300Corte SupremaCorte Suprema300300123741886.Fabio Morón Díaz198925/05/19891886._Fabio Morón Díaz_1989_25/05/198930012374DEFENSA NACIONAL. GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES. GRUPOS DE AUTODEFENSA. Resumen. Medidas para contrarrestar cualquier agresión exterior. Conmo­ción o calamidad pública. Exequibles los artículos demandados del Decreto 3398 de 1965, excepto el parágrafo 3 o del artículo 33 el cual se declara inexequible. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 22. 1989
William Fernando León Moncaleano.Por la cual se adoptan como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la República y a las asambleas, se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposicionesIdentificadores30030012375true85656Versión original30012375Identificadores

Norma demandada:  Por la cual se adoptan como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la República y a las asambleas, se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones


DEFENSA NACIONAL. GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES. GRUPOS DE AUTODEFENSA.

Resumen. Medidas para contrarrestar cualquier agresión exterior. Conmo­ción o calamidad pública.

Exequibles los artículos demandados del Decreto 3398 de 1965, excepto el parágrafo 3o del artículo 33 el cual se declara inexequible.

Corte Suprema de Justicia Sala Plena

Sentencia número 22.

Referencia: Expediente 1886.

Acción de inexequibilidad contra el parágrafo del artículo 1º de la Ley 48 de 1968 y contra los artículos 1º y 2º (parcialmente), 3º, 4º, 5º, 7º, 10 literal e), 25, 27 inciso primero, 32, 33 parágrafo tercero, del Decreto 3398 de 1965.

Actor: William Fernando León Moncaleano.

Magistrado ponente: doctor Fabio Morón Díaz.

Aprobada por acta número 17.

Bogotá, D. E., mayo veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inexequibilidad que establece el artículo 214 de la Constitución Nacional, ante esta Corporación el ciudadano William Fernando León Moncaleano, presentó escrito de demanda contra el artículo 1º de la Ley 48 de 1968, en cuanto adoptó como legislación permanente el Decreto 3398 de diciembre 24 de 1965. Advierte el actor que de este último contrae su demanda a los artículos 1º y 2º parcialmente; 3º, 4º, 5º, 1º inciso primero; 10 literal e); 25, 27 inciso primero; 32 y al parágrafo tercero del artículo 33.

Una vez cumplidos como se encuentran todos los trámites previstos para estas acciones, procede la Corte Suprema de Justicia a resolver sobre la cuestión planteada.

II. TEXTO ACUSADO

El texto de las disposiciones acusadas es el siguiente:

«LEY 48 DE 1968

(diciembre 16)

"Por la cual se adoptan como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la República y a las asambleas, se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones".

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1º. Adóptase como legislación permanente los siguientes decretos legislativos dictados a partir del 21 de mayo de 1965:

……….

Parágrafo. Igualmente adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones de los decretos legislativos enumerados a continuación:

……….

El Decreto 3398 de diciembre 24 de 1965 con excepción de los artículos 30 y 34;»

«DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 3398 DE 1965

(diciembre 24)

"Por el cual se organiza la Defensa Nacional".

……….

Artículo 1º. Defensa Nacional, es la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la Independencia Nacional y la estabilidad de las instituciones.

Artículo 2º. La Defensa Nacional comprende el conjunto de disposiciones, medidas y órdenes tendientes a obtener el empleo del potencial nacional en forma oportuna y en la magnitud necesaria, ante cualquier clase de agresión exterior, conmoción o calamidad pública.

Artículo 3º. Todos los colombianos están obligados a participar activamente en la Defensa Nacional, cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la Independencia Nacional y las instituciones patrias.

Artículo 4º. Todas las personas naturales y jurídicas del país están obligadas a cooperar en la Defensa Nacional y sus actividades estarán supeditadas a los fines de ella.

Artículo 5º. Movilización es el conjunto de medidas para adecuar el potencial nacional a las necesidades de la Defensa Nacional y comprende todas las actividades y de la Nación.

Artículo 7º. Requisición es la utilización de bienes muebles y servicios de propiedad privada, con destino a satisfacer necesidades de Defensa Nacional, ordena­da por autoridad competente y sujeta a indemnización.

……….

Artículo 10. Son atribuciones del Presidente de la República en relación con la Defensa Nacional:

e) Asignar a las entidades públicas, centralizadas o descentralizadas lo mismo que a los particulares, las misiones y funciones necesarias para la ejecución de los planes de la Defensa Nacional.

Artículo 25. Todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la norma­lidad.

