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100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030035948AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull11001032400020160004800201819/11/2018AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001032400020160004800__2018_19/11/2018300359472018CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., 19 de noviembre de 2018 Expediente nro. 11001032400020160004800 Actor: LUIS ARCESIO GARCÍA PERDOMO Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro Medio de control: Nulidad
Sentencias de NulidadOswaldo Giraldo LópezNación- Ministerio de Salud y Protección Social y otroLUIS ARCESIO GARCÍA PERDOMOfalse19/11/2018Decreto 2702 de 2014Identificadores10030178784true1279890original30157046Identificadores

Fecha Providencia

19/11/2018

Fecha de notificación

19/11/2018

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Oswaldo Giraldo López

Norma demandada:  Decreto 2702 de 2014

Demandante:  LUIS ARCESIO GARCÍA PERDOMO

Demandado:  Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., 19 de noviembre de 2018

Expediente nro. 11001032400020160004800

Actor: LUIS ARCESIO GARCÍA PERDOMO

Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro

Medio de control: Nulidad

Atendiendo lo previsto por el auto del 30 de julio de 2018, mediante el cual el Consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez remitió el presente proceso a este despacho en cumplimiento de la medida de compensación ordenada en el Acuerdo 094 del 16 de mayo del año en curso proferido por la Sala plena de esta Corporación, se AVOCA el conocimiento del asunto.

En consecuencia, el Despacho se pronuncia sobre la solicitud de suspensión provisional presentada por el demandante, en contra del Decreto 2702 de 2014 “Por el cual se actualizan y unifican las condiciones financieras y de solvencia de las entidades autorizadas para operar el aseguramiento en salud y se dictan otras disposiciones”, proferido por el Ministerio de Salud y Protección Social, específicamente de la expresión “en los plazos previstos en el artículo 9 del presente decreto” contenida en el inciso 3° del numeral 1 del artículo 5 y “dentro de los 7 años siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto” del inciso 1° del artículo 9.

1.La petición:

El actor sustentó su petición en los siguientes términos:

  1. . Introducción y estructura de la medida cautelar:

Manifestó que es un hecho notorio la grave crisis financiera y de insolvencia del SGSSS y con la medida cautelar se busca resolver de forma definitiva el grave problema estructural relacionado con la sostenibilidad financiera del sistema.

Señala que el objetivo de la medida cautelar es que se suspenda el plazo de siete años para cumplir las condiciones financieras y de solvencia a las EPS y al mismo tiempo preventivo al ordenarles el cumplimiento inmediato de las condiciones financieras y de solvencias determinadas en las Leyes 100 de 1993, 1438 de 2011 y los Decretos 574 de 2007, 4185 de 2011 y 2702 de 2014.

1.2. Fundamento constitucional y legal de la medida cautelar:

Sostiene que de acuerdo con las evidencias descritas por la Corte Constitucional[1], existen problemas estructurales del SGSSS que originan una grave crisis financiera y de solvencia, dado que la información financiera y contable de las EPS no es confiable, lo que denota una situación irregular que contraría los Decretos 574 de 2007 y 4185 de 2011.

Afirma que la ilegalidad del Decreto 2702 de 2014, consiste en mantener por siete (7) años más las condiciones irregulares de insolvencia financiera de las EPS, ilegalidad que se hace más evidente con las advertencias que hizo la Contraloría General de la República en la advertencia número 2012EE53867, que determinó “que el 61% de las Entidades Promotoras de Salud no tienen recursos líquidos para funcionar. Adicionalmente, según el informe de solvencia presentado, 44 de las 72 EPS registran un margen de solvencia negativo y no cuentan con la capacidad financiera y los requisitos previstos en la ley para operar como EPS. (…)”

Manifestó que, en comunicado de prensa del 11 de diciembre de 2015, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud señalaron que “los cálculos realizados con la información reportada por las EPS, con corte al mes de junio de 2015, consolidan un resultado deficitario en el margen de solvencia en 29 EPS tanto del régimen contributivo como del subsidiado, por un valor aproximado a los $5,3 billones, los cuales deben ser capitalizados en un plazo no mayor de 7 años.”

1.3. Petición de medida cautelar de urgencia

Bajo el título de medida cautelar de urgencia, el demandante solicitó que el Gobierno Nacional haga cumplir a las EPS de forma inmediata las condiciones financieras y de solvencia determinadas en las Leyes 100 de 1993 y 1438 de 2011 y los Decretos 574 de 2007, 4185 de 2011 y 2702 de 2014 y ordenar que dentro del plazo máximo de un año las EPS acrediten las condiciones financieras y de solvencia establecidas en la ley.

Solicitó la suspensión provisional de la disposición demandada por considerar que con su expedición se vulneran normas constitucionales y legales, aduciendo que constituye una práctica insegura, inconstitucional e ilegal que atenta contra la sostenibilidad financiera del derecho a la salud y los principios fundamentales que la sustentan permitir que las EPS continúen administrando los recursos de la salud por siete (7) años más sin cumplir con las condiciones mínimas financieras y de solvencia que ordena la ley.

2. Traslado de la solicitud al demandado

Mediante proveído del 24 de agosto de 2016,[2] se ordenó correr traslado a la parte demandada de la solicitud de la medida cautelar, sin que se hubiera hecho ninguna alusión a la medida de urgencia.

2.1. El Ministerio de Salud y Protección Social, actuando por conducto de apoderado judicial, se pronunció en oportunidad en los siguientes términos:[3]

Sostuvo que no se configuran los requisitos para decretar la suspensión de los efectos jurídicos de la norma acusada dado que el Decreto 2702 de 2014 no desconoce los preceptos constitucionales sino por el contrario, retoma los principios para establecer unas condiciones a partir de las cuales deben operar las EPS.

Afirma que las normas existentes a la fecha de expedición del Decreto 2702 no incluían elementos de evaluación patrimonial que garantizaran la capacidad financiera para el manejo del riesgo en salud y no exigían para todas las EPS un régimen de solvencia que soportara su operación dado que su responsabilidad se asemeja al de las compañías de seguro al administrar los riesgos de salud y, por lo tanto, deben tener solvencia y condiciones financieras que permitan manejar esos riesgos.

Adujo que la Ley 100 de 1993, definió condiciones financieras diferentes para las EPS del régimen contributivo y del régimen subsidiado; sin embargo, a partir de julio de 2012 el plan de beneficios del régimen subsidiado fue unificado con el plan del régimen contributivo siendo necesario que las condiciones financieras y de solvencia fueran iguales para ambos, así como, los criterios de evaluación, seguimiento y cumplimiento.

Señaló que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2702 de 2014, con el fin de generar nuevas condiciones financieras que deben cumplir las EPS del régimen contributivo y del régimen subsidiado, que garanticen que estas entidades tengan las condiciones para manejar los recursos del SGSSS y el respaldo para cubrir las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud, ellas son: capital mínimo, patrimonio adecuado, reservas técnicas y régimen de inversión de las reservas técnicas.

Sostuvo que las condiciones financieras y de solvencia contenidas en el Decreto 2702 de 2014 son mucho más exigentes que las existentes antes de su promulgación, siendo necesario establecer un periodo de transición para hacer viable la capitalización y los ajustes de gestión necesarios para implementar un modelo de gestión del riesgo de salud que direccione la operación hasta un punto de equilibrio.

Concluyó que existe un error en la interpretación, desarrollo y aplicación que hace el demandante ya que la mayoría de sus consideraciones contradice el espíritu normativo; que el decreto se expidió para todas las EPS sin importar el régimen al que pertenecen; el demandante no logró probar “el grave problema financiero y de solvencia de las EPS y del SGSSS” y que el gobierno con la expedición del decreto no pretende algo distinto a garantizar la solvencia de las entidades promotoras de salud y propender por la prestación del servicio de salud en condiciones de calidad, equidad y permanencia.

