300Corte SupremaCorte Suprema30030004254Hernán Salamanca194306/09/1943Hernán Salamanca_1943_06/09/194330004254Inexequibilidad del ordinal 16, atribución 16 del artículo 169 de la Ley 4ª. de 1913. 1943
Eustorgio Sarria,Identificadores30030004255true76210Versión original30004255Identificadores

Inexequibilidad del ordinal 16, atribución 16 del artículo 169 de la Ley 4ª. de 1913.

Comparadas las disposiciones de los artículos 129, ordinal 2.º, y 208, ordinal 16, de la Ley 149 de 1888, el artículo 4.º del Acto legislativo número 3 de 1910 y el artículo 169, ordinal 16, de la Ley 4ª de 1913, se ve claramente que esta última disposición acusada es exactamente igual a la que contenía la Ley 149 de 1888, y que si en la época en que fue expedida guardaba armonía con el régimen constitucional vigente, hoy es una supervivencia inarmónica con el régimen imperante, y su existencia sólo se explica como una inadvertencia al copiar literalmente la antigua disposición. La cuestión es aún más evidente si se observa que respecto de la atribución análoga de las Asambleas sí se introdujo la correspondiente reforma para adecuarla al nuevo sistema constitucional, dejando en cambio la de los Concejos tal como estaba antes de la reforma constitucional de 1910. Considerada la cuestión desde un punto de vista puramente histórico, se ve que la disposición acusada pugna contra el artículo 27 de la Carta. Si se examina el aspecto de sus efectos legales, se llega a la misma conclusión. En efecto: el fin perseguido con el artículo 27 no fue otro que el de restringir la concesión de privilegios a dos puntos perfectamente definidos: los inventos útiles y las vías de comunicación, prohibiendo toda otra concesión de privilegios que pudiera extenderse a cuestiones diferentes. Si estas restricción y prohibición se refieren al Estado y a los Departamentos en forma imperativa, no se ve la razón por la cual habrían de quedar fuéra de su alcance los Municipios, que vendrían a ser como ruedas locas en el engranaje administrativo, a disfrutar de mayores poderes o atribuciones que las entidades superiores como el Estado y los Departamentos.

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, septiembre seis de mil novecientos cuarenta y tres.

(Magistrado ponente, doctor Hernán Salamanca).

El doctor Eustorgio Sarria, ciudadano colombiano y abogado titulado, en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 149 de la Constitución Nacional, ha pedido a la Corte, en demanda de fecha 23 de abril del año que corre, que declare inexequible, por inconstitucional, el ordinal 16 -atribución 16- del artículo 169 de la Ley 4ª de 1913, sobre régimen político y municipal.

Oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, la Corte procede a decidir, para lo cual considera:

El texto del precepto legal acusado es el siguiente:

"Artículo 169 de la Ley 4ª de 1913. Son atribuciones de los Concejos:

"16. Conceder privilegios para obras de interés público del Municipio; pero las concesiones no serán válidas sin que las apruebe el Gobernador, oyendo previamente el informe del respectivo Prefecto. Si las obras interesan a más de un Municipio, corresponde a las Asambleas conceder el privilegio."

La norma constitucional que se señala como violada por la preinserta disposición legal es el artículo 27 de la Carta, que dice:

"Ninguna ley que establezca un monopolio podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una industria lícita. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico y en virtud de ley. Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación.

La razón fundamental del pedimento de inexequibilidad se hace consistir en la visible desarmonía entre la norma de la ley que faculta a los Concejos para otorgar privilegios con la sola limitación de que se trate de obras "de interés público del Municipio", y la de la Constitución, que no autoriza sino la concesión de privilegios que se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación.

Esta incongruencia, que aparece de manifiesto a la simple lectura de los textos, el normativo de la Constitución y el de la ley que debe ser normado por ese, plantea grave desarmonía dentro de la organización jerárquica institucional al establecer la situación irregular de que la entidad legisladora de los Municipios pueda ejercitar con más amplitud y menos condiciones que las Asambleas Departamentales y el Congreso Nacional la delicada facultad de conceder privilegios, que el artículo 4º del Acto legislativo número 3 de 1910, reproducido como 27 de la actual Codificación Constitucional, circunscribió precisamente vinculándola a determinadas finalidades y objetivos concretos.