Artículo 27. Para los fines de la Defensa Nacional las autoridades competentes podrán disponer la requisición o la ocupación, según el caso, de bienes y servicios, salvo los protegidos por inmunidad diplomática.

……….

Artículo 32. El particular comprendido dentro de la movilización, que no cumpliere el llamamiento en el lugar o tiempo ordenados, será sancionado como desertor.

Artículo 33. ……….

Parágrafo 3º. El Ministerio de Defensa Nacional por conducto de los coman­dos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas».

III. LA DEMANDA

1. Normas constitucionales que se estiman violadas

Para el actor, las normas acusadas violan lo prescrito por los artículos 30, 33, 44, 48, 165, 166 y 170 de la Constitución Nacional.

2. El concepto de la violación

El actor lo hace radicar, en primer término, en que el artículo 165 de la Carta extiende el deber de todos los colombianos de tomar las armas para la defensa de la independencia nacional y de las instituciones patrias, sólo "cuando las necesidades públicas lo exijan", sin permitir que éste comprenda también a niños, ancianos e inválidos, ni que se exija aun en tiempo de paz, ni para la mera estabilidad de las instituciones; en su opinión, el texto de la Carta no prevé el deber señalado para los casos de conmoción interior o calamidad pública, pues en estos eventos, deben operar las autoridades de policía, y el Presidente de la República puede hacer uso del artículo 121 y de la institución del estado de sitio.

Sostiene que los artículos acusados violan lo prescrito por los artículos 44 y 48 de la Carta, pues permiten que personas naturales distintas del gobierno y los agentes militares y de policía del mismo, posean y usen armas y municiones de guerra o de uso privativo de las fuerzas militares; todo lo anterior, en su opinión, conduce a la formación de grupos o asociaciones armadas contrarias a la moral y al mismo orden legal ya que "colocan en peligro las instituciones y hacen justicia privada".

Agrega que el artículo 10, en la parte que acusa, es también inconstitucional pues, permite la asignación de tareas y funciones necesarias para la defensa nacional, a personas particulares para las que la Carta no autoriza tal asignación.

Por último, advierte que los artículos 7º y 27 que acusa son inconstitucionales, además, porque contrarían lo establecido en los artículos 33 y 30 de la Carta, al permitir la requisición arbitraria de bienes muebles y servicios de propiedad privada, con fines de defensa nacional, sin que la Carta autorice dichos actos.

IV. EL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Procurador General de la Nación, en la vista fiscal número 1398 de febrero 9 de 1989, rindió el concepto de su competencia y en él solicita a la Corte que decida estarse a lo resuelto en la sentencia de abril 12 de 1967, en la que se declaró la constitucionalidad del Decreto 3398 de 1965, excepción hecha de una parte del artículo 34 del mismo que fue declarada inexequible.

En su concepto el señor jefe del Ministerio Público hace transcripción de la opinión del anterior Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos (q.e.p.d.), sobre organizaciones criminales conocidas como "grupos de autodefensa que supuestamente devienen del texto del decreto acusado".

Además, recuerda que en oportunidad antecedente, en el Congreso de la República se presentó "un proyecto de ley por medio de la cual se pretendió la derogatoria de los artículos 25 y 32 y el parágrafo 3º del artículo 33 del Decreto 3398 de 1965"; transcribe el texto de la exposición de motivos del citado proyecto del que fue autor el Senador Horacio Serpa Uribe. Finaliza el concepto fiscal con la expresión del concepto del señor Procurador General de la Nación, relacionado con la conveniencia de las normas acusadas en esta oportunidad.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera. La competencia

De conformidad con lo dispuesto por la atribución segunda del artículo 214 de la Constitución Nacional, esta Corporación es competente para decidir sobre la acción planteada, por cuanto las normas acusadas hacen parte de una ley de la República.

El actor demanda la inexequibilidad del parágrafo del artículo 1º de la Ley 48 de 1968, en cuanto adopta como legislación permanente el Decreto Legislativo 3398 de diciembre 24 de 1965 con excepción de los artículos 30 y 34.

No queda duda de que la norma vigente es la Ley 48 de 1968, en la que quedó subsumido el Decreto 3398 de 1965, por el cual se organiza la defensa nacional. En este sentido la norma tiene su autonomía propia que es la que ha sido objeto de acusación en la demanda que se resuelve:

1. Antecedentes

El Decreto 3398 de diciembre 24 de 1965, incorporado como legislación permanente por el artículo 1º de la Ley 48 de 1968, fue objeto de revisión constitucio­nal por la Corte Suprema de Justicia, bajo el imperio de las normas prescritas para el efecto por el Acto Legislativo 1 de 1960, en su artículo 1º, cuyo texto era el siguiente:

"……….

"El Congreso, por medio de proposición aprobada por mayoría absoluta de una y otra Cámara, podrá decidir que cualquiera de los decretos que dicte el Gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias del estado de sitio, pase a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su constitucionalidad. La Corte fallará dentro del término de seis (6) días, y si así no lo hiciere, el decreto quedará suspendido. La demora de los magistrados en pronunciar el fallo es causal de mala conducta".

El conocimiento de la constitucionalidad del Decreto 3398 de 1965, llegó a la Corte por proposiciones aprobadas en el Senado de la República y la Cámara de Representantes "con el objeto de disipar las dudas expresadas por algunos Senado­res", "para que... decida sobre su constitucionalidad conforme a lo preceptuado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 1960".

En efecto, la Corte Suprema de Justicia por medio de sentencia de 12 de abril de 1967, con ponencia del Magistrado doctor Aníbal Cardozo Gaitán, declaró que "... que es EXEQUIBLE el Decreto 3398 de 1965 (diciembre 24), 'por el cual se organiza la defensa nacional', con excepción de la parte del artículo 34, que es INEXEQUIBLE en cuanto expresa:

"De las infracciones de que tratan los artículos 28, 30, 32 y 33 del presente decreto, cometidas por particulares, conocerán en tiempo de paz los Jueces Superio­res del Distrito Judicial correspondiente."

"De la infracción señalada en el artículo 31 de este decreto conocerá, en tiempo de paz, la autoridad de Policía correspondiente".

El sistema de control constitucional establecido por el Acto Legislativo 1 de 1960, que implicaba la reunión permanente del Congreso, para prevenir posibles abusos en el ejercicio de las atribuciones extraordinarias del artículo 121 de la Constitución Nacional (Estado de Sitio), fue modificado por la Reforma Constitucio­nal de 1968 (Acto Legislativo 1), que puso término a la institución del Congreso Permanente y consagró la revisión automática tanto de los decretos de estado de sitio como de los de Emergencia Económica (artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional), por parte de la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional, que se creó en dicha reforma.

2. Examen de exequibilidad

Se ha dicho anteriormente que la Corte procederá a hacer el examen de exequibilidad de una norma acusada parcialmente, que se considera autónoma, pues tiene carácter ordinario y permanente por mandato del artículo 1º de la Ley 48 de 1968, y porque ella misma dice, en su artículo 22 que "... para la defensa nacional del país y la preparación de los planes pertinentes, el gobierno podrá establecer desde tiempos de paz, la prioridad de la utilización de las personas y recursos de acuerdo con las necesidades que se deriven de los planes de Defensa Nacional".

La Ley 48 de 1968, que incorporó como legislación permanente el Decreto 3398 de 1965, comprende siete títulos denominados así: Título 1, Definiciones; Título II: Servicio Público de Defensa Nacional, que comprende los capítulos llamados Organización para la Defensa Nacional, del Presidente de la República, del Ministro de Defensa Nacional, del Consejo Superior de la Defensa Nacional, del Comandante General de las Fuerzas Militares, y de la Policía Nacional; Título III: Movilización; Título IV: Defensa Civil; Título V: Requisición y ocupación; Título VI: Delitos y contravenciones. Sanciones; Título VII: Disposiciones varias.

Pero, como se ha dicho también, el actor sólo acusa varios artículos del Título I, en donde se define lo que se entiende por defensa nacional (artículo 1º); se expresa que todos los colombianos están obligados a participar activamente en ella (artículo 3º); se establece que la defensa nacional comprende el conjunto de disposiciones, medidas y órdenes tendientes a obtener el empleo del potencial nacional en forma oportuna y en la magnitud necesaria, ante cualquier clase de agresión exterior, conmoción o calamidad pública (artículo 2º); que a ésta deben cooperar todas las personas naturales o jurídicas del país (artículo 4º); que la movilización es el conjunto de medidas para adecuar el potencial nacional a las necesidades de la Defensa Nacional y comprende todas las actividades de la Nación (artículo 5º); que la requisición es la utilización de bienes muebles y servicios de propiedad privada, con destino a satisfacer necesidades de Defensa Nacional, ordenada por autoridad competente y sujeta a indemnización (artículo 7º); que son atribuciones del Presidente de la República en relación con la Defensa Nacional:... e) Asignar a las entidades públicas, centralizadas o descentralizadas lo mismo que a los particulares, las misiones y funciones necesarias para la ejecución de los planes de la Defensa Nacional (artículo 10); que todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad (artículo 25); que para los fines de la Defensa Nacional las autoridades competentes podrán disponer la requisición o la ocupación, según el caso, de bienes y servicios, salvo los protegidos por inmunidad diplomática (artículo 27); que el particular comprendido dentro de la movilización, que no cumpliere el llamamiento en el lugar o tiempo ordenados, será sancionado como desertor (artículo 32); y que el Ministerio de Defensa Nacional por conducto de los comandos autorizados podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas (artículo 33, parágrafo 3º).

El estudio de exequibilidad de la presente ley debe enfocarse ahora desde el punto de vista de que está dirigida a regular situaciones "desde tiempos de paz" (artículos 1º y 22) y "para tiempo de paz" (artículo 34).

Por eso es preciso tener en cuenta que se trata de una norma ordinaria y permanente, por mandato del legislador, para hacer el examen de exequibilidad.

Como lo dijo la Corte, en la misma oportunidad, la Defensa Nacional ha de entenderse en todo tiempo, en el de la paz como en el de la perturbación del orden. Por eso el estatuto que se estudia es lógico desde el punto de vista de la materia que se propone regular, cuando expresa que la Defensa Nacional se organiza desde tiempo de paz.

La Constitución Nacional señala en sus artículos 166 y 167 cuáles son los componentes de la fuerza pública, así:

1. El Ejército Nacional.

2. La Policía Nacional.

3. La Milicia Nacional.

El artículo 167 de la Carta autoriza al legislador para establecer una Milicia Nacional. Las funciones que corresponda cumplir a esta milicia deben ser señaladas por la ley, pero por su naturaleza deben ser funciones adicionales o auxiliares de las Fuerzas Armadas, como sería la acción cívica. No puede ser un cuerpo que tenga por esencia el ser armado.

En desarrollo de la norma constitucional la Defensa Civil está integrada dentro de la reglamentación de la Defensa Nacional y es definida como "la parte de la Defensa Nacional que comprende el conjunto de medidas, disposiciones y órdenes no agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza pueden provocar sobre la vida, la moral y bienes del conglomerado social".

La participación de la Defensa Civil es permanente y obligatoria para todos los habitantes del país. Por ello todos los colombianos, hombres y mujeres, no compren­didos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad.

Para los fines de la Defensa Civil el Gobierno cuenta con una Dirección Nacional de Defensa Civil, cuyo Director es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. Esta Dirección es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Defensa Nacional (artículo 1º Decreto 1463 de 1970).

Lo cual quiere decir que la Defensa Civil es uno de los instrumentos de la Defensa Nacional, reglamentado en el Título IV de la norma que se examina.

Por tanto es oportuno hacer el contraste entre las normas parcialmente deman­dadas de la ley sub examine con las de la Carta que garantizan los derechos individua­les y sociales, la libertad de las personas, la propiedad, el derecho de locomoción, las demás garantías que consagra el Título III de la Constitución, y las que establecen las instituciones esenciales del Estado.

No encuentra la Corte que los artículos 1º y 2º de la ley bajo examen que contienen meras definiciones de lo que se entiende por defensa nacional, violen en forma alguna las normas del Estatuto Fundamental. Por el contrario, ellos establecen el deber para todos los habitantes de garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones, bajo la organización de la defensa nacional, y para contribuir con su actividad para contrarrestar cualquier agresión exterior, conmoción' o calamidad pública.

Los artículos 3º y 4º, en cuanto exigen de todos los colombianos y las personas naturales y jurídicas su participación y cooperación, cuando las necesidades públicas así lo requieran, para cumplir los mismos fines, reiteran los deberes cívicos de todos los ciudadanos para cumplir el cometido de la defensa nacional, que no sólo le corresponde a las autoridades legítimamente constituidas.

No encuentra la Corte que haya violación a los dictados de la Carta cuando se indica en qué consiste la movilización que haga posible la ejecución de las medidas de defensa nacional, pues la cooperación que el gobierno reclama de entidades y personas constituyen deberes impuestos por el ordenamiento jurídico en defensa del bien común, de la paz pública y de su restablecimiento, y en manera alguna quebranta los derechos o libertades consagrados en la Carta.

