 22, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 52, 55, 57, 62, 63, 71, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 112, 114, 125, 146, 148, 152, 153 Y 157, RESPECTO DE LOS CUALES DECIDIÓ COMO A CONTINUACIÓN SE EXPLICA.

I. La norma objeto de Revisión


La Corte se pronunció sobre el Proyecto de Ley Estatutaria número 08 de 2017 Senado - 016 de 2017 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”. Por su extensión el texto del Proyecto de Ley no se transcribe en este comunicado, pero puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Proyecto_ley_estatutaria_JEP.pdf

II. Decisión


PRIMERO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del Proyecto de Ley número 008 de 2017 Senado – 016 de 2017 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”, con excepción de los artículos 19, 20, 21, 22, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 52, 55, 57, 62, 63, 71, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 112, 114, 125, 146, 148, 152, 153 y 157, en relación con los cuales se decide sobre su constitucionalidad en los siguientes términos:

SEGUNDO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 19, excepto la expresión “entre otros” del inciso segundo la cual se declara INCONSTITUCIONAL; y la expresión “delitos no amnistiables” del parágrafo segundo la cual se CONDICIONA en el sentido de que se refiere exclusivamente a aquellos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los cuales podrán ser atribuidos a los máximos responsables.

TERCERO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 20, excepto la expresión “todos los” del parágrafo primero que se declara INCONSTITUCIONAL.

CUARTO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 21, excepto la expresión “a solicitud del destinatario de las mismas” del inciso tercero, que se declara INCONSTITUCIONAL.

QUINTO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 22, excepto la palabra “sólo” que se CONDICIONA en el sentido de que contra dichas sentencias y resoluciones procede la acción de tutela; y la expresión “o en el reglamento” que se declara INCONSTITUCIONAL.

SEXTO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 32, excepto la expresión “en cualquier jurisdicción” del inciso primero que se CONDICIONA en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia será competente para la revisión de sus propias sentencias, en los términos del inciso tercero del artículo transitorio 10 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017.

SÉPTIMO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 34, excepto la expresión “presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación y Acusación, de oficio” que se CONDICIONA en el sentido de que se refiere a los casos que, de conformidad con la ley, le hubieren sido remitidos.

OCTAVO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 36, excepto la expresión “en el Acuerdo Final y”, que se declara INCONSTITUCIONAL.

NOVENO. ESTARSE A LO DECIDIDO en la sentencia C-007 de 2018 y, en consecuencia, declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 41 excepto el término “cónyuge” del inciso segundo que se CONDICIONA en el sentido de que incluye cónyuge, compañero o compañera permanente; y la expresión “toda solicitud de revisión deberá ser suscrita por un plenipotenciario que hubiere firmado el Acuerdo Final de Paz” contenida en el inciso tercero, la cual se declara INCONSTITUCIONAL.

DÉCIMO. ESTARSE A LO DECIDIDO en la sentencia C-007 de 2018 y, en consecuencia, declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 42, excepto:


(i) La palabra “graves” del inciso primero, que se declara INCONSTITUCIONAL;

(ii) La expresión “–esto es, toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática–” del inciso primero, que se declara INCONSTITUCIONAL;

(iii) La expresión “reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma” del inciso primero, la cual se CONDICIONA en el sentido de que las conductas a las que se refiere esta prohibición cometidas hasta el 25 de junio de 2005, no son amnistiables si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad; a partir de ese momento, no lo serán las cometidas contra una persona menor de 18 años.

DÉCIMO PRIMERO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 43, excepto la expresión “83,” del inciso segundo, la cual se declara INCONSTITUCIONAL.

DÉCIMO SEGUNDO: ESTARSE A LO DECIDIDO en la sentencia C-007 de 2018 y, en consecuencia, declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 45, excepto:


(i) La palabra “graves” del numeral 1 del inciso segundo, que se declara INCONSTITUCIONAL;

(ii) La expresión “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma” del numeral 1 del inciso segundo, la cual se CONDICIONA en el sentido de que las conductas que constituyan ese delito cometidas hasta el 25 de junio de 2005 no son susceptibles de renuncia a la persecución penal, si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad; a partir de ese momento, no lo serán las cometidas contra una persona menor de 18 años.

DÉCIMO TERCERO: ESTARSE A LO DECIDIDO en la sentencia C-007 de 2018 y, en consecuencia, declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 46, excepto:


(i) La palabra “graves” del inciso cuarto que se declara INCONSTITUCIONAL;


(ii) La expresión “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma” del inciso cuarto, la cual se CONDICIONA en el sentido de que las conductas que constituyan ese delito cometidas hasta el 25 de junio de 2005 no son susceptibles de renuncia a la persecución penal, si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad; a partir de ese momento, no lo serán las cometidas contra una persona menor de 18 años.

DÉCIMO CUARTO: ESTARSE A LO DECIDIDO en la sentencia C-007 de 2018 y, en consecuencia, declarar la CONSTITUCIONALIDAD de los artículos 49 y 55 en el sentido de que “la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se enmarca dentro del régimen de condicionalidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con fundamento en los siguientes parámetros:

(i) El compromiso de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas es una condición de acceso y no exime a los beneficiarios de esta Ley del deber de cumplir con las obligaciones contraídas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.


(ii) El cumplimiento de los deberes de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se exigirá a los beneficiarios de esta Ley, por el término de vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la condición especial de acceso a las sanciones propias del sistema prevista en el inciso segundo de los artículos 14 y 33 de la Ley 1820 de 2016.

(iii) Los incumplimientos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición deberán ser objeto de estudio y decisión por la Jurisdicción Especial para la Paz, conforme a las reglas de procedimiento de que trata el inciso 1º del artículo transitorio 12 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017; lo que supone analizar, en cada caso, si existe justificación y la gravedad del incumplimiento. Este análisis deberá regirse por el principio de proporcionalidad y podrá dar lugar a la pérdida de beneficios previstos en esta Ley”.

DÉCIMO QUINTO: ESTARSE A LO DECIDIDO en la sentencia C-007 de 2018 y, en consecuencia, declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 52, excepto:

(i) La palabra “graves” del numeral 2, que se declara INCONSTITUCIONAL;

(ii) La expresión “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma” del numeral 2, la cual se CONDICIONA en el sentido de que las conductas que constituyan ese delito cometidas hasta el 25 de junio de 2005 no son susceptibles de libertad transitoria condicionada y anticipada, si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad; a partir de ese momento, no lo serán las cometidas contra una persona menor de 18 años; salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años.

DÉCIMO SEXTO: ESTARSE A LO DECIDIDO en la sentencia C-007 de 2018 y, en consecuencia, declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 57, excepto:

(i) La palabra “graves” del numeral 2, que se declara INCONSTITUCIONAL;

(ii) La expresión “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma” del numeral 2 la cual se CONDICIONA en el sentido de que pueden acceder al beneficio de la privación de la libertad en unidad militar o policial quienes sean responsables de las conductas que constituyan ese delito cometidas hasta el 25 de junio de 2005, si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad; a partir de ese momento, no lo serán aquellas en las que el sujeto pasivo es una persona menor de 18 años.

DÉCIMO SÉPTIMO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 62, excepto:

(i) El numeral tercero del inciso quinto que se declara INCONSTITUCIONAL;

(ii) La expresión “con excepción de los terceros civiles, agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública y los aforados constitucionales,” contenida en el inciso séptimo, la cual se CONDICIONA en el sentido de que esta excepción no procede en caso de sometimiento voluntario de dichos sujetos a la Jurisdicción Especial para la Paz;

(iii) El parágrafo 1º que se CONDICIONA en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia es competente para la revisión de sus propias sentencias, en los términos del inciso tercero del artículo transitorio 10 del artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2017.

