300Corte SupremaCorte Suprema30030004860Enrique Coral Velasco196001/12/1960Enrique Coral Velasco_1960_01/12/196030004860EXEQUIBILIDAD DEL LITERAL d) DEL ARTICULO 1° DE LA LEY 15 DE 1959, SOBRE INTERVENCIONISMO DEL ESTADO EN LOS TRANSPORTES. - IMPOSIBILIDAD DE RESOLVER SOBRE EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 6° DE LA MISMA LEY, POR HABER SIDO DECLARADO EXEQUIBLE POR SENTENCIA ANTERIOR Acusado de inconstitucionalidad el literal d) del artículo l° del la Ley 15 de 1959, ley por medio de la cual se da mandato al Estado para intervenir en la industria del transporte, deben hacerse las anotaciones siguientes: del contenido de los artículos 30, 32 y 39 de la Carta se infiere la atribución del Estado para intervenir en esta clase de fenómenos, sin que haya sido necesario que en la Constitución se determine y reglamente el modo de operar en cada caso concreto. Tratar de interpretar los principios constitucionales en sentido puramente gramatical, sin atender a su contenido ideológico y sistemático, sería contrario a elementales normas de exégesis y llevaría a la pugna permanente entre la ley de leyes y la movilidad del acontecer social, o paralizaría la función del Estado frente a situaciones cuya solución, inclusive, pudiera incidir en su estabilidad. Corte Suprema de Justicia-Sala Plena.-Bogotá, D. E., diciembre primero de mil novecientos sesenta. (Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco) 1960
Alberto Zuleta AngelDemanda de inexequibilidad contra el literal d) del artículo 1 y el parágrafo del artículo 6 de la ley 15 de 1959Identificadores30030004861true76874Versión original30004861Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el literal d) del artículo 1 y el parágrafo del artículo 6 de la ley 15 de 1959


EXEQUIBILIDAD DEL LITERAL d) DEL ARTICULO 1° DE LA LEY 15 DE 1959, SOBRE INTERVENCIONISMO DEL ESTADO EN LOS TRANSPORTES. - IMPOSIBILIDAD DE RESOLVER SOBRE EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 6° DE LA MISMA LEY, POR HABER SIDO DECLARADO EXEQUIBLE POR SENTENCIA ANTERIOR

Acusado de inconstitucionalidad el literal d) del artículo l° del la Ley 15 de 1959, ley por medio de la cual se da mandato al Estado para intervenir en la industria del transporte, deben hacerse las anotaciones siguientes: del contenido de los artículos 30, 32 y 39 de la Carta se infiere la atribución del Estado para intervenir en esta clase de fenómenos, sin que haya sido necesario que en la Constitución se determine y reglamente el modo de operar en cada caso concreto. Tratar de interpretar los principios constitucionales en sentido puramente gramatical, sin atender a su contenido ideológico y sistemático, sería contrario a elementales normas de exégesis y llevaría a la pugna permanente entre la ley de leyes y la movilidad del acontecer social, o paralizaría la función del Estado frente a situaciones cuya solución, inclusive, pudiera incidir en su estabilidad.

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena.-Bogotá, D. E., diciembre primero de mil novecientos sesenta.

(Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco)

Con fundamento en el artículo 214 de la Constitución Nacional, los abogados doctores Alberto Zuleta Angel y Francisco Zuleta Holguín, solicitan se declare inexequible el literal d) del artículo 1° y el Parágrafo del artículo 6° de la Ley 15 de 1959, que dicen:

32 y 39 de la Constitución Nacional, el Gobierno, en representación del Estado y por mandato de esta Ley, intervendrá en la industria del transporte automotor, tanto urbano como en servicio por carreteras, para la movilización de carga y pasajeros, con los siguientes objetivos:

"a) ...................; b) ......................c);

"d) Fijar para todas las ciudades del país las tarifas de transporte urbano, intermunicipal e interdepartamental, y establecer la forma de pago o prestación del servicio de transporte que por esta Ley le corresponde al empleador en beneficio del empleado; y

"e) ....................................

"Artículo 6°........................................