En relación con la requisición, diciendo que es la utilización de bienes muebles y servicios de propiedad privada, con destino a satisfacer necesidades de la defensa nacional (artículo 7º), el artículo 27 de la ley establece que para los fines de aquélla, las autoridades competentes podrán disponer la requisición o la ocupación, según el caso, de bienes y servicios, salvo los protegidos por inmunidad diplomática, advirtiendo que la requisición y ocupación dan derecho a indemnización, y que terminada la emergencia se restituirán los bienes ocupados. Sobre este particular, el hecho de que no se señala la autoridad competente ante quién reclamar la indemnización, no constituye ninguna omisión que genere vicio de inconstitucionalidad, pues si se produce daño o perjuicio a una persona o se incurre en falla del servicio, rigen las normas generales y ordinarias que garantizan la indemnización, en acción que debe instaurarse ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Estas disposiciones armonizan plenamente con lo dispuesto en el artículo 33 de la Carta, que en su tenor literal establece lo siguiente:

"En caso de guerra y solo para atender al restablecimiento del orden público, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por autoridades que no pertenezcan al orden judicial y no ser previa la indemnización.

"En el expresado caso la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, ya para atender a las necesidades de la guerra, ya para destinar a ella sus productos, como pena pecuniaria impuesta a sus dueños conforme a las leyes.

"La Nación será siempre responsable por las expropiaciones que el gobierno haga por sí o por medio de sus agentes".

El artículo 10 también está conforme con la Constitución, pues no hace otra cosa que atribuirle al Presidente de la República en relación con la Defensa Nacional, la facultad de asignar a las entidades públicas, centralizadas o descentralizadas, lo mismo que a los particulares, las misiones y funciones necesarias para la ejecución de los planes de la defensa nacional, todo lo cual es una competencia clarísima del jefe del Estado, como suprema autoridad administrativa, como lo establece el artículo 120 de la Carta.

Encuentra la Corte en relación con lo dispuesto por el artículo 32 de la norma sub examine que éste se ajusta a la Carta, pues establece que "el particular" compren­dido dentro de laorden de movilización que no atendiere aquélla en "el lugar y tiempo" que se le señale, será sancionado como desertor, en el entendido de que se trata únicamente de la movilización ante cualquier clase de agresión exterior, es decir, en el evento de una guerra de esta naturaleza. Porque sólo allí se entiende incorporado el personal civil con rango militar y obligaciones que surgen de esta categoría. En los demás eventos de movilización para atender tareas relacionadas con conmoción interior o calamidad pública, donde el particular movilizado no tiene categoría militar, su responsabilidad por desobediencia será meramente contravencional, como lo prevé el artículo 31 del mismo Estatuto.

En relación con el parágrafo 3º del artículo 33, no obstante que el Gobierno Nacional por medio del Decreto Legislativo 815 de 19 de abril de 1989, ordenó su suspensión, procede la Corte a examinarlo, en atención a que aquél conserva su existencia y validez para efectos del control constitucional que corresponde a esta Corporación.

Conforme a este parágrafo el Ministerio de Defensa por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

A juicio de la Corte, el parágrafo 3º del artículo 33 de la norma que se examina contraviene lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política que establece que "sólo el Gobierno puede introducir, fabricar y poseer armas y municiones de guerra. Nadie podrá dentro del poblado llevar armas consigo, sin permiso de la autoridad. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de asambleas o corporaciones públicas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas".

Esta disposición constitucional, que tiene su origen en la Carta de 1886, en su redacción originaria, se explica por la necesidad de establecer el monopolio de las armas de guerra, en cabeza del Gobierno, que es el responsable de mantener el orden público y restablecerlo cuando fuere turbado, según lo señala la Carta Política. Es además, una fórmula que tiene sentido histórico para superar graves conflictos que afectaron las relaciones civiles entre los colombianos, y que ahora adquiere una renovada significación ante los problemas que suscitan las diversas formas de la actual violencia.

El gobierno legítimo, por esta misma razón, es el único titular de este monopo­lio, sin que le sea permitido por la Carta a cualquier otra persona o grupo detentar las que se señalan como armas y municiones de guerra. En este sentido, la Corte considera que el concepto de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, debe corresponder al mismo que señala la Constitución en la norma que se transcribe, y que ha sido desarrollado por disposiciones legales para distinguir con base en criterios técnicos, que tienen relación con calibres, tamaños, potencias, usos especializados, dotación, o propiedad, las armas que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y las demás que pueden poseer los particulares. Sobre estas últimas el ilustre exégeta de la Carta don José María Samper, advierte que ellas se circunscriben a las que son de "uso común, individual o privado" (Derecho Público Interno, Ed. Temis, página 363, 1981. Reedición).

Por tanto, la Corte habrá de declarar la inexequibilidad del citado parágrafo.

El artículo 25 está conforme a la Carta, pues es congruente con lo dispuesto por los artículos 3º y 4º ya examinados, cuando establece que todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio obligatorio, podrán ser utilizados por el gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad.

Es preciso entonces establecer una diferencia entre lo que es la Defensa Nacional y los llamados "grupos de autodefensa" que han proliferado con la escalada de violencia en los últimos tiempos y sobre cuyas características se genera tanta confusión en el país.

En efecto, la interpretación de estas normas ha llevado la confusión a algunos sectores de la opinión pública que pretenden que ellas pueden ser aprovechadas como una autorización legal para organizar grupos civiles armados. La actividad de estos grupos se ubica al margen de la Constitución y de las leyes, pues se convierten en grupos criminales que contribuyen con su presencia a agravar la situación de orden público, por su carácter retaliatorio y agresivo y su pretensión de sustituir la acción legítima del Ejército, la Policía Nacional y de los organismos de seguridad del Estado, que son las autoridades a cuyo cargo se encuentra la función exclusiva del restablecimiento del orden público, bajo la dirección y mando del Presidente de la República, según las voces insoslayables de la Constitución Nacional.

Una sana y elemental interpretación de los artículos de la Ley 48 de 1968, y especialmente de sus artículos 3º, 4º y 25, indican que es el Gobierno (Presidente y Ministro rspectivo <sic>, artículo 57 de la Constitución Nacional), quien puede utilizar en actividades y trabajos a todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio obligatorio, para que contribuyan al restablecimiento de la normalidad.

La movilización de que habla el artículo 5º, y a la cual "están obligados todos los colombianos" (artículo 3º) sean "personas naturales y jurídicas" que deben en forma, ineludible "participar activamente en la defensa nacional" y "cooperar" con ella (artículos 3º y 4º), debe ser dispuesta por el Gobierno, como sin duda alguna lo establece el artículo 10 del Decreto 3398 de 1965, cuando dice que "son atribuciones del Presidente de la República en relación con la Defensa Nacional: 'c) Decretar la movilización y sus alcances en los casos requeridos por la Defensa Nacional'".

Entonces no puede sostenerse en ninguna forma que lo previsto en el artículo 25 pueda ser realizado por los particulares; es el Gobierno Nacional, obrando como tal, Presidente y Ministro de Defensa, el que puede por medio de decreto, convocar a la movilización y utilizar a todos los colombianos en la tarea de restablecer la normali­dad. cuando se presente una causa de guerra exterior, conmoción o calamidad pública.

La Defensa Nacional es pues, una institución que está reglamentada por la ley, organizada por la autoridad constitucional, controlada por ella, con fines, límites y responsabilidades señalados por la Ley 48 de 1968.

El llamado "grupo de autodefensa" no tiene respaldo en la reglamentación legal ni es organizado por la autoridad pública. No guarda vinculación ni ligamen con la Defensa Nacional, ni por su origen, ni por su actividad y fines. El hecho de que sea convocado y organizado por sus propios integrantes y su falta de autorización legal lo lleva a la violación de las normas constitucionales y penales.

En este sentido es preciso delimitar la órbita en que se mueve una y otra organización. Mientras que la primera tiene origen legal y respaldo constitucional y busca servir los fines de la normalidad institucional; la otra procede por fuera del .status jurídico y degenera en formas de delincuencia y de justicia privada que exigen el pleno repudio de la autoridad en el Estado de Derecho.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto fiscal.

RESUELVE

Primero. Declarar exequibles los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 10, 25, 27 y 32 del Decreto 3398 de 1965, incorporado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968.

Segundo. Declarar inexequible el parágrafo 3º del artículo 33 del mismo decreto.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gace­ta Judicial y archívese el expediente.

Fabio Morón Díaz, Presidente; Hernán Guillermo Aldana Duque, Rafael Ba­quero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Ma­nuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez (parcial salvamento de voto), Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Dídimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanín Greiffenstein, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez, Ramón Zúñiga Valverde.

Luis H. Mera Benavides

Secretario (E.).

SALVAMENTO DE VOTO

La Corte ha tenido a bien dejar incólume la constitucionalidad del Decreto 3398 de 1965, salvo en lo que atañe a una parte del parágrafo 3º del artículo 33. Nosotros, críticos infortunados de esta normatividad, propugnamos por un fallo de más amplia repercusión. Este disentimiento expresa, entonces, el criterio que al respecto exteriorizamos y tal vez sirva para que el legislador vuelva sus ojos sobre tema tan importante y delicado, y profiera un verdadero y plausible Estatuto dé Defensa Nacional. De ahí que indiquemos aspectos generales, tales como los siguientes:

1. Un tema tan significativo como la Defensa Nacional, que reclama actualidad, precisión y enfoques fundamentales, se ha mantenido estático y congelado por algo así como veinticuatro años, contentándose con un estatuto (Decreto 3398 de 1965, Ley 48 de 1968), que incluso para su época se mostraba incompleto, vago y siempre próximo al abuso y que, ciertamente no respondía ni responde, a las necesidades del asunto, quedando concentrada su mayor fuerza en el peso de definiciones que todo lo que pueden comprender y regular.

