200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030038929CC-SENTENCIAC109C202011/03/2020CC-SENTENCIA_C_109_C_2020_11/03/2020300389342020Recurso de extracto: LA CONTRIBUCIÓN POR LAUDOS ARBITRALES ESTABLECIDA POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CORRESPONDE A UN EJERCICIO VÁLIDO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA DEL LEGISLADOR QUE TIENE UNA FINALIDAD LEGÍTIMA DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL Y NO DESCONOCE EL DERECHO DE IGUALDAD, PUESTO QUE QUIENES ACUDEN A LA JUSTICIA ARBITRAL O A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL NO SE ENCUENTRAN EN LA MISMA SITUACIÓN
CONSTITUCIONALIDAD11/03/2020José Fernando ReyesLEY 1955 DE 2019Identificadores20030212192true1324117original30185710Identificadores

Fecha Providencia

11/03/2020

Fecha de notificación

11/03/2020

Magistrado ponente:  José Fernando Reyes

Norma demandada:  LEY 1955 DE 2019


Recurso de extracto:

LA CONTRIBUCIÓN POR LAUDOS ARBITRALES ESTABLECIDA POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CORRESPONDE A UN EJERCICIO VÁLIDO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA DEL LEGISLADOR QUE TIENE UNA FINALIDAD LEGÍTIMA DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL Y NO DESCONOCE EL DERECHO DE IGUALDAD, PUESTO QUE QUIENES ACUDEN A LA JUSTICIA ARBITRAL O A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL NO SE ENCUENTRAN EN LA MISMA SITUACIÓN

1. Normas demandadas

LEY 1955 DE 2019

(mayo 25)

Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’

Artículo 130. Contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico. Créase la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico a cargo de la persona natural o jurídica o el patrimonio autónomo a cuyo favor se ordene el pago de valor superior a setenta y tres (73) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos recursos se destinarán a la financiación del sector Justicia y de la Rama Judicial.

Serán sujetos activos de la contribución especial, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. La contribución especial se causa cuando se haga el pago voluntario o por ejecución forzosa del correspondiente laudo.

La base gravable de la contribución especial será el valor total de los pagos ordenados en el correspondiente laudo, providencia o sentencia condenatoria. La tarifa será el dos por ciento (2%). En todo caso, el valor a pagar por concepto del impuesto no podrá exceder de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La entidad pagadora, ya sea persona natural o entidad pública o privada, en el momento en que efectúe pagos totales o parciales de las cuantías ordenadas en el laudo arbitral, deberá retener en la fuente la totalidad de la contribución especial causada con el respectivo pago. La retención practicada deberá ser incluida y pagada en la respectiva declaración mensual de retenciones en la fuente del agente retenedor, de acuerdo con las normas que regulan la retención en la fuente contenidas en el Estatuto Tributario. En el evento de que el pagador no tenga la calidad de agente retenedor, el perceptor del pago deberá autor retener el monto de la contribución especial causada de acuerdo con las disposiciones establecidas sobre el particular en el Estatuto Tributario.

Esta contribución no aplica para laudos arbitrales internacionales.

Parágrafo. El Gobierno nacional deberá girar en la primera quincena de cada semestre al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, el monto recaudado por concepto de la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico.

2. Decisión

Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el artículo 130 de la Ley 1955 de 2019.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de la providencia

Le correspondió a la Corte establecer si el artículo 130 de la Ley 1955 de 2019 viola el mandato de trato igual y de equidad tributaria al establecer una contribución que grava las condenas establecidas en laudos arbitrales de contenido económico, a pesar de que ello no se encuentra previsto para las providencias judiciales adoptadas por la justicia estatal. Este tribunal reiteró que de conformidad con los artículos 150.12 y 338 de la Constitución, el Congreso de la República es titular de la competencia para establecer los diferentes tributos y, en esa dirección, los sujetos activos y pasivos, los hechos y bases gravables, las tarifas y su tiempo de vigencia. Ello le permite fijar la política fiscal mediante la creación, modificación, disminución, aumento o eliminación de impuestos, tasas y contribuciones. En todo caso, la actuación del Congreso encuentra límites en varios mandatos constitucionales entre los cuales se encuentran los principios de igualdad y equidad tributaria que proscriben, entre otras cosas, la adopción de tratos diferentes injustificados entre sujetos, grupos o situaciones comparables. La Corte Constitucional ha establecido que el arbitraje constituye un medio alternativo para impartir justicia que se diferencia en varios aspectos relevantes de la jurisdicción estatal. Tales aspectos se relacionan con su carácter voluntario, temporal, oneroso y excepcional. Con apoyo en dichas características y en el amplio margen de configuración del legislador para apreciarlas, la Sala Plena encontró que la decisión del Congreso no comporta una vulneración de los mandatos de igualdad y equidad tributaria. A su juicio, dicho órgano representativo se encuentra habilitado para regular las formas de administrar justicia reconocidas en las Constitución (art. 116) y, en esa dirección, puede prever reglas diferenciadas en materia tributaria. De allí que entonces pueda concluirse desde el inicio, que bien puede el legislador, con base en esas sustanciales diferencias entre una y otra forma de administrar justicia, imponer una contribución fiscal al arbitraje, con miras a lograr la modernización, descongestión y bienestar de la justicia estatal, y de esa manera afianzar el servicio público. En este norte argumentativo no puede desconocerse que prima facie, la justicia arbitral es un privilegio, que debe pagarse y costearse, en tanto la administración de justicia estatal, se financia vía impuestos generales. Por ello quienes acuden a una y otra forma de administrar justicia, no están en la misma situación.

Precisó la Corte, en adición de lo anterior, que la contribución examinada y su destinación al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, constituye un instrumento para financiar -con arreglo a las disposiciones presupuestales correspondientes- esas tres facetas medulares de la administración de justicia. En esa dirección destacó que el fortalecimiento de la Rama Judicial no es un asunto que pueda considerarse distante o indiferente para la justicia arbitral en tanto existen relaciones de múltiple naturaleza reconocidas en la regulación vigente entre las instituciones y procedimientos de la justicia estatal y el arbitraje.