"Parágrafo, (transitorio). En el D. E. de Bogotá el Gobierno iniciará el cumplimiento de esta Ley estableciendo una tarifa uniforme de $ 0.15 en todas las líneas y empresas de transporte urbano".

Estiman los demandantes que las disposiciones transcritas y que éllos acusan, son violatorias del artículo 39 de la Constitución Nacional, cuyo texto es:

"Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley puede exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones.

"Las autoridades inspeccionarán las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas.

"La ley podrá restringir la producción y el consumo de los licores y de las bebidas fermentadas.

"También podrá la ley ordenar la revisión y la fiscalización de las tarifas y reglamentos de las servicios públicos. (Artículo 15 del Acto Legislativo número 1 de 1945)".

Para demostrar su afirmación se expresan de la siguiente manera:

"Según la exposición de motivos que se acompañó al proyecto que una vez aprobado se convirtió en la ley 15 del año en curso, lo mismo que de acuerdo con el texto del artículo 1° las disposiciones contenidas en tal ley no son otra cosa que el desarrollo de los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución.

"Es muy claro que algunas disposiciones de la mencionada ley, como las relacionadas con expropiaciones por utilidad pública o interés social, con racionalización, distribución y consumo del servicio público de transporte están acordes con lo dispuesto en los artículos 30 y 32. Otras disposiciones de esta misma ley, precisamente las acusadas, ordenan al Gobierno fijar en forma unilateral la tarifa de transporte en todo el país y, además, ordenan fijar una determinada tarifa provisional, en la misma forma, para la ciudad de Bogotá. Estas dos últimas disposiciones que, se repite, son las acusadas violan en forma directa el artículo 39 de la Carta y en especial su inciso 4°, ya que éste no autoriza al Legislador para fijar tarifas sino simplemente para ordenar la revisión y fiscalización de las mismas. A este propósito conviene anotar que cuando el Legislador ordena revisar y fiscalizar las tarifas de transporte, el ejercicio de esas funciones le corresponde, como es natural, al Gobierno ya que ellas deben cumplirse previo un estudio que se realiza con intervención y audiencia de los empresarios interesados. Por este aspecto resulta también inconstitucional la disposición del artículo 6°, parágrafo, como quiera que, por medio de ella el Legislador señala una tarifa para la ciudad de Bogotá en vez de hacer uso de la atribución constitucional de ordenar la revisión y fiscalización de las tarifas. En todo caso, la Constitución no autoriza ni al Congreso ni al Ejecutivo para fijar tarifas de transporte. Así lo han entendido siempre las varias ramas del poder público a través de la historia constitucional y legal del país".

El señor Procurador General de la Nación afirma la constitucionalidad de las normas acusadas y, estima que el problema planteado no solo debe frente al artículo 39 de la Carta sino conjuntamente con los artículos 30 y 32 de ella, que en su opinión forman lo que llama "el estatuto intervencionista".

La Corte considera:

1° Por sentencia de 22 de octubre de este año (1960) y a virtud de demanda contra varios artículos de la Ley 15 de 1959, entre ellos el 6°, con su Parágrafo, la Corte declaró exequible dicho artículo, motivo también de acusación en la demanda que ahora se resuelve.

La declaración de exequibilidad referida, imposibilita a la Corte entrar sobre materia que constituye cosa juzgada, con alcance erga omnes.

2° Se infiere del contenido de los artículos 30, 32 y 39 de la Carta, la atribución del Estado para intervenir en esta clase de fenómenos, sin que haya sido necesario que en la Constitución se determine y reglamente el modo de operar en cada caso concreto.

Tratar de interpretar los principios constitucionales en sentido puramente gramatical, sin atender a su contenido ideológico y sistemático, sería contrario a elementales normas de exégesis y llevaría a la pugna permanente entre la ley de leyes y la movilidad del acontecer social, o paralizaría la función del Estado frente a situaciones cuya solución, inclusive, pudiera incidir en su estabilidad.

Por lo demás, es importante relievar que la facultad concedida por el artículo 39, en comento, ya se había concedido por el Acto Legislativo N° 1° de 1918 y, es natural, que su comentario y alcance, deba ser entendido en armonía con los artículos 30 y 32 de la Carta, (Artículos 28 y 38 de la reforma del 36).

RESOLUCION

Por lo dicho, la Corte Suprema de Justicia-Sala Plena- acorde con el concepto del Sr. Procurador General de la Nación, en uso de las facultades que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional, DECLARA:

a). EXEQUIBLE el literal d) del artículo 1° de la Ley 15 de 1959; y

b) Sin lugar a resolver sobre la acusación del Parágrafo del artículo 6° de la propia ley, por haber sido declarado exequible por sentencia de 22 de octubre de este año.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA JUDICIAL, comuníquese a quien corresponda y archívese.

Ramiro Araújo Grau - Humberto Barrera Domínguez -Con salvamento de voto, Luis Alberto Bravo -Enrique Coral Velasco-Gustavo Fajardo Pinzón-José J. Gómez R.-Enrique López de la Pava-Angel Martín Vásquez A.-Simón Montero Torres-Efrén Osejo Peña-Luis Fernando Paredes-Carlos Peláez Trujillo-Arturo C. Posada.-Gustavo Rendón Gaviria. -José Joaquín Rodríguez-Julio Roncallo Acosta-Primitivo Vergara Crespo-José Hernández Arbeláez-Luis Carlos Zambrano-Roberto de Zubiría.-Ricardo Ramírez L. Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DOCTOR LUIS ALBERTO BRAVO.

El inciso final del artículo 39 de la Constitución contiene una norma independiente y distinta de la que consagra el artículo 32.

Este último tiene su antecedente en el artículo 15 del Acto Legislativo N° 1 de 1936, repetido en el Acto Legislativo N° 1 de 1945, con la modificación consistente en que éste dice "por mandato de la ley" en vez de "por medio dé leyes", expresión que utilizó el Acto Legislativo de 1936.

El texto actual del artículo 32 es como sigue:

"El Estado puede intervenir por mandato de la Ley en la explotación de industrias o empresas públicas o privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho".

Se consagra así el intervencionismo estatal, con el fin de racionalizar ciertos aspectos del proceso económico o para proteger al trabajador.

El autorizado expositor doctor Tulio Enrique Tascón, en comentario que conserva su prístino valor, se refiere al artículo 11 del Acto Legislativo N° 1 de 1936 en estos términos:

"La producción se puede racionalizar mediante el aumento del rendimiento con el menor costo, con la mejora de las condiciones del trabajo para darle el máximo de eficiencia con el mínimo de esfuerzo, etc.

"La distribución puede racionalizarse evitando los acaparamientos, la intervención inútil de intermediarios, etc.

"El consumo puede racionalizarse, prohibiendo, por ejemplo, la destrucción de las cosechas (como ha acontecido con la incineración de millones de sacos de café en el Brasil), evitando el derroche de materia prima y de energía, etc.

"La intervención para dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho, consiste en facultar al Legislador para fijar salarios mínimos, auxilios de retiro, jubilaciones, seguros, medidas de higiene, participación del obrero en los beneficios de las empresas, etc. (Derecho Constitucional Colombiano, 1944, página 93).

El texto del inciso final del artículo 39 es el siguiente:

"También podrá la ley ordenar la revisión y la fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas de transporte o conducciones y demás servicios públicos".

Corresponde dicho texto al artículo 15 del Acto Legislativo N° 1 de 1936, esto es, el mismo Acto en cuyo artículo 11 se introdujo en la Carta el principio intervencionista.

Pero la revisión y fiscalización de las tarifas y los reglamentos de las empresas de transporte, habían sido materia anteriormente de regulación constitucional. En efecto, el Acto Legislativo N° 1 de 1918, sustitutivo del artículo 44 de la Constitución de 1886, adicionando a éste, dispuso:

"La ley podrá ordenar la revisión y fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas públicas de transportes o conducciones..."

Tal ordenamiento aparece reproducido en el Acto Legislativo N° 1 de 1921 y en el Acto Legislativo N° 1 de 1932.

El mantenimiento de esta Codificación Constitucional denota por sí solo que se trata de una materia autónoma respecto de la otra especie de intervención a que se refiere el artículo 32.

La finalidad del artículo 39 es la de evitar que los empresarios puedan señalar y ejecutar las tarifas libremente, excediendo los límites de la equidad y de la conveniencia públicas.

En cambio, el objeto específico del artículo 32 es el de racionalizar la producción, distribución y consumo de la riqueza y el de amparar los derechos del trabajador.

La Corte, en la sentencia de fecha 26 de marzo de 1954, al decidir de la demanda de inexequibilidad que se presentó contra los artículos 1° a 20 del Decreto 1976 de 1940, distingue entre el "intervencionismo económico propiamente dicho" (artículo 32) y "la facultad de revisión y fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas de conducciones" (artículo 39).

Ahora bien, el inciso pertinente del artículo 39 de la Carta, aplicable desde luego no solo a las empresas de transporte ya establecidas sino también a las que llegaren a funcionar en el futuro, supone un modus operandi bilateral: iniciativa de los empresarios para proponer las tarifas y reglamentos, y, por parte del gobierno, examen, aprobación y control de dichos actos.

Por ello resulta adecuado el desarrollo que a la facultad de ordenar la revisión y fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas de transporte, le ha dado el artículo 1° de la ley 53 de 1918, así:

"Las tarifas y reglamentos de las empresas públicas de transportes deberán ser sometidos a la aprobación del Gobierno, y no podrán regir sin ella. La aprobación tiene por objeto impedir que aquellas empresas que por contrato o por cualquier otro título puedan señalar libremente sus tarifas, excedan los límites de la equidad y conveniencia públicas".

En consonancia con este criterio, dijo el artículo 10 del Decreto Extraordinario 0826 de 1954:

"Las tarifas y reglamentos de las empresas de transporte público deberán ser sometidas a la aprobación del Ministerio de Fomento y no podrán regir sin ella. Las tarifas se fijarán con base en el costo por pasajero-kilómetro y por tonelada-kilómetro, en forma que consulte la conveniencia pública y la moralidad comercial".

La Constitución no faculta al Legislador para fijar las tarifas de las empresas de transporte, y ello sería absurdo desde el punto de vista de la técnica jurídica, pues estando sujetas dichas tarifas a tan cambiantes circunstancias, la función legislativa sería impropia al efecto, ya que a cada paso tendría que resolver el Congreso, por medio de leyes de posible larga gestación y para casos particulares, una serie de problemas que requieren pronta y activa vigencia.

Mas tampoco atribuye la Carta al Legislador la facultad de ordenar al Gobierno el señalamiento unilateral de las tarifas, sino solo su revisión y control, que envuelve naturalmente la posibilidad de corregirlas, enmendarlas o repararlas, pero sin excluir la participación o audiencia de los empresarios.

Y no cabe el temor de que tal participación o audiencia ponga en grave peligro el orden público o los intereses de los usuarios de los servicios de transportes, pues el Gobierno estará siempre en condiciones de protegerlos eficazmente al ejercitar su prevalente acción fiscalizadora.

En lo tocante al aspecto simplemente literal, no carece de importancia en el presente caso la consideración de que la ley haya elegido, en la forma reflexiva y deliberada que se presume en sus autores, el vocablo "fijar", del cual se deriva una regla o consecuencia práctica diferente de la que surge de los términos "revisión" y "fiscalización", empleados por el constituyente.

Por tanto, en respetuoso desacuerdo con la mayoría de la Corte, estimo que las disposiciones acusadas, en cuanto ordenan al gobierno "fijar para todas las ciudades del país las tarifas de transporte urbano, intermunicipal e interdepartamental" (Parágrafo d) del Artículo 1° de la Ley 15 de 1959) y para iniciar el cumplimiento de esta Ley en el Distrito Especial de Bogotá, "estableciendo una tarifa uniforme de $ 0.15 en todas las líneas y empresas de transporte urbano", violan el inciso final del artículo 39 de la Constitución.

Bogotá, D. E., diciembre l° de 1960.

Luis Alberto Bravo.