2. La desactualización del Estatuto se evidencia tanto en relación con la legislación ordinaria (penal, policiva, militar, administrativa, etc.), como con la doctrina y los últimos rumbos constitucionales (emergencia económica, reducción del poder presidencial, organización castrense, judicial, etc.).

3. Cuando se estima que el Estatuto está dado desde los tiempos de paz (artículos 1º y 22), para que sirva en los de guerra, calamidad pública y conmoción interior aparece el artículo 34 sembrando confusión al indicar que es también para "tiempo de paz".

4. Su lectura hace brotar inicialmente el fervor patriótico, y bajo este impulso que se matiza con recuerdos del himno y la bandera patrios, se cree entender que el Estatuto busca conjurar los problemas y avatares de la guerra, los cuales plantean casi un hambletiano problema de supervivencia territorial e institucional, dilema que auspicia la aceptación de sus enunciados, así sean los más dramáticos y extremos. Pero luego aparece la perplejidad y la desorientación cuando mandatos tan drásticos, indefinidos e ilimitados se les dirige a afrontar la "calamidad pública" o la "conmoción interior". Entonces se da un achicamiento de la generosidad y empieza a tomar cuerpo una sensación de rechazo y de censura. Es entonces cuando se aprecia que medidas tan extremas ya no corresponden a fenómenos tan ingobernables, tan inusitados y tan devastadores. El Estatuto, pues, no alcanza a mantenerse dentro de su ratio de gravedad (la guerra), pues basta para excitar su aplicación una simple conmoción (alteración, perturbación, trastorno, etc.), interior o un desastre de indefinido origen, intensidad o proyección.

5. Hasta ahora creíamos que los máximos remedios para mantener el orden público, la estabilidad institucional, los colapsos económicos, etc., se concentraban en la aplicación de los artículos 121 y 122. Pero no, el Estatuto de la Defensa Nacional los supera cuando se les compara no sólo individualizadamente sino conjugadas las fuerzas de los primeros (artículos 121 y 122), con las exclusivas del último. Total que incluso lo que no es dable hacer por acción de aquellos dispositivos (artículos 121 y 122), y que encuentran sabios y oportunos controles de revisión constitucional, se puede lograr con el estatuto de la Defensa Nacional, impune y descontroladamente.

6. Esta confusión, esta falta de imprescindible delinde, entre instituciones tales, las creímos suficiente para fulminar un fallo de inconstitucionalidad y abrir así un espacio legislativo que volviera las cosas a sus justas y necesarias proporciones, porque la Defensa Nacional, a no dudarlo, merece un estatuto eficaz, moderno y completo.

7. Funciones de tan amplio espectro, que pueden comprometerlo todo y a todos, no exhiben certidumbre en cuanto a la persona que pueda ejecutarlos y el procedimiento que deba seguirse para su cumplimiento. Unas veces, por interpreta­ción como jefe administrativo, estarán a cargo del Presidente de la República pero otras se duda si es el Ministro de la Defensa, o el Consejo Superior de la Defensa Nacional o quién sabe qué "autoridad competente", porque bajo esta indefinida expresión, se puede cobijar como tal desde un recluta hasta un general de la República, pasando por todos los posibles e imaginables funcionarios o empleados de las Fuerzas Armadas, o de la administración, o de la Defensa Civil. Tres artículos se refieren de pasada al Presidente de la República, al Comandante General de las Fuerzas Militares y al Consejo Superior de la Defensa Nacional. El resto de tan omnímodas atribuciones no se adscribe en especial a nadie. Y la cuestión no es de poca monta, en un juicio de constitucionalidad, pues para poder asumir, a este respecto, una interpretación válida, se debe saber qué se puede hacer, quién lo puede hacer y cómo lo puede hacer. Una posibilidad de ejercicio de poder como la consagrada en el artículo 25, que incluso ha originado los llamados grupos de autodefensa o paramilitares, la creíamos atribución exclusiva del Presidente de la República y con contenido y alcances muy distintos. Pero no, parece que más de una "autoridad competente" ha podido constituirlos y darles eficaces medios de funciona­miento, ya que el Decreto Legislativo 0815 de 1989, artículo segundo, ha venido a determinar en forma distinta la cuestión y es así como ha dispuesto:

"Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, la utilización a que se refiere el artículo 25 del Decreto Legislativo 3398 de 1965, sólo será procedente mediante Decreto del Presidente de la República, refren­dado (sic) y comunicado por los Ministros de Gobierno y de Defensa Nacional.

