200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030039712CC-SENTENCIAC255C202022/07/2020CC-SENTENCIA_C_255_C_2020_22/07/2020300397232020L A MAYORÍA DE LAS MEDIDAS DE EXCEPCIÓN ADOPTADAS PARA COMBATIR EL HACINAMIENTO CARCELARIO Y PREVENIR Y MITIGAR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL C OVID 19 CUMPLEN CON LOS REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES EXIGIDOS POR LA C ONSTITUCIÓN LA L EY E STATUTARIA DE LOS E STADOS DE EXCEPCIÓN Y LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL . A LGUNAS DE DICHAS MEDIDAS DEBIERON SER DECLARADAS EXEQUIBLES DE MANERA CONDICIONADA

LA MAYORÍA DE LAS MEDIDAS DE EXCEPCIÓN ADOPTADAS PARA COMBATIR EL HACINAMIENTO CARCELARIO Y PREVENIR Y MITIGAR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL COVID19 CUMPLENCON LOS REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES EXIGIDOS POR LA CONSTITUCIÓNLA LEYESTATUTARIADE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.ALGUNASDE DICHAS MEDIDAS DEBIERON SER DECLARADAS EXEQUIBLES DE MANERA CONDICIONADA

CONSTITUCIONALIDAD22/07/2020Diana Fajardo RiveraDECRETO LEGISLATIVO 546 DE 2020Identificadores20030224193true1338745original30197053Identificadores

Fecha Providencia

22/07/2020

Fecha de notificación

22/07/2020

Magistrado ponente:  Diana Fajardo Rivera

Norma demandada:  DECRETO LEGISLATIVO 546 DE 2020


Norma demandada

DECRETO LEGISLATIVO 546 DE 2020

(abril 14)

pormedio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y el Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020 "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional", y

CONSIDERANDO

[…]

DECRETA

CAPITULO l DISPOSICIONES GENERALES

Artículo1° Objeto. Conceder, de conformidad con los requisitos consagrados en este Decreto Legislativo, las medidas de detención preventiva y de prisión domiciliaria transitorias, en el lugar de su residencia o en que el Juez autorice, a las personas que se encontraren cumpliendo medida de aseguramiento de detención preventiva en centros de detención transitoria o establecimientos carcelarios, y a las condenadas a penas privativas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios del territorio nacional, con fin evitar el contagio de la enfermedad coronavirus del COVID- 19, su propagación y las consecuencias que de ello se deriven.

Artículo2° Ámbito de Aplicación. Se concederán medidas previstas en presente Decreto Legislativo a las personas privadas de la libertad que se encontraren en cualquiera de los siguientes casos:

  1. Personas que hayan cumplido 60 de edad.
  2. Madre gestante o con hijo menor (3) años de edad, dentro de los establecimientos penitenciarios.
  3. Personas en situación de internamiento carcelario que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B y hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, enfermedades coronarias, personas con trasplantes, enfermedades autoinmunes, enfermedades huérfanas y cualquier otra que ponga en grave riesgo la salud o la vida del recluso, conformidad con la historia clínica del interno y la certificación expedida por sistema general de seguridad en salud al que pertenezcan (contributivo o subsidiado) o personal médico del establecimiento penitenciario y carcelario, cuando se encuentren a cargo del Fondo Nacional Salud la persona privada la libertad.
  4. Personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada conformidad con la historia clínica del interno y certificación expedida por el sistema general de seguridad social en salud que pertenezca (contributivo o subsidiado) o personal médico del establecimiento penitenciario y carcelario, cuando se encuentren a cargo del Fondo Nacional de Salud del privado de la libertad.
  5. Personas condenadas o que se encontraren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos.
  1. Condenados a penas privativas de la libertad de hasta cinco (5) años prisión.
  2. Quienes hayan cumplido el cuarenta por ciento (40%) la pena privativa de libertad en establecimiento penitenciario, atendidas redenciones a que se tiene derecho.

PARÁGRAFO personas que hayan sido diagnosticadas por la enfermedad coronavirus COVID-19 dentro de Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios territorio nacional, o en centros transitorios detención, serán trasladadas por el INPEC a los lugares que más aptos para tratamiento o a las instituciones de salud que se disponga por parte de las autoridades competentes; no se les concederá la medida de aseguramiento detención o prisión domiciliaria transitoria, hasta tanto las autoridades médicas y sanitarias así lo autoricen. En todo caso, solo procederá la detención domiciliaria o la prisión domiciliaria transitoria, cuando la persona se encuentre dentro de una las causales contempladas en artículo segundo (2) de Decreto Legislativo y el delito no incluido en el listado de exclusiones del artículo sexto (6).

PARÁGRAFOPara los anteriores se entenderá que tienen movilidad reducida por discapacidad quienes tengan disfuncionalidad permanente del sistema motriz, el aparato locomotor, el movimiento independiente o actividades de cuidado personal; todas ellas de permanente y acreditadas en histórica clínica. No serán consideradas como personas con movilidad reducida por discapacidad afectaciones o la ausencia de alguna del cuerpo que no sea permanente o que no altere la funcionalidad antes señalada y no sea clínicamente significativa por los cambios producidos en movimiento independiente como caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades cuidado personal.

Artículo3° Término de duración de las medidas. La detención preventiva o la prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia tendrán un término de (6) meses

Artículo4° Capturas. Cuando durante la vigencia del presente Legislativo, se presentaren casos en los cuales se dé cumplimiento a una orden de captura, bien sea derivada una medida aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario o con de cumplimiento de la pena, la persona aprehendida destinataria la sustitución por alguna las medidas aquí contempladas, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y no se encontrare incursa en uno de los delitos excluidos por el artículo (6). En los mismos términos se aplicarán las medidas aquí establecidas, cuando se medida de aseguramiento detención preventiva en establecimiento carcelario.

Artículo5º Extradición. disposiciones contenidas en este Decreto Legislativo, no aplicables a personas que sometidas al procedimiento extradición, sin importar la naturaleza del delito de que se trate.

ArtículoExclusiones. Quedan excluidas las medidas detención y prisión domiciliaria transitorias contempladas en Decreto Legislativo, que estén incursas en los siguientes delitos previstos en el Código Penal: genocidio (artículo 101); apología genocidio (artículo 102); homicidio simple en modalidad dolosa, (artículo 103); homicidio agravado (artículo 104); feminicidio (artículo 104A); personales con pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro agravadas (artículo 116 en concordancia con artículo 119); lesiones causadas con químicos, ácidos y/o sustancias similares (artículo 116A); contenidos en el Título 11, Capítulo Único; desaparición forzada simple (artículo 165); desaparición forzada agravada (artículo 166); secuestro simple (artículo 168); extorsivo (artículo 169); secuestro agravado (artículo 170); apoderamiento y desvío de aeronave, naves o medios transporte colectivo (artículo 173); tortura (artículo 178); tortura agravada (artículo 179); desplazamiento forzado (artículo 180); desplazamiento forzado agravado (artículo181); constreñimiento ilegal por parte de miembros Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados (artículo 182A); tráfico migrantes (artículo 188); trata personas (artículo 188A); tráfico de niñas, niños y adolescentes (artículo 188C); uso de menores edad para la comisión de delitos (artículo 1880); amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (artículo 188E); delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de que trata el Título IV; violencia intrafamiliar (artículo 229); hurto calificado (artículo 240) numerales 2 y 3 Y cuando tal conducta se cometa con violencia contra las personas, no obstante lo cual procederán las medidas contempladas en este Decreto Legislativo en las hipótesis de hurto calificado cuando la persona haya cumplido el 40% de la condena; hurto agravado (artículo 1) numerales 3, 4, 12, 13 Y 15, no obstante lo cual procederán las medidas contempladas en este Decreto Legislativo en las hipótesis de hurto agravado cuando la haya cumplido el 40% de condena; abigeato cuando se cometa con violencia las personas (artículo 243); extorsión (artículo 244); corrupción privada (artículo 250A); hurto por medios informáticos y semejantes (artículo 2691); captación masiva y habitual dineros (artículo 316); contrabando agravado (artículo 319); contrabando hidrocarburos y sus derivados (artículo 319-1); favorecimiento y facilitación del contrabando agravado (artículo 320); lavado de activos (artículo 323); lavado de activos agravado (artículo 324); testaferrato (artículo 326); enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 327); apoderamiento hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o que los contengan (artículo 327A); concierto para delinquir simple, (artículo 340 inciso primero); concierto para delinquir agravado (artículo 340 incisos segundo, tercero y cuarto); asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados (artículo 340A); entrenamiento para actividades ilícitas (artículo 341); terrorismo (artículo 343); terrorismo agravado (artículo 344); financiación del terrorismo y de grupos delincuencia organizada y administración recursos relacionados con terroristas y delincuencia organizada (artículo 345); amenazas agravadas (artículo 347); tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos (artículo 358); empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos (artículo fabricación, porte o tenencia armas de fuego, porte de o municiones agravado (artículo 365); fabricación, tráfico y municiones de uso restringido de uso privativo las fuerzas armadas o explosivos (artículo 366); fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares (artículo 367); empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal (artículo 367 A); ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia minas antipersonal (artículo 3678); corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico (artículo 372); delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes; peculado por apropiación (artículo 397); concusión (artículo 404); cohecho propio (artículo 405); cohecho impropio (artículo 406); cohecho por dar u ofrecer (artículo 407); violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades (artículo 408); interés indebido en la celebración contratos (artículo 409); contrato sin cumplimiento de requisitos (artículo 410); tráfico influencias de servidor público (artículo 411); tráfico influencias particular (artículo 411A); enriquecimiento ilícito (artículo 412); prevaricato por acción (artículo 3); utilización indebida de información oficial privilegiada (artículo 420); soborno transnacional (artículo 433); falso testimonio (artículo 442); soborno (artículo 444); soborno en la actuación penal (artículo 444A); receptación agravada (artículo 447); amenazas a testigo (artículo 454A); espionaje (artículo 463); rebelión (artículo 467). Tampoco procederá la detención domiciliaria o la prisión domiciliaria transitorias, cuando se trate los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra libertad, integridad y formación o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, según lo preceptuado en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006. igual forma quedarán excluidas personas incursas en crímenes de lesa humanidad, crímenes guerra y los delitos sean consecuencia del conflicto armado y/o se hayan realizado con ocasión o en relación directa o indirecta con el mismo, los cuales se tratarán conforme a disposiciones vigentes en materia justicia transicional aplicables en cada caso.

PARÁGRAFOEn ningún caso procederá la detención o la prisión domiciliaria transitorias, cuando la persona haga o pertenezca a un Grupo Delictivo Organizado en los términos del artículo segundo de Ley 1908 de 2018 o, en general, haga parte de un grupo de delincuencia organizada.

PARÁGRAFO No habrá lugar a detención o la prisión domiciliaria transitorias, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.

PARÁGRAFOrégimen de exclusiones también se aplicará cuando se trate de imputaciones, acusaciones o condenas por tentativa, en los casos que proceda.

PARÁGRAFOEste artículo no deroga el listado exclusiones los artículos 38G y 68A del Código Penal.

PARÁGRAFOEn relación con las personas que se encontraren en cualquiera los casos previstos en los literales a, b, c, y d del artículo segundo del presente Decreto Legislativo, que no sean beneficiarias de prisión o de la detención domiciliaria transitorias por encontrase inmersas en exclusiones de que trata artículo, se deberán adoptar las medidas necesarias por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para ubicarlas en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio.

CAPITULO II

DE LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo7º Procedimiento para hacer efectiva detención domiciliaria transitoria como sustitutiva de la detención preventiva. Para el caso de personas cobijadas con medida de aseguramiento de detención preventiva en centros detención transitoria como de Policía y Unidades de Reacción Inmediata o en establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario I por medio direcciones regionales y los directores de penitenciarios y carcelarios verificarán preliminarmente el cumplimiento de requisitos objetivos señalados en el presente Decreto Legislativo y remitirá junto con cartillas biográficas digitalizadas, la información que obre en la hoja vida, antecedentes judiciales y los certificados médicos de las personas privadas de la libertad que se ajusten a cualquiera de las circunstancias descritas en el artículo segundo presente Decreto Legislativo, al Coordinador del Centro de Servicios Judiciales o quien haga sus de manera inmediata asignará por a los Jueces Control o Juez que conociendo caso.

Efectuado el reparto, el Juez respectivo solicitará a la unidad fiscalías o al fiscal correspondiente, la información y documentación que resulte necesaria para emitir la respectiva decisión. El fiscal enviará lo solicitado dentro los tres (3) días siguientes al recibo la comunicación por parte del juez.