DÉCIMO OCTAVO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 63, excepto:

(i) Los numerales 2 y 3 del inciso cuarto que se CONDICIONAN en el sentido de que corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz decidir acerca de la exclusión de los desertores y excombatientes a que se refieren dichos numerales, por incumplimiento del régimen de condicionalidad;

(ii) La expresión “En ningún caso, la sala de amnistía podrá considerar personas sobre las cuales la Oficina del Alto Comisionado haya decidido su no acreditación.” del inciso octavo, la cual se declara INCONSTITUCIONAL;

(iii) El inciso noveno que se declara INCONSTITUCIONAL.

DÉCIMO NOVENO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 71, excepto la palabra “podrá”, la cual se declara INCONSTITUCIONAL y se sustituye por la expresión “deberá”.

VIGÉSIMO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 79, excepto:

(i) El inciso tercero del literal j) que se CONDICIONA en el sentido de que: a) la norma aplica adicionalmente a las conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas; y b) los órganos y servidores públicos que continúen las anteriores investigaciones, a que se refiere la norma, no podrán ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales;

(ii) El literal m) y el PARÁGRAFO que se CONDICIONAN en el sentido de que refieren a todas las comunidades étnicas;

(iii) La expresión “selección y” del literal t) que se declara INCONSTITUCIONAL.

VIGÉSIMO PRIMERO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 80 excepto la palabra “colectiva” la cual se CONDICIONA en el sentido de que tal modalidad no sustituye ni agota el deber individual de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 82, excepto la expresión “además de otros delitos que la Sala de Amnistía e Indulto considere conexos al delito político” del inciso cuarto, la cual se CONDICIONA en el sentido de que tal facultad debe ejercerse conforme a los criterios de conexidad establecidos en la Ley 1820 de 2016.

VIGÉSIMO TERCERO: ESTARSE A LO DECIDIDO en la Sentencia C-007 de 2018 y, en consecuencia, declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 83, excepto:

(i) La palabra “grave” del inciso primero, que se declara INCONSTITUCIONAL;

(ii) La expresión “de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma” del inciso tercero la cual se CONDICIONA en el sentido de que las conductas que constituyan ese delito cometidas hasta el 25 de junio de 2005 se consideran crímenes de guerra si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad; a partir de ese momento, se consideran como tales aquellas en las que el sujeto pasivo es una persona menor de 18 años.

VIGÉSIMO CUARTO: ESTARSE A LO DECIDIDO en la sentencia C-007 de 2018 y, en consecuencia, declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 85 en el sentido de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá recibir información de toda organización social que tenga conocimiento de hechos ocurridos en el contexto de la protesta social o de disturbios públicos; y que el delito conexo “lesiones personales” se refiere a aquellas que produzcan una incapacidad médico legal máxima de 30 días.

VIGÉSIMO QUINTO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 86, excepto la palabra “acusatorios” la cual se declara INCONSTITUCIONAL.

VIGÉSIMO SEXTO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 88, excepto la expresión “a cualquier autoridad” la cual se CONDICIONA en el sentido de que se refiere a autoridad judicial en los términos que señale la ley.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 91, excepto los incisos segundo y tercero del parágrafo, que se declaran INCONSTITUCIONALES.

VIGÉSIMO OCTAVO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 93, excepto el literal d), que se declara INCONSTITUCIONAL.

VIGÉSIMO NOVENO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 95, que se CONDICIONA en el sentido de que excluye las decisiones de revisión de tutelas de la Corte Constitucional.

TRIGÉSIMO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 98, excepto la expresión “así como los equipos auxiliares de los anteriores que no cumplan funciones exclusivamente administrativas” la cual se declara INCONSTITUCIONAL.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 99, excepto la expresión “y ejercerán como tal de forma indefinida” del inciso segundo la cual se declara INCONSTITUCIONAL.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 100, excepto el parágrafo que se declara INCONSTITUCIONAL.

TRIGÉSIMO TERCERO: Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD del artículo 101.

TRIGÉSIMO CUARTO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 102, excepto la expresión “, y ejercerán el cargo de forma indefinida” del inciso segundo, la cual se declara INCONSTITUCIONAL.

TRIGÉSIMO QUINTO: Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD del artículo 103.

TRIGÉSIMO SEXTO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 104, excepto el parágrafo, que se declara INCONSTITUCIONAL.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 105, excepto la expresión “además de las siguientes” y los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, que se declaran INCONSTITUCIONALES.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 109, excepto las expresiones “de la jurisdicción” y “artículo transitorio 12 del”, las cuales se declaran INCONSTITUCIONALES.

TRIGÉSIMO NOVENO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 110, excepto el inciso cuarto que se CONDICIONA en el sentido de que el mecanismo para la activación del Comité de Escogencia que contemple el reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz debe garantizar la provisión de vacantes absolutas del Director de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; del Director de la Unidad de Investigación y Acusación; de los Comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; así como para reintegrar la lista de magistrados suplentes de la Jurisdicción Especial para la Paz cuando la misma se haya agotado.

CUADRAGÉSIMO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 112, excepto:

(i) El numeral 3 que se CONDICIONA en el sentido de que no se podrá modificar el diseño constitucional de la Jurisdicción;

(ii) La expresión “y vinculación” del numeral 6 la cual se declara INCONSTITUCIONAL;

(iii) La expresión “las, nomenclatura,” del numeral 8 la cual se declara INCONSTITUCIONAL.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 114, excepto “y eventualmente modificar” del numeral 5, la cual se declara INCONSTITUCIONAL.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 125 en el entendido de que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz como una sección de los gastos de funcionamiento del Presupuesto de Gastos del Presupuesto General de la Nación.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD del artículo 146.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 148, excepto el inciso primero, que se declara INCONSTITUCIONAL.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 152, excepto las expresiones “activa o” del inciso primero y “activa y” del inciso segundo, las cuales se declaran INCONSTITUCIONALES.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 153, en el entendido de que también se remitirán a la Sala de Reconocimiento las conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas y que hubieren tenido lugar antes de concluir este.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 157: (i) En el entendido de que cualquier solicitud de cooperación judicial internacional deberá tramitarse a través de los canales y procedimientos previstos en los tratados internacionales y en el ordenamiento jurídico interno;

(ii) Declarar INCONSTITUCIONAL la expresión “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 152 de esta ley”.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


III. Síntesis de la providencia


1. Competencia


La Corte Constitucional se declaró competente en virtud de los artículos 153 y 241 numeral 8º de la Constitución, así como del literal k) del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016, que regula el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz.

2. Los límites formales y procedimiento de expedición de normas de implementación del Acuerdo Final

2.1. En primer lugar, la Corte estudió la conexidad de los contenidos del proyecto de ley sometido a control con el Acuerdo Final de Paz suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Tal conexidad es un límite de competencia en el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2016, así como un criterio de análisis conforme al artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2017. La Corte encontró que se cumplieron los criterios de conexidad material y teleológica, particularmente con los contenidos y objetivos del punto 5 del Acuerdo Final que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR) y, en particular, del punto 5.1.2. relativo a la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP) como componente judicial de dicho Sistema.


2.2. En segundo lugar, la Corte estudió el cumplimiento de la reserva de ley estatutaria, conforme al artículo 152 C.P. En primer lugar, la Corte constató que el Proyecto de Ley tenía contenidos de reserva estatuaria, como lo son aquellas regulaciones sobre aspectos esenciales de la Administración de Justicia en la JEP (art. 152.b C.P.). En segundo lugar, también son estatutarios aquellos contenidos de esta naturaleza por disposición del artículo 66 transitorio constitucional (Acto Legislativo 01 de 2012 modificado por el Acto Legislativo 01 de 2017), en particular: (i) el tratamiento diferenciado para miembros de grupos ilegales y agentes del Estado responsables de hechos en el marco del conflicto armado (inciso 1); (ii) los instrumentos judiciales y extrajudiciales de investigación y sanción (inciso 2); (iii) los criterios de selección y el tratamiento penal que se dará a los responsables de los hechos que no resulten seleccionados (inciso 4).


