LEY1301913191312 script var date = new Date(13/12/1913); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO L. N.15123. 9, FEBRERO, 1914. PÁG. 1CONGRESO DE LA REPÚBLICASobre la jurisdicción de lo contencioso-administrativoVigencia en EstudiofalsefalsefalseAdministración de justiciafalseLEY ORDINARIANorma no vigente por derogatoria orgánica, por la Ley 167 de 1941.19/02/191401/03/1914151233371

DIARIO OFICIAL. AÑO L. N.15123. 9, FEBRERO, 1914. PÁG. 1

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

RESUMEN DE JURISPRUDENCIA [Mostrar]

LEY 130 DE 1913

(diciembre 13)

Sobre la jurisdicción de lo contencioso-administrativo

ESTADO DE VIGENCIA: Vigencia en Estudio. [Mostrar]

Subtipo: LEY ORDINARIA

El Congreso de Colombia, 

  

visto el artículo 42 del Acto legislativo número 3 de 1910, 

  

DECRETA: 

  


TITULO PRELIMINAR 

  


Artículo 1º. La jurisdicción contencioso-administrativa tiene por objeto la revisión de los actos de las corporaciones o empleados administrativos en el ejercicio de sus funciones, o con pretexto de ejercerlas, a petición del Ministerio Público, de los ciudadanos en general, o de las personas que se crean vulneradas en sus derechos, en los casos y dentro de los límites señalados en la presente Ley. 

  


Artículo 2º. Esta jurisdicción se ejerce por el Tribunal Supremo y los Tribunales Seccionales de lo Contencioso-Administrativo. 

  

TITULO I 

  

DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

  

Capitulo I. 

  

Del personal. 

  


Artículo 3º. El Tribunal Supremo de lo Contencioso-administrativo se compone de seis Magistrados, cuya elección corresponde a la Corte Suprema de Justicia, la cual debe proceder, para hacerla, de acuerdo con el sistema electoral vigente a la sazón que asegure la representación proporcional de que trata el artículo 45 del Acto legislativo número 3 de 1910. 

  


Artículo 4º. Para cada Magistrado principal se elegirá un suplente personal. 

  


Artículo 5º. El período de los Magistrados del Tribunal Supremo es de cinco años, contados desde el 1.º de febrero siguiente a su elección. 

  


Artículo 6º. Para ser Magistrado del Tribunal Supremo se requiere tener las mismas condiciones exigidas para los de la Corte Suprema de Justicia, por el artículo 150 de la Constitución. 

  


Artículo 7º. No pueden ser elegidos Magistrados del Tribunal Supremo individuos que sean entre sí parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

  


Artículo 8º. Quien obtenga el nombramiento de Magistrado del Tribunal Supremo en propiedad, debe presentar a la Corte Suprema de Justicia, dentro del término que tiene para manifestar su aceptación, los comprobantes de que reúne las condiciones exigidas por el artículo 6.º con el objeto de obtener la confirmación del nombramiento, la que se otorga por medio de una resolución motivada, y sin la cual no puede tomar posesión el Magistrado elegido. 

  


Artículo 9º. La posesión del cargo de Magistrado del Tribunal Supremo se toma ante el Ministro de Gobierno. 

  


Artículo 10. Las faltas absolutas y las temporales de los Magistrados del Tribunal Supremo se llenan con los respectivos suplentes, y a falta de éstos la Corte Suprema nombrará los Magistrados interinos del caso. 

  


Artículo 11. Los Magistrados del Tribunal Supremo no pueden ser suspendidos de su empleo sino por la Corte Suprema de Justicia cuando contra ellos se haya dictado por autoridad competente auto de proceder por causa de responsabilidad o delito que merezca pena corporal o pérdida del empleo, ni pueden ser privados de él sino por sentencia judicial. 

  


Artículo 12. El Gobierno puede conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Supremo para separarse de sus destinos hasta por noventa días en un año. 

  

En este caso llamará el suplente respectivo, y la agotada la lista lo comunicará a la Corte suprema de Justicia para que nombre el Magistrado interino teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo. 

  


Artículo 13. El Presidente del Tribunal Supremo puede conceder licencias a los magistrados para separarse de sus destinos hasta por cinco días y dar el aviso de que trata el artículo anterior, si la urgencia del despacho lo exige. 

  


Artículo 14. El personal subalterno del tribunal Supremo es el siguiente: un Secretario, un Oficial Mayor, un Oficial Escribiente y un Portero escribiente. 

  


Artículo 15. El Tribunal Supremo debe formar anualmente una lista de seis Conjueces, designados a llenar las faltas de los Magistrados en los casos de impedimento o de recusación, y a intervenir en las decisiones, en los casos de empate. 

  

Son comunes a estos Conjueces las disposiciones del Código Judicial relativas a los de la Corte Suprema de Justicia y tienen aquellos la misma remuneración señalada a éstos. 

  


Artículo 16. El Tribunal Supremo al instalarse, debe elegir un Presidente y Vicepresidente para el periodo legal del mismo Tribunal. 

  


Artículo 17. Son aplicables al Presidente y al Vicepresidente del Tribunal Supremo las disposiciones del Código Judicial relativas a los de la Corte Suprema de Justicia, en lo pertinente. 

  

CAPITULO 

  

De las funciones. 

