300Corte SupremaCorte Suprema30030005450Julio Roncallo Acosta196722/11/1967Julio Roncallo Acosta_1967_22/11/196730005450CONFISCACION No puede confundirse con la multa. Multas- Su cobro por jurisdicción coactiva y la consignación de aquellas como requisito previo a la interposición de recursos, no contradice el derecho de defensa. - Control jurisdiccional de las leyes. Descansa sobre el principio de la superlegalidad de la Constitución-Exequibilidad de la parte del artículo 8° de la Ley 1a de 1963, que dispone que el valor de las multas allí previstas "deberá consignarse previamente a la interposición de cualquier recurso sobre ellas". Corte Suprema de Justicia- Sala Plena- Bogotá, 22 de noviembre de 1967. Magistrado ponente: doctor Julio Roncallo Acosta . 1967
Fernando Gómez Riverael artículo 8.° de la Ley 1ª de 1963, "por la cual se dictan normas sobre reajuste de salarios, se conceden unas autorizaciones al Gobierno y se dictan otras disposiciones''.Identificadores30030005451true77530Versión original30005451Identificadores

Norma demandada:  el artículo 8.° de la Ley 1ª de 1963, "por la cual se dictan normas sobre reajuste de salarios, se conceden unas autorizaciones al Gobierno y se dictan otras disposiciones''.


CONFISCACION

No puede confundirse con la multa. Multas- Su cobro por jurisdicción coactiva y la consignación de aquellas como requisito previo a la interposición de recursos, no contradice el derecho de defensa. - Control jurisdiccional de las leyes. Descansa sobre el principio de la superlegalidad de la Constitución-Exequibilidad de la parte del artículo 8° de la Ley 1a de 1963, que dispone que el valor de las multas allí previstas "deberá consignarse previamente a la interposición de cualquier recurso sobre ellas".

Corte Suprema de Justicia- Sala Plena- Bogotá, 22 de noviembre de 1967.

Magistrado ponente: doctor Julio Roncallo Acosta.

En ejercicio de la acción pública consagrada por el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano doctor Fernando Gómez Rivera pide a la Corte que declare inexequible el artículo 8.° de la Ley 1ª de 1963, "por la cual se dictan normas sobre reajuste de salarios, se conceden unas autorizaciones al Gobierno y se dictan otras disposiciones''. Agotado el trámite propio del asunto, procede la Corte a decidir.

La acusación.

Se apresura el actor a expresar, en primer término, que señala como disposiciones constitucionales violadas las contenidas en los artículos 26 y 34 de la Carta y en seguida transcribe el siguiente texto, que es el acusado:

"Artículo 8° El Gobierno establecerá las sanciones que garanticen el cumplimiento de las normas sobre salarios y pensiones. Las multas que se fijen por este concepto y, en general, todas las dispuestas por las autoridades laborales y las impuestas por violaciones al control de precios y por acaparamiento o especulación, se cobrarán por jurisdicción coactiva, y su valor deberá consignarse previamente a la interposición de cualquier recurso sobre ellas. Los dineros recaudados por estas multas los entregará el Gobierno por partes iguales al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ICSS"

Las razones que aduce el demandante para sustentar la acusación son éstas:

"Primera. Considero que las disposiciones del artículo 8° de la Ley 1a de 1963 son inexequibles en cuanto condicionan la interposición de los recursos impugnatorios de las sanciones pecuniarias que se impongan por los conceptos mencionados en dicha norma legal, a la consignación previa del valor de las multas.

"Este procedimiento eminentemente confiscatorio viola las garantías procesales tuteladas por el artículo 26 de la Constitución Nacional según el cual 'nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se impute, ante tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio"

"La contravención a la observancia de la plenitud de las formas propias de las actuaciones administrativas, en el caso de la restricción establecida por el artículo 8° de la Ley 1a de 1963, para la interposición de los recursos pertinentes, se configura por el desacato e inobservancia de las siguientes garantías procesales:

"a) El procedimiento gubernativo establecido en el Capítulo II del Decreto-ley 2733 de 1959, en cuyos artículos 13 a 16 se consagran y reglamentan los recursos que proceden contra las actuaciones administrativas de carácter nacional. La restricción condicional del artículo 8.° de la Ley 1a de 1963 quebranta y enerva de modo principal, los ordenamientos del artículo 16 del Decreto-ley 2733 de 1959, según los cuales, los recursos de apelación deberán otorgarse en el efecto suspensivo, esto es, sin condicionarlos al pago previo del valor de las multas, en los casos de imposición de sanciones pecuniarias;

"b) Las disposiciones del artículo 1059 del Código Judicial, normativo de la calidad de los documento con eficacia y mentó ejecutivos en el procedimiento por jurisdicción coactiva. Esta norma procesal consagra los siguientes ordenamientos:

"Artículo 1059. Además de los actos y documentos mencionados en el artículo 982, en estos juicios (de jurisdicción coactiva), prestan también mérito ejecutivo:

"3° Las copias de las resoluciones definitivas y ejecutorias proferidas por funcionarios competentes en ejercicio de sus funciones, sobre multas que deben ingresar al Tesoro Nacional, Departamental o 'Municipal".