Otros asuntos no estatutarios se declararon constitucionales, como lo son: (i) las reproducciones y desarrollos directos de la ley de amnistía, respecto de las cuales se siguió el precedente de la sentencia C-007 de 2018; (ii) las reproducciones del AL 01 de 2017, respecto de las cuales se siguió el precedente de la Sentencia C-674 de 2017; y (iii) las disposiciones que corresponden a la ley orgánica del presupuesto (arts. 125 y 126 de Proyecto de Ley Estatutaria).


2.3. En tercer lugar, la Corte verificó el cumplimiento de los requisitos en el procedimiento de formación y aprobación del Proyecto de Ley, teniendo en cuenta las normas constitucionales generales (art. 153 C.P) y las especiales del Acto Legislativo 01 de 2016. El Proyecto de Ley es constitucional en este aspecto pues contó con iniciativa gubernamental; el título respetó la fórmula requerida por el Acto Legislativo 01 de 2016; fue aprobado en una sola legislatura y dentro del término de vigencia de las facultades concedidas para la implementación del Acuerdo Final a través del Procedimiento legislativo especial para la paz; su primer debate se surtió en sesión conjunta de las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes; el segundo y tercer debate se adelantaron en las plenarias de cada una de las Cámaras; el proyecto fue aprobado con voto nominal y público de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, cumpliendo el quórum deliberatorio requerido. Adicionalmente, en la aprobación del Proyecto de Ley se respetaron los principios de unidad de materia, consecutividad e identidad flexible.


En cuanto a las mayorías requeridas, la Corte definió que para el cálculo de la mayoría absoluta hay que descontar del número de integrantes del Congreso las sillas vacías y los impedimentos aceptados, de conformidad con la regla fijada en el artículo 134 de la Constitución Política.


2.4. Por último, la Corte comprobó que el Proyecto de Ley contenía algunas disposiciones que afectaban directamente a las comunidades étnicas, por lo que procedía la realización del proceso de consulta previa, proceso que fue adelantado por el Gobierno Nacional.

3. Control material de constitucionalidad


3.1. La Corte fundó su estudio en el marco constitucional general que rige la estructura, objetivos, funciones y esencia de la Jurisdicción Especial para la Paz establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2017.


3.1.1. Sobre la JEP en el marco del SIVJRNR y la centralidad de los derechos de las víctimas. La JEP es uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que tiene como finalidad esencial la garantía de los derechos de las víctimas y se basa en el principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (art. 1 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017). Esta finalidad esencial es el fundamento del principio de integralidad, según el cual, todos los derechos tienen igual jerarquía y, por consiguiente, todos los mecanismos del SIVJRNR también la tienen. Así, dichos mecanismos se relacionan bajo principios de autonomía y colaboración armónica y buscan la maximización de los derechos de las víctimas como medio para alcanzar paz, que fue un propósito esencial del Constituyente de 1991.


El obrar de la JEP debe estar encaminado al cumplimiento de sus objetivos constitucionales y estatutarios, a saber, satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno (art. transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 y 9 del Proyecto de Ley Estatutaria).
Un aspecto transversal de la JEP es su obligación de garantizar un enfoque de género y diferencial étnico, etario, por discapacidad, así como de otros sujetos de especial protección constitucional que han sufrido un impacto desproporcionado por causa del conflicto armado; así como los hechos que particularmente han afectado a estas poblaciones, como la violencia sexual.


3.1.2. Sobre la estructura orgánica de la JEP. La JEP, como mecanismo de justicia del SIVJRNR, está sometida a un régimen legal propio, cuenta con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, no hace parte de la Rama Judicial, administra justicia de manera transitoria y autónoma y sus servidores están sometidos al régimen de la función pública. Además, las Salas y Secciones de la JEP tienen autonomía funcional al interior de la jurisdicción, sin perjuicio de la armonización de sus funciones en cumplimiento de los objetivos constitucionales de la JEP. La JEP cuenta con una instancia de Gobierno que cumple las mismas funciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura señaladas en la Ley 270 de 1996 y el Acto Legislativo 02 de 2015. Su funcionamiento será de máximo 20 años, sin perjuicio de las funciones que excepcionalmente pueda cumplir la Sección de Estabilidad y Eficacia. Para su funcionamiento, la JEP cuenta con unas normas de procedimiento especiales, que están regidas por el principio de legalidad como componente del debido proceso (parágrafo art. transitorio 12 del Acto Legislativo 01 de 2017). Dichas normas se distinguen de su reglamento interno de funcionamiento y organización (inciso 6º del art. transitorio 12 del Acto Legislativo 01 de 2017).


3.1.3. Sobre la competencia de la JEP y su procedimiento. La JEP cuenta con competencia prevalente y exclusiva sobre los hechos del conflicto armado ocurridos antes del 1º de diciembre de 2016, o estrechamente vinculados al proceso de dejación de armas. La exclusión de casos y de personas por falta de competencia de la JEP o por incumplimiento del régimen de condicionalidad, es de reserva judicial de la misma jurisdicción. La competencia de la JEP es obligatoria para conocer de los hechos de responsabilidad de combatientes; y facultativa cuando se active por decisión voluntaria del responsable cuando el mismo sea un tercero, es decir, un civil –agente del Estado que no hagan parte de la Fuerza Pública, incluyendo los aforados constitucionales, o un particular- . Los terceros están en la obligación de reconocer responsabilidad por los hechos en lo que se vieron involucrados y someterse al régimen de condicionalidad. Para el ejercicio de su competencia, las Salas y Secciones de la JEP, deberán aplicar de manera armónica los criterios de selección definidos en la Constitución y detallados en el cuerpo estatutario. Las salas, las secciones del Tribunal para la Paz, y la Unidad de Investigación y Acusación, deberán adoptar también herramientas de priorización. El procedimiento principal de la JEP es el de reconocimiento de verdad y responsabilidad y, sólo cuando este no opere, se activa el procedimiento adversarial en la Unidad de Investigación y Acusación.


3.1.4. Sobre el régimen de condicionalidad. Los responsables de los hechos están en la obligación de cumplir: (i) una condición esencial de acceso, consistente en la finalización de su participación en el conflicto armado; y (ii) las condiciones de acceso y permanencia de no reincidencia, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas. Dentro de este régimen de condicionalidad, la JEP ofrece los siguientes tratamientos especiales: (i) el tratamiento penal y penitenciario especial; (ii) la participación en política; (iii) el cumplimiento de función pública, la posibilidad de suscribir contratos con el Estado y ejercer profesión u oficio; (iv) la extinción de la responsabilidad administrativa y disciplinaria; (v) y la extinción de la obligación de indemnizar, en algunos casos, sin perjuicio de la obligación general de reparar de los responsables y del Estado.


No todos los responsables acceden a todos los tratamientos especiales, pues de acuerdo al marco constitucional, los tratamientos son diferenciales dependiendo de la naturaleza del responsable es decir, civil o combatiente, agente del Estado o particular. El régimen de condicionalidad está regido por los principios de gradualidad y proporcionalidad, cuyo cumplimiento tiene que ser evaluado de manera exclusiva por la JEP, para lo cual debe disponer de los instrumentos que requiera para tal fin.