  


Artículo 18. El Tribunal Supremo conoce privadamente en una sola instancia de los asuntos siguientes: 

  

a) De los negocios sobre suministros, empréstitos y expropiaciones en tiempo de guerra; 

  

b) De las reclamaciones sobre recompensas militares; 

  

c) De las actuaciones sobre reconocimiento de pensiones conforme a la ley; 

  

d) De los asuntos relativos a la navegación marítima o fluvial de los ríos navegables en que se ventilen cuestiones de mero derecho administrativo, en cuanto no sean de la competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia; 

  

e) De las causas o negocios contenciosos sobre presas marítimas; 

  

f) De las cuestiones que se susciten entre el Estado y uno o más Departamentos o Municipios sobre competencia de facultades administrativas; 

  

g) De las cuestiones que se susciten entre dos o más Departamentos sobre competencia de facultades administrativas; 

  

h) De las cuestiones respecto a la condición de ocultos que tengan los bienes denunciados como tales, en los casos previstos en el aparte f) del artículo 30 del Código Fiscal; 

  

i) De los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de los Ministros, que pongan fin a una actuación administrativa, con excepción de los que se originen en contratos celebrados en nombre del Estado; pues las acciones contra estas últimas providencias sólo pueden ejercerse ante la justicia ordinaria. 

  


Artículo 19. El Tribunal Supremo conoce en segunda instancia de los asuntos siguientes: 

  

a) De las apelaciones contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos Seccionales, sobre la validez o nulidad de las Ordenanzas u otros actos de las Asambleas Departamentales que hayan sido acusados como violatorios de la constitución o de las leyes, o lesivos de derechos civiles; 

  

b) De las apelaciones contra los autos interlocutorios o de sustanciación, y las tendencias de excepciones pronunciadas por los Recaudadores Nacionales y los Jueces de Ejecuciones Fiscales; 

  

c) De las apelaciones contra los autos de fenecimiento pronunciados por la Corte de Cuentas contra los Ministros liquidadores o el Ministro ordenador de que trata el Código Fiscal; 

  

d) De las apelaciones contra los autos de imposición de multas dictadas por la Sala de Decisión de la Corte de Cuentas o por los Tribunales Administrativos Seccionales, y 

  

e) De las apelaciones contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos Seccionales en los juicios iniciados sobre el monto, distribución o asignación de los impuestos nacionales. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 20. El Tribunal Supremo conoce en tercera instancia de las apelaciones contra los autos de fenecimiento con alcance dictados en segunda por la Sala de Decisión de la Corte de Cuentas. 

  


Artículo 21. El Tribunal Supremo conoce por consulta de los asuntos siguientes: 

  

a) De las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos Seccionales, sobre la validez o nulidad de las Ordenanzas u otros actos de las Asambleas Departamentales, cuando aquéllas no hayan sido apeladas, y 

  

b) De los autos absolutorios proferidos por la Sala de Decisión de la Corte de Cuentas en los Casos previstos por el Código Fiscal. 

  


Artículo 22. El Tribunal tiene, además, las siguientes funciones: 

  

a) Nombrar los peritos avaluadores a que haya lugar en los casos de venta de bienes nacionales, y de la adquisición de bienes para el Estado; 

  

b) Nombrar los Magistrados de los Tribunales Administrativos Seccionales; 

  

c) Decidir de las competencias que se susciten entre los Tribunales Administrativos Seccionales; 

  

d) Decidir sobre los impedimentos y recusaciones de los Magistrados del mismo Tribunal, de los Conjueces y el Secretario; 

  

e) Castigar correccionalmente, previa averiguación sumaria, con multas hasta de cincuenta pesos, arresto hasta de seis días, o apercibimiento a los que desobedezcan sus órdenes, o le falten al respecto en el acto en que ésta desempeñando las funciones a su cargo; 

  

f) Castigar correccionalmente, con apercibimiento o multas de uno a cinco pesos, según la gravedad del caso, las irregularidades u omisiones que observe en los negocios sujetos a su conocimiento, cometidas por las autoridades administrativas, las partes, abogados, o demás personas que en ellos hayan intervenido, inclusive las faltas al decoro o respeto; 

  

g) Oír y decidir las reclamaciones sobre condenación en multas, arresto y apercibimiento impuestos correccionalmente por el mismo Tribunal; 

  

h) Confirmar, reformar o revocar los autos de imposición de las mismas penas correccionales dictada por el Magistrado sustanciador, en el caso de que contra ellos se interponga el recurso de apelación; 

  

i) Dar los informes que las Cámaras Legislativas, el Gobierno o el Procurador General de la Nación le pidan respecto de los negocios de que conocen; 

  

j) Formar el Reglamento para el régimen interior del Tribunal y de la Secretaría; 

  

k) Formar la listas de los Conjueces del Tribunal; 

  

l) Oír y decidir las excusas que presenten los Conjueces para funcionar en asunto determinado o para eximirse en general del cargo; 

  

ll) Nombrar y remover los empleados subalternos del Tribual; 

  

m) Averiguar si los Ministros liquidadores, o el ordenador en su caso, son responsables civilmente por liquidaciones u ordenaciones ilegales de gastos, y dictar los autos de fenecimiento del caso, conforme lo dispone el Código Fiscal, y 

  

n) Comisionar a los Tribunales Administrativos Seccionales o a las autoridades o a los empleados administrativos de igual o inferior categoría a la de los Gobernadores de los Departamentos, para la práctica de las diligencias necesarias en el ejercicio de sus funciones. 