2.2. Por su parte el demandado – Ministerio de Hacienda y Crédito Público guardó silencio.

2.3 En escrito radicado el 8 de noviembre de 2016, el demandante aportó copia del informe titulado “indicadores de permanencia del Decreto 2702 de 2014”, del cuadro de resultado de indicadores de permanencia consolidado del Decreto 2702 de 2014 y “copia del decreto que pretende a ampliar el plazo perentorio de siete (7) años, que les da el Decreto 2702 de 2014 a las EPS para el cumplimiento de sus condiciones financieras y de solvencia[4].”


3. Consideraciones frente a las medidas cautelares:

Conforme con lo establecido por el artículo 238 de la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley.

La Ley 1437 de 2011 en el artículo 229 dispone en relación con las medidas cautelares lo siguiente:

“[…] En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.”

La decisión sobre la medida cautelar no significa prejuzgamiento.

Parágrafo. La medida cautelar en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los intereses colectivos y en los procesos de tutela[5] de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio […]”.

La citada Ley 1437, definió un conjunto de requisitos para la procedencia de la medida de suspensión provisional, tanto en el medio de control de nulidad como de nulidad y restablecimiento del derecho, indicando en el inciso primero del artículo 231:

“Artículo 231.- Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (…)”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015, expediente número 2014-03799[6], señaló:

“[…] Efectuando una interpretación integral y sistemática del inciso 1º del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, entonces, se concluye que para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado, que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud.

Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final. […]”.

Por su parte, el artículo 234 de la misma codificación señala que podrán decretarse medidas cautelares de urgencia, sin necesidad de previa notificación a la parte contraria, cuando además de cumplirse los requisitos previstos por el artículo 231 ibídem, no sea posible correr traslado a la parte que se demanda, así:

“Artículo 234. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior.[7]Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.”

Empezando por lo último, el Despacho observa que el demandante solicitó como medida cautelar de urgencia la suspensión del inciso 3° del numeral 1° del artículo 5 y el artículo 9 del Decreto 2702 de 2014; sin embargo, el Despacho de la Consejera María Claudia Rojas Lasso, quien inicialmente conoció del proceso, por auto del 24 de agosto de 2016 le corrió traslado a la parte demandada de la solicitud de suspensión provisional sin hacer ninguna mención a la petición de urgencia, por lo que en vista de que dicho trámite no se surtió bajo esa forma se descenderá al estudio de la respectiva medida una vez surtido el traslado de la solicitud.

4. Caso Concreto

Pretende la parte demandante se suspenda el artículo 9 y el inciso 3° del numeral 1° del artículo 5 del Decreto 2702 de 2014 “Por el cual se actualizan y unifican las condiciones financieras y de solvencia de las entidades autorizadas para operar el aseguramiento en salud y se dictan otras disposiciones,” por considerar que vulneran los artículos 48 y 49 de la Constitución Política al permitir a las EPS continuar administrando los recursos de la salud por siete (7) años más, sin cumplir con las condiciones mínimas financieras y de solvencia que les ordena la ley.

Al respecto, el Despacho advierte que pese a que en la solicitud se hace referencia al Decreto 2702 de 2014 de manera integral, habida cuenta que el fundamento para pedir la suspensión radica en que éste concede un plazo de siete (7) años para el cumplimiento por parte de las EPS de las condiciones financieras y de solvencia, se analizará la petición concretamente frente a los artículos 5° y 9° del referido decreto que reguló este aspecto.

Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:

4.1. El demandante afirma que el acto acusado viola los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, que disponen:

ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. (…)”

ARTICULO 49. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. (…)”

4.2. Por su parte, los artículos 5 y 9 del Decreto 2702 de 2014, señalan:

ARTÍCULO 5°. Las entidades a que hace referencia el artículo 2o del presente decreto deberán cumplir y acreditar ante la Superintendencia Nacional de Salud el capital mínimo determinado de acuerdo con las siguientes reglas:

1. El monto de capital mínimo a acreditar para las entidades que se constituyan a partir de la entrada en vigencia del presente decreto será de ocho mil setecientos ochenta y ocho millones de pesos ($8.788.000.000) para el año 2014. Además del capital mínimo anterior, deberán cumplir con un capital adicional de novecientos sesenta y cinco millones de pesos ($965.000.000) por cada régimen de afiliación al sistema de salud, esto es contributivo y subsidiado, así como para los planes complementarios de salud.

Para efectos de acreditar el capital suscrito y pagado o el monto de los aportes en el caso de entidades solidarias, solo computarán los aportes realizados en dinero.

Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto se encuentren habilitadas para operar el aseguramiento en salud, deberán acreditar el Capital Mínimo señalado en el presente numeral, en los plazos previstos en el artículo9o del presente decreto. Para efectos de acreditar las adiciones al capital suscrito y pagado o el monto de los aportes en el caso de entidades solidarias que se requieran por efectos de la presente norma, solo computarán los aportes realizados en dinero. (…)” (Subrayas ajenas al texto)

ARTÍCULO 9°. Las entidades a que hace referencia el artículo 2o del presente decreto que a la fecha de entrada en vigencia del mismo, se encuentren habilitadas para operar el aseguramiento en salud y no cumplan con los requisitos financieros de capital mínimo, patrimonio adecuado, e inversión de las reservas técnicas, previstos en el presente decreto, los deberán cumplir progresivamente dentro de los 7 años siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. En todo caso, al final del primer año de este plazo la entidad deberá haber cubierto al menos el 10% del defecto, al término del segundo año el 20%, al término del tercer año el 30%, al término del cuarto año el 50%, al término del quinto año 70%, al término del sexto año 90% y al final del séptimo año el 100%.” (Subrayas ajenas al texto.)

De lo anterior se desprende que los artículos acusados establecen un plazo de siete (7) años contados a partir de la fecha del Decreto 2702 de 2014, para que las EPS independientemente de que operen en los regímenes contributivo y/o subsidiado, las organizaciones de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud que se encuentren autorizadas para operar el aseguramiento en salud, las entidades adaptadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Cajas de Compensación Familiar que estén habilitadas para operar en el aseguramiento en salud, acrediten de manera paulatina el cumplimiento de los requisitos financieros allí contenidos.

4.3. Para contextualizar el ámbito de aplicación del decreto acusado es menester tener en cuenta lo siguiente:

4.3.1. El artículo 180 de la Ley 100 de 1993 señala que para que las EPS acrediten un margen de solvencia que asegure liquidez y tengan un capital social o fondo social mínimo que garantice su viabilidad económica y financiera, deben cumplir los siguientes requisitos:

“[…] 1. Tener una razón social que la identifique y que exprese su naturaleza de ser Entidad Promotora de Salud.

2. Tener personería jurídica reconocida por el Estado.

3. Tener como objetivos la afiliación y registro de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el recaudo de las cotizaciones y la promoción, gestión, coordinación y control de los servicios de salud de las instituciones Prestadoras de Servicios con las cuales atienda a los afiliados y su familia, sin perjuicio de los controles consagrados sobre el particular en la Constitución y la Ley.

4. Disponer de una organización administrativa y financiera que permita:

a) Tener una base de datos que permita mantener información sobre las características socioeconómicas y del estado de salud de sus afiliados y sus familias;

b) Acreditar la capacidad técnica y científica necesaria para el correcto desempeño de sus funciones y verificar la de las instituciones y profesionales prestadores de los servicios;

e) Evaluar sistemáticamente la calidad de los servicios ofrecidos.

5. Acreditar periódicamente un número mínimo y máximo de afiliados tal que se obtengan escalas viables de operación y se logre la afiliación de personas de todos los estratos sociales y de los diferentes grupos de riesgo. Tales parámetros serán fijados por el Gobierno Nacional en función de la búsqueda de la equidad y de los recursos técnicos y financieros de que dispongan las Entidades Promotoras de Salud.

6. Acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y solvencia de la entidad promotora de salud, que será fijado por el Gobierno Nacional.

7. Tener un capital social o fondo social mínimo que garantice la viabilidad económica y financiera de la entidad, determinados por el Gobierno Nacional.

8. Las demás que establezcan la Ley y el reglamento, previa consideración del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional expedirá las normas que se requieran para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.” (Subrayas ajenas al texto).

4.3.2. A su vez la normatividad vigente antes de la expedición del Decreto 2702 de 2014, esto son, los Decretos 882 de 1998 y 574 de 2007 definían en su orden las condiciones financieras y de solvencia que deberían cumplir las EPS del régimen subsidiado y contributivo; es decir, no existían criterios de solvencia unánimes para las EPS sino que variaban dependiendo el régimen en el que operaran.

4.3.3 Con la expedición del Decreto 2702 de 2014, se actualizaron y unificaron las condiciones financieras y de solvencia que deben cumplir las EPS independientemente del régimen de que se trate debido a la universalización del aseguramiento, en las consideraciones del precitado decreto se señaló lo siguiente:

“(…) Que teniendo en cuenta que el SGSSS ha avanzado en la unificación y universalización del aseguramiento y que el riesgo financiero para la administración de cualquiera de los dos regímenes es igual, se hace necesario y pertinente actualizar y ajustar las condiciones financieras y de solvencia unificándolas y haciéndolas más exigentes y estableciendo plazos razonables para su cumplimiento.

Que con el propósito de evaluar el riesgo financiero de las Entidades Promotoras de Salud tanto del Régimen Contributivo como del Régimen Subsidiado, se hace necesario dictar disposiciones que permitan actualizar y unificar las condiciones financieras y de solvencia de dichas entidades y asegurar la consistencia de la información contable. (…)”

4.3.4. La Corte constitucional ha dicho que dentro de las obligaciones que tiene el Estado en materia de salud, está la de crear un sistema que garantice la prestación de los servicios, con las características de oportunidad, calidad continuidad y suficiencia.[8]

4.3.5. Adicionalmente ha dicho la misma Corporación que el disfrute del derecho a la salud debe ser eficaz, continuo e integral independientemente del régimen de afiliación, así[9]:

“(…) En conclusión, todos los habitantes de Colombia tienen el derecho a disfrutar los servicios en salud, de manera eficaz, continua e integral, sin importar el régimen en que se encuentre afiliado la calidad que ostente en el sistema de salud, atendiendo los principios de dignidad humana e igualdad consagrados en la Constitución colombiana.(…)”

4.3.6. Conforme con lo señalado, no observa el despacho que los artículos 5° y 9° del Decreto 2702 de 2014 contraríen las normas superiores invocadas, dado que antes de la entrada en vigencia del mencionado decreto las condiciones financieras y de solvencia que debían cumplir las EPS variaban dependiendo del régimen al que pertenecían; por consiguiente, ante la necesidad de unificar el aseguramiento era razonable establecer un periodo de transición dentro del cual las EPS que no cumplieran las condiciones de ley lo acreditaran de manera paulatina, precisamente en acatamiento de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política y del artículo 180 de la Ley 100 de 1993, independientemente de su naturaleza jurídica.

Así las cosas, no se reúnen los requisitos señalados en el artículo 231 de la Ley 1437 para el decreto de la medida cautelar solicitada, razones por las que será denegada.

Por último se reconocerá personería adjetiva a la apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social que contestó la demanda y se pronunció sobre la medida cautelar, en los términos del poder obrante de folios 26 al 36 del cuaderno de medida cautelar y a la apoderada sustituta designada por el demandante, según poder obrante a folio 65 del cuaderno de medida cautelar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

R E S U E L V E

1. DENEGAR la medida cautelar solicitada por el demandante.

2. RECONOCER personería adjetiva a la profesional del derecho Luz Dary Moreno Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 53.089.041 y tarjeta profesional nro. 168.635 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social.

3. RECONOCER a la profesional del derecho Angie Paola Leguizamón Bocanegra, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 80.416. 538 y tarjeta profesional nro. 285.503 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada sustituta del demandante, en los términos y para los efectos del poder de sustitución conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero de Estado