200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030036571CC-SENTENCIAC250201905/06/2019CC-SENTENCIA_C_250__2019_05/06/2019300365692019LA REFERENCIA A LAS GARANTÍAS “MÍNIMAS” DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y EDUCACIÓN COMO UNO DE LOS REQUISITOS DE LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO PARA LOS ADOLESCENTES, NO SIGNIFICA UNA LIMITACIÓN, REDUCCIÓN O DISMINUCIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES.
NULIDAD05/06/2019José Fernando ReyesLEY 1098 DE 2006Identificadores20030191990true1297883original30167890Identificadores

Fecha Providencia

05/06/2019

Fecha de notificación

05/06/2019

Magistrado ponente:  José Fernando Reyes

Norma demandada:  LEY 1098 DE 2006


LA REFERENCIA A LAS GARANTÍAS “MÍNIMAS” DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y EDUCACIÓN COMO UNO DE LOS REQUISITOS DE LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO PARA LOS ADOLESCENTES, NO SIGNIFICA UNA LIMITACIÓN, REDUCCIÓN O DISMINUCIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES.

1. Norma acusada LEY 1098 DE 2006

(noviembre 8)

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia


ARTÍCULO 113. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO PARA LOS ADOLESCENTES. Corresponde al inspector de trabajo expedir por escrito la autorización para que un adolescente pueda trabajar, a solicitud de los padres, del respectivo representante legal o del Defensor de Familia. A falta del inspector del trabajo la autorización será expedida por el comisario de familia y en defecto de este por el alcalde municipal.


La autorización estará sujeta a las siguientes reglas:


1. Deberá tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente;


2. La solicitud contendrá los datos generales de identificación del adolescente y del empleador, los términos del contrato de trabajo, la actividad que va a realizar, la jornada laboral y el salario.


3. El funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para determinar las condiciones de trabajo y la seguridad para la salud del trabajador.


4. Para obtener la autorización se requiere la presentación del certificado de escolaridad del adolescente y si este no ha terminado su formación básica, el empleador procederá a inscribirlo y, en todo caso, a facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o de formación, teniendo en cuenta su orientación vocacional.


5. El empleador debe obtener un certificado de estado de salud del adolescente trabajador.


6. La autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será conferida por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad teniendo en cuenta sus usos y costumbres.

En su defecto, la autorización será otorgada por el inspector del trabajo o por la primera autoridad del lugar.


7. El empleador debe dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la autorización, cuando se inicie y cuando termine la relación laboral.


PARÁGRAFO. La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente.

2. Decisión


Declarar EXEQUIBLE la expresión “mínimas”, contenida en el parágrafo del artículo 113 de la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y Adolescencia”, por los cargos analizados en esta sentencia.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de la providencia

De manera previa, la Corte realizó el análisis de la aptitud de los cargos de inconstitucionalidad formulados en este proceso, contra el vocablo “mínimos” que hace parte del parágrafo del artículo 113 del Código de la Infancia y la Adolescencia, especialmente, en cuanto tiene que ver con el requisito de certeza.

De ese análisis, el Tribunal concluyó que, prima facie, una interpretación literal o exegética de la expresión legal acusada conduce a que el adjetivo mínimos pueda entenderse como una limitación del ámbito de protección del trabajador menor de edad, y por ende, no le garantizaría una cobertura integral en materia de atención en salud, seguridad y educación, en desmedro de la prevalencia de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la protección y a la formación integral lo que desconocería los artículos 1º, 45, 48, 49 y 67 de la Constitución Política y desvirtuaría las finalidades del Estado social de derecho al no brindarse las garantías óptimas y de rango superior que merecen los menores de edad. De esta forma, los cargos de la demanda se fundan en el análisis de un enunciado normativo que en efecto se encuentra inserto en la disposición demandada y que suscita una duda razonable, verificable y objetiva sobre su constitucionalidad, que permitía a la Corte realizar, por lo tanto, un juicio de fondo.

Al hacer una interpretación sistemática, teleológica e inclusive histórica se pudo comprender y determinar el significado de la expresión impugnada, sin que este coincidiera con el de la demandante. Así, según los antecedentes legislativos, encontró que el Código de la Infancia y la Adolescencia (i) se encamina a adecuar la legislación colombiana relativa a la niñez y la adolescencia a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, a los principales instrumentos internacionales ratificados por Colombia desde 1991 y a la actual Carta Política; y (ii) a diferencia del anterior Código del Menor basado en la teoría de la situación irregular para proteger a los menores de la explotación y la violencia, el Código de la Infancia y la Adolescencia busca proteger a los niños, niñas y adolescentes de manera integral y persistente, como personas autónomas, titulares de derechos y deberes y no solo ante la vulneración o infracción, razón por la cual genera una responsabilidad solidaria entre el estado, la familia y la sociedad. En ese marco, consagra principios como la prevalencia de los derechos de los menores cuando se encuentren en conflicto con los de otra persona, la irrenunciabilidad y preferencia de las normas contenidas en ese Código, el concepto de interés superior del niño y el deber de vigilancia del Estado, como pilares conceptuales que orientan la norma de infancia actual en su aplicación a los casos concretos.

Para la Corte, desde esa perspectiva histórica y teleológica, la interpretación gramatical del vocablo mínimos no resulta adecuada con el objetivo de la norma, puesto que si, como se ha enunciado, lo que regula la expresión demandada es la prevalencia, superioridad y la protección integral de los derechos del menor, en nada se acerca a la interpretación literal de la palabra mínimos, a la esencia de los motivos por los cuales fue creada, el espíritu de la norma y lo pretendido por el legislador en el conjunto normativo en el que se inserta.

A lo anterior se agrega que de una interpretación sistemática de la Ley 1098 de 2006, en todo su contexto, se desprenden múltiples, integrales y particulares garantías que deben ofrecerse a los niños, niñas y adolescentes que decidan iniciar su actividad laboral, de manera que a partir de la comparación de la expresión demandada con los demás contenidos del artículo en que se inserta y en general de la ley en la que se ubica, es posible que la interpretación adoptada por la demandante deje de lado la totalidad de los contenidos normativos que se relacionan con la expresión atacada y en ese sentido, la conclusión en la que se soportan los cargos de inconstitucionalidad que la entiende como una limitación a tales garantías, no guarda relación con otras normas que integran el orden jurídico aplicable a la relación laboral de un trabajador menor adolescente. Al mismo tiempo, una interpretación conforme a la Constitución de la expresión mínimas en manera alguna puede entenderse en un nudo sentido gramatical, ya que de acuerdo con el conjunto de principios que integran el Estado social de derecho y la ubicación del vocablo no conduce a que el Legislador haya pretendido limitar, reducir, disminuir o minimizar las garantías de las cuales son titulares los adolescentes, a los que se añaden los principios mínimos fundamentales del ejercicio del trabajo consagrados en el artículo 53 la Constitución y los derechos reconocidos en el artículo 44 de la Carta como derechos fundamentales autónomos, entre otros, a la salud, la seguridad social, la educación, cuando su titular sea un menor de edad subrayando su prevalencia sobre los derechos de los demás.

En conclusión, la Corte determinó que la expresión mínimos contenida en el parágrafo del artículo 113 de la Ley 1098 de 2006 se encuentra ajustada a los preceptos superiores.

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta