200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030036417CC-SENTENCIAC163201910/04/2019CC-SENTENCIA_C_163__2019_10/04/2019300364162019LA CERTIFICACIÓN DE ENFERMEDAD GRAVE DEL PROCESADO EXIGIDA PARA QUE EL JUEZ DECIDA ACERCA DE LA SUSTITUCIÓN DE MEDIDA DE DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO POR LA DEL LUGAR DE RESIDENCIA, PUEDE SER EXPEDIDA TAMBIÉN POR MÉDICOS PARTICULARES.
CONSTITUCIONALIDAD10/04/2019Diana Fajardo RiveraLEY 906 DE 2004D-12556Identificadores20030188621true1293255original30165215Identificadores

Fecha Providencia

10/04/2019

Fecha de notificación

10/04/2019

Magistrado ponente:  Diana Fajardo Rivera

Norma demandada:  LEY 906 DE 2004


LA CERTIFICACIÓN DE ENFERMEDAD GRAVE DEL PROCESADO EXIGIDA PARA QUE EL JUEZ DECIDA ACERCA DE LA SUSTITUCIÓN DE MEDIDA DE DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO POR LA DEL LUGAR DE RESIDENCIA, PUEDE SER EXPEDIDA TAMBIÉN POR MÉDICOS PARTICULARES.

1. Norma demandada


LEY 906 DE 2004
(agosto 31)


Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

Artículo 314. SUSTITUCIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA. [Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007). La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos:


[…]


4. Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales.

El juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital.

2. Decisión


Declarar EXEQUIBLE la expresión “previo dictamen de médicos oficiales”, contenida en el artículo 314.4. del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 27.4 de la Ley 1142 de 2007, en el entendido de que también se pueden presentar peritajes de médicos particulares.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de los fundamentos


Correspondió a la Sala Plena determinar si una norma, conforme con la cual, el estado grave por enfermedad del procesado, que habilita la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia, debe ser acreditado mediante “dictamen de médicos oficiales”, es violatoria del derecho al debido proceso y, por ende, de los derechos de defensa y acceso a la justicia.


Con el fin de ilustrar los fundamentos de la decisión, la Sala reiteró su jurisprudencia sobre el debido proceso y señaló que esta garantía constitucional supone los derechos de las partes: (i) a presentar y solicitar la práctica de pruebas; (ii) a controvertir las que se alleguen al trámite; (iii) a la publicidad de los elementos de convicción; (iv) a que las pruebas decretadas sean recaudadas y practicadas con arreglo a las normas legales pertinentes; (v) a que de oficio se practiquen los medios de convicción que resulten necesarios para asegurar la efectividad de los derechos; y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.

Así mismo, sostuvo que, si bien el Legislador puede establecer la necesidad de ciertas evidencias para la adopción de una decisión, en virtud de la referida garantía y salvo que medien razones constitucionales suficientes, no puede impedir que se recurra a otras pruebas, conforme con las reglas legales pertinentes. Esto, con el fin de que el juez adopte una determinación a partir de diversos elementos de juicio y con arreglo a los principios de la sana crítica y libertad de apreciación probatoria.

De esta forma, al analizar el cargo, la Corte encontró que la expresión acusada podía ser interpretada, como lo aducía el demandante, en el sentido de que excluía la posibilidad de allegar y recabar conceptos técnicos provenientes de peritos particulares, entendido incompatible con la Constitución, en la medida en que desconoce el derecho al debido proceso, al impedir recurrir a otros medios de prueba con el fin de que sean tenidos en cuenta al momento de adoptar la correspondiente decisión. Observó, sin embargo, que los apartados impugnados eran susceptibles de una interpretación acorde con el citado mandato constitucional, según la cual, si bien debe allegarse dictamen de médicos oficiales, también pueden presentarse peritajes de médicos particulares, entendido al cual, entonces, condicionó la exequibilidad de tales expresiones.

4. Salvamentos de voto y reserva de aclaraciones de voto

Los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos salvaron su voto tras considerar que debió declararse inexequible la expresión “oficiales” contenida en la norma acusada. Precisaron que, contrario a lo afirmado por la posición mayoritaria, la proposición no generaba dudas interpretativas, por lo que los cargos presentados por el ciudadano debían analizarse desde el acceso a los elementos de prueba para acreditar el estado de salud del imputado o acusado y no como un problema de medios probatorios para la contradicción del dictamen proferido por los médicos oficiales. Conforme con lo anterior, la disposición censurada no violó el principio de libertad de armas, porque la solicitud de sustitución de la detención privativa intramural por domiciliaria no se tramita en un genuino escenario procesal de controversia adversarial. Sin embargo, el precepto desconoció las garantías del debido proceso, particularmente el derecho de defensa y el principio de acceso a la administración de justicia de los imputados o acusados, por las siguientes razones:

i) Consagró una tarifa legal para la demostración probatoria de la condición clínica del encausado y la incompatibilidad con la detención preventiva intramural, que carece de razón y justificación constitucional suficiente.

ii) Estableció una carga desproporcionada para la defensa, puesto que el ejercicio probatorio para acreditar el estado de salud del procesado está condicionado a una valoración inicial por parte de médicos oficiales y a la posterior contradicción de ese dictamen a través de peritazgos particulares.

iii) El riesgo de corrupción en esta actuación no era un argumento suficiente para avalar la conformidad de la norma demandada con el Texto Superior, en el entendido de que la presentación del dictamen privado no genera ipso iure la resolución favorable de la petición y, además, debe ser resuelta por el juez competente con plena observancia de los postulados de la Carta y los requisitos legales establecidos para tal fin, particularmente, aquellos relacionados con la acreditación y la certificación del profesional realiza el informe médico.


De acuerdo con lo expuesto, la inexequibilidad recaía únicamente sobre la expresión “oficiales”, en atención a que el presupuesto para la sustitución de la medida de detención intramural se basa en una causal objetiva que requiere acreditación mediante valoración médica. En tal sentido, la decisión judicial que resuelva la petición debe estar sustentada en las pruebas que para tal efecto presente la defensa.

Se reservaron la presentación eventual de aclaraciones de voto, los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y José Fernando Reyes Cuartas en relación con algunas de las consideraciones expuestas como fundamento de esta decisión.