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LEY691928192810 script var date = new Date(30/10/1928); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO. LXIV. N. 20934. 2, NOVIEMBRE, 1928. PÁG. 1PODER LEGISLATIVOPor la cual se dictan algunas disposiciones sobre defensa socialDEROGADOfalsefalseJusticia y del DerechofalsePenalLEY ORDINARIA02/11/192815/12/194431/01/1929209342891

DIARIO OFICIAL. AÑO. LXIV. N. 20934. 2, NOVIEMBRE, 1928. PÁG. 1

LEY 69 DE 1928

(octubre 30)

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre defensa social

Estado del documento: Derogado.[Mostrar]

Subtipo: LEY ORDINARIA

El Congreso de Colombia 

  

decreta: 

  


Artículo 1º. Constituyese delito agruparse, reunirse o asociarse bajo cualquiera denominación, para alguno de los siguientes propósitos: 

  

1º. Incitar a cometer cualquier delito de los previstos y castigados por las leyes penales de Colombia; 

  

2º. Provocar o fomentar la indisciplina de la fuerza armada, o provocar o fomentar la abolición o el desconocimiento, por medios subversivos, del derecho de propiedad o de la institución de la familia, tales como están reconocidos y amparadas pos la Constitución y leyes del país; 

  

3º. Promover, estimar o sostener huelgas violatorias de las leyes que las regula; y 

  

4º. Hacer la apología de hechos definidos por las leyes penales como delitos. 

  

Parágrafo. el Jefe de la Policía en cada lugar disolverá cualquiera reunión, asociación o agrupación de las a que se refiere este Artículo; y el Juez de Prensa y Orden Públicos, de que se habla adelante, impondrá a cada uno de sus miembros una pena de doce pesos ($12) a cuatrocientos cincuenta pesos ($450), convertibles en arresto, a razón de un día por cada tres pesos, previo el tramite establecido en el artículo 4º de esta Ley. 

  


Artículo 2º. Todo individuo que ejecute alguno o algunos de los hechos delictuosos enumerados en el Artículo anterior, sea por medio de discursos, gritos o amenazas proferidos en lugares o reuniones públicos, o con escritos o impresos vendidos, distribuidos o expuestos de esos mismos lugares o reuniones, o por cualquiera otra forma de publicidad, sino castigo con la pena de cuatro meses a un año de confinamiento en una colonia penal, pena que se impondrá mediante el procedimiento que establece el artículo 4º de esta Ley. 

  


Artículo 3º. Creánse en las capitales de los Departamentos, con jurisdicción dentro de los respectivos límites territoriales de estos sendos Jueces de Prensa y Orden Públicos, los cuales conocerán privativamente, sin intervención del Jurado, de los siguientes delitos: 

  

1º. Los castigos en los Artículos 1º, 2º, y 7º. de esta Ley; 

  

2º. Los enumerados en las leyes vigentes sobre prensa; 

  

3º. Los sancionados por el Código Penal, Libro II; delitos contra la Nación; 

  

Titulo 2º, contra la tranquilidad y el orden público, Titulo 3º. (Artículos 167 a 247, inclusive); 

  

4º. Los contemplados en las leyes sobre huelgas; y 

  

5º. Los demás que les señalen leyes especiales. 

  

Estos Jueces serán nombrados directamente por la Corte Suprema de Justicia para un periodo fijo de dos años a partir del 1o. de noviembre de 1928; no podrán ser removidos sino por las causas legales, y gozaran de una asignación mensual de trescientos pesos ($ 300). Cada uno de estos Jueces tendrá un Secretario, un Escribiente y un Portero de su libre nombramiento y remoción, con las asignaciones mensuales de ciento cincuenta pesos ($ 150), cien pesos ($100) y ochenta pesos ($80), respectivamente. 

  

Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de capital de Departamento, con excepción del Departamento Norte de Santander, que lo será el Tribunal de Pamplona, conocerán en Sal de Acuerdo, en segunda instancia, o por vía de consulta, de las provincias que dicten los jueces de Prensa y Orden 

  

Público. 

  

Estos Jueces tendrán, además, las siguientes jurisdicciones territoriales: 

  

El de Bogotá, en la Intendencia Nacional del Meta y las Comisarias del Vaupés y Vichada; El de Cartagena, en la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia; El de Medellín, en la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia; 

  

El de Pasto, en la Comisaria del Putumayo y en la del Amazonas, si llegare a crearse esta; 

  

El de Neiva, en la Comisaria del Caquetá; 

  

El de Tunja, en la Comisaria del Arauca; 

  

El de Santa Marta, en la Comisaria de La Goajira. 

  


Artículo 4. El procedimiento para la investigación y castigo de los delitos de que tratan los Artículos 1º, 2º, y 7º de esta Ley y el numeral 2º. del Artículo anterior, será el siguiente: 

  

Cuando un funcionario de instrucción tenga conocimiento de que se ha cometido un delito de aquellos de que trata esta Ley, practicara inmediatamente las diligencias conducentes a su investigación, y dará 

  

cuenta inmediata, por la vía más rápida, al respectivo Juez de Prensa y Orden Publico. Este funcionario se trasladara sin pérdida de tiempo al lugar o lugares donde se hubieren ejecutado hechos, con el fin de 

  

aprehender el conocimiento del asunto y continuar la investigación, la que deberá perfeccionarse en un término no mayor de diez días. 

  

Dentro de este término se indagatoria a al sindicado y en ninguna caso se considerara la investigación sin que se haya surtido esta diligencia. 

  

En ella será asistido el sindicado por un apoderado de su libre nombramiento, y si no lo nombrare, lo nombrara el Juez, hacienda constar este hecho en el expediente. 

  

El funcionario de instrucción indagatoria al sindicado sobre los cargos que contra el pesan, por medio de preguntas claras y precisas, y se le permitirá manifestar los descargos o las explicaciones necesarias a su defensa. No será necesaria la presencia del apoderado en el acto de la indagatoria en los casos que exceptúa expresamente el artículo 5º. de la Ley 104 de 1922. 

  

El Juez ordenara la detención provisional del sindicado si se trata de infracciones que puedan merecer pena de presidio o reclusión, o confinamiento a colonia penal, conforme a esta Ley, y si apareciere contra este por lo menos una declaración de testigo hábil un individuo vehemente de su responsabilidad, o en el caso de ser hallado infraganti delito, y no habrá lugar en ningún caso a libertad provisional para los sindicados de los delitos castigos en los artículos 2º, y 7º, de esta Ley. 

  

Perfeccionamiento el sumario, el Juez dictara auto de proceder o de sobreseimiento dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el cual se notificara inmediatamente y personalmente al procesado. 

  

Dentro del término improrrogable e cinco días, contados a partir de la notificación del auto de enjuiciamiento, el acusado puede pedir la práctica de las pruebas que estime necesarias a su defensa. El Juez las decretara si fueren conducentes y ordenara que se practiquen en el término improrrogable de diez días. Si habiendo sido pedidas en tiempo, no alcanzaren algunas pruebas a practicarse dentro del termino correspondiente, se tendrán en cuenta al fallar , si fueren practicadas antes de proferirse sentencia en la primera instancia, o en la segunda, si llegaren antes de proferirse el respectivo fallo. Vencido el término de pruebas, el acusado podrá delegar por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes, y vencido este término el Juez dictara sentencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, procediendo para ello como Juez de derecho. 

  

La sentencia se notificara personalmente el mismo día, en que fuere proferida, y en acto mismo de la notificación, o dentro de las veinticuatro horas siguientes puede apelar de ella para ante el superior respectivo, este conocerá y resolverá el asunto como si se tratara de apelación de auto interlocutorio. Si la sentencia no fuere apelada, el Juez ordenara que sea consultada con el superior. 

  

Las apelaciones se concederán en el efecto devolutivo, excepto la de la sentencia que se concederá en el suspensivo. El auto de sobreseimiento temporal o definitivo se consultara precisamente con el superior. 

  

Después de recibida la indagatoria al sindicado o sindicados no habrá reserva de las diligencias para ellos y sus apoderados. 

  

El Juez de Prensa y Orden Publico puede comisionar a cualquiera de los Jueces o funcionarios de la República para la práctica de las diligencias sumarias y de pruebas, fijándoles términos precisos dentro de los cuales deben evacuarlas, bajo la sanción de multas dentro de los cuales deben evacuarlas, bajo la sanción de multas de cien pesos ($ 100) a cuatrocientos pesos ($ 400). 

  

El funcionario de instrucción secuestrara previamente, al iniciar el sumario o procedimiento criminal, los escritos, impresos, dibujos y demás instrumentos de propaganda delictuosa de que trata esta Ley y las de prensa. 

  

Parágrafo. Para la investigación y castigo de los demás delitos que deban conocer los Jueces de Prensa y Orden Publico, se seguirán las reglas generales de procedimiento criminal, con las excepciones consagradas en la Ley de prensa. 

  


Artículo 5º. La autoridad impedirá la fijación de carteles o de avisos o impresos murales en que se provoquen o instigue a cometer cualquiera de los delitos de que trata esta Ley, sus referentes y el Código Penal, y destruirá o retirara los que haya sido fijados, e impondrá a los responsables de la fijación, previo el procedimiento del Artículo 4o. de esta Ley, multas de cincuenta pesos ($ 50) a dos cientos pesos ($ 200), convertibles en arresto a razón de un día por cada tres pesos. 

  


Artículo 6º. Lo dispuesto en la presente Ley no impide la censura legitima de las leyes ni de cuales quiera actos y contratos oficiales permitida en las disposiciones vigentes sobre prensa, y la demostración de su conveniencia mientras que no se desconozca su fuerza obligatoria, ni se promueva su desobediencia, ni su ejecuten los actos expresados prohibidos y sancionados por las leyes penales y la presente. 

  


Artículo 7º. Todo individuo que sin permiso de la autoridad y sin motivos ilícitos fabrique, use o conserve instrumentos o maquinas explosivas de cualquier clase, será castigado con la pena de uno a tres años de presidio. El sindicado por este delito no tendrá derecho a excarcelación, y podrá ser detenido accidentalmente por el funcionario de instrucción. El procedimiento en este caso será el establecido en el Artículo 4º de esta Ley. 

  


Artículo 8º. Para ejercer el cargo de Juez de Prensa y Orden Publico el nombrado debe acreditar que es abogado graduado, y que reúne, además, todos los requisitos que la ley señala para los Magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial, lo cual deberá comprobarse ante la Corte Suprema de Justicia. 

  

No podrán ser elegidos jueces de Prensa y Orden Publico los miembros de las Cámaras Legislativas. 

  


Artículo 9º. El Gobierno limitara a su prudente árbitro la introducción y expendio de revólveres, pistolas, carabinas y otras clases de armas de fuego, y los cartuchos que ajuicio sean peligrosos para el sostenimiento del orden público. 

  

Las autoridades tomaran todas las demás medidas de orden público autorizadas por la Constitución, las leyes, las ordenanzas, decretos, con el fin de prevenir los delitos de que trata esta Ley. 

  


Artículo 10. Se establece prelación en las diligencias, actuaciones y juicios relativos a los delitos de que trata esta Ley y las de prensa; en tal virtud, los funcionarios públicos les darán preferencia respecto de toda clase de asuntos, a fin de que sean despachados precisamente dentro de los términos legales. La infracción a lo dispuesto en este Artículo se castigara con multas sucesivas de diez pesos ($10) a cincuenta pesos ($ 50), que impondrán, a solicitud del Ministerio Publico, los Tribunales, a los Jueces 

  

de Prensa y Orden Publico, y la Corte Suprema, a lo Magistrados del Tribunal. 

  


Artículo 11. En los casos de calumnia o injuria contra particulares, es necesaria la acusación de la parte agraviada para iniciar el procedimiento. En tratándose de calumnia contra funcionarios o corporaciones públicas el procedimiento criminal respectivo, la presentación de queja formal de quien 

  

presida la corporación o del funcionario agraviado, según el caso, y entonces el procedimiento se seguirá de oficio, conforme a las reglas generales. 

  

Parágrafo. El acusador del delito de injuria o calumnia no está obligado a prestar la fianza de que tratan los Artículos 1609 y concordantes del Código Judicial. 

  

Parágrafo. Todos los juicios sobre delitos de prensa se surtirán en papel común. 

  

Parágrafo. Todo director de periódico que se edite en Colombia con excepción de las revistas netamente científicas o literarias, estará obligado a otorgar una caución hipotecaria, prendaria o personal, ajustada a la ley, de quinientos pesos ($ 500) para los diarios de las capitales de Departamento, y de cien pesos ($ 100) a trescientos pesos ($ 300) para las demás publicaciones, para responder de las resultas del juicio o juicios a que puedan dar lugar las publicaciones que se hagan en su periódico. 

  

Dicha fianza deberá ser complementaria o renovada en todos los casos en que se disminuya o agote por cumplimiento de una sentencia judicial. 

  

La caución de que trata este artículo será cancelado un año después de la fecha de la publicación del último número del respectivo periódico. El Juez de Prensa y Orden Publico sancionara con multas un año después de la fecha de la publicación del último número del respectivo periódico. 

  

El Juez de Prensa y Orden Publico sancionara con multas de diez pesos ($10) a cien pesos ($ 100) las infracciones a lo dispuesto en este artículo y graduara en cada caso, dentro de los limites señalados por este artículo, la cuantía de la fianza que deben otorgar los directores de periódicos que no sean diarios de capital del Departamento. 

  


Artículo 12. La persona o personas que por medio de halagos, promesas, dadivas, ofertas de dinero u otros efectos; o las que valiéndose de amenaza, intimidaciones o cualquier medio de violencia, intenten obligar a algún director de diario o periodista a hacer alguna de publicación de carácter calumnioso o injurioso contra personas naturales o jurídicas, empleados o entidades públicos; y también los directores de periódicos o periodistas que por medio de la amenaza consistente en hace alguna publicación de la índole expresada, traten de obligar a alguna publicación de la índole expresada, traten de obligar a alguna persona o entidad pública o privada a hacer o a no hacer alguna cosa, sufrirán la pena de tres meses a un año de arresto. 

  


Artículo 13. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, ninguna empresa editorial de periódicos podrá, sin permiso del Gobierno, recibir subvención alguna de otros Gobiernos ni de compañías extranjeras. 

  

La infracción a lo dispuesto en este Artículo será castigada con la pena de dos meses a un año de arresto que impondrá el Juez de Prensa y Orden Público mediante el procedimiento fijado en el artículo 4º de esta ley. 

  


Artículo 14. Los delitos de calumnia o injuria castigados en la Ley de prensa tendrán las mismas penas que la calumnia o injuria públicas de que trata el código Penal. 

  


Artículo 15. En todos los casos no previstos por esta Ley se aplicaran las disposiciones consignadas en el Código Judicial y en las leyes que lo adicionan y reforma. 

  

El Gobierno podrá abrir los créditos correspondientes para dar cumplimiento a la presente Ley, de acuerdo con las prescripciones de la Ley 34 de 1923. 

  

Los viáticos de movilización de los Jueces de Prensa y Orden Público y de sus respectivos Secretarios se imputaran al Ministerio de Gobierno, en el Presupuesto de la próxima vigencia. 

  

Quedan vigentes todas las disposiciones sobre prensa, en cuanto no sean contrarias a lo ordenado en la presente Ley. 

  

Esta Ley regirá sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial. 

  

Dada en Bogotá a veintinueve de Octubre mil novecientos veintiocho. 

  

El Presidente del Senado, Antonio José URIBE. El Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto VELEZ CALVO. El Secretario del Senado, Julio D. PORTOCARRERO. El Secretario de la Cámara de Representantes, Fernando RESTREPO BRICEÑO. 

  

Poder Ejecutivo - Bogotá, Octubre 30 de 1928. 

  

Publíquese y Ejecútese. 

  

MIGUEL ABADIA MENDEZ. 

  

EL MINISTRO DE GOBIERNO, 

  

Enrique J. ARRAZOLA.