Obedece esta anormalidad, anotada ya por comentadores de nuestro Derecho Constitucional (Tascón, pág. 91), a un simple fenómeno de mecánica legislativa, claramente visible al recordar la historia del establecimiento de las precitadas disposiciones, como lo hace en los siguientes pasajes de su vista de fondo el señor Procurador de la Nación, que la Corte acoge como motivación de su fallo:

"En el texto original de la Constitución de 1886 no se encontraba disposición alguna que reglamentara lo relativo a privilegios o monopolios, y apenas se encontraban los artículos 41 y 32, referentes a la protección de los derechos adquiridos con justo título, a las expropiaciones por motivos de utilidad pública y a los casos, en que era posible privar de su propiedad a los particulares. Dentro de este régimen constitucional y por motivos razonables entonces, se expidió la Ley 149 de 1888 'sobre régimen político y municipalnonenonenonenonenonenonenonenonenonenone', en cuyos artículos 129 -ordinal 2º- y 208 -ordinal 16- se dispuso, respectivamente, lo siguiente:

"Artículo 129. Son funciones de la Asamblea de cada Departamento:

"2º Conceder privilegios para obras de interés público; pero tales concesiones necesitan la aprobación del Gobierno de la República cuando interesen a más de un Departamento…."

"Artículo 208. Son atribuciones de los Concejos Municipales:

"16. Conceder privilegios para obras de interés público del Distrito; pero las concesiones no serán válidas sin que las apruebe el Gobernador, oyendo previamente el informe del respectivo Prefecto. Si las obras interesan a más de un Distrito, corresponde a las Asambleas conceder el privilegio...."

Vino luego la reforma constitucional del año de 1910, y en el artículo 4.º del Acto legislativo número 3 de aquel año se dispuso lo siguiente:

"Ninguna ley que establezca un monopolio podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una industria lícita.

"Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico y en virtud de ley.

"Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación."

Acorde con las reformas constitucionales del año de 1910, y, para el caso, con el contenido del artículo que se acaba de transcribir, se expidió la Ley 4ª de 1913 "sobre régimen político y municipal", en cuyos artículos 97 -ordinal 2.°- y 169 -ordinal 16- se dijo:

"Son funciones de las Asambleas:

"2.º Conceder privilegios cuando se trate de inventos útiles o de vías públicas; en este último caso, se necesita de la aprobación del Gobierno Nacional, cuando la obra interese a más de un Departamento...."

"Son atribuciones de los Concejos:

"16. Conceder privilegios para obras de interés público del Municipio...."

Si se comparan las disposiciones transcritas, se ve claramente que la disposición acusada es exactamente igual a la que contenía la Ley 149 de 1888, y que si en la época en que fue expedida guardaba armonía con el régimen institucional vigente, hoy es una supervivencia inarmónica con el régimen imperante y su existencia sólo se explica como una inadvertencia al copiar literalmente la antigua disposición. La cuestión es aún más evidente si se observa que respecto de la atribución análoga de las Asambleas sí se introdujo la correspondiente reforma para adecuarla al nuevo sistema constitucional, dejando en cambio la de los Concejos tal como estaba antes de la reforma constitucional de 1910.

Considerada la cuestión desde un punto de vista puramente histórico, se ve que la disposición acusada pugna contra el artículo 27 de la Carta. Si se examina el aspecto de sus efectos reales, se llega a la misma conclusión. En efecto:

La finalidad perseguida con el artículo 27 no fue otra que la de restringir la concesión de privilegios a dos puntos perfectamente definidos: los inventos útiles y las vías de comunicación, prohibiendo toda otra concesión de privilegios que pudiera extenderse a cuestiones diferentes. Si estas restricción y prohibición se refieren al Estado y a los Departamentos en forma imperativa, no se ve la razón por la cual habrían de quedar fuéra de su alcancé los Municipios, que vendrían a ser como ruedas locas en el engranaje administrativo, a disfrutar de mayores poderes o atribuciones que las entidades superiores, como el Estado y los Departamentos."

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en ejercicio de su facultad de guardar la integridad de la Constitución Nacional, y de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, declara inexequible el numeral 16 -facultad 16- del artículo 169 de la Ley 4ª de 1913, sobre régimen político y municipal, en cuanto autoriza a los Concejos Municipales para conceder privilegios que se refieran a motivos distintos de inventos útiles y vías de comunicación.

Llévese esta decisión al conocimiento del señor Ministro de Gobierno.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Publíquese, notifíquese, cópiese y archívese el expediente.

Fulgencio Lequerica Vélez, Liborio Escallón, Daniel Anzola, Isaías Cepeda, Ricardo Hinestrosa Daza, Hernán Salamanca, Aníbal Cardoso Gaitán, Campo Elías Aguirre, José M. Blanco Núñez, Francisco Bruno, José Antonio Montalvo, Arturo Tapias Pilonieta.-Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.