300Corte SupremaCorte Suprema30030002388Angarita191526/10/1915Angarita_1915_26/10/191530002388Corte Suprema de Justicia-Corle Plena-Bogo-tá} veintiséis de octubre de mil novecientos quince: (Magistrado ponente, doctor Gnecco Laborde). Vistos: 1915
Jorge RosilloARTICULO 53 DE LA LEY 130 DE 1913Identificadores30030002389true74294Versión original30002389Identificadores

Norma demandada:  ARTICULO 53 DE LA LEY 130 DE 1913


Corte Suprema de Justicia-Corle Plena-Bogo-tá} veintiséis de octubre de mil novecientos quince:

(Magistrado ponente, doctor Gnecco Laborde).

Vistos:

Los señores Carlos C. Amador, Alfonso Villa, Tomás Muñoz y Jaramillo, Villa & Compañía, pidieron a la Corte que, previa la tramitación legal, declare nulo, de ningún valor ni eficacia, el artículo 53 de la Ley 130 de 1913,

Ese artículo dice de este modo:

"La demanda debe introducirse dentro del término de noventa días, a contar desde la fecha en que fuera sancionada la Ordenanza, o ejecutado el acto de que se trata."

Refiérese este artículo al derecho que concede la ley a todo ciudadano para pedir al respectivo Tribunal Seccional Administrativo que declare nula una ordenanza u otro acto de una Asamblea Departamental que se considere contraria a la Constitución o a la ley.

El fundamento cardinal de la demanda consiste en que, como dicen los actores, "dentro de un régimen constitucional sigue viviendo una ordenanza que viola la Constitución; esto porque una ley no permite que se pida la nulidad sino dentro de un término limitado.' Para evitar que ese adefesio se siga consumando, no queda otro camino que suprimir el obstáculo, esto es, obtener la nulidad del citado artículo 53 por inconstitucional."

El señor Procurador General de la Nación es de concepto que se niegue lo pedido, basándose en que los actores no han demostrado cómo y porqué se opone el citado artículo a los mandatos de la Carta Fundamental y en que dicha disposición, que señala juiciosamente término para que los ciudadanos puedan denunciar los actos de las Asambleas, no pugna con los preceptos de la Constitución.

La Corte, para resolver, considera:

Ni en la Constitución de 1886 ni en el Acto legislativo número 3 de 1910 se dice, de modo expreso, que las ordenanzas de las Asambleas Departamentales son nulas cuando contengan disposiciones contrarias a la. Constitución o a la ley, ni confieren a los particulares el derecho de pedir la nulidad o suspensión de tales actos.

Se limitaron a estatuir que los particulares agraviados por actos de las Asambleas pueden recurrir al Tribunal competente, y éste, por pronta providencia, cuando se trate de evitar un grave perjuicio, podrá suspender el acto denunciado. Es esta una acción concedida a los ciudadanos para evitar los agravios que puedan inferírseles en sus derechos.

Fueron las leyes sobre régimen político y municipal las que dijeron, con razón y con justicia, que las ordenanzas son nulas cuando son contrarias a la Constitución o a las leyes generales de la República, cuando violen los derechos legal mente adquiridos por los particulares y cuando se refieran a asuntos que no sean de la incumbencia de las Asambleas (artículos 1.42, Ley 149 de 1888, 86 de la Ley 88 de 1910 y 110 de la Ley 4.ª de 1913).

Fueron esas mismas Leyes las que concedieron a los particulares el derecho de pedir, ante las autoridades competentes, la nulidad de las ordenanzas que creyeran inconstitucionales o ilegales, pero no limitaron el tiempo en que tal demanda se pudiera iniciar.

Fue la Ley 130 de 1913, en su artículo 53, que es el acusado, la que limitó a los particulares a noventa días el tiempo hábil para pedir ante el Tribunal Seccional Administrativo la nulidad de las ordenanzas. Pero esa misma Ley, en su artículo 69, confirió a los Agentes del Ministerio Público, motu proprio, o por orden del Gobernador o del Procurador General, el derecho de pedir la anulación de una ordenanza u otro acto de una Asamblea en el concepto de ser violatorio de la Constitución o de la ley.

Y aunque el artículo 70 dice que en estos casos se procede en los términos prescritos en los precedentes, cree la Corte que el termino de noventa días señalado a I03 particulares para incoar las acciones de nulidad, no es aplicable a los funcionarios que menciona el artículo 69, porque al decir que se procede en los términos de los precedentes, no se refiere sino al procedimiento que debe seguirse, pues si la mente del legislador hubiera sido señalarles término para incoar la acción, lo habría dicho expresamente, como lo hizo al conceder esa acción a los particulares, y porque interpretada de otro modo la ley, se presentaría el fenómeno de que seguía con vida jurídica una ordenanza inconstitucional o ilegal, que es el inconveniente que los demandantes califican de adefesio.

Las ordenanzas pueden ser nulas por dos conceptos: o porque son contrarias a la Constitución o a la ley, o parque son lesivas de derechos civiles de los ciudadanos.

Cuando violan la Constitución o la ley, tienen los particulares un término de noventa días para pedir su nulidad, y el Gobernador y los Agentes del Ministerio Publico, todo el tiempo de su vigencia. Cuando son lesivas de derechos civiles, sólo las personas agraviadas pueden entablar la acción de nulidad, y para eso no tienen señalado plazo alguno, como es lo justo.

El artículo 57 del Acto legislativo número 3 de 1910 dispuso lo siguiente:

"Las ordenanzas de las Asambleas son obligatorias mientras no sean anuladas por la autoridad judicial en la forma que prescriba la ley.'"

Esta disposición no concedió a los particulares el derecho de acusar las ordenanzas por inconstitucionales o ilegales. Estableció el principio de que podían ser anuladas por la autoridad judicial, y dejó a la ley la determinación de la forma para llegar a ese resultado. Bien pudo, pues, el legislador estatuir que la nulidad, por las razones expresadas, se declarara de oficio o a petición solamente del Ministerio Público. Y si eso pudo constitucionalmente el legislador, lógicamente se desprende que tuvo facultad para conceder ese derecho a los particulares, limitándoles el plazo sin perjuicio de la acción del Ministerio Público o de cualquiera otra autoridad durante el tiempo de la vigencia de las ordenanzas.

Otra cosa sucede cuando los actos de las Asambleas causan agravio a los particulares, porque el artículo 58 del Acto constitucional citado, les confiere derecho para pedir la suspensión de tales actos por pronta providencia, y por lo mismo, para pedir la nulidad de los actos lesivos de sus derechos. En ese caso sí pecaría contra la Constitución la restricción del término.

Así las cosas, no se ve impasiblemente, como pudiera creerse, la violación de la Carta Fundamental o de la ley, ni de los derechos de los particulares, porque en todo tiempo queda abierto el camino de la demanda de nulidad.

Como lo que se pide es la declaración de ser inconstitucional el artículo 53 citado ya varias veces, en cuanto se señala a los particulares término para pedir la nulidad de una ordenanza, la Corte no halla fundada la solicitud, porque !a Constitución no ha reconocido a los ciudadanos el derecho de pedir la nulidad de las ordenanzas por el hecho de ser inconstitucionales, sino que ese derecho les emana de la ley. El artículo acusado no es pues inconstitucional porque no pugna con ningún precepto expreso de la Carta Fundamental.

Además, no es inconstitucional en el sentido de que viole derechos adquiridos porque ese derecho no es de la clase de los adquiridos con arreglo a las leyes civiles de que habla el artículo 31 de la Constitución que no pueden ser violados o desconocidos por leyes posteriores. "

Ni porque se limite a los particulares el tiempo en que pueden pedir la declaración de nulidad de una ordenanza, ésta se torna en constitucional vencido ese plazo, puesto que la acción de nulidad la pueden incoar, en cualquier tiempo, los funcionarios públicos de que habla el artículo 68 de la Ley 130.

Por otra parte, en el supuesto de existir una ordenanza inconstitucional o ilegal, si sobre su aplicación se suscitare alguna controversia, loa funcionarios públicos deben observar el orden de preferencia así: primero la Constitución, después la ley y por último las ordenanzas y acuerdos municipales.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el señor Procurador General de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que es exequible el artículo 53 de la Ley 130 de 1913.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Notifíquese, cópiese y dése cuenta de esta resolución al Gobierno.

El Presidente, GERMAN B, PARDO-El Vicepresidente, Manuel José Angarita-José Miguel Arango-José Gnecco Laborde-Juan N. Méndez-Tancredo Nannetti-Maroeliano Pulido R.-Bartolomé Rodríguez P.-Augusto N. Samper-Teófilo Noriega, Secretario en propiedad.