3.1.5. Sobre la participación de las víctimas ante la JEP. Para garantizar el derecho de participación efectiva de las víctimas, así como el derecho a que se adopte una decisión en un plazo razonable, la jurisdicción establece de manera prevalente, mecanismos de representación colectiva de víctimas para la gestión judicial de sus derechos y de los recursos judiciales. Estos mecanismos se desarrollan a través de la Secretaría Ejecutiva en coordinación con el Ministerio Público y en colaboración con la Unidad para las Víctimas y con organizaciones representativas de las víctimas. Al mismo tiempo, estos mecanismos deben respetar la voluntariedad de las víctimas de hacerse parte de dichos procesos de representación colectiva. Esta representación colectiva es coherente con la naturaleza propia de la JEP que adopta prioritariamente una metodología de macroprocesos en aplicación de los criterios de selección.


3.1.6. Sobre la Justicia Restaurativa y la obligación de sanción efectiva en la JEP. El proceso ante la JEP, así como las sanciones propias, son de carácter restaurativo. En condiciones de pleno cumplimiento, los perpetradores asumen su responsabilidad ante la JEP, ante las víctimas y la sociedad y acceden a las sanciones propias. Dichas sanciones no se cumplen en condiciones convencionales de privación de la libertad, sino que tendrán una efectiva restricción de derechos, esto es, no podrán salir de ciertos espacios territoriales fijados y deberán desarrollar un proyecto restaurativo autorizado por la JEP con participación activa de las víctimas. La sanción propia también tiene un componente retributivo, pues el proyecto restaurativo se deberá ejecutar en cumplimiento de precisas condiciones de horarios, lugar de residencia, delimitación de los espacios territoriales y definición de salidas para el desarrollo de otras actividades derivadas del cumplimiento del Acuerdo Final, incluyendo la participación en política. El cumplimiento de la sanción implica restricción de derechos y libertades bajo estrictas condiciones de supervisión durante el tiempo en que dicha sanción deba ser cumplida, para lo cual la JEP debe contar con mecanismos idóneos de monitoreo, vigilancia y control del cumplimiento de dichas sanciones. A la vez, la sanción es restaurativa, pues permite el cumplimiento de funciones reparadoras y sociales.


Adicionalmente, el Tribunal para la Paz podrá imponer sanciones alternativas y ordinarias por incumplimiento del régimen de condicionalidad según el momento en que se reconozca responsabilidad.


En ese marco, la Corte estudió detalladamente la compatibilidad del desempeño de cargos de elección popular con el cumplimiento de sanciones alternativas y ordinarias, conforme al artículo 31 del Proyecto de Ley. Al respecto, advirtió que dicha norma no tuvo por objeto ampliar la inhabilidad para participar en política a quienes se les impongan sanciones alternativas, lo cual sería contrario al artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 01 de 2017, en los términos en que fue interpretado en la sentencia C-674 de 2017. Se trata en realidad del establecimiento de una incompatibilidad entre el cumplimiento de las sanciones que implican pena privativa de la libertad (alternativas y ordinarias) con el desempeño de cargos de elección popular. La norma estudiada introdujo razonablemente una incompatibilidad por cuanto tales penas implican privación de la libertad, y no impiden el ejercicio de otros derechos de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40 C.P.), ni afectan el proceso de reincorporación a la vida política, social y económica.


3.2. En el estudio material del articulado, esta Corporación declaró la inconstitucionalidad parcial o condicionó el contenido de algunos artículos, como se explica a continuación:


3.2.1. Artículo 19. La expresión “entre otros” del inciso segundo se declaró inconstitucional por cuanto los criterios de selección son de reserva de ley estatutaria y dicha cláusula daba lugar a la ampliación de los criterios más allá de los establecidos por el Proyecto de Ley. El condicionamiento de la expresión “delitos no amnistiables” del parágrafo segundo se fundó en el artículo 66 transitorio de la Constitución, que establece que la selección obliga a centrar esfuerzos en aquellos delitos no amnistiables cometidos por los máximos responsables y que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.


3.2.2. Artículo 20. La expresión “todos los” del parágrafo primero se declaró inconstitucional por cuanto vulneraba los principios de gradualidad y proporcionalidad en el régimen de condicionalidad.


3.2.3. Artículo 21. La expresión “a solicitud del destinatario de las mismas” del inciso tercero se declaró inconstitucional, por cuanto una interpretación de la norma que restrinja la interposición de los recursos de reposición y apelación a las víctimas y a la Procuraduría General de la Nación contraviene el derecho fundamental a la participación de las víctimas.


3.2.4. Artículo 22. Se declaró inconstitucional la expresión “sólo” para garantizar la procedencia de la tutela contra las decisiones de las autoridades de la JEP, conforme al artículo 86 C.P., en coherencia con lo dicho por esta Corte en la Sentencia C-674 de 2017. También se declaró la inconstitucionalidad de la expresión “o en el reglamento”, debido a que las causales de revisión o invalidación de sentencias y resoluciones son contenidos asociados con el derecho al debido proceso de los responsables y de las víctimas, por lo que son de reserva legal.

3.2.5. Artículo 32. Se condicionó la expresión “en cualquier jurisdicción” del inciso primero, para adecuar su interpretación al artículo transitorio 10 del artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2017, en lo referente a la revisión de sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia.


3.2.6. Artículo 34. Se condicionó la expresión “presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación y Acusación, de oficio” para garantizar que esta Unidad concentre sus esfuerzos en la acusación de los máximos responsables de los hechos seleccionados (art. 66 transitorio constitucional), en los que no haya habido reconocimiento de responsabilidad (art. transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017 y 79.n del Proyecto de Ley). Esta concentración de esfuerzos es coherente con su tiempo de funcionamiento, 10 años, que a su vez es acorde con el carácter transitorio de la JEP, que busca dar cierre al conflicto armado garantizando la judicialización de los responsables en un plazo razonable.


3.2.7. Artículo 36. Se declaró la inconstitucionalidad de la expresión “en el Acuerdo Final y” por cuanto dicho Acuerdo no es la fuente jurídica que define la prevalencia de la JEP. El fundamento de tal característica de la JEP es el Acto Legislativo 01 de 2017.


3.2.8. Artículo 43. Se declaró inconstitucional la expresión “83,” del segundo inciso, ya que, por error de técnica legislativa, remite a un artículo inaplicable a agentes del Estado relacionado con los criterios para determinar la conexidad con el delito político.


3.2.9. Artículo 62. El numeral tercero del inciso quinto que se declaró inconstitucional, por cuanto corresponde a la JEP en ejercicio de su competencia prevalente, evaluar la conducta y determinar su remisión a la jurisdicción ordinaria. La expresión “con excepción de los terceros civiles, agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública y los aforados constitucionales,” contenida en el inciso séptimo se condicionó para aclarar que dichas personas pueden aceptar voluntariamente la competencia de la JEP. Por último, el parágrafo 1º que se condicionó para hacerlo compatible con el artículo transitorio 10 del Acto Legislativo 01 de 2017.


En relación con el parágrafo 4, la Corte indicó que los terceros y agentes del Estado que no sean miembros de la fuerza pública, podrán someterse voluntariamente y ser aceptados en la JEP, siempre que en el contexto del conflicto armado no hayan incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito, en los precisos términos del Acto Legislativo 01 de 2017.


3.2.10. Artículo 63. El condicionamiento de los numerales 2 y 3, así como las inconstitucionalidades declaradas en los incisos octavo y noveno, permiten asegurar la reserva judicial y competencia prevalente de la JEP en cualquier decisión que implique la exclusión de persona sometidas a ella.


3.2.10. Artículo 71. Se declaró inconstitucional la palabra “podrá” y sustituyó por “deberá” pues, de acuerdo con el artículo 66 transitorio de la Constitución, los instrumentos de priorización son inherentes a los instrumentos de justicia transicional, razón por la cual la Fiscalía deberá priorizar obligatoriamente la investigación de terceros civiles, en concordancia con lo establecido en la sentencia C-674 de 2017.

