200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030035410CC-SENTENCIAC070201804/07/2018CC-SENTENCIA_C_070__2018_04/07/2018300354092018L A CORTE CONSTITUCIONAL REALIZÓ EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEY 706 DEL 3 DE MAYO DE 2017, “POR EL CUAL SE APLICA UN TRATAMIENTO ESPECIAL A LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA E INESCINBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” ENCONTRANDO QUE EL MISMO NO REVISTE PROBLEMAS DE CONSTITUCIONALIDAD Y, POR LO TANTO, FUE DECLARADO EXEQUIBLE.
CONSTITUCIONALIDAD04/07/2018Alberto Rojas RíosRDL-013Identificadores20030168264true1266633original30149463Identificadores

Fecha Providencia

04/07/2018

Fecha de notificación

04/07/2018

Magistrado ponente:  Alberto Rojas Ríos


L A CORTE CONSTITUCIONAL REALIZÓ EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEY 706 DEL 3 DE MAYO DE 2017, “POR EL CUAL SE APLICA UN TRATAMIENTO ESPECIAL A LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA E INESCINBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” ENCONTRANDO QUE EL MISMO NO REVISTE PROBLEMAS DE CONSTITUCIONALIDAD Y, POR LO TANTO, FUE DECLARADO EXEQUIBLE.

1. Norma bajo revisión


DECRETO 706 DE 2017
3 de Mayo de 2017
Por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,


En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016 “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, y


CONSIDERANDO:


Que el artículo 22 de la Constitución Política dispone que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y de acuerdo con el artículo 188 de la misma normativa el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos;


Que el Gobierno Nacional adelantó diálogos de paz con las Farc-EP para la dejación de armas y el tránsito a la legalidad por parte de sus miembros y su reincorporación a la vida civil. Como resultado de tales negociaciones el día 12 de noviembre de 2016, se suscribió en la ciudad de La Habana - Cuba, por delegados autorizados del Gobierno Nacional y los miembros representantes de las Farc-EP, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Dicho Acuerdo Final fue firmado por el Presidente de la República en nombre del Gobierno Nacional y por el representante de la organización armada el 24 de noviembre de 2016 en la ciudad de Bogotá, D.C., y posteriormente quedó refrendado por el Congreso de la República.

Que el numeral 15 del punto 5.1.2. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, relacionado con Justicia –Jurisdicción Especial para la Paz-, establece que el funcionamiento del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es inescindible y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron, directa o indirectamente en el conflicto armado interno, y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores.

Que el numeral 33 del punto 5.1.2 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, relacionado con Justicia –Jurisdicción Especial para la Paz-, establece que el componente de justicia del SIVJRNR prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas punibles cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.

Que según el artículo transitorio 6° del Título Transitorio de las Normas para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incorporado a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo No. 1 de 2017, "El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas."

Que el artículo transitorio 17 del Título Transitorio de las Normas para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incorporado a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo No. 1 de 2017, señala que "El componente de Justicia del SIVJRNR también se aplicará respecto de los Agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de éste, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. En dicho tratamiento deberá tenerse en cuenta la calidad de garantes de derecho por parte del Estado".

Que según el artículo transitorio 21 del Título Transitorio de la Constitución Política que trata sobre el SIVJRNR, "En virtud del carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz, en relación con los Miembros de la Fuerza Pública que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultáneo".

Que el Fiscal General de la Nación ha manifestado que existe un vacío frente a los 'miembros de la Fuerza Pública en comparación con los beneficios que son otorgados a los miembros de las FARC-EP relacionados con la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura.

Que en concepto del jefe del ente acusador esta diferencia de trato normativo no solo conduce a la vulneración de los principios del Acuerdo Final, sino a que miembros de las FARC-EP que aún no han hecho tránsito a la legalidad gocen de la libertad mientras que los agentes del Estado que son objeto de investigación pueden ser privados de su libertad para atender el llamado de la justicia, lo cual evidencia un trato asimétrico contrario a el Acuerdo Final, el Acto Legislativo 01 de 2017 y a la Ley 1820 de 2016.

Que según el punto 6.1.9 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, deberán tramitarse de forma prioritaria, entre otros, los proyectos normativos que permitan la suspensión de las órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización hasta la entrada en vigencia de la ley de amnistía.

Que el numeral 3.1.4 establece que a los miembros de las FARC-EP que se encuentren participando en el proceso de paz y futuro sometimiento a la JEP y que estén concentrados en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se les suspenden las órdenes de captura.

Que en virtud de los principios de inescindibilidad y prevalencia de la JEP, y en desarrollo del tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultáneo para los agentes del Estado, en particular para los miembros de la Fuerza Pública, se hace urgente y necesario dotar a la Fiscalía General de la Nación de un instrumento legal que, dentro de la independencia y autonomía inherentes a la Rama Judicial, le permita a los funcionarios judiciales aplicar un tratamiento especial respecto de quienes se haya dictado medida de aseguramiento privativa de la libertad en el marco de investigaciones y procesos por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

Que dado el inminente riesgo de afectación de los principios del Acuerdo Final por, el otorgamiento de tratos asimétricos a los miembros de la Fuerza Pública respecto del tratamiento otorgado a las FARC-EP, es necesario acudir a las facultades extraordinarias con las que cuenta el Gobierno Nacional para garantizar la implementación de la forma más ágil y expedita en aquellos puntos que tengan una conexidad directa con este.

DECRETA

CAPÍTULO I


Artículo 1°. Objeto del presente decreto. El presente decreto tiene por objeto regular un tratamiento especial en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR para los miembros de la Fuerza Pública procesados por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, respecto de quienes se haya dictado una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Artículo 2°. Principios aplicables. Se aplicarán la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del fin del conflicto, particularmente los establecidos en la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, respecto de la amnistía, el indulto y otros tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.


Cualquier duda que surgiera en la interpretación o aplicación de este Decreto, se resolverá aplicando el principio de favorabilidad para sus beneficiarios, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1820 de 2016.


Artículo 3°. Inescindibilidad. Los principios contenidos en el componente de justicia del SIVJRNR se aplicarán de forma diferenciada e inescindible a todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo final.

Artículo 4°. Seguridad Jurídica. Las decisiones o resoluciones proferidas por los funcionarios u órganos de la JEP en virtud del otorgamiento de la renuncia a la persecución penal, libertad transitoria condicionada y anticipada, y privación de la libertad en unidad militar o policial, contempladas en la Ley 1820 de 2016, sólo podrán ser revisadas por tal jurisdicción y conforme a las normas establecidas para ello. Ninguna otra autoridad podrá revocarlas, sustituirlas o modificarlas.

Artículo 5°. Prevalencia. El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.

CAPÍTULO II
REVOCATORIA O SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, O SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE CAPTURA DICTADAS EN CONTRA DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA

Artículo 6°. Suspensión de la ejecución de las órdenes de captura. En virtud del carácter prevalente e inescindible del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para hacer efectivo el tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultáneo, la autoridad judicial correspondiente, tratándose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación y siempre que se den los requisitos legales, suspenderá las ordenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de miembros de la Fuerza Pública, en las investigaciones o procesos adelantados contra ellos por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.
Tratándose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, será el fiscal que adelante la investigación, quien adopte la correspondiente medida.

Artículo 7°. Revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento. En virtud del carácter prevalente e inescindible del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para hacer efectivo el tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultaneo, la autoridad judicial correspondiente, tratándose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación y siempre que se den los requisitos legales, revocará la medida de aseguramiento impuesta, o la sustituirá por una no restrictiva de la libertad, en las investigaciones o procesos adelantados contra ellos por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

Tratándose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, será el fiscal que adelante la investigación, quien adopte la correspondiente medida.

Artículo 8°. Suscripción de acta de compromiso para la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento. Para la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, su revocatoria o cambio por otra medida de aseguramiento, los miembros de la Fuerza Pública deberán suscribir un acta de compromiso que contendrá los presupuestos establecidos en el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016, así como la obligación de atender los requerimientos de la autoridad que emitió la medida objeto de suspensión. Esta acta de compromiso se suscribirá ante la autoridad que profirió la orden de captura.

Artículo 9°. Levantamiento de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura. Cuando en los procesos adelantados conforme a la Ley 906 de 2004 el miembro de la Fuerza Pública al que se le haya suspendido la ejecución de la orden de captura conforme a lo establecido en los artículos anteriores, incumpla los compromisos que le hayan sido impuestos al otorgarle ese beneficio, la misma autoridad que adoptó esa decisión, previas solicitud del Fiscal de conocimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos legales, procederá a revocar la suspensión de la ejecución de la orden de captura y ordenará que la misma se haga efectiva.