En caso de que imputado por medio su defensor confianza o defensor público, sea quien haga solicitud, deberá allegar la cartilla biográfica digitalizada y el certificado médico correspondiente, entregados por el General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario I y/o las direcciones regionales y los directores establecimientos penitenciarios y carcelarios, al Coordinador del de Judiciales o quien haga sus quien manera inmediata asignará por reparto.

Efectuado reparto, el Juez respectivo solicitará a la unidad de fiscalías o al fiscal correspondiente, la información y documentación que resulte necesaria para emitir respectiva decisión.

Recibida la información y documentación requeridas a la General de la Nación, Juez realizará la verificación del cumplimiento requisitos objetivos y resolverá, en el término máximo cinco (5) días por medio auto escrito notificable por correo electrónico. En ningún caso se realizará audiencia pública.

La decisión se notificará por correo electrónico y será susceptible del recurso apelación en efecto devolutivo, que se interpondrá y sustentará dentro los tres (3) días siguientes por escrito remitido por el mismo medio virtual; precluido término correrá el traslado común a los no por tres días.

Ordenada la detención domiciliaria transitoria por parte del Juez Control de o el que conociendo del caso el beneficiario de la medida, previo a su salida, suscribirá acta de compromiso ante la oficina jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario respectivo o ante de las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, según sea el caso.

La referida acta será remitida por la dependencia señalada a la autoridad judicial que la medida, dejando copia de misma en la oficina jurídica del respectivo establecimiento.

PARÁGRAFO. término que persona imputada cumpla en detención domiciliaria transitoria, en caso ser declarada penalmente responsable, se tendrá en cuenta para computarse como parte de la pena cumplida.

Artículo8º Procedimiento para hacer efectiva la prisión domiciliaria transitoria. Cuando se tratare personas condenadas a pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario o carcelario, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por medio de las direcciones regionales y los directores de establecimientos penitenciarios y carcelarios, verificarán preliminarmente el cumplimiento los requisitos objetivos establecidos en el presente y remitirán a los Juzgados de Ejecución de y Medidas de Seguridad respectivos, el listado junto con las cartillas biográficas digitalizadas, el cómputo la información que obre en la hoja de vida, los antecedentes judiciales y los certificados correspondientes de personas privadas la libertad que se ajusten a cualquiera las circunstancias descritas en artículo segundo, para que dentro del término máximo cinco (5) días den aplicación a lo dispuesto en este Decreto Legislativo.

La decisión se notificará por correo electrónico y susceptible del recurso de reposición que se interpondrá y sustentará dentro de tres (3) días siguientes, por escrito remitido por el mismo medio virtual.

Una vez ordenada la medida prisión domiciliaria transitoria por parte del Juez Ejecución de y Medidas de Seguridad, mediante auto escrito notificable, el beneficiario suscribirá acta de compromiso ante la oficina jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario respectivo, previo a su salida.

Dicha acta remitida por el Director de cada Establecimiento Penitenciario y Carcelario, al de Ejecución de y Medidas de Seguridad que concedió la medida, dejando copia la misma en oficina jurídica del respectivo establecimiento.

PARÁGRAFO1°. Para las personas cuya condena no ejecutoriada, el Juez conocimiento o el de segunda instancia, según corresponda, tendrá la facultad para hacer efectiva de manera directa la prisión domiciliaria a condición de de que se cumpla con las exigencias previstas en Decreto Legislativo.

PARÁGRAFOEl término que condenado goce la prisión domiciliaria, en cuenta para cumplimiento efectivo la pena.

CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo9° Inclusión del enfoque étnico en la detención y prisión domiciliarias transitorias para personas caracterizadas como población indígena. procedimiento traslado y la definición del sitio de ejecución las medidas detención y prisión domiciliarias transitorias las personas privadas de la libertad como población indígena, domiciliadas interior sus territorios, serán acordados con autoridades indígenas con jurisdicción en dichos territorios.

Artículo10°Presentación. Vencido término de la medida detención o prisión domiciliarias transitoria previsto en artículo del presente Legislativo, el destinatario la misma deberá presentarse, en término cinco (5) días hábiles, en el establecimiento penitenciario o carcelario o lugar de reclusión en se encontraba momento de su otorgamiento. transcurridos los cinco d no se hiciere presente, el Director establecimiento penitenciario o carcelario o el lugar de reclusión en el que se encontraba, le comunicará al Juez competente quien decidirá lo pertinente.

Artículo11°Coordinación. El Ministerio de Justicia y del Derecho por medio de! INPEC y/o USPEC y el Consejo Superior de la Judicatura, coordinarán la ejecución las acciones necesarias encaminadas a garantizar la aplicación del procedimiento previsto en el presente Legislativo con miras a conjurar circunstancias apremiantes salud y hacinamiento.

Artículo12ºAplicaciónpreferentey transitoria. Las disposiciones aquí establecidas se aplicarán de forma preferente a las consagradas en las normas ordinarias penales y penitenciarias, mientras dure su vigencia. Lo anterior, sin perjuicio de que se sigan aplicando normas ordinarias relativas a prisión o detención domiciliaria, en lo no regulado en él.

Artículo13°Objetividad. El Juez competente, según sea el caso, mediante auto notificable, verificará únicamente cumplimiento de los requisitos objetivos determinados en Decreto Legislativo para hacer efectiva detención o prisión domiciliaria transitorias, sin que sea necesario constatar arraigo familiar beneficiario, tampoco se impondrán cauciones o dispositivos de seguridad electrónica; a tal efecto, con la manifestación ida en el de compromiso, que se entiende cierta bajo el principio de buena fe.

PARÁGRAFO. A quienes se le haya concedido la prisión o detención domiciliaria y no se haya hecho efectiva, bien sea por el no pago de la caución o por la carencia de dispositivos seguridad podrán acceder a la prisión o detención domiciliaria sin que sea pago de la caución, tampoco los dispositivos de seguridad electrónica.

Artículo14°Listados. Los listados de personas beneficiarias de Decreto Ley, junto con las biográficas y certificados médicos digitalizados que serán remitidos por el INPEC a autoridades judiciales, se organizarán y remitirán de manera gradual y paulatina, atendiendo al orden establecido en los literales del artículo segundo del Decreto Legislativo.

Artículo15°Identificacióndecasos. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de Nación por medio de sus procuradores penales I y II y personerías distritales y municipales, utilizarán los medios electrónicos virtuales para identificar los casos en que sea procedente aplicar este Decreto Legislativo, y de acuerdo con sus competencias, realizarán solicitudes respectivas. Para tal efecto, el INPEC colaborará con la consulta y entrega de las cartillas biográficas digitalizadas y demás documentos pertinentes.

Las peticiones deberán presentarse la oficina jurídica del establecimiento penitenciario y carcelario del lugar donde se encuentre la persona privada la libertad, dependencia revisará conjuntamente con la dirección del INPEC preliminarmente cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto Legislativo, y de lo incluirá en el listado a que se refiere artículo anterior, en el evento de que no se hubiere hecho y remitirá la solicitud a la autoridad competente. no colmarse dichas exigencias, negará la inclusión en listado y no

la petición al despacho judicial, lo que comunicará inmediatamente al solicitante.

Artículo16°Concursodeconduelaspunibles. En el caso de concurso conductas punibles previsto en el artículo 31 del Código Penal, procedente la concesión de las medidas, siempre y cuando las mismas no se en el listado de contemplado en el artículo sexto (6) del presente decreto.

Artículo 17° Decisiones individuales o colectivas. Los Jueces de Penas y Medidas Seguridad, los Jueces de conocimiento, como también los a los que les corresponda por reparto, según sea el caso, mediante auto notificable, podrán adoptar sus decisiones manera individual o colectiva, con el fin reducir el trámite procesal, en consideración a la pluralidad personas privadas de la libertad que pueden coincidir en la causal dispuesta en artículo segundo del presente Decreto Legislativo.

Los autos escritos notificables relativos a la concesión de la detención domiciliaria y la prisión domiciliaria transitorias, se cumplirán de inmediato.

Artículo18°Lugarderesidenciaparacumplirla medida. En los casos en los cuales condenado o investigado pertenezca al grupo familiar la víctima, solo se le concederá la detención domiciliaria o prisión domiciliaria transitorias, cuando se garantice que el domicilio o morada debidamente acreditado, es diferente al de la víctima.

Artículo19°Utilizacióndemedios virtuales y electrónicos. Con el propósito de agilizar los procedimientos contenidos en este Decreto-Ley, quienes intervengan en ellos, deberán realizar, preferentemente, todas las actuaciones de manera virtual y por medios electrónicos institucionales, garantizando la seguridad de la información. En este sentido, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), deberá digitalizar las cartillas biográficas y los certificados médicos de las personas posiblemente beneficiarias de estas medidas. Las actuaciones que se realicen por medios virtuales y/o electrónicos, tienen los mismos efectos de las que se realizan en forma personal por parte del funcionario competente.

Artículo20°Notificaciones. La notificación personal para dar cumplimiento a las actuaciones previstas en este Decreto, se surtirá por medios electrónicos. Lo anterior sin perjuicio de que se acuda a las diversas formas de notificación, previstas en la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004, según sea el caso. EI INPEC procederá a dar cumplimiento inmediato a la medida otorgada por el Juez, siempre y cuando el correo electrónico provenga del dominio de la rama judicial y se obtenga por otros medios la confirmación respectiva, dejando constancia en cada despacho oficial (emisor y receptor) de los involucrados en el trámite correspondiente.

PARÁGRAFO. Para los procedimientos establecidos en el presente Decreto Legislativo, no se celebrarán audiencias públicas.

Artículo21°.- Salida del establecimiento penitenciario o carcelario y de los centros de detención transitoria. Para efectos de hacer efectiva la detención domiciliaria o prisión domiciliaria transitorias, el lNPEC coordinará lo pertinente para que se realice el traslado al lugar de residencia consignado en el acta de compromiso.

Artículo22°Accesoa los servicios de salud. Durante el tiempo en el cual la población privada de la libertad obtenga el beneficio de prisión o detención domiciliaria, la USPEC garantizará los servicios de salud con los recursos y convenios previstos para tal fin, siempre y cuando la persona se encuentre afiliada al Fondo de Personas Privadas de la Libertad.

Artículo23°Controldelasmedidas. El control del cumplimiento de la detención domiciliaria y prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia del beneficiario, estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, el cual realizará la verificación periódica sobre el cumplimiento y reportará a la autoridad judicial competente.

Artículo24°lncumplimiento. En el evento de que el destinatario de la medida cometa cualquier delito o incumpla con obligaciones consignadas en el de compromiso, autoridad competente la revocará plano y, en consecuencia, ordenará detención preventiva o la prisión por tiempo de la pena en los términos establecidos en la sentencia condenatoria correspondiente, en establecimiento penitenciario y carcelario.

CAPITULO IV OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 25° Pena cumplida. En aquellos casos en los cuales, conforme a los registros Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario {I se encuentren personas hayan cumplido la pena impuesta, Director del establecimiento penitenciario y carcelario procederá inmediato a remitir dicha información al Consejo Superior de la Judicatura, indicando el Juez de Ejecución de y Medidas de Seguridad que tiene la causa, para que último el trámite correspondiente.

Artículo26°Facultadespresupuestales. Facúltese a la Unidad Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1993 y artículo 47 de 80 de 1993, realicen los traslados presupuestales necesarios y adelanten la contratación directa de obras, bienes y servicios requeridos a cargo de los recursos del presupuesto asignado, como los recursos que en materia salud administra el Fondo Nacional de Salud de los Personas Privadas la Libertad, sin sobrepasar destinación de último, previa autorización del Consejo Directivo del I con el objeto todas las medidas sanitarias a fin de mitigar los efectos derivados del COVID-1 tomar que permitan garantizar la salud y bienestar la población privada de la libertad y condiciones laborales los servidores penitenciarios y auxiliares bachilleres, así como todo aquello necesario para el cumplimiento de la misionalidad.

PARÁGRAFO. Las facultades aquí concedidas funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, no excluyen otras obras, bienes y servicios que, por su naturaleza, necesarios para atender y mitigar la emergencia producto COVID-19.

Artículo27°Suspensióndeltrasladodepersonasprivadasdela libertad de entes departamentales o municipales. A partir de la fecha de vigencia del presente Decreto Legislativo, quedan suspendidas por el término de (3) meses, traslados de personas con medida aseguramiento de detención preventiva y personas condenadas que se encuentren en los centros detención transitoria como las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, a los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del orden nacional por cuenta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Para tal efecto, las entidades territoriales, de conformidad con lo dispuesto en el 80 de 1990 Y artículo 17 la Ley 65 1993, deberán adelantar las gestiones para garantizar las condiciones reclusión de personas privadas la libertad, con medidas aseguramiento y condenadas en transitorios detención como Estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata y otros; durante este periodo podrán acudir a los fondos infraestructura carcelaria municipales o departamentales que hayan creado, con fuentes previstas en el parágrafo 3° del artículo 133 de la 1955 2019.

Artículo28°Saludpara auxiliares bachilleres que prestan su servicio militar obligatorio en Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Con el fin garantizar el servicio de salud para auxiliares del cuerpo custodia que presten su militar obligatorio en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Dirección General Sanidad Militar deberá garantizar prestación de los servicios integrales de salud, desde momento de su incorporación hasta su desvinculación correspondientes. total, para lo cual el INPEC trasladará los recursos correspondientes.

CAPITULO V DISPOSICIONES FINALES

Artículo29°·Remisión. En los asuntos no regulados en el presente Decreto, se podrán aplicar la Ley 600 de 2000 o Ley 906 2004, según sea caso.

Artículo30°Exhorto. Con miras a mitigar los efectos la crisis de que trata este Decreto, se insta a que se dé aplicación a siguientes normas, que ya están dispuestas en el ordenamiento jurídico vigente: a) 65 de 1993, artículo 30A. b) Ley 1786 de 201 artículo primero.

Artículo 31° Derecho a la circulación. En virtud de lo dispuesto en el numeral 1 artículo 3 del Decreto 457 de 2020, durante aislamiento preventivo obligatorio se permitirá derecho a la circulación de los públicos de la Rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que requieran adelantar los procedimientos previstos en el presente decreto. Lo anterior bajo acreditación con documento de identidad y carné institucional. excepción incluye los casos en los cuales el servidor judicial es transportado por un tercero para acudir a los despachos judiciales.

Artículo32°Recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá asignar los recursos necesarios a la Judicial y a entidades responsables de la implementación de medidas contenidas en el presente decreto ley.

Artículo33°Vigencia. El presente Decreto Legislativo rige a partir de la fecha de su publicación y modifica todas las disposiciones legales y reglamentarias que le sean contrarias durante su vigencia.

Decisión

Primero. Declarar EXEQUIBLES los artículos 1, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del Decreto Legislativo 546 de 2020 “[p]or medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

Segundo. Declarar EXEQUIBLE el Artículo 2 del Decreto Legislativo 546 de 2020, salvo el literal d) que se declara exequible en el entendido de que no excluye otras formas de discapacidad que puedan resultar incompatibles con las medidas sanitarias y de distanciamiento social por parte de la población privada de la libertad.

Tercero. Declarar EXEQUIBLE el Artículo 5 del Decreto Legislativo 546 de 2020 en el entendido de que respecto de las personas sometidas a extradición que estén en las circunstancias contempladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 2º del presente decreto legislativo, se deberán adoptar las medidas necesarias por parte de la autoridad competente para ubicarlas en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio.

Cuarto. Declarar EXEQUIBLES los artículos 3 y 10 del Decreto Legislativo 546 de 2020, en el entendido de que la persona a la que se le concedió alguna de las medidas de privación de la libertad domiciliaria transitoria (detención domiciliaria transitoria o prisión domiciliaria transitoria) si bien debe presentarse una vez venza el término de la medida, no podrá ser recluida nuevamente en el lugar en el que se encontraba, si al interior del mismo se presenta un brote de COVID-19, salvo que se le pueda garantizar su ubicación en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio. Si no fuere posible la reubicación en un lugar especial, el juez competente deberá fijar el término en el cual debe presentarse nuevamente.

Quinto. Declarar EXEQUIBLE el Artículo 7 del Decreto Legislativo 546 de 2020, en el entendido de que para las personas cobijadas por medida de aseguramiento de detención preventiva en aplicación de la Ley 600 de 2000, la autoridad competente para resolver sobre la detención domiciliaria transitoria es la Fiscalía General de la Nación o la Corte Suprema de Justicia según sus competencias.

Sexto. Declarar EXEQUIBLE el Artículo 8 del Decreto Legislativo 546 de 2020, en el entendido de que (i) los abogados de las personas condenadas también podrán hacer la solicitud directa al juez competente, siempre que adjunten previamente las cartillas biográficas correspondientes entregadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, así como el certificado médico, según corresponda; (ii) para las personas condenadas también procede el recurso de apelación en efecto devolutivo, que se interpondrá y sustentará dentro los tres (3) días siguientes por escrito remitido por el mismo medio virtual; precluido este término correrá el traslado común a los no recurrentes por tres días; y (iii) también comprende a las personas recluidas en centros de detención transitoria, y que para estos eventos el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sigue siendo la entidad encargada de adjuntar la cartilla biográfica.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Sintesis de la Providencia

En primer término, la Corte Constitucional analizó y encontró satisfechos los requisitos formales exigidos para la expedición de decretos legislativos en el marco de estados de emergencia económica, social y ecológica.

Con respecto al contenido del Decreto Legislativo 546 de 2020, las normas se agruparon para su análisis en cuatro bloques temáticos, a saber: (i) el diseño de la medida principal (privación de la libertad domiciliaria transitoria); (ii) los procedimientos administrativos y judiciales aplicables a ésta; (iii) las medidas accesorias para el cumplimiento de la medida principal; y, finalmente, (iv) las medidas complementarias a ésta. De acuerdo con dicha división temática, los artículos del decreto revisado se sintetizan así

DecretoLegislativo546de20203

Medida principal(privaciones de la libertad domiciliarias transitorias; DDT Y PDT)

Procedimientodela medida principal (DDT Y PDT)

Medidasaccesorias a la medida principal (DDT Y PDT)

Medidascomplementariasa la medida principal (DDT Y PDT)

Personas beneficiarias de las privaciones de la libertad domiciliarias transitorias; DDT y PDT (condiciones exclusiones y

concurso de conductas punibles) (Arts. 1, 2,

5, 6 y 16)

Duración y presentación final (Arts. 3 y 10)

Aplicación en capturas (Art. 4)

Lugar para cumplir la medida (Art. 18)

Etapa previa, elaboración de

listados de beneficiarios de la medida principal (Arts. 11, 14 y 15)

Etapaintermedia, trámite judicial de la medida principal (Arts. 7, 8, 12, 13, 17,

19, 20 y 29)

Etapa final, cumplimiento de la medida principal (Arts. 9, 21, 23 y 24)

Acceso a servicios de salud,

incluyendo a auxiliares bachilleres (Arts. 22

y 28)

Facultades presupuestales y recursos (Arts. 26 y 32)

Autorización para circular e

implementar las medidas (Art. 31)

Libertad por pena cumplida no otorgada (Art. 25)

Suspensión temporal del traslado de centros de detención transitoria a

cárceles y penitenciarías del orden nacional (Art. 27)

Exhorto en favor de la libertad (Art. 30)

3.1 Medida principal.

Revisados los nueve artículos que estructuran la primera y principal medida del decreto legislativo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16 y 18) concluye la Sala que, salvo dos aspectos que son objeto de condicionamiento, las normas superan los juicios de aplicables a la legislación de emergencia.

La Sala precisó que el examen de constitucionalidad comprende un articulado que busca garantizar el goce efectivo de los derechos de personas que están en una situación de sujeción (privadas de la libertad), en un sistema penitenciario y carcelario que se encuentra en estado de cosas inconstitucional. Es decir, se trata de normas que buscan proteger derechos fundamentales. Segundo, son preceptos que usan criterios sospechosos de discriminación, tales como el género o estar en situación de discapacidad, pero lo hacen para proteger la vulnerabilidad que enfrentan estos grupos de personas y no para imponerles cargas o barreras específicas o adicionales. Tercero, son normas de carácter penal, pero no para agravar el peso de una sanción o las cargas a la libertad y restricciones al procesado o condenado, sino para aliviarlas y hacerlas soportables. Adicionalmente, la Sala tiene en cuenta, cuarto, que están en juego los derechos de las víctimas y de la sociedad en general, los cuales se podrían ver afectados o amenazados, por los riesgos que generarían estas medidas especiales y transitorias de privación de la libertad domiciliaria. Quinto, las normas analizadas implican el ejercicio de competencias especiales de autoridades de carácter técnico y ejecutivo, para contener afectaciones graves a la salud pública, con posibles efectos catastróficos, como ocurre con una pandemia. Finalmente, sexto, son medidas que toma el Gobierno Nacional sin el debate y la deliberación propia de la democracia. Así pues, la Sala evaluó su constitucionalidad con una intensidad intermedia teniendo en cuenta que las normas revisadas tienen fuerza de ley pero provienen del Ejecutivo; buscan proteger derechos fundamentales a la luz de la Constitución; y, a la vez, afectan de alguna manera los derechos de las víctimas y de la sociedad en general.

Los artículos analizados que conforman la primera medida tienen como finalidad proteger la dignidad y los derechos fundamentales más básicos de las personas privadas de la libertad que, por su vulnerabilidad, pueden verse afectados fatalmente si se contagian del COVID-19, debido a las condiciones precarias que muchas veces se enfrentan en los lugares de privación de la libertad dispuestos por el Estado oficialmente para tal propósito. Ahora bien, la finalidad buscada es también que la protección se alcance de forma ponderada y balanceada, respetando los derechos de las víctimas. Se trata entonces de una medida que persigue un fin importante, de hecho, imperioso. El medio elegido para alcanzar tal propósito (fijar las condiciones para conceder la privación de la libertad domiciliaria transitoria respectiva) no está prohibido por el orden constitucional vigente de forma general, ni de manera especial para los contextos de emergencia. Salvo los problemas de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción que representa una aplicación rígida y estricta de los artículos 3 y 10 sobre la duración de la misma y el deber de presentarse al lugar previo de privación de la libertad, así las condiciones de pandemia no hayan cesado, el medio empleado no está excluido ni prohibido.

La Sala advirtió que la primera medida del decreto legislativo analizado, en términos generales, es efectivamente conducente para alcanzar la finalidad por la que propende. En efecto, una situación de hacinamiento y colapso de los servicios penitenciarios, carcelarios y de detención transitoria, en medio de una pandemia, requiere acciones urgentes para evitar que estos lugares se conviertan en focos graves de expansión del contagio y de evolución del mismo. Se deben tomar medidas para controlar la presencia del virus y para mitigar sus efectos. Reducir el número de personas es, sin duda, una medida que no sólo es idónea para alcanzar tal fin, sino que se revela especialmente útil para lograrlo. En el caso de las personas de una edad avanzada o con una salud delicada y vulnerable a los efectos de la pandemia, existen muchas medidas de protección que podrían lograr el fin buscado. Pero dentro de estas herramientas, sin duda, es especialmente útil, poder sacar a la persona del lugar de reclusión en hacinamiento, en el cual es difícil que existan medidas de aislamiento y distanciamiento efectivas.

También se consideraron razonables y constitucionalmente proporcionadas las exclusiones que se hacen de algunas personas vulnerables a la pandemia, en tanto se contempla una medida de compensación en el parágrafo quinto del Artículo 6 del decreto analizado. Es decir, cuando a la persona se le excluye de la concesión de la medida de privación de la libertad domiciliaria en razón a la gravedad de su delito, pero es de aquellas a las que se le concede la medida en razón a su vulnerabilidad y no solamente por la necesidad de reducir el número de personas confinadas (los literales a), b), c) y d) del Artículo 2) es preciso que el Estado le garantice el derecho a estar en “un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio”.

Ahora bien, la Corte consideró que era irrazonable y desproporcionado constitucionalmente excluir a personas en discapacidad, por razones distintas a las limitaciones en el movimiento. En tal medida, se resolvió declarar exequible el Artículo 2 del Decreto Legislativo 546 de 2020, salvo el literal d) que se declaró exequible bajo el entendido de que no excluye otras formas de discapacidad que puedan resultar incompatibles con las medidas sanitarias y de distanciamiento social por parte de la población privada de la libertad.

De forma similar, la Corte consideró que era irrazonable y desproporcionado constitucionalmente excluir a las personas sometidas a extradición de la privación domiciliaria transitoria, si no se concedía la también medida de compensación de ser ubicada en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio. Por tanto, se decidió declarar exequible el Artículo 5 en el entendido de que respecto de las personas sometidas a extradición que estén en las circunstancias contempladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 2º del decreto legislativo, se deberán adoptar las medidas necesarias por parte de la autoridad competente para ubicarlas en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio.

Por último, en cuanto al dilema que plantea la temporalidad de la medida y el tener que presentarse luego de transcurridos seis meses al mismo lugar de reclusión, la Sala consideró que sería innecesario, irrazonable y desproporcionado constitucionalmente, además de un claro atentado a la dignidad humana, pretender regresar a una persona a la privación de la libertad en condiciones iguales o similares a las que se encontraba, si el riesgo de la pandemia continúa. En tal medida, la Sala resolvió declarar exequibles los artículos 3 y 10 del Decreto Legislativo 546 de 2020, en el entendido de que la persona a la que se le concedió alguna de las medidas de privación de la libertad domiciliaria transitoria (detención domiciliaria transitoria o prisión domiciliaria transitoria) si bien debe presentarse una vez venza el término de la medida, no podrá ser recluida nuevamente en lugar el que se encontraba, si al interior del mismo se presenta un brote de COVID-19, salvo que se le pueda garantizar su ubicación en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio. Si no fuere posible la reubicación en un lugar especial, el juez competente deberá fijar el término en el cual debe presentarse nuevamente.

3.2 Procedimientode la medida principal

El segundo bloque temático se refiere a los procedimientos administrativos y judiciales diseñados para la ejecución de la medida principal. La Corte los agrupó, para efectos de su revisión de constitucionalidad, en tres etapas: (i) etapa previa, relacionada con los listados que deben elaborarse para acceder a la medida principal (artículos 11, 14 y 15); (ii) etapa intermedia, referida al trámite judicial de las medidas de DDT o PDT (artículos 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20 y 29); y (iii) etapa final, encaminada a dar cumplimiento a tales medidas (artículos 9, 21, 23 y 24).

Sobre dichas etapas, la Corte concluyó -en general- que responden directa y específicamente a la finalidad de la emergencia económica, social y ecológica de impedir la extensión o agravación de los efectos de la pandemia en las personas privadas de la libertad, lo cual fue justificado de manera suficiente en los considerandos del Decreto Legislativo 546 de 2020. En particular, la Sala Plena estimó que la creación de un procedimiento célere de carácter administrativo y judicial contribuye a la efectividad de las medidas de detención domiciliaria transitoria y prisión domiciliaria transitoria. En términos generales, concluyó que las normas de procedimiento superan los diez juicios que la jurisprudencia constitucional ha establecido porque no suspenden la aplicación de ninguna ley, no restringen ningún derecho intangible, ni suspenden o vulneran el núcleo esencial de los derechos y libertades fundamentales, no interrumpen el normal funcionamiento de las ramas del poder público y de los órganos del Estado, ni suprimen o modifican los organismos y las funciones básicas de acusación y juzgamiento; y tampoco contrarían de manera específica la Constitución o tratados internacionales, no desconocen los artículos 47, 49 y 50 de la LEEE ni desmejoran los derechos sociales de los trabajadores. Finalmente, aquellas no establecen un trato diferenciado injustificado o fundado en categorías sospechosas, y tampoco contienen un mandato que lesione o desconozca el principio constitucional de igualdad.

No obstante, encontró la Sala Plena que era necesario hacer dos precisiones con relación a los artículos 7 y 8. En el primer caso, en defensa del derecho de las personas de acceso a la justicia y la garantía del derecho al debido proceso, se declaró exequible el Artículo 7 del Decreto Legislativo 546 de 2020, en el entendido de que para las personas cobijadas por medida de aseguramiento de detención preventiva, en aplicación de la Ley 600 de 2000, la autoridad competente para resolver sobre la detención domiciliaria transitoria es la Fiscalía General de la Nación o la Corte Suprema de Justicia, según sus competencias. En el segundo, en defensa del principio de igualdad, se declaró exequible el Artículo 8 del Decreto Legislativo 546 de 2020, en el entendido de que (i) los abogados de las personas condenadas también podrán hacer la solicitud directa al juez competente, siempre que adjunten previamente las cartillas biográficas correspondientes entregadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, así como el certificado médico, según corresponda; (ii) para las personas condenadas también procede el recurso de apelación en efecto devolutivo, que se interpondrá y sustentará dentro los tres (3) días siguientes por escrito remitido por el mismo medio virtual; precluido este término correrá el traslado común a los no recurrentes por tres días; y (iii) también comprende a las personas recluidas en centros de detención transitoria, y que para estos eventos el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sigue siendo la entidad encargada de adjuntar la cartilla biográfica.

3.3 Medidas accesorias

Para la Corte, las disposiciones que de forma accesoria contribuyen a la implementación de la medida principal y que hacen referencia, entre otras, a los recursos para financiar su operatividad, a la protección del derecho a la salud de los beneficiarios o de los bachilleres que prestan el servicio militar obligatorio en el INPEC y a la posibilidad de circulación de los servidores públicos, favorecen la implementación de la medida principal, que tiene como propósito generar mecanismos ágiles que permitan atender eficientemente las necesidades de la población, afectada por la emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19.

Los artículos 22, 26, 28, 31 y 32, que la componen hacen referencia a asuntos operativos de carácter financiero y de contratación para la ejecución de la medida principal, de garantía del derecho a la salud de los beneficiarios de la detención domiciliaria transitoria y la prisión domiciliaria transitoria, de quienes prestan el servicio militar obligatorio en el INPEC, así como de la circulación de los servidores públicos concernidos en la implementación de la medida principal. La Sala concluyó que superan los juicios aplicados porque las mencionadas medidas tienen conexidad con la medida principal y la mitigación de la pandemia, están suficientemente motivadas, no son arbitrarias, no suspenden leyes ordinarias ni contradicen la Constitución, son necesarias jurídica y fácticamente, son razonables y no vulneran el núcleo esencial de los derechos y libertades fundamentales de las personas privadas de la libertad. En consecuencia, para esta Sala los artículos enunciados son exequibles.

3.4 Medidascomplementarias

En relación con las tres medidas complementarias, la Corte encontró que las de libertad por pena cumplida no otorgada (Artículo 25) y exhorto en favor de la libertad (Artículo 30) superan la totalidad de los juicios respectivos y, por lo tanto, se ajustan a la Constitución y a las reglas que debe respetar el Ejecutivo al expedir normas de excepción.

Con respecto a la medida de suspensión temporal de traslados de personas condenadas y detenidas preventivamente de centros de detención transitoria a cárceles y penitenciarías (Artículo 27), la Corte concluyó que la medida no es irrazonable ni desproporcionada constitucionalmente, dado que se trata de una situación puramente temporal, que busca enfrentar una situación de emergencia.

Salvamento y aclaraciones de voto

La magistrada DIANAFAJARDORIVERA salvó su voto con relación a la decisión de constitucionalidad pura y simple de los artículos 6 y 18 del decreto revisado, y aclaró su voto para hacer algunas precisiones respecto al sentido y alcance de la decisión, tanto en términos generales, como en relación con varios de los aspectos tratados en la providencia.