  

TITULO 

  

DE LOS TRIBUNALES SECCIONALES DE 

  

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

  

Capítulo 

  

Del personal. 

  


Artículo 23. Los Tribunales Seccionales de lo Contencioso-Administrativo son ocho, cuyas denominaciones, territorio de su jurisdicción y lugar de su residencia se expresan en seguida: 

  

a) Tribunales Administrativos de Bogotá con residencia en la ciudad del mismo nombre y con jurisdicción en el Departamento de Cundinamarca, Intendencia Nacional del Meta y Comisarías de Vaupés y Vichada; 

  

b) Tribunal Administrativo de Bucaramanga con residencia en la ciudad del mismo nombre y con jurisdicción en los departamentos de Santander y Norte de Santander; 

  

c) Tribunal Administrativos de Cartagena, con residencia en la ciudad del mismo nombre y con jurisdicción en los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Panamá, Intendencias Nacionales de Chocó y San Andrés y providencia y Comisarías de Jurado, Urabá y La Goajira; 

  

d) Tribunal Administrativo de Medellín, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y con Jurisdicción en los Departamentos de Antioquia y Caldas; 

  

e) Tribunal Administrativo de Pasto, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y con jurisdicción en el Departamento de Nariño, y en las comisarías del Caquetá y el Putumayo; 

  

f) Tribunal Administrativo de Popayán con residencia en la ciudad con el mismo nombre, y con jurisdicción en los Departamentos del Cauca y el Valle; 

  

g) Tribunal Administrativo de Ibagué, con residencia en la ciudad del mismo nombre y con jurisdicción en los Departamentos del Tolima y Huila; y 

  

h) Tribunal Administrativo Tunja, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y con jurisdicción en el Departamento de Boyacá y en la comisaría de Arauca. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Artículo 24. Cada Tribunal Administrativo Seccional consta de tres Magistrados con excepción del de Cartagena que se compone de cinco. 

  


Artículo 25. Los Magistrados de los Tribunales Administrativos Seccionales se eligen por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-administrativo, el cual debe proceder en los términos prescritos en el artículo de esta Ley. 

  


Artículo 26. El período de los Magistrados en los Tribunales Administrativos Seccionales es de tres años, contados desde el 1.º de marzo siguiente a su elección. 

  


Articulo 27. Para ser Magistrado de un Tribunal Administrativo Seccional se requiere tener las mismas condiciones exigidas para los de los tribunales Superiores de Distrito Judicial por el artículo 154 de la Constitución. 

  


Artículo 28. No puede ser elegidos Magistrados de un mismo Tribunal Administrativo Seccional individuos que sean entre sí parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad. 

  


Artículo 29. Quien obtenga el nombramiento de Magistrado de un Tribunal Administrativo Seccional debe presentar dentro del término que tiene para manifestar su aceptación, al Tribunal Superior de Distrito Judicial que resida en la ciudad capital del respectivo Tribunal Administrativo Seccional para que ha sido designado, los comprobantes de que reúne las condiciones de que trata el artículo ,con el objeto de obtener la confirmación del nombramiento, la que se otorga por medio de una resolución motivada, y sin la cual no puede tomar posesión el Magistrado elegido. 

  


Artículo 30. Corresponde al Gobernador del Departamento en que reside el Tribunal Administrativo Seccional, dar posesión a los Magistrados que han de componerlo. 

  


Artículo 31. Las faltas absolutas y las temporales de los Magistrados de Tribunales Administrativos Seccionales se llenan provisionalmente por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial que residen en la misma capital, mientras el Tribunal Supremo hace la respectiva elección para el resto del período, en la forma prevenida en el artículo. 

  


Artículo 32. Los Magistrados de los Tribunales Administrativos Seccionales no pueden ser suspendidos de su empleo sino por la Corte Suprema de Justicia, cuando contra ellos se haya dictado por la autoridad competente auto de proceder por causa de responsabilidad o delito que merezca pena corporal o pérdida de empleo, ni pueden ser privados de él sino por sentencia judicial 

  


Artículo 33. El Gobernador residente en la capital respectiva puede conceder licencias a los Magistrados de los Tribunales Administrativos Seccionales para separarse de sus destinos hasta por noventa días en un año. 

  

En este caso debe darse aviso al Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente, para que este haga la designación del interino que debe suplir la falta. 

  


Artículo 34. El Presidente de un Tribunal Administrativo Seccional puede conceder licencias hasta por cinco días a los Magistrados del mismo y dar el aviso de que trata el artículo anterior si la urgencia del despacho lo exige. 

  


Artículo 35. El personal subalterno de los Tribunales Administrativos Seccionales es el siguiente: un Secretario, un Oficial Escribiente y un Portero Escribiente. 

  

El Tribunal Administrativo seccional de Cartagena tiene dos Oficiales Escribientes. 

  


Artículo 36. Cada Tribunal Administrativo Seccional debe formar una lista de seis Conjueces destinados a llenar las faltas de los Magistrados, en que los casos de impedimento, o de recusación, y a intervenir en las decisiones, en los casos de empate. 

  

Son comunes a estos Conjueces las disposiciones del Código Judicial relativas a la de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial y tienen aquéllos la misma remuneración señalada a éstos. 

  

En el Tribunal Administrativo Seccional de Cartagena, la lista de Conjueces debe formarse de diez individuos. 

  


Artículo 37. Son comunes a los Tribunales Administrativos Seccionales las disposiciones de los artículos 

  

Capítulo 

  

De las funciones. 

  


Artículo 38. Los Tribunales Administrativos Seccionales conocen privativamente y en una sola instancia de los asuntos siguientes: 

  

a) De las cuestionas suscitadas sobre validez o nulidad de los acuerdos u otros actos de los Conc1ejos de los Municipios, situados dentro del territorio de la jurisdicción del respectivo Tribunal, acusados ante ellos como violatorios de la Constitución, las leyes, o las ordenanzas departamentales, o como lesivos de derechos civiles; 

  

b) De las cuestiones suscitadas sobre la validez o nulidad de los actos ejecutados por las autoridades administrativas del orden municipal de su respectiva jurisdicción, acusados ante ellos por los mismos motivos; 

  

c) De las demandas sobre nulidad de las votaciones o actas de escrutinio de los Jurados de votación, Jurados y Juntas Electorales; 

  

d) De las cuestiones que se susciten, en el campo administrativo entre dos o más Municipios situados dentro del territorio de su jurisdicción; 

  

e) De las cuestiones que se susciten entre los particulares y los Departamentos, o Municipios de su respectiva jurisdicción sobre el monto, distribución o asignación de los impuestos departamentales o municipales; 

  

f) De las cuestiones que se susciten, en el campo administrativo entre un Departamento una Intendencia y una Comisaría situados dentro del territorio de su jurisdicción y un Municipio cualquiera, y 

  

g) De los recursos contenciosos-administrativos contra las resoluciones de los empleados departamentales o municipales, o de una Intendencia o Comisaría, que pongan fin a una actuación administrativa, con excepción de los que se originan en contratos celebrados en nombre de una entidad política distinta del Estado, pues las acciones contra providencias de aquella clase sólo puede ejercitarse ante la justicia ordinaria. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 39. Los Tribunales Administrativos Seccionales conocen en primera instancia de los asuntos siguientes: 

  

a) De las cuestiones suscitadas sobre la validez o nulidad de las ordenanzas u otros actos de las Asambleas Departamentales correspondientes a sus respectivas jurisdicciones, acusadas ante ellos como violatorias en la Constitución o las leyes, o como lesivas de derechos civiles; y 

  

b) De las cuestiones que se susciten entre el Estado y los particulares sobre el monto, distribución o asignación de los impuestos nacionales. 

  


Artículo 40. Los Tribunales Administrativos Seccionales conocen en segunda instancia de los asuntos siguientes: 

  

a) De las apelaciones contra los asuntos interlocutorios o de sustanciación y las sentencias de excepciones pronunciadas por los Recaudadores departamentales o municipales, correspondientes a sus respectivas jurisdicciones; 

  

b) De las apelaciones contra los autos de fenecimiento definitivo dictados por los Tribunales, o Cortes de Cuentas de los Departamentos, correspondientes a sus respectivas jurisdicciones; y 

  

c) De las apelaciones contra los autos de imposición de multas dictadas por dichos Tribunales o Cortes de Cuentas. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 41. Los Tribunales Administrativos Seccionales conocen, a prevención de las cuestiones que se susciten, en el campo administrativo, entre dos o más Municipios, situados en distintos Departamentos, Intendencias o Comisarías, siempre que uno de ellos este situado dentro de la jurisdicción del Tribunal que aprehende el conocimiento. 

  


Artículo 42. Los Tribunales Administrativos Secciónales tienen además, las siguientes funciones: 

  

a) Decidir acerca de la conformidad de los contratos celebrados por los Gobernadores de los Departamentos de sus respectivas jurisdicciones con las autorizaciones dadas por ordenanzas especiales; 

  

b) Decidir acerca de la conformidad de los contratos celebrados por los Alcaldes de los Municipios de sus respectivas jurisdicciones con las autorizaciones dadas en Acuerdos municipales especiales, y 

  

c) Las mismas que tiene señaladas en el Tribunal Supremo en los apartes e), f), g), h), i), j), k), l), ll), y n) del artículo. 

  

TITULO 

  

DEL MINISTERIO PUBLICO 

  


Artículo 43. El Ministro Público debe intervenir en todas las actuaciones que se siguen en los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. 

  

Todos los autos que en ellas se dicten deben ser notificados al respectivo Agente, quien puede usar con respecto a ellos de los recursos legales. 

  


Artículo 44. Las funciones del Agente del Ministerio Público se ejercen ante, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, por el Procurador General de la Nación, y ante los Tribunales Administrativos Seccionales, por el respectivo Fiscal del Tribunal de Distrito Judicial que ejerce sus funciones en la capital de la respectiva Sección Contencioso-Administrativa. 

  


Artículo 45. Los Departamentos y Municipios pueden constituír los apoderados o voceros que a bien tengan para defender sus intereses en los juicios que se ventilen en los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. 

  


Artículo 46. En el caso de que se siga un juicio administrativo ante el Tribunal Supremo en que tengan intereses opuestos la Nación y uno o más Departamentos, el Procurador General debe defender los de la primera. 