Tratándose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, será el fiscal que adelante la investigación, quien adopte la correspondiente medida.

Artículo 10º. Levantamiento de la revocatoria de la sustitución de la medida de aseguramiento. Cuando en los procesos adelantados conforme a la Ley 906 de 2004 el miembro de la Fuerza Pública al que se le haya revocado o sustituido la medida de aseguramiento conforme a lo establecido en los artículos anteriores, incumpla los compromisos que le hayan sido impuestos al otorgarle alguno de esos beneficios la misma autoridad que adoptó esa decisión, previas solicitud del Fiscal de conocimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos legales, procederá a revocarla para en su lugar, imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad.


Tratándose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, será el fiscal que adelante la investigación, quien adopte la correspondiente medida.


Artículo 11º Actuación procesal y prevalencia del SIVJRNR. El funcionario que esté conociendo la actuación procesal deberá tener en cuenta el carácter prevalente del componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

Artículo 12°. Lineamientos del Fiscal General de la Nación. El Fiscal General de la Nación emitirá los lineamientos para hacer efectivas las medidas de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento por otra no privativa de la libertad en contra de los miembros de la Fuerza Pública que estén siendo procesados por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

CAPÍTULO III
OTRAS DISPOSICIONES


Artículo 13°. Acción de tutela y hábeas corpus. Los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016, se aplicarán sin perjuicio de la interposición de la acción de tutela y Habeas Corpus.

2. Decisión


Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del presente proceso mediante el Auto 320 del 28 de junio de 2017.


Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el Decreto Ley 706 de 2017, “por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones”, por ausencia de vicios en su formación.


Tercero.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º y 14º del Decreto Ley 706 de 2017, “por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones”.


Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 4º del Decreto Ley 706 de 2017, salvo la expresión “sólo podrán ser revisadas por tal jurisdicción y conforme a las normas establecidas para ello. Ninguna otra autoridad podrá revocarlas, sustituirlas o modificarlas”, la cual, en aplicación de la sentencia C-674 de 2017 y el resolutivo quinto de la sentencia C-007 de 2018, es CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, “en el entendido de que no excluyen la facultad de la Corte Constitucional de seleccionar y revisar las providencias de tutela dictadas por los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz.”


Quinto. ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-674 de 2017 y C-007 de 2018 en relación con el artículo 13º del Decreto Ley 706 de 2017, “por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones”, y en consecuencia declararlo EXEQUIBLE.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de los fundamentos

La Corte Constitucional encontró que el presente decreto se ajusta a los presupuestos formales en cuanto a: (i) la legitimación, ya que fue expedido por la autoridad competente (Presidente de la República y los ministros del ramo correspondiente); (ii) la temporalidad, mediante la cual se verificó que el decreto ley fue promulgado dentro del plazo fijado en el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016, esto es, 180 días siguientes su entrada en vigor; (iii) correspondencia entre el título del Decreto Ley 706 de 2017 con su contenido dispositivo; (iv) la invocación expresa de la competencia ejercida en virtud de las facultades constitucionales conferidas en el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016; y (v) la existencia de una motivación tendiente a justificar la expedición del referido decreto ley.