3.2.11. Artículo 79. Se condicionó el literal j para aplicar el precedente de la sentencia C-025 de 2018 sobre el artículo 22 del Decreto ley 277 de 2017. Se condicionó el literal m para garantizar de manera integral los derechos de todas las comunidades étnicas. Por último, se declaró la inconstitucionalidad parcial del literal t) porque la adopción de los criterios de selección son de reserva de ley estatutaria, sin perjuicio de la facultad de aplicarlos de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.


3.2.12. Artículo 80: Se condicionó la palabra “colectiva” pues, conforme al inciso séptimo del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, en todos los casos es obligatorio realizar un reconocimiento de verdad y responsabilidad individual.


3.2.13. Artículo 86. Se declaró la inconstitucionalidad de la palabra “acusatorios” por cuanto el inciso quinto del artículo transitorio 7 del Acto Legislativo 01 de 2017 no limitó la solicitud de colaboración por parte de la Unidad de Investigación de la JEP exclusivamente a instancias acusatorias, sino que la dejó abierta respecto de todos los “órganos competentes”.


3.2.14. Artículo 88. Se condicionó la expresión “a cualquier autoridad” con el fin de garantizar la reserva judicial en la práctica de pruebas, y por esta vía, los principios de inmediación y de contradicción de la prueba, que materializan el derecho fundamental al debido proceso.


3.2.15. Artículo 91: Se declaró la inconstitucionalidad de los incisos segundos y tercero del parágrafo, porque la única excepción constitucional al límite de 20 años de funcionamiento de la JEP, conforme al artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017, es la integración excepcional de la Sección de Estabilidad y Eficacia, no así del resto de los organismos del Tribunal. En cualquier caso, si al cierre del funcionamiento de la JEP hubiere responsables que no se hubieren presentado ante la jurisdicción, se deberán someter a la jurisdicción ordinaria.


3.2.16. Artículo 93: Se declaró la inconstitucionalidad del literal d) del artículo 93 porque la competencia prevalente de la JEP se restringe a delitos relacionados con el conflicto armado, por lo cual las Secciones del Tribunal para la Paz sólo tienen competencia para este tipo de hechos. En segundo lugar la inconstitucionalidad obedece a que la JEP no es competente para imponer obligaciones de reparación al Estado, en cuanto sólo lo es para atribuir responsabilidades individuales.


3.2.17. Artículo 95: Se condicionó para garantizar la procedencia de la acción de tutela conforme al artículo transitorio 8 del Acto Legislativo 01 de 2017, así como el artículo 86 C.P., en concordancia con lo decidido en la sentencia C-674 de 2017.


3.2.18. Artículo 98. Se declaró la inconstitucionalidad de la expresión “así como los equipos auxiliares de los anteriores que no cumplan funciones exclusivamente administrativas” del artículo 98, en cuanto únicamente los magistrados y magistradas de la JEP, los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación y el Secretario Ejecutivo; ejercen función jurisdiccional. En efecto, estos servidores fueron elegidos o nombrados, en virtud del Acto Legislativo 01 de 2017 para tal fin, mientras que los equipos auxiliares no adoptan decisiones judiciales. Lo anterior, sin perjuicio de que sean comisionados en los términos establecidos por la Ley.

3.2.19. Artículos 99 y 102. Se declaró la inconstitucionalidad de la expresión “y ejercerán como tal de forma indefinida”, contenida en ambos artículos, debido a que la Jurisdicción tiene un plazo máximo de funcionamiento de 20 años, conforme al Acto Legislativo 01 de 2017 y la interpretación que del mismo hizo esta Corte, en la sentencia C-674 de 2017. Lo anterior, sin perjuicio de la integración excepcional de la Sección de Estabilidad y Eficacia, conforme al mecanismo definido en el Reglamento (inciso primero del parágrafo del art. 91 del Proyecto de Ley).


3.2.20. Artículos 100 y 104. Los parágrafos de estos artículos fueron declarados inconstitucionales por cuanto los requisitos para el acceso a los cargos de Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz fueron fijados directamente por la Constitución Política de manera restrictiva (inciso 8 del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017). De esta manera el Legislador no contaba con competencia para establecer nuevos requisitos.


3.2.21. Artículos 101 y 103. Se declaró su inconstitucionalidad porque los magistrados suplentes seleccionados por el Comité de Escogencia tienen por finalidad, como lo indica su denominación, suplir las vacantes de los titulares. Por consiguiente, no le corresponde al órgano de gobierno modificar dicha finalidad. Además, el número de plazas de magistrados que según estas normas podrían ampliarse, excede la cantidad de los magistrados suplentes disponibles. Lo anterior vulnera los incisos séptimo y octavo del artículo transitorio 7 del Acto Legislativo 01 de 2017.


3.2.22. Artículo 105. Se declaró la inconstitucionalidad de la expresión “además de las siguientes” y los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 debido a que el inciso 2° del artículo transitorio 14 del Acto Legislativo 01 de 2017 hizo una remisión expresa a la ley penal procesal vigente, por lo que el legislador estatutario no podía ampliar las causales de impedimento.


3.2.23. Artículo 109. Se declaró la inconstitucionalidad de las expresiones “de la jurisdicción” y “artículo transitorio 12 del” toda vez que el fundamento de la facultad contemplada en la norma revisada es el parágrafo 2º del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, y no el artículo transitorio 12 de la misma reforma. El mencionado artículo transitorio 12 se refiere al Reglamento de Funcionamiento y Organización, que adopta la Sala Plena de la JEP. En cambio, la fijación de requisitos para los cargos corresponde a la instancia de Gobierno de la Jurisdicción. Dicha instancia, asumió las mismas funciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura quien define dichos requisitos, según el artículo 85 de la Ley 270 de 1996.


3.2.24. Artículo 110. Se condicionó para sujetar la competencia del Comité de Escogencia a los términos del Acto Legislativo 01 de 2017, así como para acotarla a las situaciones en que su convocatoria sea necesaria.


3.2.25. Artículo 112. Este artículo se refiere a las funciones del órgano de Gobierno de la JEP:


• El numeral 3 se condicionó por cuanto la estructura constitucional de la JEP fue definida por el constituyente en el Acto Legislativo 01 de 2017. En consecuencia, el órgano de Gobierno puede desarrollar dicha estructura siempre que no afecte el diseño constitucional de la Jurisdicción.


• Se declaró inconstitucional la expresión “y vinculación” del numeral 6 por cuanto el reglamento no puede determinar estas reglas para los empleos de la JEP por tratarse de un asunto de reserva legal.

• Se declaró inconstitucional la expresión “las, nomenclatura,” del numeral 8, pues la Corte encontró una antinomia entre esta disposición y el artículo 123 del Proyecto de Ley. En consecuencia, se definió que la determinación de la nomenclatura es un asunto que el legislador estatutario estaba facultado para atribuir al Gobierno Nacional, quien la debe ejercer respetando la autonomía la JEP.

3.2.26. Artículo 114. Se declaró la inconstitucionalidad de la expresión “y eventualmente modificar” del numeral 5 en cuanto el Secretario Ejecutivo carece de competencia para ello.


3.2.27. Artículo 125. El artículo se condicionó para corregir el error del legislador estatutario y garantizar la autonomía presupuestal de la JEP.


3.2.28. Artículo 146. Mediante el artículo 146 el legislador dispuso que las sanciones a las que se hace referencia en el Título IX del proyecto de ley no son aplicables a quienes hubieren cometido cualquier tipo de delito sexual contra niños, niñas y adolescentes, y que a los infractores de tales delitos se les deben aplicar las penas y sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000 sin ninguna clase de beneficios o subrogados penales, judiciales y/o administrativos, incluyendo los que se consagran en el presente Proyecto de Ley. La Corte consideró que finalidad de la regla es loable. Ante la evidente gravedad que comportan los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, corresponde al Estado actuar con la mayor diligencia en su investigación, juzgamiento y sanción. Pese a lo anterior, concluyó que la norma resulta contraria al Acto Legislativo 01 de 2017, que determinó no sólo el ámbito de competencia de la JEP, sino las sanciones aplicables por dicha jurisdicción respecto de los delitos de su competencia en función de los objetivos del SIVJRNR.