  


Artículo 47. En el caso de que se siga un juicio Administrativo ante un Tribunal Seccional en que tengan intereses opuestos un Departamento y un Municipio, el Fiscal debe defender los intereses del primero, y lo propio debe hacer tratándose de una Intendencia o una Comisaría. 

  

TITULO IV 

  

DEL MODO DE PROCEDER LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

  


Artículo 48. Los negocios de que conocen el Tribunal Supremo y los Tribunales Seccionales de lo Contencioso-Administrativo, se reparten entre los Magistrados que lo formen, por lo menos una vez cada semana, mediante su clasificación y el cumplimiento de las demás formalidades reglamentarias. 

  


Artículo 49. El Magistrado a quien se reparte un negocio se llama sustanciador y tiene a su cargo el pronunciamiento de todos los autos interlocutorios y de sustanciación la práctica de las pruebas y la presentación al Tribunal de proyectos de resolución o sentencia definitiva. 

  


Artículo 50. Para toda decisión de carácter definitivo se necesita mayoría absoluta para la parte resolutiva y mayoría relativa para la parte motiva. 

  


Artículo 51. Los autos dictados por el sustanciador son apelables ante los Magistrados restantes constituidos en Sala de Decisión, en los casos y dentro de los términos señalados en las Leyes sobre procedimiento civil. 

  

Pero cuando se concede una apelación en efecto devolutivo, no se sacan las copias de que tratan tales leyes, sino que se actúa por la Sala y el sustanciador en el mismo expediente. 

  

TITULO V 

  

DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS EN LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

  

Capitulo I 

  

De la nulidad de las Ordenanzas y otros actos de las Asambleas Departamentales. 

  


Artículo 52. Todo ciudadano tiene derecho a pedir al respectivo Tribunal Seccional Administrativo que se declare la nulidad en la Ordenanza u otro acto de una Asamblea Departamental que se considere contrario a la Constitución o a la ley. 

  


Artículo 53. La demanda debe introducirse dentro del término, de noventa días, a contar de la fecha en que fue sancionada la Ordenanza, o ejecutado el acto de que se trata. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Artículo 54. La demanda debe contener: 

  

a) La designación del Tribunal a que se dirige; 

  

b) Lo que se demanda; 

  

c) Las disposiciones constitucionales o legales en que se funda; y 

  

d) Los hechos en que se apoya 

  


Artículo 55. A la demanda se debe acompañar un ejemplar autenticado del número del periódico oficial del respectivo Departamento en que se publicó el acto acusado, o una copia auténtica de éste, y a ella se puede agregar los documentos u otras pruebas que quiera el demandante. 

  

Si el acto no ha sido publicado y la autoridad o empleado que debió dar la copia se negó a expedirla, se debe expresar así en la demanda. 

  


Artículo 56. La Demanda debe presentarse personalmente ante el Secretario del Tribunal Seccional Administrativo correspondiente si el demandante reside en el mismo lugar en que dicho Tribunal tiene su asiento. 

  


Artículo 57. Si el demandante no reside en el mismo lugar del asiento del Tribunal Administrativo Seccional, debe entregar personalmente su demanda al Juez o al presidente del Tribunal del orden judicial de mayor categoría de su residencia. 

  


Artículo 58. El Juez o Tribunal que recibe la demanda debe poner al pie de ella constancia de su presentación, y remitirla por inmediato correo al Tribunal Administrativo a que se dirige, con los comprobantes que la acompañan. 

  


Artículo 59. Recibida la demanda en el Tribunal Administrativo Seccional y repartida que sea, se dicta por el Magistrado sustanciador un auto en que se ordene: 

  

a) Su notificación al Agente del Ministro público; 

  

b) La petición de la copia del acto acusado, dirigida al empleado que debía expedirla, en el caso previsto en el inciso final del artículo 

  

c) La fijación del asunto en lista por el término de cinco días para que el Agente del Ministerio Público, el demandante, o cualquiera otro ciudadano que quiera coadyuvar o impugnar la demanda, puedan solicitar la práctica de pruebas, y 

  

d) La suspensión provisional del acto denunciado, cuando ella fuere necesaria para evitar un perjuicio notoriamente grave. 

  


Artículo 60. Vencidos los cinco días de que trata el artículo precedente, el Magistrado sustanciador dicta un auto en que ordene la práctica de las pruebas pedidas dentro de un termino, que no puede bajar de diez días ni pasar de veinte. 

  


Artículo 61. Vencidos el término probatorio, el Magistrado Sustanciador señala días y hora para que el Tribunal oiga en audiencia pública al demandante, o a su vocero, y al Agente del Ministerio Público por su orden. 

  

Este señalamiento no puede hacerse para antes de tres días ni después de seis, contados desde el siguiente al de la expiración del referido termino. 

  

Es el deber del Magistrado sustanciador presentar al Tribunal antes de que la audiencia se verifique, un memorándum sintético de las cuestiones sometidas a su decisión. 

  


Artículo 62. Verificada la audiencia, tanto el demandante como el Agente del Ministerio Público puede consignar por escrito un resumen de sus alegaciones orales, el cual ha de presentarse dentro de los tres días siguientes al de la audiencia. 

  

Es aplicable a este juicio lo dispuesto en el artículo 

  


Artículo 63. Cualquier otro ciudadano puede también alegar por escrito, dentro del término señalado en el artículo anterior. 

  


Artículo 64. Dictada la sentencia se comunica ésta al Ministerio de Gobierno y al Gobernador del Departamento respectivo. 

  


Artículo 65. La sentencia del Tribunal es apelable en el efecto devolutivo para ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso-administrativo, por el Agente del Ministerio Público o por el demandante. 

  


Artículo 66. En el caso de que la sentencia no sea apelada, se debe consultar con dicho Tribunal Supremo, pero entre tanto decide éste se cumple la sentencia del Tribunal Seccional. 

  


Artículo 67. Recibido el expediente en el Tribunal Supremo, el Magistrado sustanciador anuncia su llegada por medio de un auto en que se debe señalar día para que se verifique la audiencia pública, que no puede ser para antes de tres días ni después de seis contados desde el siguiente al de la fecha del repartimiento. 

  


Artículo 68. Son comunes a la segunda instancia y a la consulta los artículos y el inciso final del artículo. 

  


Artículo 69. También pueden pedirse por el agente del Ministerio Público, motu proprio, o por orden del Gobernador respectivo, o por el Procurador General de la Nación, la anulación de una ordenanza u otro acto de un Asamblea Departamental, el concepto de ser Violatorios de la Constitución o la Ley. 

  


Artículo 70. En estos casos, se procede en los términos prescritos en los artículos anteriores de este capitulo, en lo pertinente. 

  


Artículo 71. Sin una ordenanza o una providencia cualquiera de una Asamblea Departamental se estima violatoria de la Constitución o de la ley, en el concepto de ser lesiva de derechos civiles sólo la persona o personas que se crean agraviadas pueden entablar el juicio administrativo encaminado a obtener la declaración de nulidad. 

  

Por tanto en este juicio invierten únicamente, como partes, tales personas y el Agente del Ministerio Público, y en él no hay lugar a la consulta de que trata el artículo. 

  

Capítulo 

  

De la nulidad de los Acuerdos y otros actos de los Concejos. 

  


Artículo 72. Todo ciudadano tiene derecho de pedir al respectivo Tribunal Administrativo Seccional que se declare nulo un acuerdo, u otro acto de un Concejo que considere contrario a la Constitución, a la ley o a la ordenanza departamental. 

  


Artículo 73. Son comunes a los juicios administrativos promovidos en virtud del artículo anterior, las disposiciones contenidas en los artículos. 

  


Artículo 74. Dictada la sentencia, se comunica ésta el Gobernador del Departamento y al Alcalde Municipal respectivos. 

  


Artículo 75. También pueden pedirse por el Fiscal del Tribunal correspondiente, motu proprio, o por orden del Gobernador del Departamento, o del Jefe de la Intendencia o Comisaría , en su caso, la anulación de un acuerdo, u otro acto de un Concejo, en el concepto de ser violatorios de la Constitución, la ley o la ordenanza departamental. 

  


Artículo 76. En estos caso, se sigue la tramitación señalada en los artículos , en lo pertinente. 

  


Artículo 77. Si un acuerdo o una providencia cualquiera de un Concejo, se estima violatoria de la Constitución, la ley o la ordenanza departamental, en el concepto de ser lesiva de los derechos civiles sólo la persona o personas que se crean lesionadas pueden entablar el juicio administrativo encaminado a obtener la declaración de nulidad. 

  

Por tanto en este juicio, interviene únicamente como parte, tales personas y el Agente del Ministerio Público. 

  

Capítulo 

  

De la revisión de los actos del Gobierno. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 78. La revisión de los actos del Gobierno o de los Ministros, que no sean de la clase de los sometidos a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia por el citado artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, corresponde al Tribunal Supremo de los Contencioso-administrativo cundo sean contrarios a la Constitución, la ley o lesivos de derechos civiles. 

  


Artículo 79. La revisión de los actos que se refieren al artículo anterior en el concepto de inconstitucionalidad o ilegalidad, salvo el caso del artículo siguiente, se procede por el Tribunal Supremo de la manera como se prescribe en los artículos, para las demandas de nulidad de las ordenanzas departamentales introducidas en los Tribunales Administrativos Seccionales a petición del Ministerio público o de cualquier ciudadano. 

  


Artículo 80. Para la revisión de dichos actos en el concepto de ser lesivos de derechos civiles, no puede procederse sino a petición de quienes tengan intereses en ello por creerse agraviados. Por tanto en este juicio intervienen únicamente tales personas y el Agente del Ministerio Público. 

  


Artículo 81. El término para ocurrir ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso-administrativo en los casos en que se concede este recurso respecto de actos de Gobierno, es el de noventa días, contados desde el siguiente a la publicación que debe hacerse en el Diario Oficial de la resolución respectiva. 

  

Capítulo 

  

De los asuntos de cuentas. 

  


Artículo 82. El Tribunal Supremo conoce de los asuntos relativos a la verificación contencioso-administrativa del Presupuesto en los términos prescritos en el Código Fiscal. 

  


Artículo 83. Los Tribunales Seccionales Administrativos conocen de las apelaciones contra los autos de fenecimiento definitivo proferidos por los Tribunales de Cuentas Departamentales, siguiendo la tramitación señalada en el Código Fiscal para los asuntos análogos de que conoce el Tribunal Supremo. 

  

Capítulo 

  

De los suministros, empréstitos y expropiaciones. 