En el examen de competencia se determinó lo siguiente: (i) con respecto a la conexidad objetiva, que el Decreto Ley 706 de 2017, al desarrollar elementos generales y puntuales relacionados con el Acuerdo Final, específicamente en la implementación del punto 5.1.2 sobre el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición –SIVJRNR-, se relaciona objetivamente con este, dado que tiene como finalidad brindar a los miembros de la Fuerza Pública como agentes del Estado un trato normativo equilibrado, equitativo y simétrico, el cual les otorga la oportunidad de acceder al componente de justicia transicional, reproduciendo así lo previsto en la Ley 1820 de 2016, en punto del establecimiento del tratamiento penal especial diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública; (ii) en cuanto a la conexidad estricta a nivel externo, se evidenció la conformidad analítica y teleológica entre el decreto ley y el Acuerdo Final, ya que el Gobierno expuso en la parte considerativa el desarrollo del punto 5.1.2 del Acuerdo Final sobre el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición SIVJRNR; (iii) en lo concerniente a la conexidad estricta a nivel interno, la Sala Plena determinó que se cumple con este presupuesto, toda vez que el contenido específico del Decreto Ley 706 de 2017 está conformado por catorce (14) disposiciones, las cuales guardan relación material de afinidad con las consideraciones del mismo y que están orientadas a la aplicación de los principios de prevalencia e inescindibilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente con respecto a los miembros de la Fuerza Pública que hubiesen cometido delitos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado; (iv) el cumplimiento de la conexidad suficiente, toda vez que el decreto ley en esencia reproduce aspectos puntuales de lo previsto en el Acuerdo Final y materializa el régimen procesal penal contenido en los artículos 44 al 59 de la Ley 1820 de 2016, en punto al establecimiento del tratamiento penal especial diferenciado para uno de los actores del conflicto, esto es, los miembros de la Fuerza Pública; (v) el presupuesto de necesidad estricta se satisface porque (a) el tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo para los miembros de la Fuerza Pública, es una materia previamente contemplada en el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1820 de 2016, y la expedición del decreto atiende a lo urgente e imperioso que resulta complementar especificidades de dicho régimen procesal penal; (b) el decreto se limita a desarrollar aspectos procedimentales puntuales de cara a la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura y la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento; (c) el decreto ley es eminentemente instrumental y accesorio, en tanto que las líneas gruesas sobre tratamiento especial en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición -SIVJRNR- para los miembros de la Fuerza Pública, están consagrados en la Ley 1820 de 2016; y, (d) la materia regulada debía adoptarse mediante el canal de los decretos leyes para la paz y no llevarse a cabo a través del espacio de configuración ordinaria del Congreso de la República; y, (vi) respecto de los asuntos expresamente excluidos de las facultades legislativas para la paz, la Corte constató que el decreto ley bajo estudio (a) no reforma la Constitución, (b) no hace parte de ninguna de las materias que deben ser tramitadas por ley estatutaria (art. 152 C.P.), (c) tampoco se trata de un código, (d) no concierne a las leyes que requieren mayoría calificada o absoluta para su aprobación, (e) no tiene por objeto decretar impuestos, y (f) no versa sobre una materia sometida a reserva estricta de ley.

La Sala Plena efectuó el estudio sustantivo a partir de los siguientes ejes temáticos: (i) la función constitucional de la fuerza pública en Colombia y su posición de garante frente al orden público y la protección de los derechos humanos; (ii) las amnistías e indultos para los miembros de la Fuerza Pública y demás Agentes del Estado en los conflictos armados internos de Colombia; (iii) las amnistías en el derecho comparado latinoamericano; (iv) el rechazo a las autoamnistías y el caso de los miembros de la Fuerza Pública de Colombia; (v) el bloque de constitucionalidad, y las obligaciones internacionales de Colombia en materia de garantías de los derechos humanos frente a las amnistías y las autoamnistías; y, (vi) las reglas relevantes sobre tratamientos especiales a los miembros de la Fuerza Pública y demás Agentes del Estado fijadas en las sentencias C-674 de 2017 y C-007 de 2018.

Sobre las legislaciones y reglamentaciones de carácter nacional a través de las cuales se han concedido indultos y amnistías en Colombia, a partir de una interpretación histórica la Corte concluyó: (i) que las medidas de gracia en punto a la exclusión general de la responsabilidad penal han sido históricamente concedidas a favor de grupos armados al margen de la ley y, excepcionalmente, para beneficiar a los miembros de la Fuerza Pública; (ii) que las medidas procedimentales sometidas a control de constitucionalidad hacen parte del SIVJRNR, sistema que recoge distintos elementos de la justicia transicional y la instrumentalidad jurídica del proceso de reconciliación en Colombia; y (iii) que existe una diferencia notoria entre el tratamiento dado a los miembros de la Fuerza Pública -el cual prevé aspectos diferenciales relacionados con el cumplimiento de sus funciones constitucionales- y las amnistías e indultos tradicionalmente concedidas en Colombia a los grupos armados al margen de la ley; escenario que ahora tiene como centro de gravedad los derechos de las víctimas, quienes, en contraste con lo ocurrido en el pasado juegan un papel principal, siendo este el eje sobre el cual gravita todo el ordenamiento constitucional para garantizar condiciones de verdad, justicia, reparación y no repetición, como formas de restablecimiento integral de sus derechos.