Sobre el particular, resalta la Corte que durante el trámite del proceso todas las intervenciones ciudadanas en relación con este artículo solicitaron su declaratoria de inconstitucionalidad. En particular presentaron tal solicitud la Corporación Excelencia en la Justicia; el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ICTJ-; Women´s Link Worldwide; Alianza Cinco Claves (conformada por la Corporación SISMA Mujer, la Corporación Humanas y la Red Nacional de Mujeres); el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DEJUSTICIA-; la Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales; Ruta Pacífica de Mujeres y Universidad Libre.


Puso de presente la Corte que en el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2017, se dispone que es de competencia de la JEP conocer “de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los derechos humanos”. En el artículo transitorio 13, por su parte, se consagra que las sanciones “podrán ser propias, alternativas u ordinarias y en todos los casos se impondrán en los términos previstos en los numerales 60, 61, 62 y en el listado de sanciones del subpunto 5.1.2 del Acuerdo Final”, las cuales tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas, consolidar la paz y cumplir la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad. En el punto 5.1.2. del Acuerdo Final, a su vez, se expresa que “Son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o hayajugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió”.


Resulta inconstitucional, en consecuencia, disponer, como lo hace el artículo 146 del Proyecto de Ley, que cualquier tipo de delito sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes es de competencia de la JEP y que las sanciones a que se refiere el Título IX del mismo -en el que se hace una reproducción de las determinadas en el artículo 13 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017- no son aplicables a quienes hayan cometido tal tipo de delitos, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque la JEP solo tiene competencia para conocer de los delitos sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes, cuando los mismos haya sido “cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, y, en segundo lugar, porque cuando la JEP asuma competencia para conocer de tales delitos, en las condiciones reseñadas, solo puede aplicar las sanciones a las que alude el artículo transitorio 13 del Acto Legislativo 01 de 2017, sin que tenga competencia para aplicar penas y sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000. En todo caso, la jurisdicción ordinaria conserva competencia respecto de tales delitos cuando no cumplan los estrictos requisitos de conexidad con el conflicto armado que prevé el Acto Legislativo 01 de 2017. Dichos delitos nunca quedarán en la impunidad, pues serán judicializados, ya sea por la jurisdicción ordinaria o por la JEP.


De este modo, concluyó la Corte que el Congreso carece de competencia para, a través de una ley Estatutaria, contrariar el mandato del A.L. 01 de 2017 y, por tanto, para modificar las sanciones aplicables para los delitos que sean de competencia de la JEP. Agregó la Corte que las sanciones que puede imponer esta jurisdicción, en todo caso, siempre tienen un componente retributivo -incluso las propias-, y que las alternativas y las ordinarias incluyen privación efectiva de la libertad. Para acceder a ellas, resaltó la Corte-, dispone el inciso séptimo del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, que “es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.


3.2.29. Artículo 148. El inciso primero se declaró inconstitucional para garantizar el régimen constitucional de la acción de tutela.


3.2.30. Artículos 152, 153 y 157. Al analizar la regulación sobre extradición contenida en los artículos 152 a 157, que forman parte del Título XI del Proyecto de Ley objeto de revisión, constató la Corte que se trata en lo fundamental de una reproducción del artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, excepto los artículos 156 y 157. Con todo, la Corte constató varias diferencias relevantes.


En primer lugar, encontró que la extradición activa, prohibida por el artículo 152 del Proyecto de Ley, no está prohibida por el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. Se declaró la inconstitucionalidad de las expresiones “activa o” del inciso primero y “activa y” del inciso segundo del artículo 152. La Sala Plena encontró que la ampliación de la prohibición de la extradición a su modalidad activa (solicitar) de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de formar parte de dicha organización, que se haya sometido al SIVJRNR, no resulta ajustada al texto constitucional porque va en contravía de las finalidades perseguidas en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017.

En segundo lugar, precisó la Corte que en el artículo 153 se omitió mencionar, dentro de la prohibición de extradición, las conductas estrechamente relacionadas con el proceso de dejación de armas ocurridas con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. En consecuencia, se condicionó el artículo 153, en el entendido de que también se remitirán a la Sala de Reconocimiento las conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas y que hubieren tenido lugar antes de concluir este. De conformidad con el inciso 3º del artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, la Sección de Revisión remitirá a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, excluyendo siempre la extradición, las conductas atribuidas a un integrante de las FARC-EP o a una persona acusada de ser integrante de dicha organización, ocurridas: (a) antes de la firma del Acuerdo Final, o (b) con posterioridad, pero estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas y que hubieren tenido lugar antes de su terminación. Sin embargo, el Proyecto de Ley Estatutaria no señaló el segundo escenario jurídico referido. Por tal razón, la Sala condicionará la norma en el entendido de que también se remitirán a la Sala de Reconocimiento las conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas y que hubieren tenido lugar antes de concluir este.


En tercer lugar, al revisar el artículo 156 del Proyecto de Ley, indicó que la expresión “otras personas” se refiere a personas naturales sometidas a la jurisdicción de la JEP, no mencionadas en los artículos 152 a 155, en particular terceros y agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública que están ofreciendo verdad plena en el SIVJRNR.


Adicionalmente, la Corte declaró inconstitucional la expresión “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 152 de esta ley”, a la vez que se condicionó el artículo 157. Lo anterior en cuanto el mecanismo de cooperación judicial está orientado a garantizar la efectividad del SIVJRNR, ya que propende a: (i) la colaboración recíproca en materia legal y judicial; (ii) el intercambio de información y pruebas; (iii) la notificación de actos procesales; (iv) la localización e identificación de personas; (v) el traslado de testigos y peritos; (vi) la ejecución, en los territorios de los Estados partes, de órdenes judiciales relativas a inmovilización y decomiso de bienes, productos e instrumentos con los que se hayan cometido los delitos; y (vii) la extradición, incluyendo la solicitud de entrega de cualquier persona que tuviera obligación de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz y no lo hiciera. En este marco, debe tenerse en cuenta que cualquier solicitud de cooperación judicial internacional deberá tramitarse a través de los canales y procedimientos previstos en los tratados internacionales y en el ordenamiento jurídico interno.

3.2.31.

Señaló además la Corte que la posibilidad de extradición por razón de conductas cuya ejecución hubiere comenzado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final y no estén estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas, será decidida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, al emitir el concepto previo que le corresponde, y al Gobierno Nacional al decidir sobre la concesión de la extradición, cuando a ello hubiere lugar (art. 499 C.P.P.), en el ámbito de sus competencias, para lo cual deberán tener en cuenta los criterios establecidos en la Constitución y el bloque de constitucionalidad, en particular:


- La obligación del Estado de investigar y juzgar a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

- Los objetivos del SIVJRNR para la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

- Los principios derivados de las normas internas aplicables y de los compromisos adquiridos internacionalmente por Colombia aplicables a la extradición.

Finalmente, precisó la Corte que con el objeto de hacer compatible la posibilidad de la extradición con la obligación de investigar en Colombia y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento del término de 120 días con que cuenta la Jurisdicción Especial para la Paz para evaluar la conducta con fundamento en la cual se solicita la extradición y precisar la fecha precisa de su ocurrencia, en los términos del artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, el Fiscal General de la Nación mantiene su competencia para ordenar la captura con fines de extradición “tan pronto conozca la solicitud formal de extradición”. Una vez la autoridad judicial competente en Colombia asuma el conocimiento de la conducta, si a ello hubiere lugar, esta decidirá sobre la libertad del capturado y dispondrá dentro del respectivo proceso penal las medidas procesales de aseguramiento, según el caso.


3.2.31. Adicionalmente, con relación a los artículos 41, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 82, 83 y 85 se decidió aplicar el precedente de la sentencia C-007 de 2018 sobre la Ley de Amnistía (Ley 1820 de 2016).

IV. Salvamentos y aclaraciones de voto


El magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez salvó parcialmente el voto, porque, no obstante que comparte la decisión de constitucionalidad condicionada del artículo 153 del proyecto de ley estatutaria, discrepa de la decisión de la mayoría de incorporar en la parte motiva de la sentencia una serie de consideraciones sobre la manera como deben tramitarse los procesos de extradición que puedan surgir de lo establecido en dicha disposición, en la medida en que, en su criterio, ello excede el ámbito de la competencia de la Corte en el análisis de constitucionalidad de una norma que, como el artículo 153, con el condicionamiento introducido en la parte resolutiva de la sentencia, reproduce textualmente el contenido del artículo transitorio 19 del A.L. 01 de 2017. Para el magistrado Guerrero Pérez, la Corte, al ejercer el control automático de constitucionalidad de un proyecto de ley estatutaria no puede, en la parte motiva de la sentencia pretender condicionar el alcance del acto legislativo cuyo contenido es reproducido en la norma objeto de control. El magistrado Guerrero Pérez, por otra parte, se reservó una aclaración de voto sobre algunos de los contenidos de la sentencia.


La magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado formuló salvamento de voto respecto de lo decidido por la Corte en las siguientes disposiciones del proyecto de ley estatutaria:


1. Frente al artículo 146, se apartó de la declaratoria de inexequibilidad. En su criterio, a pesar de que el Acuerdo Final estableció determinadas obligaciones en materia de penas imponibles, no puede perderse de vista que el mismo carece de valor normativo propio, no surtió proceso alguno de control de constitucionalidad y, adicionalmente, sus previsiones deben ser en cualquier caso ponderadas con los imperativos constitucionales y particularmente con los derechos de los sujetos de especial protección. En el caso analizado, se está ante una válida decisión de política criminal por parte del Legislador, cuando se concluye que el interés superior de las niñas y niños exige fortalecer el componente de justicia frente a los delitos de violencia sexual, a través de la aplicación de las penas previstas en el régimen ordinario. Esto bajo el entendido que no solo se está ante una expresión válida de la competencia del Congreso, sino también que esa instancia está investida de la legitimidad democrática para definir qué conductas resultan más reprobables al interior de la sociedad.


La justificación que planteó la mayoría para declarar la inconstitucionalidad del precepto, consistente en la necesidad de incentivar el logro de la verdad respecto de las circunstancias en que se cometieron los crímenes mencionados es claramente insuficiente. En efecto, la violencia sexual contra niñas y niños genera un altísimo reproche social, que opera, por efectos de la vergüenza, paradójicamente como desincentivo para su voluntario reconocimiento por parte de los perpetradores, incluso al margen de la disminución en la sanción penal. Por ende, la aplicación del régimen ordinario carece, en el presente caso, de un alcance tal que incida en la definición de la verdad histórica sobre lo sucedido. Esto, más aún si se tiene en cuenta que dicha verdad no recae necesariamente sobre la identidad específica de cada victimario, sino sobre la definición de los patrones fácticos generales que dieron lugar a la violencia sexual contra menores de edad. La Magistrada concluyó que la decisión de la Corte no solo fue irrespetuosa de la voluntad democrática que pretendía proteger a los menores de edad victimas de violencia sexual, sino que además dejó sin amparo a quienes de acuerdo con la Constitución tienen los derechos fundamentales prevalentes en Colombia. El hecho de que el Acuerdo Final no hubiese determinado la punibilidad con base en la gravedad de las conductas, no impedía que el legislador lo hubiere valorado y como consecuencia de ello, lo hubiere reprochado como una de las conductas que deben ser duramente sancionadas también con la terminación del conflicto. Las conductas de violencia sexual contra niños y niñas no constituyen “cualquier tipo de delito”.


2. Respecto del artículo 153, la magistrada Ortiz Delgado se opone al argumento planteado en la parte motiva, según el cual la extradición de los máximos responsables solo opera una vez se hayan juzgado en Colombia. Ello debido a que el artículo 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, expresamente autorizó a extraditar a quien delinquió con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. Es claro que la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar puede cumplirse incluso sin la comparecencia del presunto responsable, de modo que la extradición no opera, en sí misma considerada, como una barrera para la satisfacción de dicho deber.


En los términos del Acto Legislativo 01 de 2017, la garantía de no extradición se aplica exclusivamente respecto de los responsables de aquellas conductas cometidas antes de la suscripción del Acuerdo Final y vinculada con el conflicto armado. En ese sentido, dicha garantía cumple un doble propósito: evitar que los beneficiarios del mencionado Acuerdo sean juzgados fuera de Colombia y de esta forma evadan los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo y servir de incentivo para que dichos beneficiarios no comentan nuevos delitos. Prohibir la extradición hasta tanto no se juzgue a los implicados bajo la jurisdicción nacional extiende injustificadamente la garantía más allá de los márgenes previstos por el mencionado Acto Legislativo, a la vez que impide la adecuada colaboración internacional para la investigación y sanción de delitos con carácter trasnacional, cometidos luego del Acuerdo y no vinculados con el conflicto armado.

De la misma manera, la postura de la mayoría impone una restricción irrazonable e injustificada al margen de apreciación que la Carta Política confiere al Presidente de la República para decidir sobre las solicitudes de extradición. Este margen está estrechamente vinculado con su rol de dirección de las relaciones internacionales, el cual resulta delimitado, sin justificación aparente, con base en lo decidido por la Corte.


3. Con referencia al parágrafo del artículo 100, la magistrada expresó su salvamento de voto, al considerar que las causales de inhabilidad previstas para los magistrados de la jurisdicción especial para la paz encuentran fundamento constitucional suficiente.


De manera preliminar, se advierte que estas causales solo podían ser aplicadas hacia el futuro, puesto que los magistrados que actualmente integran la JEP tomaron posesión con base en las reglas jurídicas existentes en ese momento, sin que las normas ahora analizadas puedan configurar una inhabilidad sobreviniente, pues de lo contrario se vulnerarían los principios de ilegalidad e irretroactividad de la ley.


En segundo lugar, la magistrada Ortiz Delgado consideró que la fijación de las inhabilidades en comento no se oponía a la Constitución. Esto debido a que en el marco propio de la justicia transicional, signada por la necesidad de lograr no solo la investigación y sanción de las conductas, sino particularmente el logro de la reconciliación, se requiere que las partes involucradas cuenten con la mayor confianza posible sobre sus jueces, la cual se logra a partir de altos estándares de imparcialidad objetiva, incluso superiores a los exigidos a los jueces ordinarios, quienes están concentrados en la resolución de controversias inter partes. Esto más aun si se tiene en cuenta la abierta oposición de intereses que supone todo proceso de justicia transicional.


La confianza construida a partir de la percepción de plena imparcialidad se afecta cuando resulta evidente que el juez ha tenido una vinculación sostenida, comprobable y objetiva con la defensa de los intereses propios de quienes hicieron parte del conflicto en cualquiera de sus aristas. De allí que resulta compatible con la Constitución, la cual alienta dicho deber de imparcialidad, que se fije un régimen de inhabilidades para el cargo jurisdiccional que limite el acceso a dicha función de abogados que, al margen de sus calidades profesionales, están estrechamente vinculados con los intereses mencionados.