  


Artículo 84. El Tribunal Supremo de lo Contencioso-administrativo procede en la tramitación y decisión de los juicios sobre suministros, empréstitos y expropiaciones de acuerdo con las reglas trazadas para la Comisión creada al efecto, con las siguientes modificaciones: 

  

a) Repartidos los juicios pendientes, el Magistrado sustanciador dicta por sí solo los actos interlocutorios y de sustanciación, practica u ordena practicar las pruebas o ampliaciones que estime necesarias y presenta al Tribunal, una vez terminada la actuación, el proyecto de sentencia definitiva; 

  

b) Los asuntos dictados por el sustanciador son reformables, revocables y apelables en los casos y dentro de los términos señalados por las leyes de procedimiento civil. 

  

Capítulo 

  

De los juicios sobre pensiones y recompensas. 

  


Artículo 85. El Tribual Supremo de lo Contencioso-administrativo al cual corresponde el conocimiento de los juicios sobre pensiones y recompensas militares una sola instancia debe sujetarse en cuanto al procedimiento a las reglas trazadas por las leyes vigentes que rigen en la materia. 

  


Artículo 86. Los juicios sobre pensiones y jubilaciones civiles, cuyo conocimiento corresponde también en una sola instancia al Tribual Supremo de lo Contencioso-administrativo se tramitan por éste con sujeción a las disposiciones procedimentales referentes a esta materia 

  


Artículo 87. Las sentencias del Tribunal Supremo deben ser comunicadas al Ministerio del Tesoro, para su ejecución. 

  

Las que se refieran a pensiones o recompensas militares, deben comunicarse también el Ministerio de Guerra, para que éste haga tomar nota del hecho en la Oficina correspondiente. 

  

Capítulo 

  

De las competencias sobre facultades administrativas entre las entidades políticas. 

  


Artículo 88. Los juicios sobre competencia en materia de facultades administrativas entre la Nación y un Departamento, o entre dos o más de estos, se tramitan así: 

  

a) La autoridad que insiste debe remitir, inmediatamente lo actuado al Tribual Supremo de lo Contencioso-administrativo; 

  

b) Repartido el asunto, el Magistrado sustanciador señala día y hora para que se verifique la audiencia pública ante el Tribunal; 

  

c) En ella representa a la Nación el Procurador General, si aquélla está interesada; 

  

d) Los Departamentos deben hacerse representar por voceros especiales. 

  

e) Si en el juicio no es parte la Nación, debe oírse siempre el Procurador General en interés de la ley; 

  

f) Verificada la audiencia o declarada surtida, y presentados los alegatos escritos, vencido el término de los tres días siguientes a la audiencia, dentro de los cuales pueden las partes presentar el resumen de sus alegaciones orales, principia a correrle al Magistrado sustanciador el término que tiene para la presentación del proyecto de sentencia. 

  

Capítulo. 

  

De los asuntos de impuestos. 

  


Artículo 89. La persona a quien se exija un impuesto nacional que crea no debe serle exigido, o se le liquide de manera que él juzgue incorrecta, puede ocurrir al Tribunal Seccional Administrativo correspondiente para que se revise la resolución del Recaudador. 

  


Artículo 90. Las personas a quien se exija un impuesto departamental o municipal que crea no debe serle exigido, o se le liquide de manera que él juzgue incorrecta, puede ocurrir al Tribunal Seccional Administrativo correspondiente para que se revise la resolución del Recaudador. 

  


Artículo 91. Son comunes a estos juicios las disposiciones de los artículos. 

  

TITULO 

  

DISPOSICIONES GENERALES 

  


Artículo 92. Los juicios administrativos para los cuales no se señala tramitación especial, se sustancian y deciden como los de nulidad de las ordenanzas y otros actos de Asambleas Departamentales. 

  


Artículo 93. Las sentencias definitivas ejecutoriadas de los Tribunales de lo Contencioso-administrativo son obligatorias y no están sujetas a la revisión por parte de la justicia ordinaria. 

  


Artículo 94. Dichas sentencias quedan sometidas a la formalidad del registro cuando afectan derechos civiles. 

  


Artículo 95. La facultad de dictar autos para mejor proveer que las leyes sobre procedimientos civiles conceden a los Tribunales de segunda instancia, se entienden conferidas también al Tribunal Supremo y a los Tribunales de lo Contencioso-administrativo cuando conocen de un negocio en una sola instancia o por apelación o consulta. 

  


Artículo 96. Las competencias que se susciten entre un Tribunal de Distrito Judicial y uno Seccional Administrativo, las decide la Corte Suprema de Justicia. 

  


Artículo 97. En las que se susciten entre el Tribunal Supremo y de lo Contencioso-administrativo y la Corte Suprema de Justicia, la insistencia de la ultima prevalece. 

  


Artículo 98. Las competencias que se susciten entre un Tribunal Administrativo Seccional y un Juez de Circuito o Municipal, las dirime el Tribunal Superior de Distrito Judicial existente en la ciudad en que aquél tenga su asiento. 

  


Artículo 99. La responsabilidad criminal del los Magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Administrativos Seccionales es la misma que, por sus actos u omisiones en el ejercicio de su cargo, tienen los de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial. 

  


Artículo 100. De las causas de responsabilidad por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o con el pretexto de ejercerlas, por los Magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Seccionales Administrativos conoce la Corte Suprema de Justicia. 