"Dicha utilización sólo podrá tener por finalidad la colaboración de la población civil en actividades no agresivas y en ningún momento implicarán la entrega de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas ni la autorización de su porte o utilización. 'Las órdenes y las sanciones contempladas en el artículo 31 del Decreto 3398 de 1965, sólo podrán ser impartidas e impuestas, respectivamente, cuando la utilización sea efectuada conforme a lo establecido en este decreto'".

8. Con base en el anterior enunciado, esto es, que no aparece en el Estatuto como función exclusiva y excluyente del Presidente de la República, esta moviliza­ción masiva o selectiva de los colombianos no comprendidos en el servicio militar obligatorio, propugnamos por su declaratoria de inconstitucionalidad. Pero a más de esta objeción, advertimos que su hierática redacción podía propiciar el surgimiento de tales grupos o asociaciones. Finalmente contaba como elevado elemento de convicción, los siguientes considerandos del citado Decreto Legislativo 815 de 1989: "... Que la interpretación de estas normas por algunos sectores de la opinión pública ha causado confusión sobre su alcance y finalidades en el sentido de que se puedan llegar a tomar como una autorización legal para organizar grupos civiles armados que resultan actuando al margen de la Constitución y las leyes;

"Que los operativos para el restablecimiento del orden público son función exclusiva del Ejército, de la Policía Nacional y de los organismos de Seguridad del Estado...".

Estos motivos debieron incentivar a la Corte para declarar su inconstitucionalidad. Pero se prefirió dejarlo incólume y más bien hacer una manifestación de repudio sobre los grupos de autodefensa o paramilitares, señalando de paso que son algo muy diferente de la defensa nacional. Pero la norma subsiste y quién sabe qué variante, igualmente ominosa, tendrá en el futuro. El mal debió cortarse de raíz, con razones de tanta jerarquía como las anotadas, entre ellas, el propio reconocimiento del Gobierno, aunque dulcificado, de su abierta contradicción con la Carta, pensamiento acogido por la Corporación en su ya mencionada crítica.

9. La ocupación y la requisición, que merecen una acertada reglamentación, ha quedado en el vacío. Lo único que se sabe de ella es que se puede realizar y que da lugar a indemnización. Pero se sigue cuestionando que una institución como la que permite la Constitución Nacional en su artículo 33, para el evento de la guerra, se extienda en el Estatuto a la "calamidad pública" o a la "conmoción interior".

Queda por saber quién tiene poder para tomar una y otra medida, tan decisivas e importantes. Además, como suprema satisfacción de los perjudicados, se les deja saber que pueden ser "indemnizados", para lo cual se tendrá que formalizar compli­cado proceso, acudiéndose a reglas generales residuales de competencia, que pueden resultar complejas, controvertibles y riesgosas puesto que una es la responsabilidad como comportamiento ilícito y otra la que deviene del acto mandado por la ley. No dejamos de pensar que una medida de tan excepcional naturaleza y efectos, debe merecer un disciplinamiento preciso, expedito y que no termine por ser más perjudicial, para el particular ofendido, el litigio que debe incoar, que la misma ocupación o requisición (artículo 7°). La Carta es extraña a esta objetable clase de protecciones.

10. Una final pregunta: ¿Cuándo sabremos el día en que empieza el apremio de la defensa nacional y el día en que termina y que se está dentro de las posibilidades de aplicación Nada se ha previsto al respecto y la legitimación de lo hecho, por razón del espacio jurídico en que debe moverse, es incierto.

Como es igualmente incierta la calificación constitucional que pueda darse a lo que se ejecute con apoyo en este Estatuto, ya que por su deficiente redacción aparece como indescifrable lo que deba y pueda hacerse. Lástima grande que cuando esta apreciación se haga, ya no será obra de la Corte, pues ésta no podrá repetir su juicio. Todo resultará amparado por una resolución de constitucionalidad, expedida sobre situaciones genéricas, imposibles de singularizar para una evaluación de esta índole .

A los fines de este disentimiento, creemos que bastan estas glosas dentro de las muchas que podrían agregarse en tomo a este deficiente y desastroso Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional, cometido que, reiteramos, merece más ponderación jurídica y previsión legislativa de las que exhibe. Ojalá esta labor se emprenda rápida y acertadamente.

Con el debido respeto,

Gustavo Gómez Velásquez.