4. Frente al artículo 120, la magistrada consideró que no existe razón suficiente para excluir a la JEP del régimen general de contratación pública. Aunque el Legislador puede válidamente realizar este tipo de exclusiones, debe en todo caso demostrar la existencia de un motivo constitucionalmente relevante para el efecto, generalmente vinculado al hecho de que la entidad de que se trate compita en el mercado con otras de índole privada, o que requiera adoptar decisiones urgentes e incompatibles con la aplicación de las normas de contratación pública.


Ninguna de estas condiciones se hace presente en el caso de la JEP, la cual es un órgano que ejerce función jurisdiccional, definitoria de la actividad estatal y que, por esta misma razón, debe regirse en sus asuntos contractuales por las normas que impongan los requisitos más estrictos de transparencia, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, los cuales son garantizados por el estatuto de contratación del Estado. En ese orden ideas, el argumento planteado por la mayoría, según el cual la asignación del régimen privado es imprescindible para lograr la eficiencia en el funcionamiento de la JEP, significa una descalificación genérica a la contratación pública, la cual no es aceptable y se opone a la prevalencia que la Constitución le da a esa modalidad de régimen jurídico para las entidades públicas.


5. Frente al artículo 5º, advirtió que la norma es inexequible, en la medida en que carece de un efecto jurídico definido, al punto que la sentencia justifica su constitucionalidad a partir de una interpretación contra legem del precepto.


6. El artículo 14 resulta contrario a la Constitución, al ocasionar un déficit de protección en términos de enfoque de género. Se opone a los derechos de las mujeres que, al momento de definir sobre la participación de las víctimas, se excluya a ese grupo poblacional, no solo en razón de la discriminación histórica de la cual ha sido sujeto, sino particularmente por la profunda y grave incidencia que el conflicto armado ha tenido para las mujeres.


7. En relación con el artículo 15, pesar de que está de acuerdo con lo explicado en la ponencia en cuanto a la existencia de dos interpretaciones posibles del concepto de “víctima con interés directo y legítimo”, la inconstitucionalidad de una de estas comprensiones exigía la adopción de un fallo condicionado a ese respecto, opción que la mayoría no aceptó, a pesar de que en la parte motiva lo mostró imprescindible.


8. Frente al procedimiento legislativo surtido para el caso del artículo 91, la norma resulta inexequible en tanto no fue objeto de aprobación por parte de la plenaria del Senado de la República. En ese sentido, la magistrada se opuso a lo expuesto por la mayoría, puesto que resulta imprescindible que la aprobación de las iniciativas por parte del Congreso sea expresa e inequívoca, sin que tal actuación pueda suponerse o subsanarse por el Tribunal Constitucional y bajo el único argumento de la existencia de un presunto error o desatención en el trámite legislativo.


9. El artículo 112-7, al conferir al órgano de gobierno de la JEP la competencia para adoptar normas sobre contratación pública, contraría la Constitución en tanto supone la deslegalización de una materia que, por expreso mandato superior, tiene reserva de ley.


10. Respecto del artículo 114-3 del proyecto de ley estatutaria, la magistrada concluyó que se opone a la Constitución debido a que su texto supone conferir valor normativo autónomo al Acuerdo Final, naturaleza jurídica que no está soportada en ningún precepto constitucional y que, asimismo, ha sido expresamente negada por la jurisprudencia de la Corte.


Por último, la magistrada Ortiz Delgado aclaró su voto frente al artículo 19-5. Esto debido a que si bien la norma resultaba compatible con la Constitución, era indispensable que la Corte hubiese indicado expresamente que la definición de los criterios de selección para el ejercicio de la acción penal debe tener en cuenta las dificultades propias de la disponibilidad probatoria en los casos de violencia sexual.

Por su parte, el magistrado Alberto Rojas Ríos salvó parcialmente el voto respecto del artículo 153 relativo a la extradición por conductas cometidas con posterioridad a la suscripción del Acuerdo Final y del artículo 120 relacionado con el régimen contractual de la JEP. A su vez, aclaró el voto frente al artículo 146 atinente a los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado.


En lo concerniente a la decisión de declarar exequible el artículo 153 del Proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP, consideró que la extradición por delitos cometidos con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, debió condicionarse a que dicho trámite se surta sólo tras garantizar plenamente los derechos de las víctimas en Colombia. Es decir, priorizar la investigación para esclarecer la verdad en relación con lo ocurrido en materia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, conforme lo ordena el artículo transitorio 19 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017 y la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional que ha reconocido la centralidad de las víctimas como presupuesto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-.


En cuanto al artículo 120 que regula la contratación de la JEP, salvó el voto por considerar que, en los términos del artículo 209 de la Constitución, al tratarse de una jurisdicción estatal, el régimen aplicable es el público, basado en la selección objetiva que salvaguarda la transparencia, y no el privado, como inapropiadamente lo establece el proyecto de norma, al permitirle a una entidad de derecho público sustraerse del estatuto de contratación estatal por el término que opere dicha jurisdicción.


Los magistrados Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos y Diana Fajardo Rivera presentaron aclaración de voto en relación con la decisión de declarar inexequible el artículo 146, relativo a las penas aplicables por delitos o crímenes de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.


La razón subyacente de la regla declarada inexequible es loable: consiste en que, ante la evidente gravedad que comportan los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, debe responder con la mayor fuerza punitiva posible. Sin embargo, la norma desconoce otras razones subyacentes, asociadas a la terminación del conflicto armado y, muy especialmente, al derecho que tienen las víctimas a la verdad, como presupuesto imprescindible de la reconciliación y la paz.


El medio escogido por el Legislador, entonces, opera por fuera de la racionalidad de la transición, donde los beneficios se otorgan a cambio de verdad y reparación; donde las sanciones se imponen, pero tienen un matiz más reparador y restaurador que retributivo, en comparación con las penas ordinarias.


La posibilidad de imponer sanciones del Código Penal ordinario y prohibir la aplicación de beneficios para este delito implica, sin embargo, un quebrantamiento de las normas de transición muy grave, pues elimina todo estímulo para la contribución a la verdad y porque establece divisiones entre las víctimas de los delitos más graves que carecen de justificación constitucional. Estos delitos, indiscutiblemente, son graves violaciones de derechos humanos. Pero todos los crímenes de guerra, al igual que todos los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado interno, son violaciones muy intensas a los derechos humanos, atentados contra la dignidad.

La muerte de niños, niñas y adolescentes, su participación forzada en la guerra y otros hechos de gravedad semejante hacen parte del conflicto que pretende superarse mediante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Y, si la decisión política y constitucional vertida en los actos legislativos 01 y 02 de 2017 es la de orientarse por mecanismos propios de la transición, que suponen menos retribución a cambio de más reparación y reconstrucción del tejido social, no es entonces admisible el rompimiento del sistema, mediante la aplicación de penas ordinarias, que plausiblemente impedirán el acceso a la verdad plena para las víctimas de uno de los hechos más graves ocurridos en el conflicto armado interno.


En conclusión, la norma declarada inexequible desconoce el sistema de justicia transicional y sus mecanismos; constituye un obstáculo para el acceso a la verdad y reparación por parte de las víctimas; opera bajo la lógica retributiva del derecho penal ordinario y no desde el conjunto de mecanismos propios de la transición; y establece diferencias injustificadas entre víctimas de graves crímenes ocurridos dentro del conflicto armado interno.


Toda niña y todo niño tienen, por igual, el derecho a que se les protejan sus garantías como víctimas. Tienen el mismo derecho a acceder a la verdad, sin importar cuál fue el delito que sufrieron en el marco del conflicto armado interno.


Adicionalmente, la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo anunciaron su aclaración de voto sobre varios aspectos de la decisión. A su vez, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado José Fernando Reyes Cuartas se reservaron la presentación de aclaración de voto.


El magistrado Carlos Bernal Pulido no participó en la discusión ni en la decisión de este asunto, pues de forma oportuna presentó impedimento, que fue aceptado por la Sala Plena.

ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente