200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030040060CC-SENTENCIAC440C202008/10/2020CC-SENTENCIA_C_440_C_2020_08/10/2020300400742020LA DISPOSICIÓN QUE DEROGA EL ART. 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 DE 2002) CONTENIDA EN EL ART. 336 DE LA LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2020 FUE DECLARADA INEXEQUIBLE, TODA VEZ QUE DESCONOCE LOS PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD FLEXIBLE, ASÍ COMO DE UNIDAD DE MATERIA QUE SE EXIGE POR LA CONSTITUCIÓN DE TODA LEY. LA DISPOSICIÓN QUE SE HABÍA DEROGADO ALUDE A LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS POR ORDEN JUDICIAL

LA DISPOSICIÓN QUE DEROGA EL ART. 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 DE 2002) CONTENIDA EN EL ART. 336 DE LA LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2020 FUE DECLARADA INEXEQUIBLE, TODA VEZ QUE DESCONOCE LOS PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD FLEXIBLE, ASÍ COMO DE UNIDAD DE MATERIA QUE SE EXIGE POR LA CONSTITUCIÓN DE TODA LEY. LA DISPOSICIÓN QUE SE HABÍA DEROGADO ALUDE A LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS POR ORDEN JUDICIAL

CONSTITUCIONALIDAD08/10/2020Richard Steve Ramírez GrisalesLEY 1955 DE 2019Identificadores20030230477true1346736original30202921Identificadores

Fecha Providencia

08/10/2020

Fecha de notificación

08/10/2020

Magistrado ponente:  Richard Steve Ramírez Grisales

Norma demandada:  LEY 1955 DE 2019


Norma demandada


A continuación, se transcribe la disposición demandada, tal como fue publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 2019, y se resalta, con subrayado y negrilla, la expresión cuestionada por el demandante.

LEY 1955 DE 2019
(mayo 25)


Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.


“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[…]


Artículo 336. Vigencias y Derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Los artículos de las Leyes 812 de 2003, 1151 de 2007, 1450 de 2011, y 1753 de 2015 no derogados expresamente en el siguiente Inciso o por otras leyes continuarán vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma posterior.


Se derogan expresamente el artículo 4o de la Ley 14 de 1983; el artículo 84 de la Ley 100 de 1993; el artículo 174 del Decreto-ley 1333 de 1986; el artículo 92 de la Ley 617 de 2000; el artículo 167 de la Ley 769 de 2002, el artículo 56 y 68 de la Ley 962 de 2005; el parágrafo 1 del artículo 4o de la Ley 1393 de 2010; los artículos 51 a 59 de la Ley 1429 de 2010; el artículo 81 de la Ley 1438 de 2011; los artículos 69, 90, 91, 131, 132, 133, 134, 138, 141, 149, 152 a 155, 159, 161, 171, 194, 196, 212, 223, 224, 272 de la Ley 1450 de 2011; los artículos 7o, 32, 34, 47, 58, 60, 90, 95, 98, 106, 135, 136, 186, 219, 222, 259, 261, 264 y los parágrafos de los artículos 55 y 57 de la Ley 1753 de 2015; el artículo 7o de la Ley 1797 de 2016; el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018; el artículo 110 de la Ley 1943 de 2018; y el artículo 4o de la Ley 1951 de 2019”

Decisión


Declarar INEXEQUIBLE la expresión “el artículo 167 de la Ley 769 de 2002”, contenida en el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Síntesis de los fundamentos


La Corte examinó si la expresión “el artículo 167 de la Ley 769 de 2002” contenida en el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, vulneraba los artículos 157 y 158 de la Constitución Política, a los que se adscriben los principios de consecutividad, identidad flexible y unidad de materia.

Luego de (i) determinar el alcance y las finalidades de los principios de consecutividad e identidad flexible, (ii) precisar el alcance del principio de unidad de materia en el trámite de esta clase de proyectos de ley y (iii) definir el contenido de la disposición demandada, la Sala Plena concluyó que la expresión cuestionada vulneró los principios de consecutividad e identidad flexible, así como el de unidad de materia.


En relación con la vulneración de los principios de consecutividad e identidad flexible, la Sala Plena señaló que la derogatoria del artículo 167 de la Ley 769 de 2002 no fue aprobada en primer debate por las Comisiones Terceras y Cuartas conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. El apartado demandado fue introducido en el artículo de vigencias y derogatorias solo hasta el tercer debate de la Plenaria de la Cámara de Representantes. Además, se trató de una materia nueva que no estaba asociada con algún eje temático discutido en el trámite legislativo, por lo que las Comisiones Terceras y Cuartas conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República no tuvieron la posibilidad de considerar el tema.


Sobre este particular, la Sala precisó que la materia regulada por el artículo 167 de la Ley 769 de 2002, relativo a la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial respecto de los vehículos inmovilizados por orden judicial, no tenía algún antecedente legislativo en el proyecto de ley original. Esto, debido a que ninguna de las materias referidas en el articulado del proyecto de ley y el documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, se refieren a la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial respecto de los vehículos inmovilizados por orden judicial ni a cuestiones relativas a su modificación en el Código de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002).


En relación con la vulneración del principio de unidad de materia, la Sala Plena advirtió que la expresión demandada carece de conexidad directa e inmediata con los pactos y estrategias que conforman la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, debido a que no tiene por objeto favorecer de alguna manera la realización de los programas y proyectos contenidos en la parte general.


Al respecto, precisó que aunque algunos intervinientes afirmaron que la expresión demandada sí tenía relación con el pacto por la legalidad, dado su efecto útil para la materialización de la “Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos” (línea c, objetivo 1 del pacto por la legalidad), lo cierto es que ni los pactos, ni las metas y estrategias diseñadas para la materialización de este, hacen referencia a la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial respecto de los vehículos inmovilizados por orden judicial ni a la responsabilidad de los parqueaderos en los que tales vehículos son inmovilizados, ni, en términos generales, a la necesaria modificación del Código Nacional de Tránsito Terrestre en esta materia, como lo ponen de presente algunos intervinientes.

ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente