200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030039337CC-SENTENCIAC154C202028/05/2020CC-SENTENCIA_C_154_C_2020_28/05/2020300393472020 LA REINSTALACIÓN O RECONEXIÓN TEMPORAL A LOS SUSCRIPTORES RESIDENCIALES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, ADEMÁS DE OTRAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DURANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ORIGINADA POR EL COVID19, SE AJUSTAN A LA CONSTITUCIÓN. ESAS MEDIDAS DEBEN APLICARSE A TODOS LOS SUSCRIPTORES CUYO SERVICIO ESTÁ SUSPENDIDO, SIN CONSIDERAR LA CAUSA DE LA SUSPENSIÓN, RAZÓN POR LA CUAL RESULTA INCONSTITUCIONAL LA EXCLUSIÓN QUE ESTABLECÍA EL ART. 1 DEL DECRETO 441 DE 2020
CONSTITUCIONALIDAD28/05/2020José Fernando ReyesDECRETO 441 DE 2020Identificadores20030220174true1332556original30193439Identificadores

Fecha Providencia

28/05/2020

Fecha de notificación

28/05/2020

Magistrado ponente:  José Fernando Reyes

Norma demandada:  DECRETO 441 DE 2020


LA REINSTALACIÓN O RECONEXIÓN TEMPORAL A LOS SUSCRIPTORES RESIDENCIALES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, ADEMÁS DE OTRAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DURANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ORIGINADA POR EL COVID19, SE AJUSTAN A LA CONSTITUCIÓN. ESAS MEDIDAS DEBEN APLICARSE A TODOS LOS SUSCRIPTORES CUYO SERVICIO ESTÁ SUSPENDIDO, SIN CONSIDERAR LA CAUSA DE LA SUSPENSIÓN, RAZÓN POR LA CUAL RESULTA INCONSTITUCIONAL LA EXCLUSIÓN QUE ESTABLECÍA EL ART. 1 DEL DECRETO 441 DE 2020

Norma objeto de revisión constitucional

DECRETO 441 DE 2020

(abril 20)

Porel cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarilladoy aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución Política, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional”, y

CONSIDERANDO

Que, en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el presidente de la Republica, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el estado de emergencia por periodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

Que, según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia, el presidente de la Republica, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, en la cual se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19, señalándose entre las razones tenidas en cuenta para la adopción de dicha medida, la necesidad de garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos, “(...) razón por la cual se deberá analizar medidas necesarias para cumplir con los mandatos que le ha entregado el ordenamiento jurídico colombiano. Lo anterior supone la posibilidad flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los servicios, establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los mismos, flexibilizar el régimen laboral en cuanto los requisitos de los trabajadores a contratar, implementar medidas de importación y comercialización de combustibles con el fin de no afectar el abastecimiento.”

Que el artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que adicionalmente, el artículo constitucional citado, dispone que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.

Que conforme lo dispone el artículo 366 de la Carta, son finalidades sociales del Estado: (i) el bienestar general, (ii) el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y (iii) la búsqueda de soluciones de las necesidades básicas insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Que de acuerdo con la Observación General 15 del 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el agua es imprescindible para desarrollar actividades cotidianas dirigidas a evitar el hambre, las enfermedades y la muerte, así como satisfacer necesidades de consumo, cocina, saneamiento e higiene personal y doméstica, al tiempo que, el derecho a acceder a ella necesariamente implica la realización de otros derechos humanos tales como la vida, la salud, la higiene ambiental, la alimentación, la dignidad humana, la vida cultural, la subsistencia, la educación, la vivienda, el trabajo, la intimidad, la protección contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la igualdad de género, la erradicación de la discriminación, entre otros.

Que la Corte Constitucional ha dado alcance al derecho humano al agua estableciendo que existen situaciones especiales, en las que resulta necesario garantizar su acceso. Así en sentencia T-312 de 2012, estableció que: “La obligación de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente para el uso personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate público y la ejecución presupuestal, pues constituye un verdadero y autónomo derecho fundamental de las personas sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven completamente comprometidas. En consecuencia, las entidades deben adoptar todas las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar el componente mínimo del derecho al agua y, en cuanto al completo disfrute del mismo deben, por mandato constitucional avanzar constantemente mediante el diseño de políticas públicas eficientes en la materia, y usar todos los recursos posibles para mejorar el servicio de acueducto hasta el punto en que se logre cumplir de manera eficiente con todos los componentes del derecho.”

Que la Ley 142 de 1994 consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y en su artículo 4, señaló que los servicios públicos domiciliarios se consideran servicios públicos esenciales.

Que el deber de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo es responsabilidad de los municipios conforme lo dispone el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 142 de 1994, mientras que el deber de prestación se encuentra en cabeza de las personas prestadoras de servicios públicos a los que hace alusión el artículo 15 de la citada Ley.

Que el numeral 11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece como función de las Comisiones de Regulación la de establecer fórmulas para la fijación de tarifas de los servicios públicos objeto de su competencia.

Que en el inciso 1 del artículo 96 de la Ley 142 de 1994 se establece: “Otros cobros tarifarios. Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran”.

Que en la medida que el precitado artículo de la Ley 142 de 1994 autorizó a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto la posibilidad de cobrar un cargo por concepto de corte, suspensión, reconexión o reinstalación del servicio para la recuperación de los costos en que incurran, resulta necesario, habilitar transitoriamente la reinstalación y/o reconexión de manera inmediata de dicho servicio público domiciliario de acueducto, a fin de garantizar el suministro oportuno de agua potable para el cumplimiento de las finalidades de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de la Pandemia COVID-19.

Que las entidades territoriales actualmente no cuentan con recursos suficientes para garantizar el acceso a agua potable de los ciudadanos, de suerte que para dar aplicación a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, se hace necesario habilitar el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), para atender la emergencia presentada.

Que los artículos 10 y 11 de Ley 1176 de 2007 establecen que los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), tienen destinación específica para financiar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, por lo que resulta pertinente habilitar el uso de estos recursos para financiar medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsibles, entre otros.

Que igualmente, se hace necesario suspender los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado señalados en la Ley.

Que en consecuencia,

DECRETA

Artículo1. Reinstalación y/o reconexión inmediata del servicio de acueducto a /os suscriptores residenciales suspendidos y/o cortados. Durante el término de declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de la Pandemia COVID-19, las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que cuenten con suscriptores residenciales en condición de suspensión y/o corte del servicio -con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio-, realizarán, sin cobro de cargo alguno, la reinstalación y/o reconexión de manera inmediata del servicio público domiciliario de acueducto,

PARÁGRAFO. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto asumirán el costo de la reinstalación y/o reconexión del servicio, en los términos y condiciones que señale la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), sin perjuicio de que los mencionados prestadores puedan, para tal actividad de reinstalación y/o reconexión, gestionar aportes de los entes territoriales.

Artículo2. Acceso a agua potable en situaciones de emergencia sanitaria. Durante el término de declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, en los términos y condiciones que se han señalado y las prórrogas que pueda determinar el Ministerio de Salud y Protección Social, los municipios y distritos asegurarán de manera efectiva el acceso a agua potable mediante la prestación del servicio público de acueducto, y/o esquemas diferenciales, a través de las personas prestadoras que operen en cada municipio o distrito.

PARÁGRAFO. Excepcionalmente, en aquellos sitios en donde no sea posible asegurar el acceso a agua potable mediante la prestación del servicio público de acueducto y/o los esquemas diferenciales, los municipios y distritos deberán garantizarlo a través de medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsibles, entre otros, siempre que se cumplan con las características y criterios de la calidad del agua para consumo humano señalados en el ordenamiento jurídico.

Los medios alternos de aprovisionamiento serán coordinados por las entidades territoriales con las personas prestadoras de su jurisdicción, para lo cual, se tendrán en cuenta (i) que se debe garantizar el consumo básico, (ii) las características y criterios de la calidad de calidad del agua para consumo humano, y, (iii) evitarse las aglomeraciones de personas.

Artículo3. Uso de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico. Durante el término de declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, en los términos y condiciones que se han señalado y las prórrogas que pueda determinar el Ministerio de Salud y Protección Social, los municipios, distritos y departamentos para asegurar el acceso de manera efectiva a agua potable, podrán destinar los recursos necesarios del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) para financiar medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsibles, entre otros, siempre que se cumplan con las características y criterios de la calidad del agua para consumo humano señalados en el ordenamiento jurídico.

Artículo4. Suspensión temporal de los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Durante el término de declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de la Pandemia COVID-19, las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto no podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios en aplicación a las variaciones en los índices de precios establecidos en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Artículo5. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Decisión

Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º del Decreto 441 de 2020, salvo:

  1. La expresión “-con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio-,” que se declara INEXEQUIBLE.
  2. La expresión “sin cobro de cargo alguno” que se declara EXEQUIBLE EN EL ENTENDIDO de que esta regla no se aplicará a los suscriptores que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio, en los términos indicados en esta providencia.

Segundo. Declarar EXEQUIBLES los artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 441 de 2020.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Síntesis de la providencia

La Corte estableció que el conjunto de medidas contenidas en el Decreto 441 de 2020, todas ellas relacionadas con (i) la reconexión inmediata del servicio de acueducto asumiendo su costo el respectivo prestador del servicio (art. 1); (ii) la obligación de asegurar esquemas diferenciales y medios alternos para el aprovisionamiento de agua (art. 2); (iii) el empleo de los recursos del Sistema General de Participaciones para tal propósito (art. 3); y (iv) la no aplicación de los incrementos tarifarios relacionados con el índice de precios (art. 4), guardaban relación directa con las causas que motivaron la declaratoria del estado de excepción. Señaló la Corte que en el presente contexto la actuación efectiva de las entidades del Estado y los prestadores del servicio para garantizar el acceso al agua de todas las personas, constituye un deber constitucional inaplazable a fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

Advirtió que las medidas adoptadas superaban, en general, los juicios aplicables al adelantar el control constitucional de los decretos dictados al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el Decreto 417 de 2020.

No obstante lo anterior, estableció que la regla que exceptuaba de la reconexión inmediata a aquellos suscriptores residenciales que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio, resultaba contraria a la Constitución dado que era incompatible con el deber de asegurar la vida y la salud de los propios suscriptores y de los demás integrantes de la comunidad. Advirtió la Corte que, a pesar de que la reconexión para este tipo de situaciones también era inmediata, el costo de la misma debía ser asumido posteriormente por tales suscriptores.

Salvamento parcial y aclaraciones de voto

El Magistrado ALEJANDROLINARESCANTILLO, si bien comparte la decisión de la mayoría en cuanto a la declaratoria de exequibilidad de los artículos 2, 3, 4 y 5, se separó parcialmente de la decisión de la mayoría respecto de lo decidido en el artículo 1°, por cuanto en su opinión todo el decreto legislativo era exequible.

En efecto, la expresión declarada inexequible en el artículo 1°, referente al grupo de suscriptores excluidos de la reconexión o reinstalación, resultaba ajustada a la Constitución. Señaló el Magistrado Linares que es claro en las normas aplicables que quienes cometen fraude, a través de una vía de hecho para acceder al servicio público, deben tener una posición jurídica distinta de la de quienes se atrasan en el cobro de la tarifa. De esta forma, se prevén sanciones administrativas y penales para quienes accedan de forma fraudulenta al servicio público, con el fin de alinear los incentivos de cara a la protección de los bienes de uso público. De esta forma, no se pueden poner en las mismas condiciones a quienes cometen fraude frente a quienes no pueden pagar y por consiguiente, darles un tratamiento igualitario. Asimismo, indicó que el condicionamiento respecto del pago a futuro, con base en acuerdos de pago posteriores, no encuentra sustento suficiente frente al mandato de igualdad. La aplicación general de la reconexión o reinstalación sin costo alguno para los usuarios no tiene en cuenta que no en todos los casos la continuación en la prestación del servicio sería posible, como en aquellos escenarios en los que no exista un contrato uniforme suscrito de forma previa.

Por lo demás, en lo que se refiere al entendimiento que realiza la sentencia sobre el derecho fundamental al agua, el Magistrado Linares manifestó su aclaración de voto. Adicionalmente, señaló que aclara su voto también respecto de su entendimiento del régimen constitucional de los servicios públicos. Si bien la mayoría se enfocó primordialmente en el deber de solidaridad que les asiste a los prestadores en el desarrollo de su objeto social, se ha debido sopesar en la ecuación, el impacto de la transferencia del costo de la tarifa de reconexión o reinstalación a los operadores para la continua prestación misma del servicio. En efecto, una transferencia desmedida de costos no programados asociados con la prestación del servicio puede amenazar de manera intensa la continuidad y la eficacia en la prestación del servicio, poniendo en riesgo la higiene de la población en tiempo de pandemia. Manifestó el Magistrado que dejar al arbitrio de los municipios la decisión de contribuir o no a sufragar los costos, podría conllevar a una carga desproporcionada a los prestadores del servicio, así como a una senda de potenciales reclamaciones contra el Estado.

Por su parte, el Magistrado ANTONIOJOSÉLIZARAZOOCAMPO, aunque comparte las decisiones de inexequibilidad parcial y exequibilidad de la mayoría del articulado del Decreto Legislativo 441 de 2020, aclaró el voto en cuanto a las consideraciones que se exponen en la sentencia, en relación con el grado de control que le corresponde aplicar a la Corte Constitucional respecto de los decretos de emergencia en el ámbito particular de un estado de excepción.