En cuanto al Artículo 6, la magistrada Fajardo consideró que existe una desproporción evidente, cuando se excluye del beneficio a una persona que ha cometido un delito que no es de los más graves dentro de la categoría de delitos graves, en tanto no supone un atentado contra alguno de los bienes jurídicos tutelados más importantes del ordenamiento. En efecto, hay varias conductas penales que aseguran bienes jurídicos de la mayor importancia. Así, aquellos delitos que protegen la vida y la integridad personal, la libertad, integridad y formación sexual; la libertad individual; la autonomía personal; la familia; la seguridad pública; la administración pública; la recta impartición de justicia y la existencia y seguridad del Estado, se ocupan de valores, derechos y principios fundamentales del Estado social y democrático de derecho, que permiten a la Corte concluir que es proporcional que se considere que existe un riesgo importante para las víctimas y la sociedad.

No ocurre lo mismo con varios de los delitos contra el patrimonio económico, la información y los datos y el orden económico y social. Aunque estos también son bienes jurídicos de gran importancia en un Estado social de derecho, para la magistrada Fajardo no es proporcionado sacrificar la vida, la salud y la integridad de las personas en las condiciones de pandemia que se enfrentan, por salvaguardar tales garantías. Cuando una persona únicamente ha atentado contra bienes de carácter económico, sin recurrir a la violencia, pertenecer a grupos o crimen organizado, y sin afectar el funcionamiento del Estado y de las instituciones de las cuales dependen las políticas públicas que aseguran el goce efectivo de los derechos fundamentales, no parecería adecuado presuponer un riesgo similar al que se advierte en los otros casos.

De forma similar, el impacto sobre los derechos de las víctimas de uno y otro tipo de crímenes es diferente. La protección de los derechos de las víctimas frente a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario es un elemento estructural del orden constitucional vigente. No obstante, para la magistrada Fajardo sí se debían mantener los delitos de abigeato, hurto calificado y agravado contemplados por el decreto revisado, por cuanto en este caso se pretendió identificar conductas que sí involucran la afectación de derechos fundamentales básicos de las personas, y muchas veces, su dignidad y su integridad. Así, a su juicio, se han debido declarar inexequibles aquellas expresiones que hacen referencia a los delitos que se excluyen y que se dirigen a proteger estos tres últimos bienes tutelados, a excepción de lo referente al abigeato y los hurtos calificados, agravados y violentos.

Por otra parte, la magistrada Fajardo consideró que el Artículo 18 sí debía declararse exequible, pero de forma condicionada, justamente como lo hizo la Sala con el Artículo 5, referente a las personas sometidas a extradición. En efecto, en ambos casos (las personas sometidas a extradición y las personas a las que se les niega la medida de privación domiciliaria de libertad, por coincidir con el de la víctima), no reciben expresamente de parte del decreto revisado la aplicación de la medida compensatoria de ser ubicada en un lugar especial que minimice el riesgo de contagio. Aunque es claro a la luz del orden constitucional vigente, que en ambos casos se debe dar la medida de compensación, hubiera sido necesario para la protección de los derechos involucrados, condicionar el Artículo 18 para que la cuestión fuera clara, al igual que ocurrió con el Artículo 5.

La magistrada CRISTINAPARDO SCHLESINGER salvó su voto respecto de la decisión adoptada respecto del artículo 6 del Decreto Legislativo 546 de 2020. A su parecer, la norma no superaba el test de proporcionalidad, porque al restringir la lista de delitos más allá de aquellos que conforme a la legislación ordinaria permiten la figura de la detención o prisión domiciliaria, resulta inadecuada e inconducente. Tan es así, que durante la pandemia han resultado favorecidas con la medida de prisión o detención domiciliaria solicitadas acudiendo a las normas ordinarias, muchas más personas que aquellas que lo hicieron a través de las disposiciones del decreto legislativo.

El magistrado ALBERTOROJAS RÍOS salvó parcialmente su voto en cuanto consideró que algunos fragmentos el Artículo 6 del Decreto 546 de 2020 debieron ser declarados INEXEQUIBLES por desconocer principios que restringen la actividad del ejecutivo en estados de emergencia y trasgrede los límites de la política criminal.

En su parecer, el legislador extraordinario estableció una medida desproporcionada, irrazonable y discriminadora, al sustraer a las personas que cometieron delitos contra el patrimonio, la información y los datos así como el orden económico y social del beneficio de prisión domiciliaria transitoria, a pesar de que algunas de ellas pueden ser vulnerables frente a las consecuencias de contagio con COVID-19 en razón d su edad (más de 60) o de su condición de salud. Denunció que la disposición sacrifica de manera desmedida los derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida de esos sujetos a la par que incumple con la finalidad de la alternativa, que es proteger a las personas que poseen una mayor probabilidad de fallecer ante una infección del virus mencionado.

Aunado a lo anterior, indicó que constituye una discriminación no beneficiar a un grupo de reos que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad de los destinarios de la decisión. La opción analizada también infringe el principio de igualdad, como quiera que regula de manera idéntica conductas punibles que salvaguardan el bien jurídico de protección al patrimonio privado y otras que protegen entidades de mayor importancia en el ordenamiento jurídico, como la vida o la integridad persona. La norma pone en un mismo plano los delitos económicos con los crimines que desconocen el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional.

Finalmente, estimó que concentrar la exclusión de la medida a tipos penales contra el patrimonio, la información y los datos así como el orden económico infringe los mandatos de lesividad y subsidiariedad del derecho penal constitucional, al mantener recluidos a personas que perturbaron bienes jurídicos de menor interés respecto de los derechos que la medida procura garantizar. Se trata de una deslegitimación el sistema penal, por cuanto la sustracción de esos hechos punibles evidencia una usencia de racionalidad y de coherencia del sistema criminal4. En efecto, la medida trasgrede los límites de la política crimina, toda vez que exceptuar los delitos mencionados de su aplicación es desproporcionado e irrazonable.

De igual modo, el magistrado JOSÉFERNANDOREYES CUARTAS salvó su voto frente a la decisión que se profirió respecto del artículo 6º, del Decreto 546 de 2020, toda vez que en su concepto esta disposición debía haber sido declarada inexequible.

Por su parte, el magistrado ANTONIOJOSÉLIZARAZOOCAMPO manifestó su salvamento de voto en relación con la decisión de exequibilidad condicionada de los artículos 3 y 10 de Decreto 546 de 2020, por cuanto considera que estas normas se ajustan a la Constitución.