LEY1471888188812 script var date = new Date(01/12/1888); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO XXV. N. 7673. 21, ENERO, 1889. PÁG. 1.CONGRESO DE COLOMBIACódigo de Organización Judicial de la República de ColombiaVigencia en EstudiofalsefalsefalseAdministración de justicia|Funciones de servidores públicos|Organización del estadofalseLEY ORDINARIANorma no vigente por derogatoria orgánica, por la Ley 103 de 1923.21/01/188921/01/18897673811

DIARIO OFICIAL. AÑO XXV. N. 7673. 21, ENERO, 1889. PÁG. 1.

ÍNDICE [Mostrar]

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

LEY 147 DE 1888

(diciembre 01)

Código de Organización Judicial de la República de Colombia

ESTADO DE VIGENCIA: Vigencia en Estudio. [Mostrar]

Subtipo: LEY ORDINARIA

decreta: 

  

TÍTULO I.

Disposiciones preliminares.


Artículo 1. Derogado 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 2. Derogado. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Art. 3º. Los Magistrados y los Jueces no podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus destinos sino en los casos y con las formalidades que determinen las leyes, ni depuestos sino á virtud de sentencia judicial. Tampoco podrán ser trasladados á otros empleos sin dejar vacante su puesto. 

  

No podrán suprimirse ni disminuirse los sueldos de los Magistrados y Jueces de manera que la supresión o disminución perjudique á los que estén ejerciendo dichos empleos. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Art. 4º. Los empleos del Orden Judicial, remunerados, son de voluntaria aceptación y renuncia para los empleados principales; pero son de aceptación forzosa para los suplentes en general, y para los principales no remunerados, cuando unos ú otros son vecinos del distrito donde deben funcionar. 

  

Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso que precede á los suplentes de los Magistrados de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

  


Art. 5º. El nombramiento para un empleo judicial de voluntaria aceptación queda insubsistente: 

  

1º. Por muerte del individuo nombrado. 

  

2º. Por rehusar la aceptación de él. 

  

3º. Por demorar la posesión más de treinta días contados desde él en que reciba el nombramiento, si reside en el Distrito donde deba funcionar; más de noventa días si se encuentra en otro Distrito de la República; y más de ciento ochenta días si está en el extranjero. 

  

Si el nombrado reside en el territorio de la Republica el pliego que contenga el nombramiento le será entregado por conducto de una autoridad política; si en el extranjero por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual tiene por objeto que haya constancia del día en que el nombrado recibe el nombramiento. 

  


Art. 6º. Los destinos judiciales de voluntaria aceptación se pierden para los empleados principales: 

  

1º. Por renuncia aceptada. 

  

2º. Por admitir cualquiera otro empleo ó cargo público. 

  

3º. Por destitución decretada en sentencia ejecutoriada, previo el juicio correspondiente. 

  


Artículo 7. Reformado (Según Art. 2 de la Ley 103 de 1892). 

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Art. 8º. El nombramiento y el posterior ejercicio de las funciones de Magistrado ó Juez hacen presumir de derecho la posesión, tanto para el efecto de estimar válidos los actos ejecutados por estos empleados, como para poder exigirles la responsabilidad á que haya por la ejecución los mismos actos. 

  


Art. 9º. Los nombrados para servir empleos judiciales de forzosa aceptación, podrán excusarse de desempeñarlos por alguna de las causas siguientes: 

  

1°. Impedimento físico por un tiempo que exceda de la mitad de lo que falte del periodo en curso, ó del tiempo que se calcule debe funcionar, sino se tratare de empleo con periodo fijo. 

  

El impedimento por un tiempo menor del que se ha expresado, da derecho á licencia por el tiempo que dure y se prolongare suficientemente habrá lugar á la excusa definitiva. 

  

2°. Estar sirviendo otro destino público con funciones diarias. 

  

3°. Haber servido en el año próximo anterior un destino obligatorio y sin sueldo, durante seis meses por lo menos. 

  

4°. No haber cumplido veintiún años ó exceder de sesenta. 

  

5°. Sufrir un grave y extraordinario perjuicio por consecuencia de la aceptación ó ejercicio del empleo por el tiempo y en los términos que se explican en el 1º. 

  

6°. Enfermedad grave de su consorte, ó de sus parientes dentro de 2º grado de consanguinidad ó de afinidad por el tiempo y en la forma indicados en el número 1º; ó muerte de los mismos acaecida dentro de los treinta días anteriores al en que se presente la excusa. 

  


Art. 10. Se entenderá que hay falta ABSOLUTA cuando ocurre alguno de los hechos que dejan vacante el puesto, conforme á los artículos 5º. y 6º. 

  

Hay falta TEMPORAL cuando la vacante ocurre por licencia concedida al empleado, enfermedad ó suspensión del mismo. 

  

Hay falta ACCIDENTAL cuando ocurre impedimento ó inhabilidad en el empleado para ejercer sus funciones en determinado negocio, pero es indispensable que la existencia del impedimento ó inhabilidad se hayan declarado judicialmente. 

  


Art. 11. En ley especial se dividirá el territorio de la República en Distritos y Circuitos judiciales, y se fijarán las cabeceras de unos y otros. 

  

TÍTULO II

Senado.


Art. 12. El Senado, en su calidad de Tribunal de Justicia, tendrá la misma organización que debe tener como Corporación colegisladora. 

  


Art. 13. Son atribuciones del Senado en el Ramo Judicial: 

  

1.° Conocer de las causas de responsabilidad contra el Presidente de la Republica ó el que en su lugar ejerza el Poder Ejecutivo, en los casos del artículo 122 de la Constitución y á virtud de acusación de la Cámara de Representantes. 

  

En las causas de responsabilidad de que se trata, el Senado sólo puede imponer, cuando ocurran los dos primeros casos del mencionado artículo 122, ó alguno de éstos, la pena de destitución del empleo; y si hubiere cesado en el ejercicio de sus funciones el Presidente, la de inhabilitación para ejercer nuevamente la Presidencia. 

  

Cuando ocurra el caso 3º del mismo artículo 122, al Senado sólo corresponde imponer, de conformidad con el inciso número 2º del artículo 97 de la Constitución, las penas de destitución del empleo, o de privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. 

  

2.º Conocer de las causas de responsabilidad contra el Vicepresidente de la República, los Ministros de Despacho, los Consejeros de Estado, el Procurador general de la Nación y los Magistrados de la Corte Suprema; y también de las causas de indignidad por mala conducta de los mismos. En ambos casos el Senado solo puede imponer la pena de destitución del empleo, ó la privación temporal o perdida absoluta de los derechos políticos. 

  

3º. Poner á disposición de la Corte Suprema los empleados de que hablan los dos números que preceden, siempre que por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones merecieren penas diversas de las especificadas en dichos números. 

  

4º. Ejercer las atribuciones asignadas á los funcionarios de instrucción hasta declarar si hay lugar á proceder por delitos comunes contra los referidos empleados, y pasar la causa á la Corte Suprema, si se decreta el enjuiciamiento. 

  

5º. Rehabilitar á los que hubieren perdido la ciudadanía. Esta gracia, según el caso y las circunstancias del que la solicita, podrá referirse únicamente al derecho electoral, ó también á la capacidad para desempeñar determinados puestos públicos, ó conjuntamente al ejercicio de todos los derechos políticos. 

  

6º. Aprobar ó desaprobar los nombramientos que haga el Presidente de la Republica para Magistrados de la Corte Suprema. Los nombramientos que se hagan cuando este en receso el Senado se someterán á su aprobación en la reunión inmediata. 

  

TITULO III

Corte Suprema

CAPÍTILO 1º.

Personal.


Art. 14. La Corte Suprema se compone de siete Magistrados nombrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado. 

  


Art. 15. El empleo de Magistrado de la Corte Suprema será vitalicio, á menos que ocurra alguno de los casos mencionados en el capítulo 6º. 

  


Art. 16. Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, haber cumplido treinta y cinco años de edad y haber sido Magistrado de alguno de los Tribunales Superiores de Distrito ó de alguno de los antiguos Estados, ó haber ejercido con buen crédito, por cinco años á lo menos, la profesión de abogado ó el profesorado en jurisprudencia en algún establecimiento público. 

  


Art. 17. Corresponde al Poder Ejecutivo declarar la vacante en cualquiera de los casos del artículo 5º. Y en los dos primeros del 6º., previa comprobación del hecho. 

  


Art. 18. La Corte reside ordinariamente en la capital de la República. Por motivos graves y de acuerdo con el Poder Ejecutivo, podrá funcionar ordinariamente en otro Distrito. 

  


Artículo 19. Reformado (Según Art. 2 de la Ley 103 de 1892). 

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Art. 20. El período de los suplentes será de dos años contados desde el 1º de Septiembre siguiente á su elección. Si por cualquiera circunstancia dejare de hacerse la elección, continuarán los últimamente nombrados mientras no renuncien ó no se haga nuevo nombramiento; pero la demora en hacerlo no altera el periodo de los que últimamente se nombren, el cual se contará desde el día en que ha debido principiar. 

  


Art. 21. El destino de suplente de los Magistrados de la Corte Suprema no se pierde por aceptar otro cualquiera, aunque se esté remplazando a un Magistrado principal; pero no se pueden ejercer simultáneamente ambos destinos. 

  


Art. 22. Cuando el suplente que debe ser llamado no estuviere en la capital de la República se le llamará sin embargo, é ínterin se presenta y toma posesión, se llamará al suplente que se halle en la capital ó en el lugar más próximo á ella, sin atender el orden numérico, el cual, no obstante, se observará respecto de los suplentes que se hallen en iguales condiciones de proximidad. 

  


Art. 23. El Gobierno irá llamando á los suplentes por el orden de su numeración, á virtud de la excusa de los primeramente llamados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo que precede, cuyo objeto es llenar cuanto antes la vacante que exista. Si los suplentes que se hallen en la ciudad se excusaren, el Gobierno nombrará inmediatamente un suplente interino, nombramiento que también hará cuando los suplentes á quienes debe llamar se hallen fuera de dicha capital. 

  

El suplente interino ejercerá sus funciones mientras no se presente un suplente primitivo. 

  


Artículo 24. Derogado. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Art. 25. Cada cuatro años nombrará la Corte un Presidente y un Vicepresidente de su seno. De estos nombramientos se dará cuenta en el periódico oficial. 

  

Las faltas que ocurran las llenará la Corte. 

  


Art. 26. Los Magistrados de la Corte asistirán diariamente al despacho durante las horas señaladas en el reglamento, y éstas deberán ser suficientes para mantener corriente al despacho de los negocios. 

  


Art. 27. La Corte Suprema expedirá un acuerdo en el cual arreglará la manera de repartir los negocios entre los Magistrados, sobre las bases siguientes: 

  

1°. Fijará el turno que debe observarse entre los Magistrados, y para ello atenderá al orden alfabético de las letras iniciales de los nombres apelativos de los Magistrados en propiedad. El turno no se alterará sino á virtud de la variación en el personal de los mimos. 

  

2°. El repartimiento de los negocios se hará por turno riguroso, á fin de igualar el trabajo en lo posible. 

  

3°. Todas las veces que un mismo negocio sea elevado al conocimiento de la Corte, conocerá de él, como sustanciador, el Magistrado á quien se repartió la vez primera. 

  

4°. De los repartimientos se dejará constancia en uno ó varios libros. 

  


Art. 28. El turno que fija la Corte servirá no solo para el repartimiento sino también para designar el Magistrado que debe sustanciar el incidente de recusación ó de impedimento de otro Magistrado, y para los demás casos semejantes. 

  


Art. 29. El Magistrado á quien se reparta un negocio, lo sustanciará hasta ponerlo en estado de ser decidido por la Corte. 

  


Art. 30. El sustanciador dictará por si solo y bajo su responsabilidad todos los autos de sustanciación, pero contra los de esta naturaleza que causen un gravamen irreparable por la sentencia definitiva, la parte perjudicada tendrá el recurso de apelación para ante los otros seis Magistrados quienes decidirán sin más actuación. 

  


Art. 31. En los negocios atribuidos a la Corte en una sola instancia, aquélla y el Magistrado sustanciador observarán en cuanto lo permita la naturaleza del caso, un procedimiento análogo al que correspondería observar a los respectivos Jueces de primera instancia. 

  


Art. 32. El Magistrado sustanciador redactará todas las resoluciones que deba pronunciar la Corte en el negocio que aquel sustancia. 

  


Art. 33. Toca al sustanciador el nombramiento de todas las personas que deban intervenir ocasionalmente en el proceso que sustancia, como peritos, defensores, contadores &a cuando el nombramiento deba ser judicial según la ley; y ante el mismo sustanciador tomarán posesión las personas nombradas. 

  


Art. 34. Con excepción de los casos de impedimento ó de recusación de los Magistrados, y de las apelaciones de los autos de sustanciación dictados por el encargado de ésta, para toda decisión ó acto de los atribuidos a la Corte, deben concurrir los siete Magistrados. 

  

Si hubiere discordancia en las opiniones se estará á lo que acuerde la mayoría, y cuando la sentencia tenga varias partes que dependan unas de otras, el haber votado negativamente en las primeras sobre que haya habido votación, no puede tomarse como motivo que autorice para que el Magistrado que así hubiere votado deje de concurrir con su opinión y voto a la resolución de las demás. 

  

Constituye la mayoría el voto uniforme de cuatro Magistrados. 

  


Art. 35. Cuando no se reuniere en cualquiera de los puntos del aparte resolutiva de la sentencia la expresada mayoría de votos, se procederá al sorteo del Conjuez ó Conjueces necesarios para constituir dicha mayoría. Los Magistrados discordantes en este caso; consignarán en la misma providencia, con claridad y precisión, los puntos en que convinieren y los en que disintieren, a fin de que los coadyuvantes se limiten exclusivamente a decidir aquel o aquellos en que no haya habido conformidad. 

  

Cuando la desconformidad se refiera á la parte motiva, prevalecerá la mayoría relativa. 

  


Art. 36. El Magistrado ó Conjuez que disienta de lo acordado ó resuelto por la mayoría de la Corte, podrá salvar su voto expresando las razones de este, y si así lo hiciere, no le tocara parte alguna en la responsabilidad que pueda aparejar lo resuelto por la Corte. 

  

Los votos salvados no aparejan responsabilidad. 

  


Art. 37. Cada voto salvado se extenderá á continuación de lo resuelto por la Corte y en un libro que con este objeto llevara el secretario, y serpa firmado con firma entera por su ó sus autores, y con media firma por los otros Magistrados. 

  


Art. 38. Todo voto salvado llevará la misma fecha que la sentencia ó resolución á que se refiera. 

  


Art. 39. El Magistrado ó Conjuez que salve su voto, no por esto dejará de firmar la decisión de la Corte. 

  

CAPITULO 2º.

Atribuciones.


Art. 40. La Corte Suprema conoce privativamente y en una sola instancia en los asuntos siguientes: 

  

1º. De las causas de responsabilidad que se sigan contra el Presidente de la República ó el que en su lugar ejerza el Poder Ejecutivo por haber ocurrido el caso 3º del artículo 122 de la Constitución, siempre que se trate de la imposición de penas distintas de las de destitución del empleo, ó de privación temporal ó perdida absoluta de los derechos políticos. 

  

2º. De las causas de responsabilidad contra el Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, los Consejeros del Estado, el Procurador general de la Nación y los Magistrados de la misma Corte Suprema, siempre que se trate de imponerles penas distintas de las de destitución del empleo, ó de privación temporal ó perdida absoluta de los derechos políticos. 

  

3º. De las causas criminales por delitos comunes cometidos en cualquiera época por individuos que al tiempo en que deba decidirse del mérito del sumario tuvieren alguno de los empleos mencionados en los números que preceden. 

  

Para que la Corte conozca en los casos mencionados en los tres números anteriores, es preciso que haya precedido acusación de la Cámara de Representantes; que la acusación haya sido públicamente admitida, y que el Senado ponga al acusado á disposición de la misma Corte. 

  

4º. De las causas de responsabilidad por faltas ó delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones ó con pretexto de ejercerlas por los empleados siguientes: los Senadores y Representantes en el caso del artículo 75 de la Constitución; los Secretarios de las Cámaras Legislativas; los Agentes Diplomáticos ó Consulares; los Gobernadores de Departamento ó sus Secretarios; los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito; Los Subsecretarios y Oficiales Mayores de los Ministerios del Despacho Ejecutivo; el Secretario y el Oficial mayor de la Corte Suprema; el Secretario y el Oficial Mayor de la Corte Suprema; los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito; Los Generales en Jefe de las fuerzas de la República; los Agentes ó Comisionados que celebren contratos sobre consecución de empréstitos en el extranjero; los Administradores principales de Hacienda nacional en los Departamentos; el Administrador general de Correos; el Tesorero general de la República; los Administradores de las Aduanas, de las Salinas y de las Casas de Moneda; los Contadores de la Oficina general de Cuentas de la República; el Gerente del Banco Nacional; los Intendentes generale de Guerra y Marina; los Tesoreros generales de Guerra; y finalmente, los Comisionados generales de Ejército. 

  

5º. De las causas que se sigan por delitos comunes cometidos en cualquiera época por individuos que al tiempo en que deba decidirse del mérito del sumario tuvieren alguno de los destinos especificados en el número anterior. 

  

6º. De los negocios contenciosos de los Agentes Diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República, en los casos previstos por el Derecho Internacional. 

  

7º. De las causas ó juicios relativos á la navegación marítima ó de ríos navegables que bañen el territorio de la República, y de las causas o negocios contenciosos sobre presas marítimas. 

  

8º. De las controversias que se susciten sobre contratos ó convenios que el Poder Ejecutivo nacional haya celebrado con los extinguidos Estados ó con los particulares, y de los que celebre con éstos ó con los Departamentos, cualesquiera que hayan sido las denominaciones anteriores de este país, y su forma de Gobierno, desde el establecimiento de la República, y siempre que el contrato ó convenio no establezcan ninguna prohibición determinada en el particular. 

  

9º. De las cuestiones que se susciten entre dos ó más Departamentos sobre competencia de facultades, propiedades ó cualesquiera otro asunto contencioso ó litigioso. 

  

10. De los juicios sobre nulidad de las sentencias dictadas en negocio de que la Corte conoce privativamente en una sola instancia. 

  

11. De los recursos de casación y de revisión. 

  


Art. 41. Si las leyes variaren las denominaciones de los empleados que se mencionan en el artículo anterior, conservando sin embargo sus atribuciones principales y esenciales, los nuevos empleados serán juzgados por la Corte en instancia única, como los anteriores. 

  


Art. 42. Las causas ó juicios mencionados en el número 7º. del artículo 40 son los en que se ventiles cuestiones sobre Derecho Público interno ó externo, relacionados con la navegación marítima ó fluvial, como los provenientes del hecho de establecer comercio entre puertos respecto de los cuales haya prohibición legal de comerciar; los referentes á la navegación de los ríos en que ésta se haya prohibido, ó sujeta á determinadas condiciones; los que versen sobre el uso de las riberas, ó sobre la constitución de servidumbres ó construcción de obras en las mismas, cuando unas ú otras impidan ó dificulten la libre navegación; los que se refieran á la pesca en el mar o ríos navegables; los juicios por los delitos de piratería y abordaje , ó violación de la neutralidad por buques de guerra ó mercantes; las cuestiones sobre presas y represas &°, &°. En consecuencia, los juicios provenientes de actos ó contratos reglados por el Código de Comercio no están comprendidos en esta atribución, aunque se relacione con la navegación marítima ó fluvial; ni tampoco las causas respecto de las cuales haya disposición especial. 

  


Art. 43. La Corte Suprema conoce en segunda instancia por consulta ó por cualquier recurso admisible, según la naturaleza del caso, de los negocios siguientes: 

  

1º. De las causas de responsabilidad y por delitos comunes que se sigan contra los empleados siguientes: los Oficiales Mayores de las Cámaras Legislativas; el Secretario, los Oficiales Mayores y el Fiscal del Consejo de Estado; los Jefes y los subjefes de las Secciones de los Ministerios del Despacho Ejecutivo; los Inspectores de navegación fluvial; el Oficial Mayor y Jefe de Sección del Despacho del Procurador general de la Nación; los Secretarios y los Oficiales mayores de los Tribunales Superiores de Distrito; los Jueces Superiores de Distrito y los Jueces de Circuito; los Prefectos de Provincia, los Fiscales de los Juzgados Superiores de Distrito y de los Juzgados de Circuito; los miembros de las Asambleas Departamentales; el Superintendente general de Correos; los Administradores principales del Ramo y los Agentes Postales; los Contadores de las Aduanas y Salinas; el Inspector del Ferrocarril de Panamá; los Directores de Instrucción pública en los Departamentos; el Secretario y el Oficial Mayor de la Oficina general de Cuentas; el Contador , el Cajero y el Jefe de la Contabilidad en la Tesorería general de la República; y finalmente, el Pagador Central. 

  

2º. De los negocios contenciosos en que figure como parte la Nación, con excepción de los que se expresan en el artículo 40, números 6º, 7º, y 8º. 

  

3º. De los juicios sobre expropiación. 

  

4º. De los juicios entre los Gobiernos de los Departamentos y los Particulares. 

  

5º. De los recursos de nulidad, apelación ó consulta respecto de la sentencia de que habla el Código Militar, en los artículos 1505 y siguientes de la misma Sección. 

  

6º. De las apelaciones contra los autos ejecutivos dictados por Recaudadores de Rentas públicas nacionales. 

  


Art. 44. Si cambiaren las denominaciones de los empleados á quese refiere el número 1º del artículo anterior, y conservaren sus funciones en lo principal y más sustancial, los nuevos empleados correrán la suerte de los anteriores en cuanto á las autoridades que deban juzgarlos. 

  


Art. 45. Si las funciones de alguno de los empleados de que habla el número 1º del artículo 43 se adscribieren á alguno de los empleados que se especifican en el número 4º del artículo 40, este empleado será juzgado exclusivamente por la Corte en una sola instancia. 

  


Art. 46. Para que la Corte conozca de las causas por delitos comunes contra los individuos que tuvieren los empleos especificados en el número 1º del artículo 43, es preciso que al tiempo en que deba decidirse del mérito del sumario, dichos individuos conserven aun los expresados destinos. Si están reducidos á la simple calidad de individuos particulares, conocerán de las causas los Jueces ordinarios, aunque los delitos hayan sido cometidos en la época en que aquéllos funcionaban como empleados. 

  


Art. 47. Fuera de las atribuciones especificadas en los artículos anteriores, la Corte Suprema tiene las siguientes: 

  

1°. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales. 

  

2°. Decidir, de conformidad con las leyes, sobre la validez ó nulidad de las ordenanzas departamentales que hubieren sido suspendidas por el Gobierno, ó denunciadas ante los Tribunales por los interesados como lesivas de derechos civiles. 

  

3°. Decidir las competencias que se susciten entre los Tribunales de dos ó más Distritos Judiciales; entre un Tribunal y un Juzgado de otro Distrito Judicial; entre dos Juzgados de distintos Distritos Judiciales; y finalmente, entre los Juzgados ó Tribunales militares y los Tribunales ó Juzgados civiles. 

  

4°. Decidir las recusaciones é impedimentos de los Magistrados de la Corte, de Conjueces y del Secretario. 

  

5°. Aprobar ó desaprobar las tasaciones de costas, cuando hubiere condenación en ellas, y moderar los honorarios de los litigantes ó sus abogados y las tasaciones de los peritos, cuando sean excesivos. 

  

6°. Oír y decidir las reclamaciones sobre condenación en costas, multas, arrestos, y apercibimiento, que imponga correccionalmente la misma Corte. 

  

7°. Castigar correccionalmente, previa averiguación sumaria, con multas hasta de cincuenta pesos, arresto hasta de seis días ó apercibimiento á los que desobedecieran sus órdenes ó le faltaren al respeto en el acto en que está desempeñando las funciones de su cargo. 

  

8°. Llamar al funcionario que deba reemplazar al encargado del Poder Ejecutivo en los casos previstos en la Constitución. 

  

9°. Dar posesión al Presidente de la República cuando el Congreso no estuviere reunido. 

  

10. Dar posesión al Vicepresidente de la República. 

  

11. Dar posesión al designado, á los Ministros del Despacho y á los Gobernadores, cuando conforme á la Constitución y en receso del Congreso, deban entrar á ejercer el Poder Ejecutivo. 

  

12. Dar los informes que las Cámaras Legislativas, el Presidente de la República por medio de los Ministros del Despacho, el Consejo de Estado y el Procurador le pidan respecto de los negocios en que conoce. 

  

13. Formar el reglamento para el régimen interior de la Corte y arreglo de la Secretaría. 

  

14. Formar la lista de los Conjueces de la Corte. 

  

15. Presentar al Presidente de la República ternas para las elecciones de Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial. 

  

16. Dar cuenta al Congreso y al Consejo de Estado de las dudas, vacíos, contradicciones é inconvenientes que vaya notando en la aplicación de las leyes. 

  

17. Decidir quiénes han perdido ó recuperado la calidad de colombianos, á virtud de lo dispuesto en el artículo 9º de la Constitución. 

  

18. Resolver las dudas que se le consulten por los Tribunales Superiores de Distrito, por los Jueces Superiores de Distrito judicial, por los Jueces de Circuito ó por los Magistrados de la misma Corte relativas á la inteligencia de las leyes de organización y procedimiento judicial, y á los vacíos que se noten en las mismas leyes. Estas decisiones se observarán como reglas de práctica forense por los Tribunales y Juzgados, hasta que se decida lo conveniente por el Cuerpo Legislativo. 

  

19. Oír y decidir las excusas que presenten los Conjueces para funcionar en un asunto determinado, ó sea para eximirse en general del cargo. 

  


Art. 48. La Corte desempeñará, además las funciones que se le atribuyan por leyes especiales. 

  

CAPÍTULO 3.°

Presidente de la Corte.


Art. 49. Son funciones del Presidente: 

  

1°. Presidir la Corte en sus audiencias, acuerdos y demás reuniones. 

  

2°. Servir de órgano de comunicación de la Corte con los altos empleados nacionales, con los Gobernadores de Departamento, Asambleas Departamentales, y con los demás empleados y particulares a quienes quiera dirigirse personalmente. 

  

3°. Hacer el repartimiento de los negocios que entren á la Corte. 

  

4°. Convocar á la Corte cuando tenga que ocuparse en algún asunto. 

  

5°. Mantener el orden en la Corte y dirigir su policía interior. 

  

6°. Castigar correccionalmente, previa información sumaria, con multas hasta de veinte pesos, arresto hasta de tres días y apercibimiento, á los subalternos y á los litigantes, por faltas contra el orden económico de la Corte. 

  

7°. Decidir verbalmente las diferencias que ocurran entre los subalternos y los litigantes en asuntos de poca gravedad, concernientes al despacho. 

  

8°. Cuidar de que se dé aviso al recaudador de las multas impuestas, á fin de que sean recaudadas. 

  

9°. Conceder licencias a los Magistrados hasta por cinco días en un mes, cuando no haya perjuicio en ello para la marcha de los asuntos. 

  

10. Cuidar del orden y arreglo del archivo y la conservación del mobiliario. 

  

11. Ordenar la expedición de copias y certificados referentes á negocios archivados, así como la devolución de documentos existentes en ellos, con las debidas precauciones para evitar cualquier inconveniente. 

  

12. Compeler á los Magistrados de la Corte, con multas sucesivas de veinte á cincuenta pesos, á que concurran á los acuerdos y demás reuniones de la Corte, y firmen las decisiones acordadas por la mayoría. 

  

13. Asistir diariamente á la Corte, no estando excusado ó enfermo; y en estos casos, dar cuenta al Vicepresidente ó á quien deba reemplazarlo. 

  

14. Hacer el sorteo de Conjueces. 

  

15. Visitar la Secretaría cuando lo estime conveniente, y dictar las medidas oportunas para que sean subsanados los defectos que notare. 

  


Art. 50. Por falta temporal del Presidente, ó por la no concurrencia al despacho, con excusa ó sin ella, hará sus veces y ejercerá sus funciones en Vicepresidente. A falta de ambos, la Corte ó Magistrados presentes dispondrán lo conveniente para elegir un Presidente provisional. 

  

CAPÍTULO 4.°

Conjueces de la Corte.


Art. 51. En los primeros quince días del mes de Enero de cada año formará la Corte, en acuerdo, una lista de veinte Conjueces, tomada de los ciudadanos vecinos de la Capital que tengan las capacidades necesarias para ser Magistrados de la misma Corte. 

  


Art. 52. No pueden ser Conjueces los empleados de los ramos Ejecutivo y Judicial de la República, ni los del Legislativo mientras gozaren de inmunidad. Tampoco pueden serlo los empleados del Ministerio Público. 

  


Art. 53. Los Conjueces sirven para reemplazar á los Magistrados que sean recusados ó estén impedidos en alguna causa ó negocio, y para dirimir, en caso de empate, las discordias entre los Magistrados. 

  


Art. 54. Los Conjueces tienen en las causas en que intervienes los mismos deberes que los Magistrados, y están sujetos á la misma responsabilidad que éstos. 

  


Art. 55. Cuando sea necesario un Conjuez sorteará el Presidente de la Corte de entre los veinte designados. El acto del sorteo será público, y se avisará con la debida anticipación á las partes interesadas. 

  


Art. 56. El Conjuez sorteado prestará ante el Presidente de la Corte el juramento de desempeñar bien y fielmente sus funciones, y de ellos se extenderá una diligencia en el respectivo expediente. 

  


Art. 57. La lista de los Conjueces se remitirá al Poder Ejecutivo y se publicará por la imprenta. 

  


Art. 58. El cargo de Conjuez es de forzosa aceptación, y en consecuencia, el individuo sorteado para desempeñarlo solo puede excusarse por una de las causales mencionadas en el artículo 9º. 

  

El Presidente de la Corte, en caso de resistencia de algún Conjuez a prestar el servicio de tál, lo compelerá con la multa de doscientos pesos, verificado lo cual, si no compareciese, procederá á nuevo sorteo de Conjuez. 

  


Art. 59. Cuando estuviere agotada la lista de Conjueces, la Corte, por mayoría de votos, nombrará en cada caso el Conjuez ó Conjueces que sean necesarios. 

  


Art. 60. Los Conjueces están impedidos y puedes ser recusados en los mismos casos que los Magistrados. 

  

TITULO IV

Tribunales Superiores de Distrito.

CAPÍTULO 1°.

Personal.


Art. 61. En cada Distrito Judicial habrá un Tribunal Superior, compuesto de Magistrados vitalicios, elegidos por el Poder Ejecutivo, á propuesta de la Corte Suprema. 

  


Art. 62. Para ser Magistrado de los Tribunales Superiores se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener treinta años de edad, y haber ejercido, durante tres años por lo menos, desempeñando funciones judiciales ó ejercido la abogacía con buen crédito, ó enseñando Derecho en un establecimiento público. 

  


Art. 63. Corresponde al Poder Ejecutivo declarar la vacante del empleo de Magistrado en cualquiera de los casos del artículo 5º y en los dos primeros del 6º, previa comprobación del hecho. 

  


Art. 64. Cada Tribunal residirá ordinariamente en la cabecera del respectivo Distrito Judicial. Por motivos graves, y de acuerdo con el Gobierno, podrá funcionar transitoriamente en otro lugar. En casos urgentes podrá verificarse la trasladación de acuerdo con el Gobernador de Departamento respectivo, quien deberá dar cuenta de lo ocurrido al Gobierno para que resuelva lo conveniente. 

  


Art. 65. El personal de cada uno de los Tribunales de Distrito será determinado en la ley de división judicial de que hable el artículo 11. 

  


Art. 66. Cada Tribunal tendrá tantos suplentes como principales tenga, nombrados libremente y en orden numérico por el Presidente de la Republica. Los suplentes serán nombrados por un periodo de dos años contados desde el día 1º de Febrero siguiente al nombramiento. Si por cualquiera circunstancia dejare de hacerse éste, continuarán interinamente los existentes mientras se hace nuevo nombramiento; pero la demora en hacerlo no alterará el período de los que últimamente se nombren, el cual se contará desde el día en que haya debido principiar. 

  


Art. 67. Los suplentes de los Magistrados reemplazan á los principales en sus faltas temporales, y en las absolutas mientras se llena la vacante y toma posesión el individuo nombrado. 

  


Art. 68. El destino de Suplente de los Magistrados de los Tribunales Superiores no se pierde por aceptar otro cualquiera, aunque se esté reemplazando á un Magistrado principal; pero no se pueden ejercer simultáneamente ambos destinos. 

  


Art. 69. Cuando el Suplente que debe ser llamado no estuviere en la cabecera del Distrito Judicial se le llamará sin embargo, é ínterin se presenta y toma posesión, se llamará al Suplente que se halle en dicha cabecera ó en el lugar más próximo á ella, sin atender al orden numérico, el cual no obstante, se observará respecto, de los suplentes que se hallen en iguales condiciones de proximidad. 

  


Art. 70. El Gobernador irá llamando a los suplentes por el orden de su numeración, á virtud de la excusa de los primeramente llamados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo que precede, cuyo objeto es llenar cuanto antes la vacante que exista. Si los suplentes que se hallen en la cabecera se excusaren, el Gobernador nombrará inmediatamente un suplente interino, nombramiento que también hará cuando los suplentes á que debe llamar se hallaren fuera de dicha cabecera. 

  

Del nombramiento del suplente interino el Gobernador dará inmediatamente cuenta al Gobierno, y dicho suplente ejercerá las funciones de tál mientras no se presente un suplente primitivo, ú otro igualmente interino nombrado por el Gobierno. 

  


Art. 71. Cada Tribunal tendrá un Secretario, un Oficial Mayor, tantos escribientes como Magistrados y uno más, y un portero escribiente, todos de libre nombramiento y remoción del mismo Tribunal. 

  

Cuando el Tribunal se divida en dos salas, el Oficial Mayor ejercerá las funciones de Secretario de la Sala de lo criminal. 

  

Esta disposición no comprende al Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el cual cada Sala tendrá un Secretario, un Oficial Mayor, tantos escribientes como Magistrados, dos oficiales de Secretaría en la Sala de lo civil y uno en la de lo criminal, y un portero escribiente para cada Sala. Cuando este Tribunal se reúna en pleno, será Secretario el de la Sala de lo civil. 

  


Art. 72. Cada Tribunal, de acuerdo con el Gobernador del Departamento, y previa la autorización del Gobierno, puede disponer que se divida el mismo Tribunal en dos Salas, una para lo civil y otra para lo criminal, siempre que el número total de Magistrados no sea menor de cinco. Obtenida la aprobación del Gobierno, el Tribunal reglará la constitución de las Salas, cada una de las cuales se considerará como Tribunal en los asuntos de su incumbencia. 

  

Un procedimiento análogo se observará para reorganizar las Salas, y para reducir á una Sala las dos en que se halle dividido un Tribunal. 

  

Los Tribunales que á la expedición de este Código, estuvieren divididos en dos Salas, continuaran de la misma manera, sin perjuicio de los que dispone el inciso que precede. 

  

CAPÍTULO 2.º

Atribuciones.


Artículo 73. Reformado y Aclarado (Según Artículo 69 de la Ley 169 de 1893). 

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Art. 74. Los Tribunales Superiores de Distrito conocerán en segunda instancia de los negocios siguientes: 

  

1º. De todos aquellos de que conocen en primera instancia los Jueces Superiores de Distrito y los Jueces de Circuito, y el los cuales haya lugar á recurso de apelación, ó de hecho, ó á consulta. 

  

2º. De las decisiones dictadas por los Jueces de Circuito en asuntos de jurisdicción voluntaria. 

  

3º. De las apelaciones que se interpongan contra los autos ejecutivos dictados por Recaudadores investidos de jurisdicción coactiva, cuando se trate de rentas departamentales. 

  

4º. De las sentencias dictadas por árbitros de derecho. 

  


Art. 75. Los Tribunales de Distrito tienen en Sala de acuerdo a las atribuciones siguientes: 

  

1º. Conocer de la solicitud sobre suspensión de las ordenanzas de las Asambleas Departamentales, que hayan sido denunciadas por los particulares como lesivas de derechos civiles, en los casos en que se trate de evitar un grave perjuicio. La resolución del Tribunal, sea que suspenda ó no la ordenanza denunciada, se pasará á la Corte Suprema en consulta. 

  

2º. Decidir definitivamente, por apelación ó consulta, sobre la validez ó nulidad de los actos que expidan los Consejos Municipales, cuando sean contrarios á la constitución ó leyes de la Nación, ó á las respectivas Ordenanzas Departamentales. 

  

3°. Dirimir las competencias de jurisdicción que no sean del resorte de los Jueces ni de la Corte Suprema. 

  

4°. Decidir sobre las recusaciones que se promuevan respecto de los Magistrados de los mismos Tribunales, de los Conjueces y del Secretario, y sobre los impedimentos que manifiesten los mismos funcionarios. 

  

5°. Aprobar ó desaprobar las tasaciones de costas, cuando hubiere condenación en ellas, y modelar los honorarios de los litigantes ó sus abogados y las tasaciones de los peritos, cuando sean excesivos. 

  

6°. Oír y decidir las reclamaciones sobre condenación en costas , sobre multas, arrestos y apercibimiento que impongan correccionalmente los mismos Tribunales. 

  

7º. Castigar con penas correccionales, de multa que no pase de cincuenta pesos ó arresto hasta de seis días, á los que les desobedezcan ó falten al debido respeto. 

  

8°. Nombrar los Conjueces del Tribunal. 

  

9°. Nombrar los Jueces Superiores de Distrito y los de Circuito del respectivo Distrito Judicial, y sus suplentes. 

  

10. Declarar la vacante de los Juzgados Superiores y de Circuito, en cualquiera de los casos del artículo 5º y el los dos primeros números del artículo 6º. 

  

11. Oír y decidir las excusas que presenten los empleados judiciales nombrados por el Tribunal, tratándose de empleos que sean de forzosa aceptación. 

  

12. Dar todos los informes que las Cámaras Legislativas , el Presidente de la República por medio de los Ministros de Despacho, el Consejo de Estado, el Procurador y el Gobernador les pidan respecto de los negocios de que conocen. 

  

13. Dar cuenta al Congreso y al Consejo de Estado de las dudas, vacíos, contradicciones é inconveniencias que haya notado en la aplicación de las leyes. 

  

14. Oír y decidir las renuncias del Secretario y demás subalternos del despacho. 

  

15. Formar los reglamentos necesarios para el régimen del mismo Tribunal, y examinar el que forme el Secretario. En ellos se reglarán los detalles del despacho diario, sobre las bases consignadas en este Código, de la mejor manera posible para la buena marcha de los asuntos que cursan en la Oficina , á fin de que ninguno de ellos sufra demora que pueda excusarse. 

  


Art. 76. Los Tribunales desempeñarán, además, las funciones que se les atribuyan por leyes especiales. 

  


Art. 77. Cuando un Tribunal se divida en dos Salas, una para lo civil y otra para lo criminal, dispondrá la manera como se han de ejercer las atribuciones de que habla el artículo anterior. Si quedaren vacíos ó dudas , se reunirán las dos Salas en acuerdo común, á fin de disponer la manera como debe procederse en los casos imprevistos y fijar reglas generales para lo futuro, en las cuales se respetarán siempre las disposiciones de este Código. 

  


Art. 78. Cuando ocurra un negocio cuyo conocimiento este atribuído a un Tribunal Superior de Distrito Judicial, y hubiere duda acerca del Tribunal que debe conocer, se observarán estas reglas: 

  

1°. Si se trata de causa criminal relativa á empleados nacionales, será competente el Tribunal de Distrito Judicial donde se cometió el delito. 

  

2°. Si se trata de negocio civil que afecte á un Departamento, será competente el Tribunal que resida en la capital del mismo. Este Tribunal es también el competente para conocer de la solicitud sobre suspensión de una Ordenanza Departamental. 

  

CAPITULO 3.º

Modo de ejercer los Tribunales sus atribuciones.


Art. 79. Los negocios en que deben conocer los Tribunales se repartirán por el Presidente entre los Magistrados, debiendo verificarse el repartimiento de la manera que aquí se indica, y cuando menos dos veces por semana. 

  

Los negocios ya repartidos cuando éntre en vigencia este Código, no serán repartidos de nuevo. 

  


Art. 80. El turno entre los Magistrados lo determinará el orden alfabético de las letras iniciales de los nombres apelativos de los Magistrados en propiedad, el cual no se alterará sino á virtud de la variación en el personal de los mismos. 

  


Art. 81. Para proceder al repartimiento se formarán grupos compuestos de los expedientes relativos á los negocios que se van á mencionar: 

  

1°. Los negocios civiles por apelación ó recurso de hecho, ya contra sentencias pronunciadas en juicio sumario, que no ha tomado el carácter de ordinario; ya contra autos interlocutorios ó de sustanciación. 

  

2°. Los negocios criminales por apelación ó recurso de hecho contra autos interlocutorios ó de sustanciación. 

  

3º. Los negocios en que debe conocer el Tribunal en primera instancia, mencionados en el artículo 73. 

  

4º. Los negocios civiles remitidos por apelación, ó consulta, ó registro de hecho contra sentencia definitiva , pronunciada en juicio ordinario, ó en juicio de concurso de acreedores; ó contra la sentencia en que se declaren probadas ó nó las excepciones propuestas en juicio ejecutivo. 

  

5º. Los negocios criminales por apelación, ó consulta, ó recurso de hecho contra sentencia definitiva ó asimilada á ésta. 

  

6º. Los negocios en que debe conocer el Tribunal en Sala de acuerdo, cuando sea previsto sustanciarlos ó preparar proyecto de resolución. 

  

Los negocios en que á virtud de disposición especial debe conocer el Tribunal individualmente, ó en Sala plural, ó en acuerdo, se agregarán al grupo más análogo de los seis que quedan establecidos. 

  


Art. 82. Formados los grupos, se tomará cada uno separadamente, y se numerarán los expedientes que lo componen; se insacularán luégo bolas numeradas, de manera que los números de éstas correspondan con los de los expedientes. Las bolas se sacarán á la suerte, y el número de cada bola extraída designará al expediente que tenga número igual. El primer expediente así designado, se adjudicará al Magistrado por quien ha de principiar ó seguir el turno. El segundo expediente se designará por el mismo procedimiento, y se adjudicará al Magistrado que siga en turno. Cosa igual se hará con los demás expedientes del mismo grupo, y así con los demás grupos. 

  

Si el Tribunal estuviere dividido en dos Salas, el repartimiento se verificará con la separación debida. 

  

Del sorteo relativo á cada grupo se asentará, en libro separado, una diligencia detallada; se sacará al margen el nombre apelativo del Magistrado á quien corresponda cada negocio, y firmarán la diligencia el Presidente y el Secretario. 

  

El Presidente designará por medio de un auto, que dictará en cada expediente, el Magistrado á quien éste haya tocado en repartimiento. Cuando entre los negocios que deben repartirse figure alguna que en otra ocasión se hubiere repartido, se adjudicará al mismo Magistrado que antes hubiere conocido, lo cual se hará todas las veces que el Tribunal se ocupe del negocio, individual ó colectivamente. Al efecto, el expediente de que se habla no se numerará, y cuando en el turno que se observa en el repartimiento se llegue al mencionado Magistrado, se adjudicará á éste el expresado negocio. 

  


LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Art. 84. En los negocios que constituyen el grupo 6º, que son los de que conoce el Tribunal en Sala de Acuerdo, el Magistrado á quien se adjudique uno, debe sustanciarlo si fuere preciso, y redactar proyecto de resolución; pero la resolución final debe dictarla la totalidad de los Magistrados del Tribunal, ó de la respectiva Sala. El tribunal conoce en pleno cuando se trata de alguno de los negocios señalados con los números 1º, 2º, 8º, 9º, 10, 11,14 y 15 del artículo 73; y conoce la respectiva Sala, en acuerdo, en los asuntos de su incumbencia. 

  


Art. 85. En toda decisión, ya conozca el Tribunal en pleno, ó en Sala de Acuerdo, ó en Sala Plural, se necesita mayoría absoluta para la parte resolutiva, y mayoría relativa para la parte motiva. 

  

Constituye mayoría absoluta el número de votos acordes superior á la mitad del total de votos emitidos. 

  


Art. 86. Cuando la Sala de decisión de dos Magistrados únicamente, y hubiere empate, se llamará para que lo decida á uno de los Magistrados de la otra Sala, igualmente designado por la suerte. 

  

Cuando la Sala de decisión conste de tres Magistrados y hubiere discordancia entre ellos, se llamará para que la dirima al otro Magistrado de la Sala Principal, y á falta de dicho Magistrado se llamará á uno de la otra Sala, igualmente designado por la suerte. 

  

En todos los casos en que no hubiere Magistrados a quien llamar, se sortearán Conjueces. 

  


Art. 87. Lo dispuesto en los artículos 17, 25 y 49 á 60 se aplicará por analogía á los Tribunales Superiores. 

  


Art. 88. Los autos de sustanciación que profiera el Magistrado Sustanciador y que causen gravamen irreparable por la sentencia definitiva; y los autos interlocutorios que dicte el mismo Sustanciador, con motivo de cualquier incidente que ocurra en segunda instancia, son apelables para ante el Magistrado ó Magistrados que concurren á formar la Sala de Decisión. 

  


Art. 89. Las Audiencias en los asuntos que corresponden á una Sala de Decisión tendrán lugar ante todos los Magistrados de la misma Sala, y las presidirá el Sustanciador. 

  

TITULO V.

Jueces Superiores de Distrito Judicial.

CAPÍTULO 1.º

Personal.


Art. 90. En cada Distrito Judicial habrá los Jueces superiores de Distrito que determine la ley de división judicial, quienes residirán en la ciudad cabecera del respectivo Distrito. 

  

Cada Juzgado tendrá un Secretario, un escribiente y un portero-alguacil, de libre nombramiento y remoción del Juez, y los agentes de policía que fueren necesarios. 

  


Art. 91. Para ser Juez se requiere ser ciudadano en ejercicio, estar versado en la ciencia del Derecho, y gozar de buena reputación. 

  


Art. 92. Los Jueces Superiores de Distrito serán nombrados por el Tribunal que resida en la cabecera del mismo Distrito. 

  


Art. 93. Cada Juez tendrá dos suplentes nombrados de la misma manera que los principales. 

  


Art. 94. El periodo de duración de los Jueces Superiores es de cuatro años contados desde el 

  

1º de Enero siguiente a su elección. El de los suplentes es de solo dos años contados de la propia manera. 

  

El nombramiento de los Jueces Principales y suplentes se hará antes que termine el periodo que esté en curso; si por cualquiera circunstancia no se hiciere en oportunidad, continuarán con el carácter de interinos de los mismos Jueces, Principales y suplentes, mientras se hacen los nombramientos y se posesionan los nombrados; pero no se alterará el periodo de los que últimamente se nombren, el cual se contara desde el día en que haya decidido principiar. 

  


Art. 95. Los suplentes reemplazarán á los principales en las faltas accidentales, en las temporales y en las absolutas; en éstas el reemplazo dura mientras se hace la elección y se posesiona el individuo nombrado. 

  

Cuando hayan dos o más jueces se reemplazan entre sí los principales en las faltas accidentales, y no entran los suplentes sino cuando estén agotados los principales. 

  


Art. 96. Cuando haya dos ó más Jueces Superiores en un Distrito Judicial se repartirán los negocios por turno, durante una misma semana en cada Juzgado. 

  

Los Jueces interesados acordarán entre sí las reglas del repartimiento, para que la distribución del trabajo sea equitativa, y si hubiere discordancia entre ellos, la dirimirá el Tribuna respectivo. 

  


Art. 97. Cuando faltaren el principal y los suplentes, el Tribunal nombrará un suplente interino, que funcionará mientras pueda hacerlo uno de aquéllos. 

  

De la propia manera se procederá cuando el principal y los suplentes estén impedidos ó sean recusados para conocer en un asunto determinado, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 95. 

  

CAPÍTULO 2.º

Funciones de los Jueces Superiores de Distrito.


Artículo 98.Reformado por Ley 46 de 1903. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Art. 99. Cuando en un mismo sumario se investiguen á la vez alguno ó algunos de los delitos expresados en el artículo anterior, y otro ú otros, conocerá de todos ellos á la vez, el respectivo Juez Superior de Distrito. 

  


Art. 100. Los Jueces Superiores de Distrito tienen además estas funciones: 

  

1°. Instruir los sumarios para la averiguación de los delitos; pero pueden limitarse á dar orden a cualquiera empleado municipal para que los instruya. 

  

2°. Firmar oficios que se dirijan á los otros Jueces Superiores ó de Circuito, á los prefectos de provincia, á las autoridades de categoría superior, y á las demás autoridades y particulares á quienes quieran dirigirse directamente. 

  

3°. Reglamentar los trabajos de la Oficina de la manera mejor acordada al buen servicio público. 

  

4°. Conceder licencia al Secretario y Escribiente para separarse del ejercicio de sus funciones, cuidando que no sufra en manera alguna el despacho de los negocios de la Oficina. 

  

5°. Castigar con penas correccionales, que no excedan de multa de diez pesos ó arresto por dos días, á los que les desobedezcan ó falten al debido respeto. 

  

TITULO VI.

Juzgados de Circuito.

CAPÍTULO 1º.

Personal.


Art. 101. En cada Circuito habrá los Jueces de Circuito que determine la ley sobre división judicial, los cuales residirán en la cabecera del mismo Circuito y tendrán un Secretario, un escribiente y un portero-alguacil, de libre nombramiento y remoción del Juez. 

  

En el Circuito de Bogotá habrá, en vez de uno, dos escribientes en cada Juzgado. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Art. 102. Para ser Juez de Circuito se necesita ser ciudadano en ejercicio, estar versado en la ciencia del Derecho y gozar de buena reputación. 

  


Art. 103. Cada Juez de Circuito tendrá dos suplentes. 

  


Art. 104. El nombramiento de Jueces de Circuito, tanto principales como suplentes, corresponde á los respectivos Tribunales Superiores de Distrito. 

  


Art. 105. Los suplentes reemplazarán a los Principales en los casos de faltas temporales y accidentales, y en las absolutas mientras se llena la vacante y toma posesión el individuo nombrado. 

  


Art. 106. Cuando haya dos ó más Jueces en un Circuito, se suplirán entre sí las faltas accidentales, y no entrarán los suplentes sino por impedimento o recusación de todos los principales. 

  


Artículo 107. Derogado. 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Art. 108. Si agotados los suplentes no hubiere quien conozca de algún asunto, el Tribunal nombrará un suplente especial. 

  


Art. 109. Si faltaren temporalmente el principal y los suplentes respectivos, el tribunal nombrará un suplente interino, que se encargará del despacho mientras puede hacerlo alguno de aquéllos. 

  


Art. 110. Es aplicable á los Jueces de Distrito lo dispuesto en el artículo 96, respecto de los Jueces Superiores de Distrito, sobre repartimiento de negocios. 

  


Art. 111. Los Tribunales de Distrito, de acuerdo con el Gobernador del Departamento, pueden separar el Despacho de lo Civil del de lo Criminal, en los Circuitos cuyos Jueces residan en la ciudad cabecera de cada Distrito Judicial, y determinar cuántos y cuáles se encargan de cada una de esas clases de negocios. 

  

En los demás Circuitos Judiciales no podrá tener lugar la separación indicada. 

  


Art. 112. El periodo de duración de los Jueces de Circuito será de cuatro años contados desde el 1º de Enero siguiente a su elección. El periodo de los suplentes será de dos años contados de la misma manera. 

  

Es aplicable á los Jueces de Circuito y sus suplentes lo que se dispone en el inciso 2º del artículo 94. 

  

CAPÍTULO 2.º

Atribuciones de los Jueces de Circuito.


Art. 113. Los Jueces de Circuito conocen en primera instancia de los asuntos siguientes: 

  

1º. Los negocios contenciosos en que sea parte un Distrito municipal. 

  

2º. Las solicitudes sobre nulidad de los actos de los Consejos Municipales. 

  

3º. Los concursos de acreedores. 

  

4º. Los juicios sobre cuentas. 

  

5º. Los Juicios sobre bienes vacantes y mostrencos. 

  

6º. Los Juicios sobre divorcio y nulidad de matrimonios, entre individuos no católicos. 

  

7º. Los Juicios sobre alimentos. 

  

8º. Los Juicios sobre capellanías laicales. 

  

9º. Los Juicios sobre minas. 

  

10. Los juicios sobre emancipación de hijos. 

  

11. Los juicios sobre habilitación de edad. 

  

12. Los juicios sobre Interdicción Judicial. 

  

13. Los juicios sobre intervención Judicial en la Administración de los Guardadores. 

  

14. Los asuntos judiciales contenciosos que no hayan sido atribuidos por la ley a otra entidad. 

  

15. Los juicios ordinarios, ejecutivos, de sucesión por causa de muerte, de división de bienes comunes, deslinde y amojonamiento, posesorios, de denuncia de obra nueva o de obra vieja, y de los que versen sobre nombramiento y remoción de guardadores, en los casos en que todos estos juicios sean de mayor cuantía. Se exceptúan los atribuidos a la Corte Suprema y Tribunales de Distrito. 

  

16. Las causas de responsabilidad que se sigan contra cualquiera clase de empleados, salvo aquellos a quienes deben juzgar en una sola, o en primera instancia el Senado, la Corte Suprema y los Tribunales de Distrito. 

  

17. Los asuntos judiciales de jurisdicción voluntaria, que no hayan sido atribuidos a otra autoridad por la ley. 

  

18. Las causas por delitos comunes, que no están expresamente atribuidas a otra autoridad. 

  

19. Los juicios sobre Nulidad sobre sentencias que se dicten en los negocios de que conocen en primera instancia los jueces Municipales y los de Circuito. 

  


Art. 114. Los jueces de circuito conocen en segunda instancia de los negocios en que hayan conocido en primera instancia los jueces municipales, y en los cuales haya lugar a recurso de apelación, o de hecho, o a consulta. 

  


Art. 115. Son funciones de los Jueces de Circuito, fuera de las detalladas en los dos artículos anteriores, las siguientes: 

  

1º Practicar a prevención con los jueces municipales las diligencias en que no haya oposición de parte, siempre que no estén atribuidas por la ley a otra autoridad. 

  

2º Dirimir las competencias que se susciten entre los jueces municipales de su Circuito. 

  

3º Dar y pedir los informes necesarios para la buena administración de Justicia. 

  

4º Conceder licencia al Secretario y a los subalternos, procurando que no sufra retardo alguno el despacho de los negocios pendientes en la Oficina. 

  

5º Formar el reglamento del Juzgado y examinar el que forme el Secretario para la oficina de su cargo. 

  

6º Castigar correccionalmente, con multas que no excedan de diez pesos o arresto que no exceda de dos días, a los que les desobedezcan o falten al debido respeto. 

  

TITULO VII

Juzgados Municipales

Capitulo 1º

Personal.


Art. 116. En cada Distrito Municipal habrá los Jueces Municipales que determinen el consejo Municipal. A este término corresponde hacer el nombramiento de tales Jueces, y separar, cuando lo estime conveniente, y de acuerdo con el Gobernador respectivo, el despacho de lo civil del de lo criminal. 

  

Cada Juzgado tendrá un Secretario y el Personal que fije el Consejo, empleados que serán de libre nombramiento y remoción de Juez. 

  


Art. 117. Para ser Juez Municipal se necesita ser ciudadano en Ejercicio de sus derechos y gozar de buena reputación. 

  


Art. 118. Cada Juez Municipal tendrá dos suplentes. 

  

El periodo de duración de los jueces municipales y sus suplentes será de un año contando desde el 1º de Enero siguiente a su elección. 

  


Art. 119. Las disposiciones de los artículos 105, 106, 107 y 108, relativas a los Juzgados de Circuito, se hacen extensivas a los Juzgados Municipales. 

  


Art. 120. Si faltaren temporalmente el Juez Municipal y sus suplentes, el Consejo municipal nombrará un suplente provisional que se encargará del destino mientras pueda volver a él alguno de aquellos. 

  


Art. 121. Cuando haya dos o más Jueces Municipales encargados de unos mismos negocios, los repartirán por turno. 

  

El repartimiento se hará durante una misma semana en cada Juzgado. Los Jueces acordarán reglas de repartimiento y las discordancias las dirimirá el Juez 1º del Respectivo Circuito. 

  

CAPITULO 2º

Funciones.


Art. 122. Son atribuciones de los Jueces Municipales: 

  

1° Conocer de todos los asuntos contenciosos de menor cuantía, entre particulares, cuando la acción principal no exceda de veinte pesos. Contra las decisiones que en estos asuntos se pronuncien, no queda sino el recurso de queja. 

  

2° Conocer en primera instancia de los Juicios Ordinarios, ejecutivos, de sucesión por causa de muerte, de división de bienes comunes, de deslinde y amojonamiento, posesorios, de denuncio de obra nueva y obra vieja, y de los que versen sobre nombramiento y remoción de guardadores, en los casos en que estos juicios sean de menor cuantía, sin ser de veinte pesos o menos. Se exceptúan los atribuidos a otra autoridad por la ley. 

  

3° Practicar a prevención con los Jueces de Circuito las diligencias en que no haya oposición de parte y que no estén atribuidas a otra autoridad. 

  

4° Conocer en primera o en única instancia según los casos, de las causas criminales que se sigan por extracción o apertura indebida por la correspondencia por particulares; por heridas, golpes o malos tratamientos de obra, cuando la incapacidad no exceda de ocho días, por daños en propiedades ajenas, exceptuando los que provengan de incendio, y los que se castiguen con pena corporal; por despojo violento, o perturbación de posesión, salvo los casos que tenga señaladas pena corporal; o por uso de las propiedades ajenas sin el consentimiento del dueño. 

  

5° Castigar correccionalmente con multas que no excedan de cinco pesos o arresto que no pasen de veinticuatro horas, a los que les desobedezcan o falten al debido respeto. 

  

TITULO VIII

Secretarios y subalternos


Art. 123. Son deberes de los secretarios: 

  

1° Dar cuenta diariamente al respectivo Superior, de los juicios que se hallen en estado de verse, Ó de que en ellos se dicte alguna resolución. 

  

2° Autorizar todas las sentencias y autos, las declaraciones que se rindan, los despachos, exhortos, diligencias, ejecutorias, testimonios y notificaciones, todo con firma entera, menos las notificaciones y los autos interlocutorios y de sustanciación, que puedan autorizarse con media firma; y registrar los despachos y provisiones que se libren. 

  

3° Dar los testimonios y certificaciones que se soliciten cuando lo prescriba la ley, ó lo prevenga el respectivo juez ó Magistrado. 

  

4° Hacer las notificaciones y citaciones como lo prevenga la ley. 

  

5° Dar á los Agentes del Ministerio Público las noticias, informes, datos ó copias, que exijan, previa orden del respectivo Juez ó Magistrado. 

  

6° Exhibir, á quien lo solicite, los expedientes y documentos que se hallen en el archivo, ó cursen en la Secretaria; pero no permitirán que tales expedientes ó documentos se saquen de la Secretaría sino por orden escrita del respectivo Jefe de la Oficina. 

  

7° Exigir, en un libro especial, recibo de los documentos, papeles y expedientes que entreguen, teniendo cuidado de anotar en el mismo recibo la fecha de devolución. 

  

8° Custodiar el archivo y mantenerlo en perfecto orden, 

  

9° Informar á los litigantes y demás personas interesadas en los negocios que cursan en la Oficina, sobre el estado de dichos negocios y el giro que deben seguir. 

  

10. Formar inventario, que autorizará el Jefe de la Oficina, de los libros, procesos, papeles y útiles que pertenezcan á la misma; cuidar de su conservación, siendo responsable de cualquiera falta que ocurra, y hacer entrega de todo, bajo inventario, á las personas que deban sucederles. 

  

11. Servir de órgano de comunicación con los particulares y con los funcionarios públicos que no sean aquellos con quienes debe comunicarse el Jefe mismo de la Oficina. 

  

12. Llevar debidamente foliados y empastados los libros que sean necesarios, según las prescripciones de este Código y los Reglamentos de la Oficina. 

  

13. Asistir á la Oficina á las horas de despacho público y diario, y en las demás que fuere necesario para el oportuno y fácil cumplimiento y obligaciones. 

  

14. Presentar el Jefe de la Oficina, el primer día de cada mes, una lista de los negocios en curso, con indicación de su estado, de las demoras que han sufrido y el motivo de ellas, cuando sea conocido. La lista comprenderá los negocios que estén en poder de los Agentes del Ministerio Público. Con excepción de las listas relativas a los Juzgados Municipales, las demás se publicaran en los respectivos periódicos oficiales. 

  

15. Asistir á las audiencias, hacer en ellas relación de los negocios y tomar nota por escrito de los incidentes que ocurran cuando esto ordene quien preside la audiencia. 

  

16. Formar el reglamento económico de la Secretaria cuando lo estime conveniente, y someterlo á la aprobación del Jefe de la Oficina. 

  

17. Rechazar los escritos irrespetuosos á las autoridades ó á los particulares, consultando previamente para evitar abusos y dificultades, al Juez ó Magistrado respectivo. 

  

18. Los demás que les interpongan los respectivos reglamentos. 

  


Art. 124 Los Oficiales Mayores reemplazarán á los respectivos Secretarios en sus faltas accidentales y en las temporales, y en las absolutas mientras se hace el nombramiento y se posesiona el individuo á quien se nombra. Dichos Oficiales pueden reemplazar también al Secretario en las audiencias. 

  


Art. 125. Las faltas accidentales de los Secretarios se llenarán por Secretarios especiales nombrados por el Juez respectivo. 

  


Art. 126. Los Oficiales Mayores, escribientes y porteros servirán bajo las órdenes é inmediata inspección del Secretario respectivo, y cumplirán los deberes que les impongan los Reglamentos. 

  


Art. 127. Por medio del portero se harán los llamamientos y las citaciones y se cumplirán los apremios que se impongan, sin perjuicio de incurrir á la Fuerza Pública en caso necesario. 

  


Art. 128. La Corte Suprema, los Tribunales y los Juzgados pueden conceder licencias á los Secretarios y subalternos respectivos hasta por noventa días en un año. En caso de Enfermedad la licencia podrá extenderse al tiempo necesario. 

  


Art. 129. El periodo del Secretario de la Corte Suprema será de cuatro años contados desde el primero de Septiembre de 1886. El período de los Secretarios de los Tribunales Superiores será también de cuatro años, que se contarán desde el primero de Febrero de 1887. El período de los Secretarios de los Juzgados será el mismo asignado al Juez. 

  

TITULO IX.

Jueces Comisionados.


Artículo 130. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Art. 131. El Funcionario á quien se comisione debe tener jurisdicción en el lugar en que se han de practicar las diligencias que se deleguen; si careciere de ella, dirigirá al despacho ó exhorto, al funcionario que sea competente para practicar la comisión, quien procederá inmediatamente á cumplirla, debiendo dar cuenta de lo ocurrido al Juez comitente la autoridad á quien primeramente se comisionó. 

  

Sin embargo si la diligencia fuere de inspección ocular, amojonamiento, deslinde, partición, embargo y deposito, ú otra relativa á una finca que estuviere situada en territorio de distintas jurisdicciones, podrá comisionarse á cualquiera de los Jueces ó funcionarios de dichos territorios, quienes pueden ejercer jurisdicción fuera del territorio que les corresponde, pero únicamente en cuanto sea necesario para el puntual cumplimiento de la comisión. 

  


Art. 132. Las autoridades á quienes un Juez competente confiera una comisión, se sujetarán a su tenor literal; pero tienen facultad para emplear todos los medios y apremios legales que sean necesarios para el cumplimiento de la comisión. 

  

Todo acto distinto constituye usurpación y es nulo. En consecuencia, los Jueces comisionados no admitirán recurso alguno que entorpezca la ejecución de las sentencias o resoluciones cuyo cumplimiento se les haya encargado. 

  


Art. 133. Los comisionados son responsables por negligencia, omisión ó mal desempeño de su cargo. 

  


Art. 134. Cuando un Juez comisionado se halle impedido por ocurrir en él alguno de los impedimentos mencionados en el artículo 749 del Código Judicial, pasará la comisión á quien deba reemplazarlo, sin que sea necesario para que éste la cumpla, que se declare previamente separado al Juez que se haya manifestado impedido; pero si el impedimento manifestado no fuere cierto, el Juez será responsable en los términos fijados en la ley penal. 

  


Art. 135. Los Jueces comisionados son recusables por causa legal; pero no suspenderán el cumplimiento de la comisión mientras la recusación no se declare probada, lo cual es sin perjuicio de lo que dispone el artículo anterior. 

  


Art. 136. Lo dispuesto en los dos artículos que preceden es aplicable al Secretario del Juez comisionado. Dicho Juez nombrará, cuando el Secretario deba separarse, uno ad hoc que reemplace al propietario. 

  


Art. 137. Toda comisión deberá despacharse dentro del término que la ley señale; y cuando no estuviere fijado por la ley, el Juez comitente lo fijará, atendida la instancia y la naturaleza del asunto. Si el comitente no recibiere en oportunidad las diligencias cuya práctica comisionó, impondrá al comisionado, si fuere subalterno suyo, multas sucesivas hasta de veinticinco pesos cada una; si no fuere subalterno, dará aviso al Superior respectivo para que este imponga las multas, las cuales no se impondrán en ningún caso sino previo informe del Juez comisionado, siempre que éste lo rinda dentro del término que se le fije. Lo dispuesto es sin perjuicio de que el Superior proceda á exigir ó promueva lo conveniente para que se exija la responsabilidad á que hubiere lugar. 

  


Art. 138. Cuando la diligencia se haya de practicar en país extranjero, se dirigirá el exhorto respectivo al Ministro de Relaciones Exteriores de la República para que dicho Ministro tenga conocimiento de los términos de aquel, y lo dirija á su destino, con observancia de lo que prescriben los Tratados respectivos, las leyes y los principios del Derecho Internacional. 

  

TITULO X

Jurisdicción y competencia.


Art. 139. Jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la cual corresponde únicamente al Poder Judicial. La jurisdicción se divide en ordinaria y especial, en privativo y preventiva, en prorrogable é improrrogable, y en contenciosa y voluntaria. 

  


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Art. 140. Es jurisdicción ordinaria la que versa sobre las personas y las cosas del fuero común. 

  


Art. 141. Es jurisdicción especial la que solo se ejerce sobre determinados asuntos como la militar. 

  


Art. 142. Jurisdicción privativa es la que se ejerce por un Tribunal ó Juzgado con absoluta exclusión de otro. 

  


Art. 143. Jurisdicción preventiva es la que compete á dos ó más Tribunales ó Juzgados; pero de modo que el primero que aprehende el conocimiento del asunto, previene é impide á los demás conocer del mismo. 

  


Art. 144. Jurisdicción prorrogable es la que puede extenderse á negocios que comúnmente no le corresponden. 

  


Art. 145. Jurisdicción improrrogable es la que no puede salir de la esfera que le traza la ley. 

  


Art. 146. Jurisdicción contenciosa es la que se ejerce en asuntos en que haya contradicción ó controversia que se decide por una sentencia. 

  


Art. 147. Jurisdicción voluntaria es la que se ejerce en asuntos que requieren una decisión judicial, pero que no constituye controversia. 

  


Art. 148. Todo Juez tiene un territorio determinado, fuera del cual no es Juez. 

  


Art. 149. La jurisdicción se adquiere por el hecho de tomar posesión de la Magistratura ó Judicatura. 

  


Art. 150. La jurisdicción se pierde ó se suspende absolutamente respecto de todo negocio judicial; y también se pierdo ó puede suspenderse parcialmente, respecto de uno ó más negocios determinados. 

  


Art. 151. La jurisdicción se pierde absolutamente por cualquiera de las causas que privan del destino de Magistrado ó Juez, y se suspende para todos los pleitos: 

  

1°. Por licencia para separarse temporalmente del destino, desde el día en que se encargue del despacho el individuo que debe reemplazarle. 

  

2°. Por causa criminal, desde el día en que se notifique el auto en que expresa ó ó tácitamente se decreta la suspensión. 

  

3°. Por admitir un destino ó una comisión incompatible, con el ejercicio de la Magistratura ó Judicatura, 

  

4°. Por haber sido condenado a la pena de suspensión, mientras dure esta. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Art. 152. La jurisdicción se pierde en una ó más causas determinadas: 

  

1°. Cuando el Juez ó Magistrado haya sido declarado impedido para conocer en un negocio, ó declarada legal la causal de recusación propuesta contra él. 

  

2°. Cuando esté fenecida la causa y ejecutoriada la sentencia que le puso término. 

  

3. Cuando el Juez haya sido encargado por otro para practicar algunas diligencias y estas lo hayan sido ya. 

  


Art. 153. La jurisdicción se suspende en una ó más causas determinadas: 

  

1°. Por impedimento del Juez para conocer en una causa, desde que se declare por Juez competente que el impedimento es admisible, hasta que las partes prorroguen la jurisdicción; y por recusación, desde que el Juez reciba aviso oficial de haber sido admitida, hasta que se le avise, también oficialmente, que la recusación ha sido negada. 

  

2°. Por la competencia con otro Juez, desde que se acepte. 

  

3° Por apelación concedida en el afecto suspensivo, desde que se ejecutoríe el auto en que se concede. 

  


Art. 154. Usurpan jurisdicción los Jueces cuando la ejercen sin haberla adquirido legalmente, ó después de haberla perdido, ó de haber sido suspendida; cuando conocen y proceden contra la resolución ejecutoriada del Superior; cuando, sin ser el caso de acumulación, se avocan causas pendientes en otros Juzgados y las sustancien; cuando hacen revivir procesos legalmente concluidos; y, finalmente, cuando conocen de negocios atribuidos por la ley á otro Juez ó Tribunal; 

  


Art. 155. Los Tribunales Superiores usurpan también jurisdicción cuando conocen pretermitiendo las anteriores instancias. 

  


Art. 156. La competencia de un Juez para conocer de una causa depende de la naturaleza de la causa y del lugar en que se ha de ventilar. 

  


Art. 157. Por lo que respecta á la naturaleza de la causa, la competencia de jurisdicción se determina en las disposiciones que detallan las atribuciones de los Tribunales y Juzgados. Dicha jurisdicción es improrrogable, salvo los casos expresamente exceptuados. 

  


Art. 158. Por razón del lugar en que se ha de ventilar un juicio, y como regla general, es Juez competente en los juicios civiles, y en los actos de jurisdicción voluntaria de carácter civil, el del domicilio demandado, ó interesado. 

  


Art. 159. El domicilio de las entidades políticas de cualquiera clase, se entiende que existe en todos los puntos del territorio que comprende la respectiva entidad. 

  


Art. 160. El que no tiene domicilio fijo puede ser demandado en el lugar donde se encuentre; y cuando ocurran en varios lugares, con respecto á un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, pueden ser demandado en cualquiera de ellos. 

  


Art. 161. Son también Jueces competentes para conocer en un juicio civil, por razón del lugar en donde haya de seguirse, los que se mencionan en cada uno de los casos siguientes, además del Juez del domicilio del demandado, todos los cuales conocerán á prevención, correspondiendo al demandante la elección. 

  

Caso primero. En los casos en que se ejercite una acción personal, proveniente de un contrato, son Jueces competentes el del lugar donde debe cumplirse la obligación contraída, y el del lugar donde se celebró el contrato, sin este último estuviere el demandado cuando se entabla la acción. 

  

Si el lugar donde debe cumplirse la obligación contraída no se ha designado expresamente, hasta que aparezca manifiesta la voluntad de los contratantes en esta parte. 

  

A falta de designación expresa, ó presunta, se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 1646 y 1647 del Código Civil. 

  

El Juez del lugar donde debe cumplirse la obligación también es competente para conocer del juicio en que se reclame cualquiera de los derechos que otorga el artículo 1546 del Código Civil; pero nó, si el juicio tiene un objeto distinto, como la nulidad del contrato respectivo. 

  

Si la acción personal nace del contrato de arrendamiento de transportes, y la demanda tiene por objeto la conducción de la carga á su destino, son competentes el Juez del lugar donde ésta se hallare detenida, y todos los de los lugares del tránsito, sin en aquel ó en éstos se hallaren el acarreador ó el empresario de transportes. 

  

Si el Juez competente por razón de la naturaleza de la causa que se ha de ventilar fuere del circuito, y en los expresados lugares no hubiere Juez de esta categoría, debe entenderse que el Juez del Circuito á que corresponden dichos lugares es el competente. 

  

Cuando hubiere varias personas obligadas solidariamente, el Juez competente para conocer contra cualquiera de ellas lo es para conocer contra todas. 

  

Se reputa que el demandado está en el lugar donde se celebró el contrato, si allí se hallare el representante de aquel, el mismo representante con quien se celebró el contrato, siempre que tuviere poder en debida forma para transigir, comprometer y parecer en juicio como demandante y demandado. 

  

Caso segundo. En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, es Juez competente el del lugar donde se hallen, si allí estuviere el demandado cuando se entabla la acción. Pero si este diere fiador abonado para responder tanto la cosa como del hecho de que comparecerá al juicio ante el Juez de su domicilio, ante éste debe promoverse la demanda. Para eso tiene el demandante el término de la distancia y seis días más, pasados los cuales, si la demanda no se ha propuesto, termina la responsabilidad del fiador. 

  

Caso tercero. En los juicios en que se ejercite la acción reivindicatoria sobre bienes inmuebles, son Jueces competentes el del lugar de la situación toral ó parcial del inmueble, y los de los lugares, en donde estuviere situado cualquiera de dichos bienes. 

  

Caso cuarto. En los juicios sobre constitución de una servidumbre, ó sobre el modo de ejercer una constituida, es Juez competente el del lugar donde estuviere situado el predio que deba ser ó que es sirviente, según el caso, y en los de extinción de una servidumbre, el Juez del lugar donde estuviere situado el predio dominante. 

  

Caso quinto. En los juicios en que se ejercite la acción hipotecaria, son Jueces competentes el del lugar donde debe cumplirse la obligación contraída, con la aclaración consignada en el caso primero; el del lugar donde se celebró el contrato, si allí estuviere el demandado cuando se entable la demanda; y el del lugar de la situación total ó parcial del inmueble, ó de alguno de ellos, si son varios. 

  

Caso sexto. En las demandas civiles sobre reparación de daños y perjuicios causados sobre un inmueble, es competente el Juez donde el daño fue causado. 

  

Caso Séptimo. En general, en los juicios en que se ejerciten acciones mixtas, son Jueces competentes el del lugar en donde de halle la totalidad de las cosas, ó una parte de ellas, y los mencionados en el caso primero, salvo las disposiciones especiales. 

  


Art. 162. Las disposiciones de este artículo, como especiales que son, prevalecerán sobre las de los dos anteriores artículos: 

  

1°. Es Juez competente para declarar abierto el juicio de sucesión de una persona difunta, el del domicilio que en la República tenía el finado al tiempo de la muerte. Si no tenía domicilio fijo, ó lo tenía en varios lugares, ó en país extranjero, es Juez competente el del lugar donde al tiempo de la muerte se hallare la mayor parte de sus bienes. Este mismo Juez será el competente, no el del domicilio, si así lo dispone el testador en su testamento. 

  

2°. El Juez ante quien se abre el juicio de sucesión es el competente para conocer tanto del juicio sumario sobre declaratoria de herederos, como de lo relativo á las diligencias de inventarios y avalúos de los bienes, y al beneficio de separación de los mismos, todo lo cual, como también la demanda de partición, se seguirá bajo una sola cuerda. Mientras estuviere pendiente el juicio de sucesión, el mismo Juez que conoce de él es el único competente para conocer, en juicio separado, de las demandas siguientes: Las de alimentos contra la mortuoria; las que versen sobre la propiedad de objetos en que álguien alegue un derecho exclusivo, y las que se refieran a ocultación de bienes; las controversias sobre derechos á la sucesión por testamento ó abintestato, desheredamiento, incapacidad ó indignidad de los asignatarias, reforma del testamento ó nulidad del mismo ó de disposiciones testamentarias. 

  

3°. En las demandas sobre entrega de legados y fideicomisos son competentes, á prevención: el Juez del domicilio del heredero á quien el testador halla encargado la entrega de ellos; el del lugar donde se halla distribuido la mayor parte de los legados; el del lugar donde esté la cosa legada ó afecta al fideicomiso cuando el legado ó el fideicomiso consistan en cuerpos ciertos; el del lugar donde se hallaré la mayor parte de la herencia, y el del lugar del domicilio de cualquiera de los herederos, cuando el testador no haya conferido el encargo de la entrega á algunos de los mismos. 

  

4°. En las demandas para que se rindan cuentas es Juez competente el del lugar donde han debido rendirse; pero si este no se hubiere determinado expresamente, conocerán á prevención el Juez del lugar que fue el centro de la administración y el del domicilio del demandado. 

  

Los Jueces de los lugares donde han debido rendirse las cuentas, ó donde fue el centro de la administración, ó del domicilio del poderdante ó dueño de los bienes, son competentes para conocer á prevención de la solicitud de un mandatario que presenta las cuentas de su administración para que las examine el mandante. 

  

5°. En los juicios sobre división de bienes comunes es Juez competente el del lugar donde se encuentran los bienes. 

  


Art. 163. La prórroga de la jurisdicción se refiere siempre á negocios determinados, de que conocerían el Tribunal ó Juzgado á quienes la ley ha atribuido el conocimiento de la clase de asuntos á que dichos negocios determinados pertenecen, y que por circunstancias especiales caen bajo la jurisdicción de un Tribunal ó Juzgado distintos. 

  


Art. 164. La prórroga de la jurisdicción puede ocurrir tanto respecto de aquellos asuntos en que la competencia depende de la naturaleza de la causa, como respecto de los en que se fija la competencia o razón del lugar en donde deben ventilarse. 

  


Art. 165. En cuanto á los asuntos en que se atiende á la naturaleza de la causa, la jurisdicción se prorroga únicamente en los casos de reconvención, tercería y acumulación legalmente decretada. 

  

Cuando hay reconvención o tercería, aprehende el conocimiento del asunto principal, aunque sea de menor cuantía, el Juez superior del que éste conociendo de dicho asunto principal, siempre que el negocio que sea objeto de la reconvención ó de la tercería sea de cuantía mayor. 

  

Igualmente, el Juez que conoce de un Juicio de mayor cuantía es el competente para conocer de los respectivos juicios de reconvención y tercería, aunque sean de menor cuantía. 

  

En caso de acumulación aprehende el conocimiento de los demás negocios, sea cual fuere el lugar donde se ventilen, el Juez que conoce del más antiguo, observándose siempre la regla de que los Jueces del Circuito pueden conocer de los negocios de menor cuantía, y que de los asuntos de cuantía mayor no pueden conocer los Jueces Municipales. 

  


Art. 166. Respecto de los juicios en que la competencia se determine por razón del lugar donde deben seguirse, la prórroga de la jurisdicción depende de la voluntad de las partes, y puede ser expresa o tácita. 

  

La prórroga es expresa cuando en el contrato mismo ó en un acto posterior las partes designan claramente el Juez á quien se someten. La prórroga es tácita, por parte del demandante, cuando éste ocurre á determinado Juez interponiendo la demanda; y por parte del demandado, por hecho de hacer, después de personado en el juicio, cualquiera gestión que no sea la de proponer en forma la excepción de declinatoria de jurisdicción. 

  

La prórroga de jurisdicción que depende de la voluntad de las partes, no produce efectos legales cuando el Juez á quien ellas se someten carece de jurisdicción por razón de la naturaleza de la causa. 

  

La designación de Juez no excusa el repartimiento en los Circuitos donde hubiere dos ó más Jueces que conozcan de una misma clase de negocios. 

  


Art. 167. La prórroga de la jurisdicción, por razón del lugar donde se hallan de seguirse los juicios, sólo puede verificarse respecto de los negocios contenciosos civiles; y cuando es expresa, produce el efecto de que el Juez á quien se someten las partes conozca privativamente. 

  


Art. 168. Pueden prorrogar jurisdicción todas las personas que son hábiles para estar en juicio por si mismas; y por las que no lo sean, pueden prorrogarla sus representantes legales. 

  


Art. 169. El fiador se somete implícitamente al Juez competente para conocer de las demandas contra el principal obligado. Pero en el contrato mismo puede establecerse expresamente otra cosa. 

  

Si la prórroga de Jurisdicción fuere tácita, solo surte efectos entre las personas que han concurrido á otorgarla; mas no respecto de los fiadores ó codeudores. 

  

TITULO XI

Ministerio Público.


Art. 170. El Ministerio Público, en lo judicial, se ejerce por la Cámara de Representantes, el Procurador general de la Nación, los Fiscales de los Tribunales, los Fiscales de los Juzgados Superiores, los Fiscales de los Juzgados de Circuito y los Personeros Municipales. 

  


Art. 171. El Procurador general de la Nación tendrá un Jefe de Sección y dos escribientes de su libre nombramiento y remoción, si con motivo de los recursos de casación y revisión afluyere un considerable número de negocios al estudio del Procurador, el Gobierno podrá autorizar a éste para que nombre un jefe más de sección o un escribiente. 

  


Art. 172. En cada Distrito Judicial habrá un Fiscal del Tribunal y un Fiscal de Juzgado ó Juzgados Superiores. Uno y otro residirán en la cabecera del respectivo Distrito Judicial. 

  

En los Circuitos Judiciales habrá un Fiscal del Circuito, que residirá en la cabecera del mismo. 

  

En cada uno de los Circuitos Judiciales de Bogotá y Medellín habrá dos Fiscales de Circuito. 

  

Los funcionarios expresados en este artículo serán nombrados por el Presidente de la República para periodos de tres años, que comenzarán el 1º de Enero de 1890. 

  


Art. 173. En los casos de urgencia para la provisión de los empleos del Ministerio Público, fuera de la capital de la Nación, los Gobernadores podrán hacer los nombramientos con el carácter de interinos, dando cuenta al Gobierno. 

  


Art. 174. En cada Distrito Municipal habrá un Personero Municipal, que residirá en la cabecera de cada Distrito y será nombrado por el Presidente de la República, quien puede delegar esta facultad á los Consejos Municipales. 

  

El período de duración de los Personeros es de un año, que se contará desde el 1º de Enero. 

  


Art. 175. El Presidente de la República nombrará dos suplentes para cada uno de los funcionarios del Ministerio Público, cuyo nombramiento le corresponde, y para el mismo periodo de los principales. 

  

Los Consejos Municipales nombrarán los suplentes de los Personeros, si el Presidente de la República delega á aquellos esta atribución. 

  


Art. 176. Los Suplentes serán nombrados en orden numérico y llamados según él á reemplazar á los principales. 

  

Los suplentes reemplazarán á los Principales en el caso de falta absoluta, temporal ó accidental. Cuando la falta fuere absoluta llenarán la vacante mientras se posesione el individuo á quien se nombre. 

  

Este nombramiento no se hará sino por el tiempo que aún faltaré del período. 

  


Art. 177. Son funciones judiciales de la Cámara de Representantes: 

  

1°. Acusar ante el Senado, cuando hubiere justa causa, al Presidente y al Vicepresidente de la República, á los Ministros del Despacho, á los Consejeros de Estado, al Procurador general de la Nación y á los Magistrados de la Corte Suprema. 

  

2°. Conocer de los denuncios y quejas que ante ellos se presentan por el Procurador general de la Nación, ó por los particulares, contra los expresados funcionarios, excepto el Presidente y el Vicepresidente, y si prestaré mérito, fundar en ellos acusación ante el Senado. 

  


Art. 178. Son funciones judiciales del Procurador general de la Nación: 

  

1°. Dar á la Cámara de Representantes los denuncios y quejas á que haya lugar contra los Ministros del Despacho Ejecutivo, los Consejeros de Estado y los Magistrados de la Corte Suprema. 

  

2°. Llevar la voz del Ministerio Público en todos los asuntos en que él deba intervenir, y que se ventilen ante la Corte Suprema. 

  

3º. Promover por sí ó por medio de sus Agentes la instrucción del sumario para la averiguación y castigo de los delitos que tenga noticia se hayan cometido, siempre que den lugar á procedimiento de oficio. 

  

4º. Promover y sostener los juicios necesarios para la defensa de los bienes ó intereses de la República, observando las instrucciones que en el particular reciba del Gobierno, y representar á la República en los juicios que contra ella se dirijan. 

  

5°. Defender ante la Corte Suprema los intereses de los Departamentos y de los Distritos cuando la Nación no tenga interés en el asunto, y la respectiva entidad no tenga representante constituido ante la Corte. 

  

6°. Solicitar la práctica de las diligencias judiciales que puedan convenir á los intereses nacionales. 

  

7°. Oír las quejas que se le den por demora ó denegación de justicia en la Corte Suprema, examinar los respectivos asuntos, y si encuentra fundada la queja, procurar que se subsane la falta, ocurriendo en caso necesario á la Cámara de Representantes. 

  

8°. Imponer multas hasta de cincuenta pesos á los empleados de su dependencia que no cumplan las órdenes ó instrucciones que se les comunique. 

  

9°. Tratar del ramo judicial con particular esmero, en los informes anuales al Gobierno, indicando la marcha de la administración de justicia, los inconvenientes que se hayan presentado, las reformas que convenga hacer y acompañando los respectivos cuadros de la estadística judicial. 

  


Art. 179. Son funciones judiciales de los Fiscales de los Tribunales de Distrito: 

  

1° Llevar la voz del Ministerio Público en todos los asuntos en que él deba intervenir, que se ventilen ante los Tribunales Superiores de Distrito. 

  

2° Promover la averiguación de los delitos que se sepa se han cometido, cuando deba procederse de oficio. 

  

3° Promover y sostener las acciones necesarias para la defensa de los bienes é intereses de la República ó del Departamento, en asuntos de la competencia de los Tribunales Superiores respectivos; y representar á la Republica ó al Departamento en las acciones que contra ellos se dirijan y que deban ventilarse ante dichos Tribunales, observando las instrucciones que se les den. 

  

4° Defender ante los Tribunales Superiores los intereses de los Municipios en asuntos en que no tengan interés la Nación ó el Departamento; siempre que dichos Municipios no hayan constituido representante de sus derechos, que deba gestionar ante los Tribunales. 

  

5° Solicitar la práctica de las diligencias judiciales que puedan convenir a la República ó al Departamento. 

  

6° Oír las quejas que se les den por demora ó denegación de justicia en los Tribunales y Juzgados Superiores de Distrito, y procurar que cese el mal si existe, y que se exija la responsabilidad al culpado, si la hubiere. 

  

7° Llevar un registro de los sumarios y causas que cursen en cada uno de los Juzgados que dependen del Tribunal; anotar en él los que se despachan, y vigilar en que no se demore el despacho más de lo necesario. 

  

8° Imponer multas hasta de veinticinco pesos á los empleados de su dependencia que no cumplan oportunamente sus órdenes é instrucciones. 

  

9° Informar al Procurador general de la Nación sobre la marcha de la Administración de justicia en el Distrito Judicial, indicar los inconvenientes que hayan ocurrido y las reformas que convenga introducir, y acompañar los respectivos cuadros de la estadística judicial. Esto lo harán en los informes anuales que deben dar sobre todos los negocios en que interviene el Ministerio Publico. 

  


Art. 180. Son funciones judiciales de los Fiscales de los Juzgados Superiores de Distrito Judicial: 

  

1°. Llevar la voz del Ministerio Público en los negocios criminales que cursen ante los Juzgados respectivos. 

  

2°. Promover la instrucción de los sumarios respectivos para averiguar los delitos que tengan noticia se han cometido, cuando pueda procederse de oficio. 

  

3°. Llevar un registro de los sumarios que cursan en las oficinas de cada uno de los funcionarios de instrucción del Distrito y de que deban conocer los Jueces Superiores, anotar en él los que se remitan al Juzgado respectivo, vigilar en que esa remisión no se demore nada de lo preciso, y anotar la época en que se despachan. 

  

4°. Dar semanalmente al Fiscal del Tribunal los datos necesarios para formar el cuadro de que habla el número 7.º del artículo anterior. 

  

5°. Imponer multas hasta de diez pesos á los empleados de su dependencia que no cumplan sus órdenes é instrucciones. 

  

6° Dar en sus informes á los Fiscales de los Tribunales los datos que éstos necesiten para cumplir el deber que les impone el número 9.º del artículo anterior. 

  


Art. 181. Son funciones judiciales de los Fiscales de los Juzgados de Circuito: 

  

1.° Llevar la voz del Ministerio Público en todos los negocios en que él deba intervenir y que se ventilen ante los respectivos Jueces. 

  

2.° Promover la averiguación de los delitos que lleguen á su conocimiento, cuando pueda procederse de oficio. 

  

3.° Dar al Fiscal del Tribunal los datos é informes necesarios para atender á la defensa de los intereses del Departamento. 

  

4.° Defender ante los Jueces del Circuito los intereses de los Municipios, que se ventilen en los respectivos Juzgados cuando no tengan interés los Departamentos, y los Municipios carezcan de representante ó apoderado. 

  

5.° Solicitar la práctica de las diligencias judiciales respectivas que convengan á los intereses de la Nación ó del Departamento y representar á ellas en esas entidades. 

  

6.° Oír las quejas por demora y denegación de justicia en los Juzgados de Circuito, examinar los autos y procurar que cese el mal si existe, y que se castigue al responsable, si lo hubiere. 

  

7.° Llevar en su oficina un registro semejante al del que habla el número 3.º del artículo anterior. 

  

8.° Dar semanalmente al Fiscal del Tribunal los datos necesarios para formar los cuadros de que habla el número 7.º del artículo 179. 

  

9.° Imponer multas hasta de diez pesos á los empleados de su dependencia que no cumplan sus ordenes é instrucciones. 

  

10.° Dar á los Fiscales de los Tribunales los datos que éstos necesiten para cumplir el deber que les impone el número 9.º del artículo 179. 

  


Art. 182. Son atribuciones de los Personeros Municipales: 

  

1.° Llevar la voz del Ministerio Público en todos los negocios en que él deba intervenir y que se ventilen ante los respectivos Jueces. 

  

2.° Promover la averiguación de los delitos que lleguen á su noticia y que den lugar á procedimiento de oficio. 

  

3.° Promover los juicios necesarios para la defensa de los intereses de los Municipios respectivos, y representarlos en las acciones que contra ellos se dirijan. 

  

4° Defender ante los Jueces Municipales los intereses de los otros Municipios, cuando el suyo propio no sea interesado, y cuando los otros no hayan proveído á su defensa. 

  

5.° Solicitar la práctica de las diligencias judiciales que puedan convenir á la Nación, al Departamento ó al Municipio, y representar en ellas á esas entidades. 

  

6.° Dar semanalmente á los Fiscales de los Juzgados Superiores y de Circuito los datos necesarios para formar las relaciones de sumarios de que hablan los artículos anteriores. 

  

7.° Dar informes á los Fiscales de los Juzgados de Circuito de la marcha de la Administración de justicia en el Municipio, haciendo las indicaciones que crean convenientes, y acompañando los cuados de estadística judicial respectivos. 

  

8.° Oír las quejas por demora ó denegación de Justicia en los Juzgados Municipales, examinar los autos y procurar que cese el mal, y que se castigue al responsable, si lo hubiere. 

  


Art. 183. Los agentes del Ministerio Público están impedidos para intervenir en los negocios, cuando ellos ó sus consortes ó sus ascendientes, descendientes ó parientes colaterales dentro del cuarto grado civil de consanguinidad ó segundo de afinidad, tenga interés directo. 

  


Art. 184. El Juez ó Tribunal que conozca del negocio, es el que debe declarar si es legal el impedimento ya sea á solicitud del empleado ó de la parte contraria. 

  


Art. 185. Cuando un Agente del Ministerio público esté impedido para intervenir en un asunto, lo reemplazará el suplente respectivo. Agotado el número de suplentes, el Juez ó Tribunal nombrará el individuo que deba reemplazarlo; pero el Gobierno puede variar esa designación, y en ese caso, continuará funcionando el nombrado por el Gobierno. 

  


Art. 186. En el adelantamiento y tramitación de los asuntos judiciales y civiles, los Agentes del Ministerio Público se asimilarán á los apoderados judiciales; pero cuando la ley establezca apremios que puedan afectar los intereses confía los á dichos empleados, no se emplearán tales apremio, sino el de multas sucesivas, hasta de diez pesos cada una en los Juzgados Municipales, de veinticinco pesos en los de Circuito, de cincuenta pesos en los Tribunales Superiores, y de cien pesos en la Corte Suprema. 

  


Art. 187. Los Agentes del Ministerio Público no pueden transigir los pleitos en que intervengan, ni tampoco pueden desistir de las acciones promovidas, sino con autorización especial y expresa del Gobierno ó de la Entidad representada. De los Recursos interpuestos sí pueden desistir como cualquier apoderado. 

  


Art. 188. Los Agentes del Ministerio Público, al emitir conceptos sobre cualquier asunto de su incumbencia, deberán expresar las razones legales ó jurídicas en que se apoyan. 

  


Art. 189. El Procurador general de la Nación tomará posesión ante el Presidente de la República, y los demás empleados del Ministerio Público ante la primera autoridad política del lugar donde deba residir. 

  


Art. 190. El Gobierno podrá conceder licencia al Procurador general de la Nación hasta por noventa días en un año; y los Gobernadores respectivos, á los demás funcionarios del Ministerio Público, hasta por el mismo tiempo. 

  


Art. 191. Los funcionarios del Ministerio público pueden conceder licencias a sus respectivos subalternos hasta por noventa días en un año. 

  


Art. 192. Todos los empleados á cuyo cargo esté la custodia de documentos públicos, tienen el deber de dar de oficio á los funcionarios del Ministerio Público cuando nooicias, datos, informes y copias le pidan, no necesitándose para ello de resolución de autoridad alguna. 

  

TITULO XII

Disposiciones generales.


Artículo 193. Derogado. 


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Art. 194. La primera autoridad política del lugar, ó el Presidente del Tribunal respectivo, castigarán con multas de diez á cincuenta pesos tanto á los Secretarios de los Tribunales como á los de los Juzgados que no dieren fiel cumplimiento á lo que se dispone en el anterior artículo. 

  


Art. 195. Es prohibido á los funcionarios del Poder Judicial ejercer atribuciones que expresa y claramente no les hayan conferido la Constitución ó las leyes. 

  


Art. 196. Los Tribunales y Juzgados se entenderán entre si por medio de exhortos ó despachos para la práctica de diligencias judiciales. 

  


Art. 197. Todos los empleados judiciales tienen obligación de guardar reserva acerca de las decisiones que deba dictarse en los juicios, hasta que tales decisiones sean publicadas en debida forma. 

  


Art. 198. Todo Juez tiene derecho de pedir á cualesquiera funcionarios públicos los informes que juzgue convenientes para el despacho de los asuntos en que interviene. El funcionario á quien se pide un informe tiene el deber de darle inmediatamente, bajo la responsabilidad de omiso ó moroso, á menos que pruebe habérselo impedido algún otro negocio muy urgente. 

  


Art. 199. El Ministro ó Juez que entra en lugar de otro en la misma plaza sustituye á su antecesor, de modo que se considera como si fuera el mismo, en todo lo que no tenga relación con los términos para el despacho, ni con los motivos de impedimento ó causales de recusación. 

  


Art. 200. Los Magistrados y los Jueces no usarán nuca de autos oscuros, ambiguos ó diminutos, sino que expresaran siempre con claridad y precisión lo que resuelvan y sus fundamentos. 

  


Art. 201. El Magistrado ó el Juez que rehusare Juzgar pretextando silencio, oscuridad ó insuficiencia de la ley, es reo de denegación de justicia. En los casos expresados, así como en la falta absoluta de ley aplicable, se fundarán las resoluciones judiciales en los principios universales de equidad y justicia. 

  


Art. 202. Los Magistrados y los Jueces que sustancian una causa mandarán dar las copias que se pida de todo ó parte de los autos. Si la copia se pidiere por una de las partes, no se mandará dar sin audiencia de la otra, la cual tiene derecho de pedir que se agreguen á la copia pedida las piezas de los autos que designe. Si la copia se pidiere por un tercero, se oirá previamente á las partes para el efecto indicado en el caso anterior. El término del traslado a cada parte de una solicitud de copia, será de cuarenta y ocho horas. 

  

La agregación á la copia pedida de las piezas designadas por las partes se verificará á costa de éstas, y se prescindirá de tal agregación si no se suministra oportunamente lo necesario para los gastos. El Juez tiene en todo caso facultad de negar la agregación de las piezas que las partes designen, si en concepto de aquél fueren estas inconducentes. 

  


Art. 203. Los Tribunales y Jueces respectivos mandarán también dar las copias que se pidan de todo ó de parte de los autos que deban estar archivados, con las precauciones que prudencialmente juzgaren necesarias para evitar el abuso que pueda, hacerse de piezas ó instrumentos mutilados ó diminutos. 

  


Art. 204. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, las partes tienen derecho á que se les mande dar por los Jueces ó Tribunales, sin audiencia de nadie, por una vez, copia íntegra de los autos, luego que estén fenecidos, y también de sólo las sentencias ejecutoriadas, pero agregando las piezas que acrediten su cumplimiento, si las hay. 

  


Art. 205. En todo Tribunal ó Juzgado se llevará una minuta de los defectos ó vacíos que se noten en la legislación; y mensualmente dará cuenta de ellos al Consejo de Estado, á fin de que puedan ser subsanados. 

  


Art. 206. Todos los Magistrados y Jueces tienen la facultad de servirse de los telégrafos de la Nación, sea para reclamar el cumplimiento de órdenes y diligencias mandadas practicar anteriormente, sea para practicar otras nuevas, ó para la persecución, aprehensión, ó detención de reos, ó para otros casos urgentes que puedan ocurrir en la secuela de los juicios. Las ordenes telegráficas que así se transmitan deberán llevar como encabezamiento el nombre y residencia del Tribunal, la fecha del despacho y el nombre y lugar del Juez ó funcionario a quien se dirige, y al pie irán las firmas del Magistrado sustanciador ó del Presidente del Tribunal, según el caso, y la del Secretario. Dichos despachos serán redactados con la mayor claridad y precisión posibles, á fin de evitar toda duda. 

  

Las órdenes judiciales expedidas por la vía telegráfica serán al mismo tiempo comunicadas, para mayor seguridad y autenticidad, por medio de oficios en debida forma que se enviaran por los correos inmediatos, y de ellos se dejará copia en los expedientes respectivos, y en un libro especial que el Secretario llevará al efecto. 

  

Las órdenes telegráficas de que trata este artículo merecerán entera fé, y serán cumplidas de igual modo y con los mismos efectos que las dadas por medio de exhortos, comunicaciones, despachos ú oficios comunes. 

  


Art. 207. En todo caso en que conforme á una sentencia dictada á virtud de apelación, ó consulta, ó por recurso de casación, deba ser puesto inmediatamente en libertad un re, ó un sindicado de delito, y por haber cumplido su condena, ya por haberse absuelto, ó declarado libre de pena por prescripción, ó por amnistía, ó indulto, ó por haberse dictado auto de sobreseimiento ó de excarcelación, ó de casación legal del procedimiento, el Juez, Tribunal ó Magistrado que haya proferido el auto ó sentencia ordenará, dentro de las veinticuatro horas siguientes á la notificación, por medio de un despacho telegráfico, que el expresado reo ó sindicado sea puesto en libertad, si hubiere constancia de que esta preso ó detenido; y la orden será cumplida por el respectivo Juez o Tribunal inferior si estuviere ajustada á las reglas prescritas en al artículo anterior. 

  

Si en el lugar donde se hallare el reo ó sindicado no hubiere Oficina telegráfica, la orden será dirigida al Juez del lugar más cercano en la línea, quien deberá transmitirla por posta al Juez respectivo, á expensas del Tesoro nacional. 

  


Art. 208. Los despachos telegráficos que se expidan conforme á los dos artículos precedentes, deberán siempre ser presentados personalmente en la Oficina telegráfica por el Secretario del respectivo Tribunal, con firmas autógrafas, con su número de orden y papel timbrado el efecto, requisitos sin los cuales no serán recibidos por los telegrafistas. Además, los despachos serán ratificados por la primera autoridad política del lugar de la expedición, la cual dirigirá su ratificación de autenticidad á la primera autoridad política del lugar destinatario. 

  


Art. 209. Por regla general, los empleos del orden judicial son renunciables ante la misma autoridad ó Corporación á quien, conforme á la ley, toca hacer la eyección ó el nombramiento. 

  

La autoridad ó Corporación que hace el nombramiento para un destino judicial de aceptación forzosa, es también, por regla general, la competente para oír las excusas que presenten los nombrados y para decidir sobre ellas. 

  


Art. 210. La primera autoridad política del lugar podrá conceder licencia á los Jueces Superiores, á los de Circuito á los de Distrito Municipal para separarse del ejercicio de sus Funciones. El término de la licencia será hasta de tres meses en un año, pudiendo prorrogarse por otros tres meses en caso de enfermedad debidamente comprobada. 

  


Art. 211. A ningún funcionario del orden judicial ó del Ministerio Público podrá prorrogarse, por causa de enfermedad, la licencia concedidas sino cuando la enfermedad le impidiere realmente el ejercicio de las funciones del empleo. 

  


Artículo 212.El funcionario del orden judicial, o del Ministerio Público, que haya terminado el período legal, a quien se conceda licencia, o a quien se admíta renuncia del empleo que ejerce, no podrá separarse del desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo del destino el individuo que debe reemplazarlo o sucederlo. (Según ley 101 de 1913) 


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Art. 213. Los Jueces, sus Secretarios y subalternos no pueden ser depositarios ó secuestres de cosas litigiosas. 

  

Lo propio se dice de los Magistrados, Secretarios y subalternos de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores de Distrito. 

  


Art. 214. Cada Tribunal ó Juzgado ejercerá las funciones que le están atribuidas ó se le atribuyan en determinados asuntos por leyes especiales. 

  


Art. 215. Siempre que las partes convengan, deberán los Magistrados y los Jueces, de cualquiera clase y denominación que sean, decidirles sus controversias sea cual fuere el interés que se litigue. 

  

Los Magistrados ó Jueces dichos procederán en estos casos como árbitros de despacho ó como arbitradores y amigables componedores, tanto en lo relativo á la decisión que deben dictar como al procedimiento; todo á voluntad de las partes, consignado en el compromiso respectivo. 

  

Las partes pueden dirigirse en estos casos al Juez ó al Magistrado que estimen convenientes, y el negocio no entrará en repartimiento, ni tomará intervención alguna en él otro Magistrado ó Juez. 

  

Los fallos que se dicten en estos casos no son apelables, ni están sujetos á recurso de casación ni á otro alguno. 

  

No puede usarse de la autorización de que habla este artículo sino en los casos en que el asunto puede ponerse en manos de arbitradores. 

  


Art. 216. Los empleados del orden judicial y los del Ministerio Público no pueden ser mandatarios de profesión en negocios de ninguna especie, ni abogar en negocios judiciales, ni administrativos, ni ser albaceas ó ejecutores testamentarios, aunque estén en uso de licencia. Cuando tengan que litigar en negocios propios lo harán por medio de apoderado. 

  

Tampoco pueden ser apoderados los Senadores y los Representantes, mientras gocen de inmunidad, ni los empleados que ejercen mando ó autoridad, aunque estén en uso de licencia. 

  

Los demás empleados á quienes no les prohiba expresamente una ley especial ser apoderados, podrán serlo. 

  


Artículo 217. Derogado. 


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Art. 218. Cuando se imponga una multa que debe entrar en el Tesoro nacional, el funcionario ó empleado que la imponga pasará oficio con copia del auto ó la resolución, al empleado que deba cobrarla, para que éste la perciba. 

  

Si no se paga la multa dentro de tres días se convierte por el que la impuso en arresto, á razón de un día por cada peso. 

  


Art. 219. Los Secretarios de los Tribunales y Juzgados no certificarán sobre hechos que no estén consignados en los autos, después de dos días de haber pasado el acto al cual deba referirse el certificado; transcurrido este término, el testimonio del Secretario deberá recibirse y apreciarse como el de cualquier testigo. 

  


Art. 220. Siempre que se designe día para oír alegatos, se anunciará por aviso fijado en las puertas del Tribunal. 

  


Art. 221. Las Asambleas Departamentales tienen el deber, por medio de sus ordenanzas de proveer á los respectivos Tribunales Superiores y Juzgados de toda clase, con la conveniente decencia y comodidad, de los locales, muebles, útiles y demás objetos necesarios para el despacho, así de los Magistrados y Jueces, como de los Secretarios y empleados subalternos. 

  


Art. 222. En lo sucesivo sólo se publicará en la Gaceta Judicial

  

1º Una relación de los negocios despachados por la Corte, y de los que queden pendientes al fin de cada año. 

  

2º Todas las sentencias que dicte la Corte Suprema en recursos de casación y revisión, y las decisiones en que se fije la inteligencia de las leyes de organización y procedimientos judiciales. 

  

3º Las piezas jurídicas que la Corte estime de importancia ya sean sentencias ó escritos; 

  

4º Edictos emplazatorios y avisos, ya de oficio ó ya de costa de partes, según los casos y á juicio de la Corte. 

  


Art. 223. En los casos de condenación por lo que resulte del proceso, bien en costas, multas ú otras cosas semejantes, á los Jueces, ó Secretarios, á las partes ó á cualesquiera otras personas, pueden los interesados reclamar contra ellas ante el mismo Tribunal ó Juez que las impuso y se sustanciará la solicitud como una articulación común, admitiendo los escritos y las pruebas que se les presenten, pero sin que por esto se entorpezca ó demore el negocio principal en que se hubiere hecho la condena. 

  


Art. 224. Por motivos graves y de acuerdo con el Gobierno podrán funcionar los Juzgados transitoriamente en lugar distinto del en que deben residir. En casos urgentes podrá verificarse la traslación de acuerdo con el Gobernador del Departamento respectivo, quien deberá dar cuenta de lo ocurrido al Gobierno para que resuelva lo conveniente. 

  


Artículo 225. Derogado. 


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LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Art. 226. Cada Juzgado Superior de Distrito Judicial tendrá un Fiscal. 

  


Art. 227. El Magistrado de la Corte Suprema que faltando, á sus deberes, estorbe la marcha de este Tribunal, ó entorpezca la administración de justicia, ó demore larga é injustificablemente el despacho de los asuntos que estén sometidos á su estudio, incurrirá en una multa igual al sueldo de que disfruta en un mes. Esta pena la impondrá el Gobierno previa la formación de expediente gubernativo, del cual hará parte la diligencia de la visita mensual que el Ministro de Gobierno debe pasar á la Corte. 

  

Los Gobernadores por sí ó por medio de los Perfectos, ejercerán respecto de los Magistrados de los Tribunales y de los Jueces Superiores de Distrito y de Circuito la atribución que por el inciso anterior se confiere al Gobierno, respecto de la Corte Suprema. En este caso hará parte del expediente, copia de la diligencia de vista practicada por la correspondiente autoridad política. 

  

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la responsabilidad legal de los Magistrados y Jueces. 

  


Art. 228. Se prorroga hasta el 31 de Diciembre de 1889, el periodo en curso de los Jueces Superiores de Distrito y de Circuito Judicial. 

  


Art. 229. Derogase la Ley 31 de 1888 de 25 de Febrero. 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Art. 230. Deróganse las siguientes disposiciones: el Libro 1.º del Código Judicial, edición de 1874; los artículos 1.º á 35, 66 á 84, 87 á 101, 103 á 107, 111 á 149 de la Ley 61 de 1886; los artículos 1.º á 4.º, 9.º y 10 de la Ley 46 de 1887; los artículos 73 á 92, 94, 96, 98, 103, 115, 116 y 337 de la Ley 57 de 1887; los artículos 1.º á 16, 18, 21 á 24, 33 á 50, 55, 57 á 70 de la ley 143 de 1887; los artículos 237 y 245 de la Ley 153 de 1887; y los artículos 12 y 13 de la Ley 30 de 1888. Se reforman los artículos 102 de la Ley 61 de 1886 y 14 de la Ley 30 de 1888. 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]


Dada en Bogotá, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho. 

  

El Presidente del Senado, J.A PARDO- El Presidente de la Cámara de Representantes, MANUEL J.ORTIZ D.- El Secretario del Senado, Diego Rafael de Guzmán.- El Secretario de la Cámara de Representantes, Salvador Franco. 

  

___ 

  

Gobierno Ejecutivo- Bogotá, Diciembre 1º de 1888 

  

Publíquese y ejecútese. 

  

(L.S) CARLOS HOLGUIN 

  

El Ministro de Gobierno, 

  

JOSE DOMINGO OSPINA C.