"En el artículo 8° de la Ley l9 de 1963 se dispone que las multas que taxativamente se mencionan en dicha norma legal se cobrarán por jurisdicción coactiva, esto es, por el procedimiento establecido en los artículos 1058 a 1061 del Código Judicial. Sin embargo, desvirtúa y quebranta los ordenamientos del ordinal 3° del artículo 1059, antes transcrito, en cuanto exige el pago de las multas impuestas mediante providencias no ejecutoriadas.

"Segunda. El procedimiento establecido por el artículo 8.° de la Ley 1a de 1963, en cuanto condiciona la interposición de los recursos pertinentes al pago previo de las multas impuestas, se configura eminentemente confiscatorio y viola la prohibición establecida por el artículo 34 de la Constitución Nacional, que prescribe: 'Artículo 34. No se podrá imponer pena de confiscación ' ''

El Ministerio Público.

Después de sintetizar la acusación, el Procurador estudia con amplitud las razones aducidas por el actor para sustentarla, las refuta y concluye expresando el concepto de que el artículo 8.° de la Ley 1a de 1963 es exequible, por no contrariar los artículos 26 y 34 de la Constitución que el demandante señala como infringidos, ni ningún otro dé la misma obra, todo sin dejar de observar que el acusador, al formular la tacha de inconstitucionalidad por violación del referido artículo 34, omitió expresar los motivos en que ese criterio se funda.

Consideraciones de la Corte.

1. Aunque el actor transcribe inicialmente en su totalidad el texto del artículo 8.° de la Ley 1a de 1963, sin embargo, en la estructura de la acusación se advierte, con absoluta claridad, que toda ella, así en el conjunto como en la singularidad de sus argumentos, se concreta a la parte del artículo citado que ordena consignar previamente el valor de las multas impuestas, y a que se refiere la norma legal, como exigencia para interponer los recursos contra las providencias que las impongan. En efecto, al iniciar el desarrollo del primer aspecto de la impugnación, expresa el demandante: "Considero que las disposiciones del artículo 8.° de la Ley 1a de 1963 son inexequibles en cuanto condicionan la interposición de los recursos impugnatorios de las sanciones pecuniarias que se impongan por los conceptos mencionados en dicha norma legal, a la consignación previa del valor de las multas". Y posteriormente, en el segundo aspecto de su ataque, manifiesta: "El procedimiento establecido por el artículo 8° de la Ley 1a de 1963, en cuanto condiciona la interposición de los recursos pertinentes al pago previo de las multas impuestas, se configura eminentemente confiscatorio (Subraya la Corte). En ningún pasaje de la demanda se hace alusión alguna a otras determinaciones del referido artículo 8.°, lo cual demuestra con evidencia que aquella se circunscribe a la parte que en tal artículo establece el requisito de la consignación previa del valor de las multas, para que puedan interponerse los recursos pertinentes contra las providencias respectivas. Situada, pues, la Corte en este campo preciso en que la demanda la coloca, tendrá que limitarse al mismo examen y decisión.

2. Es evidente que el artículo 26 de la Carta, según el cual nadie podrá, ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio, consagra el derecho individual de defensa, pero no señala, ni sería lógico que señalara ­dada su trascendente categoría institucional­ las "formas propias de cada juicio'' Estas pertenecen al ámbito de la ley, y lo esencial, dentro del aspecto que aquí interesa destacar, es que nadie pueda ser sancionado sin antes haber sido oído y vencido en juicio, vale decir, que el juzgamiento se produzca de conformidad con las normas legales que regulen el procedimiento respectivo.

3. El artículo acusado dispone simplemente en su parte inicial que el Gobierno establecerá las sanciones que garanticen el cumplimiento de las normas sobre salarios y pensiones. Pero en ninguna parte de su texto expresa que la imposición de tales sanciones se realice en forma arbitraria, sin sujeción a procedimiento alguno que asegure o preserve el derecho de defensa.