El estudio en torno a la experiencia del derecho comparado en materia de autoamnistías, permitió contrastar los efectos de estas medidas de punto final y olvido con el tratamiento penal especial diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública actualmente implementado en Colombia, en el que se evidencia claramente la estructura de un esquema de juzgamiento cuyos principios y reglas están definidos por la naturaleza jurídica del sistema de justicia transicional, en el que su enfoque restaurativo desempeña un rol determinante para la consecución de la verdad y la consecuente reparación a las víctimas. Sobre este aspecto, la Corte advierte unos elementos comunes, que no están presentes en el SIVJRNR, y que justifican los reparos en las autoamnistías, a saber: (i) se trata de medidas de naturaleza política -no judicial- que se adoptan en contextos en los que no hay deliberación ni control político; (ii) cuyo propósito es generar un marco general de impunidad como política de Estado; (iii) se aplican de manera incondicionada para encubrir a los victimarios de violaciones a los derechos humanos y, consecuentemente; (iv) impiden el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas.

La Sala Plena observó que ninguno de estos elementos está presente en el decreto ley bajo examen, puesto que se trata de una norma meramente operativa e instrumental que desarrolla procedimientos contenidos en el Acto Legislativo 1 de 2017 y en la Ley 1820 de 2016, en materia del tratamiento penal especial diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública, regulaciones que conforme a lo determinado por la Corte Constitucional en las sentencias C-674 de 2017 y C-007 de 2018, fueron expedidas en virtud de un procedimiento legislativo que contó con amplia deliberación democrática en el Congreso de la República.

En ese sentido, no se trata de una medida de naturaleza política, sino de un instrumento judicial transicional que opera a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el que lejos de consagrar un marco de impunidad, se propende por la reconstrucción de los hechos y la recuperación de la memoria histórica para develar la verdad y, a partir de ello, juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Las expresiones diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo, establecen una relación de analogía/especificidad entre el tratamiento otorgado al grupo armado al margen de la ley FARC EP y los miembros de la Fuerza Pública, cuya aplicación está supeditada a un régimen de condicionalidades en el que bajo un acta de compromiso los beneficios pueden llegar a revocarse. De tal manera que no se trata de un régimen incondicionado, sino de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR- que tiene por eje central salvaguardar los derechos de las víctimas a través de una reparación integral, cuya finalidad primordial consiste en restituir a la persona sus derechos a efectos de superar el daño causado por los hechos victimizantes.

A partir del tratamiento que los diversos tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dado a las amnistías, autoamnistías e indultos, las normas de la Constitución, incluido el Bloque de Constitucionalidad, en conjunto con la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional, especialmente la sentencia C-007 de 2018, mediante la cual se juzgó la constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, la Sala Plena consideró que el otorgamiento de beneficios para lograr el cese de las hostilidades es una facultad expresamente reconocida a los Estados por el derecho internacional humanitario, según el artículo 6.5 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, pero que, a la vez existen ciertos límites a la concesión de este tipo de medidas, los cuales, giran alrededor de las obligaciones consistentes en garantizar los derechos de las víctimas -inclusive en escenarios de transición-, y delimitar las conductas que no admiten excepciones al deber de investigar, juzgar y sancionar.

Con apoyo en las consideraciones generales, la Corte procedió al control de constitucionalidad del contenido individual de cada uno de los catorce (14) artículos que conforman el Decreto Ley 706 de 2017, concluyendo que las normas bajo examen están conformadas por disposiciones de carácter procesal penal relacionadas con la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura y la revocatoria o la sustitución de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad dentro de los procesos seguidos contra miembros de la Fuerza Pública por conductas punibles relacionadas con el conflicto armado.

Dichos procedimientos desarrollan el tratamiento penal especial diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública, previsto en los artículos 17 y 21 transitorios del Acto Legislativo 1 de 2017 y en la Ley 1820 de 2016, los cuales comportan medidas de naturaleza accesoria, incidental y temporal dentro del proceso penal, que de ninguna manera implican un prejuzgamiento, absolución, preclusión, extinción de la pena o renuncia del Estado a continuar investigando. Se trata de beneficios accesorios que versan sobre las medidas de aseguramiento y no sobre el proceso penal como tal, los cuales dependen en todo momento de la contribución efectiva a la verdad, la cual persigue fines constitucionales legítimos propios de un sistema de justicia transicional cuya finalidad principal reside en asegurar los derechos de las víctimas.

4. Aclaraciones de voto


La Magistrada Diana Fajardo Rivera, y los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, manifestaron que aclaran su voto en relación con el juicio de estricta necesidad exigido en el decreto objeto de control.