300Corte SupremaCorte Suprema30030002256Suárez Murillo191320/10/1913Suárez Murillo_1913_20/10/191330002256SENTENCIAS CIVILES Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, octubre veinte de mil novecientos trece. (Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo). Vistos: 1913
Tomás Solano Torresdemanda ante esta corporación, por la que solicita se declare inconstitucional la Ley 130 de 1913, sóbrela jurisdicción de lo contencioso administrativo, o siquiera los artículos 12, 19, ordinal a) 21, ordinal. a) 38, ordinal a) 39, ordinal a) 40, ordinal a) 52 a 77, 79, 91 y 111 de la misma.Identificadores30030002257true74165Versión original30002257Identificadores

Norma demandada:  demanda ante esta corporación, por la que solicita se declare inconstitucional la Ley 130 de 1913, sóbrela jurisdicción de lo contencioso administrativo, o siquiera los artículos 12, 19, ordinal a) 21, ordinal. a) 38, ordinal a) 39, ordinal a) 40, ordinal a) 52 a 77, 79, 91 y 111 de la misma.


SENTENCIAS CIVILES

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, octubre veinte de mil novecientos trece.

(Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo).

Vistos:

El señor Tomás Solano Torres, haciendo uso probablemente del derecho que a todo ciudadano concede el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, ha presentado formal demanda ante esta corporación, por la que solicita se declare inconstitucional la Ley 130 de 1913, sóbrela jurisdicción de lo contencioso administrativo, o siquiera los artículos 12, 19, ordinal a); 21, ordinal. a); 38, ordinal a); 39, ordinal a); 40, ordinal a); 52 a 77, 79, 91 y 111 de la misma.

Pasado el asunto en vista al señor Procurador General, este alto empleado emitió concepto en el sentido de que deben declararse inexequibles los siguientes artículos de la Ley 130 de 1913 por inconstitucionales: 19, ordinal a); 21, ordinal a); 38, ordinal a); 39, ordinal a); 52 a 77 y 109, en cuanto deroga algunos artículos de la Ley 4ª de 1913.

Para resolver lo que corresponda, la Corte considera:

Tres son las razones en que el demandante apoya su solicitud, a saber:

1ª Que en la expedición de varias de las disposiciones que contiene la demanda mencionada no se observaron las prescripciones constitucional, especialmente lo que dispone el ordinal 1.° del artículo 81 de la Carta.

2ª Que en varios artículos de la misma Ley-los que cita-se hace referencia a otros cuyos números no se expresan, por lo cual no se sabe o no 'puede saberse fijamente qué es lo que debe observarse o rige en los casos de que ellos tratan, lo cual da lugar a graves dificultades en la aplicación de la ley; y

3ª Que las disposiciones referentes a la anulación de los acuerdos municipales pugnan con lo que disponen los artículos 63y 64 del Acto reformatorio de la Constitución número 3, de 1910, que señalan al Juez o a la autoridad judicial como competentes para intervenir en dichos asuntos; y que lo mismo puede decirse de las disposiciones referentes a la nulidad de ordenanzas departamentales, cuyo conocimiento está atribuido a la autoridad judicial por el citado Acto legislativo.

En cuanto a la razón primeramente aducida, observa la Corte que ella no es motivo para declarar la inconstitucionalidad de la Ley acusada, pues la oposición entre los mandatos legales y la Carta Fundamental debe encontrarse en los preceptos de la ley y no en las formalidades que presiden a su expedición. A este respecto es pertinente reproducir lo que la Corte dijo en la sentencia de 20 de abril de 1912, recaída a la demanda presentada por el doctor Pedro María Carreño sobre acusación de la Ley 65 de 1911, a saber:

"De los términos de la disposición citada y de su espíritu se deduce rectamente que en el segundo de los casos apuntados las funciones de la Corte, en presencia de una ley acusada ante ella, se limitan a examinar si sus disposiciones como tales violan o no preceptos constitucionales; mas no a decidir si la voluntad soberana del Cuerpo Legislativo, manifestada en forma de ley, se ha ajustado, en cuanto a su expedición, a las disposiciones constitucionales. En efecto, el artículo 4.° del Código Civil define la ley diciendo que es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional, y que su carácter general es el de mandar o prohibir, permitir o castigar. Por consiguiente, acusada una ley ante la Corte, para que esta corporación pueda entrar a decidir sobre su exequibilidad, debe proceder sobre la base de que el Acto legislativo reúne, en cuanto a su forma, las condiciones que la Constitución establece, es decir, que se halla suscrito por los Presidentes y Secretarios de las Cámaras Legislativas, sancionado de acuerdo con la misma Carta Fundamental y promulgado para que sus disposiciones sean obligatorias.

"Por otra parte, como el carácter general de la ley es el que señala el artículo del Código Civil ya citado, su análisis, en caso de acusación como ley en vigencia, no puede referirse sino a sus disposiciones, porque es en ellas donde aparece claramente manifestada la voluntad soberana del legislador, yes con ellas con las que propiamente puede infringirse un precepto constitucional, ya atajando la estructura política de la Nación, ya aislando los derechos de los ciudadanos.

"La acusación propuesta contra la ley que se examina va encaminada no precisamente a obtener la declaración de que sus disposiciones violan la Carta Fundamental, sino a que se decida que aquel acto no es una ley, por defecto en los trámites seguidos para su expedición. Ahora bien: entiende la Corte que la facultad a ella conferida por el artículo 41 citado, no puede extenderse hasta declarar que una ley no es ley porque se hayan quebrantado en su formación algunas ritualidades prescritas por la Constitución Nacional; pues si de otro modo se entendiese aquella facultad, se daría a la Corte Suprema tal suma de poderes, que invadiría el campo de acción del Cuerpo Legislativo, lo cual sin duda no ha sido la intención del Constituyente de 1910, pues ello iría abiertamente contra el principio fundamental consignado en el artículo 57 de la Carta, según el cual todos los poderes públicos son limitados y ejercen separadamente sus respectivas atribuciones, principió éste que informa nuestras instituciones y es piedra angular del sistema republicano que ellas reconocen y consagran.

"La atribución que el artículo 41 del Acto reformatorio da a la Corte Suprema para declarar la inexequibilidad de las leyes, debe entenderse en sentido limitativo y no extensivo, porque las facultades de las autoridades y funcionarios públicos no pueden ser otras sino las que expresamente les hayan sido dadas, según se deduce del artículo 20 de la Constitución, y porque tratándose con especialidad del Poder Judicial, existe la prohibición terminante del artículo 195 de la Ley 147 de 1888, armónico con aquel precepto constitucional, según el cual es vedado a los funcionarios del Poder Judicial ejercer atribuciones que expresa y claramente no les hayan sido conferidas por la Constitución o las leyes.

"No se cree la Corte autorizada para abrir proceso a una ley a efecto de resolver si en los actos preparatorios de ella se infringieron o nó las reglas constitucionales. Ello, además de la amenaza que envolvería para la estabilidad de las leyes, equivaldría a llevar la investigación a una época anterior a la existencia de la ley acusada; a deducir su inconstitucionalidad no de los propios términos de la ley misma, sino de las pruebas que al efecto se presentasen; y a declarar no la inexequibilidad de la ley como tál, sino la inconstitucionalidad del procedimiento empleado para dictarla."

Lo propio puede decirse de la segunda razón aducida en el libelo de demanda, la que por otra parte, además de que no cita ningún canon fundamental violado, tiende a demostrar, no que la ley atente contra la Carta, sino que en su redacción no se emplearon todo el cuidado y la atención que merecen los actos emanados del Cuerpo Legislativo que han de obligar a todos los habitantes de la República.

En lo que se refiere al tercer argumento, él se basa propiamente en la consideración de que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo no son autoridades judiciales o no ejercen funciones judiciales. Este concepto no es jurídicamente exacto, como se demuestra por los razonamientos que van en seguida:

El artículo 60 de la Constitución dice:

"Ejercen el Poder. Judicial la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y demás Tribunales y Juzgados que establezca la ley.

"El Senado ejerce determinadas funciones judiciales."

Según lo enseña este precepto de la Carta, pueden ejercer el Poder Judicial no sólo las entidades especialmente enumeradas allí, sino los demás Tribunales y Juzgados que establezca la ley.

El artículo 164 de la misma Ley Fundamental, que en parte está reemplazado por el 42 del Acto reformatorio número 3 de 1910, que dice que la ley establecerá la jurisdicción contencioso administrativa, se halla en el Título de la Constitución que trata de la administración de justicia, y en él se faculta al legislador para instituir Tribunales. De suerte que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, creados en virtud de facultad constitucional, pueden considerarse como una rama del Poder Judicial, y a ellos perfectamente podía conferirles la ley la atribución de decidir sobre la nulidad de los acuerdos municipales y de las ordenanzas departamentales.

Por otra parte, el constituyente de 1910, al ex' pedir el artículo 58 del Acto reformatorio que se refiere a la suspensión de las ordenanzas, habla de Tribunal competente, y en el mismo caso se halla el artículo 64 del mismo Acto, con relación a los acuerdos municipales, que emplea el término genérico Juez; de manera que deja claramente al legislador la facultad de designar uno y otro, según el caso, atribuyéndole las respectiva jurisdicción. Mas como ya se ha visto que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo pueden considerarse como rama del Poder Judicial, claramente pueden atribuirse a ellos las funciones de que hablan las disposiciones últimamente citadas, sin que se quebranten los cánones constitucionales que hablan de que de tales negocios deben conocer las respectivas autoridades judiciales.

No dice el peticionario por qué razón acusa con especialidad el numeral c) del artículo 40, que adscribe a los Tribunales Seccionales el conocimiento de las apelaciones contra los autos de imposición de multas señaladas por ellos o por la Corte de Cuentas; por lo cual no puede entrarse a considerar la acusación particular dirigida contra este artículo de la Ley, Si la nulidad de él se pide por su redacción defectuosa, ya se ha dicho en otra parte de este fallo que tal circunstancia no es suficiente para anularlo.

Por estas consideraciones, la Corte, separándose del parecer del señor Agente del Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide que no ha lugar a declarar la inconstitucionalidad de la Ley 130 de 1913, en general, ni la de los artículos a que se refiere la demanda especialmente, por las razones alegadas por el demandante.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Judicial.

El Presidente, TANCREDO MANNETTI-El Vicepresidente, Alberto Suárez Murillo-Manuel José Angarita-Constantino Barco-Manuel José Barón-Isaías Castro V.-Bartolomé Rodríguez P.-Elías Romero-Luis Rubio Sáiz. Vicente Parra R., Secretario en propiedad.