4. Sentado lo anterior, se observa que con respecto al cobro de las multas por jurisdicción coactiva y a la consignación de aquéllas como requisito previo a la interposición de los recursos a que haya lugar, todo el razonamiento del demandante parece encaminado a demostrar que la norma acusada es contraria a determinados preceptos del Decreto-ley número 2733 de 1969 y al artículo 1059 de la\ Ley 105 de 1931. Olvida así el actor que tanto aquélla como éstos pertenecen a la misma categoría dentro del marco de nuestro derecho positivo, y que siendo atribución del Congreso "interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes" -ordinal 1.° del artículo 76 de la Carta- podía el legislador condicionar válidamente la interposición de recursos al pago previo de las multas impuestas.

5. Por otra parte debe recordarse que el control jurisdiccional de las leyes descansa sobre el principio de la superlegalidad de la Constitución, y que, en consecuencia, la función de la Corte, cuando ejerce la facultad que le confiere el artículo 214 de aquélla, no es la de estudiar y decidir si el precepto o los preceptos legales acusados armonizan o no con otras disposiciones del mismo orden jerárquico, sino definir si la ley infringe o desconoce el Estatuto Fundamental. Por ello esta Corporación, en sentencia del 3 de abril de 1954, recordada por el Procurador, decía que en un caso análogo al presente:

"La sola lectura de los reparos formulados por el actor pone de manifiesto cómo la demanda se halla, casi en su totalidad, fuera del marco de las reglas que rigen esta clase de juicios. En efecto, es improcedente en una acción de inexequibilidad poner en relación las disposiciones acusadas con las de capítulos y artículos del Código Civil. La Corte no falla acerca de la ilegalidad sino de la constitucionalidad de las leyes y decretos. Con esto se descarta la necesidad de ver si existe el desacuerdo que el demandante afirma haber encontrado entre las disposiciones que acusa y las del Código Civil a que se refiere". (Gaceta Judicial, Tomo LXXVII, página 542).

6. Finalmente, la afirmación de que el procedimiento establecido por el artículo acusado, en cuanto condiciona la interposición de los recursos pertinentes al pago previo de las multas, "se configura eminentemente confiscatorio y viola la prohibición establecida por el artículo 34 de la Constitución Nacional, ha sido refutada por la Procuraduría en los siguientes párrafos de su respuesta a la demanda.

"Si por confiscación ha de entenderse la apropiación por el Estado y por vía de adjudicación de los bienes de un reo, sin compensación alguna (Gaceta Judicial, Tomo XXVI, página 241) no se concibe cómo una multa pueda denominarse confiscación. Es obvio que la ley puede imponer penas, inclusive de multa, por la transgresión de sus mandatos; y mientras tales multas no excedan de lo razonable y no comporten la pérdida absoluta de los bienes de una persona, no pueden estimarse inconstitucionales, como tampoco lo es la norma que las establezca.

"La ley, por otra parte, es la llamada a establecer los recursos contra las disposiciones de la autoridad, y pueden lícitamente señalar condiciones o requisitos para la interposición de tales recursos. Uno de estos requisitos o condiciones puede ser, para el caso de la apelación contra las providencias de imposición de multas, la consignación previa del valor de la sanción, valor que queda así en depósito en espera de la decisión del recurso. Sistemas análogos se utilizan, v. g., en materia de impuestos liquidados, cuyo monto debe consignarse provisionalmente para protestar contra la imposición. Ni en este caso ni en el que contempla el artículo 8.° de la Ley 1a puede pensarse siquiera en violación de mandatos constitucionales.

"Si la Carta Fundamental no prohíbe hacer exigencias de esta índole, no puede ser contrariada si se imponen. Sostener que la consignación previa del valor de una sanción de multa para poder recurrir, equivale a una confiscación prohibida por el artículo 34 de la Carta, es caer en lamentable confusión de términos".

Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 214 de la Carta y oído el concepto del Procurador General de la Nación, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCONAL la parte del artículo 8.° de la Ley 1a de 1963, que dispone que el valor de las multas allí previstas "deberá consignarse previamente a la interposición de cualquier recurso sobre ellas".


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese, previa comunicación a quien corresponda.

Eduardo Fernández Botero, Ramiro Araújo Grau, José E. Arboleda Valencia, Adán Arriaga Andrade, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Juan Benavides Patrón, Flavio Cabrera Dussán, Gustavo Fajardo Pinzón, Crótatas Londoño, Ignacio Gómez Posse, Fernando Hinestrosa, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Guillermo Ospina Fernández, Carlos Peláez Trujillo, Julio Roncallo Acosta, Luis Carlos Zambrano.

Ricardo Ramírez L.

Secretario.