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SALVAMENTO DE VOTO

del magistrado señor doctor angarita

Salvo voto acerca del Acuerdo que precede, dictado por virtud de la acusación de nulidad del artículo 53 de la Ley 130 de 1913, introducida por los señores Carlos C. Amador, Adolfo Villa, Tomás Muñoz y Jaramillo Villa & Compañía, quienes juzgan que dicho artículo es violatorio de la Constitución, en el sentido de que limita a noventa días el tiempo dentro del cual pueden proceder los particulares demandar la declaración de nulidad de una ordenanza, ya que la Constitución no fija término para ello.

En el Acuerdo se establece esto:

Que ni la Constitución ni el Acto legislativo número 3 de 1910 dicen, de modo expreso, que son nulas las ordenanzas que contengan disposiciones contrarias a la Constitución; que fueron las leyes sobre régimen municipal (artículos 142 de la Ley 149 de 1888, 36 de la Ley 88 de 1910 y 110 de la Ley 4.ª de 1913) "las que dijeron, con razón y con justicia, que las ordenanzas son nulas cuando son contrarias a la Constitución o a las leyes generales de la República."

Sobre esto observo:

Exacto es que en la Constitución no existe un texto categórico que declare que son nulas las ordenanzas que le sean contrarias; pero la naturaleza de las disposiciones constitucionales pertinentes pone de manifiesto esa nulidad.

En efecto:

El artículo 191 dice que "las ordenanzas de las Asambleas son ejecutivas y obligatorias mientras no sean suspendidas por el Gobierno o por la autoridad judicial.

La atribución 7.ª del artículo 195 impone a los Gobernadores la obligación de suspender las ordenanzas que no deban correr, entre otros motivos, por infracción de las leyes; obligación que, a mi juicio, es más rigurosa cuando la infracción se refiere a la Constitución, esto es, a la Ley de las leyes; y claro es que el hecho de la suspensión de una ordenanza trae necesariamente consigo la posterior declaración de validez o nulidad de ella. Por esto la Constitución confiere a la Corte Suprema, en el artículo 151, atribución 5.ª, la facultad de decidir, de conformidad con las leyes, sobre la validez o nulidad de las ordenanzas que hubiesen denunciado ante los Tribunales por los interesados como lesivas de derechos civiles.

Juzgo por tanto que una ordenanza que viola la Constitución es nula, por ministerio de la Constitución misma, y que por serlo debe la autoridad competente declarar su nulidad.

En consecuencia, las leyes sobre régimen municipal que dicen que "es nula toda ordenanza contraria a la Constitución," deben ser estimadas como especialmente declaratorias de la nulidad, no como constitutivas de ella: es que la violación engendra la nulidad.

Me separo, en fuerza de lo dicho, del respetable concepto del Acuerdo.

Paso a estudiar el punto preciso sobre que recae la decisión de la Corte.

Se ha dicho que los peticionarios sostienen que es inconstitucional el artículo 53 de la Ley 1930 de 1913, porque limita a noventa días el término dentro del cual pueden los particulares demandar la declaración de nulidad de una ordenanza contraria a la Constitución o a la Ley.

Ahora bien: desde la Ley 149 de 1888, que la primera que regló la materia y que constituyó el Código Político y Municipal -ya derogada,- se reconoció derecho a todo individuo que creyese que una ordenanza era contraria a la Constitución para pedir la suspensión de ella ante el respectivo Tribunal. La misma Ley 149 regló el ejercicio de este derecho, así: si la ordenanza lesionaba intereses individuales únicamente, el Tribunal resolvía sobre la suspensión, pero la Corte, ante quien era apelable o consultable el fallo del Tribunal, "en vez de resolver sobre la suspensión, decidía sobre la validez o nulidad." En los demás casos, la Corte se limitaba a resolver sobre la suspensión, y pasaba el asunto al Congreso para que éste decidiese sobre la validez o nulidad.

De manera que la solicitud de suspensión entrañaba la de declaración de validez o nulidad, ora por la Corte ora por el Congreso.

Este derecho de petición se otorgaba, como queda dicho, a todo individuo, sin limitación de tiempo; y era un derecho amplio, porque se refería a cualquiera infracción de la Constitución por una…