  


Artículo 101. De las causas que se sigan contra ellos por delitos comunes cometidos en cualquier tiempo pero que deban seguirse cuando se hallen en ejercicio de sus funciones, conoce también la Corte Suprema de Justicia. 

  


Artículo 102. El Magistrado sustanciador tiene los siguientes términos para despachar: para los autos de sustanciación, el de veinticuatro horas; para los interlocutorios el de tres días y para formular el proyecto de resolución o sentencia, el de diez. 

  


Artículo 103. Los Tribunales de lo Contencioso-administrativo tiene el término de cinco días para dictar la sentencia o resolución definitiva, a partir del siguiente el de la presentación del proyecto por el Magistrado sustanciador. 

  


Artículo 104. Todas las disposiciones del Código Judicial y de las leyes que lo adicionan y reforman son aplicables a los juicios y actuaciones a cargo de los Tribunales de que trata esta Ley, en cuanto sean compatibles con su naturaleza y no se opongan a las especiales contenidas el ella. 

  


Artículo 105. Las actuaciones en los asuntos contencioso-administrativo que versen sobre intereses particulares, se siguen en papel sellado. 

  


Artículo 106. En los Juicios administrativos, que tienen por objeto revisar providencias en que se impone la obligación de consignar una cantidad de dinero, como el pago de un impuesto, no se debe admitir la demanda si a ella no se acompaña el comprobante de haberse pagado la cantidad al Recaudador. 

  


Artículo 107. Todos los días debe haber despacho en los Tribunales de lo Contencioso-administrativo, durante seis horas días, por lo menos, que para cada localidad señala el respectivo Tribunal, con excepción de los días de fiesta nacional los de guarda de la Iglesia Católica, los de la semana santa, y el término de vacaciones que se cuenta desde el 20 de diciembre hasta el 1.º de enero. 

  


Artículo 108. En los términos de la presente Ley quedan reformados el Código Judicial y las leyes que lo adicionan y reforman; las leyes sobre elecciones, pensiones o jubilaciones civiles; reclamaciones de extranjeros, régimen político y municipal y la 53 de 1909. 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 109. Deróganse las siguientes disposiciones legales: los artículos 1099 y 1100 del Código Judicial; 112 a 119, 181 y 182 de la Ley 4.ª de 1913; 113 a 122 de la Ley 7ª de 1988 y la parte final del 12 de la Ley 80 de 1910. 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 110. La presente Ley no reforma la décima del presente año. 

  


Artículo 111. Son anulables como las ordenanzas de las Asambleas Departamentales, los decretos y demás actos de los Gobernadores contrarios a la Constitución, a las leyes, o a las ordenanzas, o lesivos de derechos civiles. 

  

De los respectivos juicios conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos Seccionales y en segunda el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, según la tramitación establecida en los artículos. 

  


Artículo 112. Esta ley empezará a regir para todos sus efectos el 1.º de marzo de 1914. 

  

Empero, el nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de lo Contencioso-administrativo debe hacerse en los últimos días del mes de enero del mismo año, a fin de que el mismo Tribunal se instale el 1.º de febrero siguiente y proceda a verificar dentro de los primeros quince días de dicho mes el nombramiento de Magistrados de los Tribunales Seccionales, los cuales deben instalarse el 1.º de marzo de 1914. 

  

Artículos transitorios. 

  


Artículo 113 A. Las reclamaciones de extranjeros que se hallen pendientes en el Ministerio de Relaciones Exteriores deben pasar al Tribunal Supremo de lo Contencioso-administrativo, para que éste las decida privadamente y en una sola instancia. 

  


Artículo 114 B. El primer período de los Magistrados de Tribunal Supremo de lo Contencioso-administrativo principia el 1.º de febrero de 1914 y termina el 31 de enero de 1919. 

  


Artículo 115 C. El primer período de los Magistrados de los Tribunales Seccionales Administrativos principia el 1.º de marzo de 1914 y termina el 28 de febrero de 1917. 

  


Artículo 116 D. Mientras la ley general sobre asignaciones civiles no disponga otra cosa, los sueldos del personal de los Tribunales de lo Contencioso-administrativo serán los siguientes: 

  

a) Cada uno de los Magistrados del Tribunal Supremo $3.000 anuales; 

  

b) Cada uno de los Magistrados de los Tribunales Seccionales $1.800; 

  

c) El Secretario del Tribunal Supremo $1.800; 

  

d) Cada uno de los Secretarios de los Tribunales Seccionales $ 1.440; 

  

e) El Oficial mayor del Tribunal Supremo $1.440; 

  

f) Cada uno de los Escribientes del Tribunal Supremo $600; 

  

g) Cada uno de los Escribientes de los Tribunales Seccionales $480; 

  


Artículo 117 E. La publicación de esta Ley debe ser dirigida por la Comisión Legislativa, la que puede hacer los cambios de redacción que las modificaciones introducidas hagan estrictamente indispensables en orden a la congruencia y armonía que deba haber en las diferentes partes de las misma. 

  

Dada en Bogotá a cuatro de diciembre de mil novecientos trece. 

  

El Presidente del Senado, 

  

JOSE VICENTE CONCHA 

  

El Presidente de la Cámara de Representantes, 

  

ANTONIO JOSE URIBE 

  

El Secretario del Senado, 

  

Julio H. Palacio 

  

El Secretario de la Cámara de Representantes, 

  

Daniel J. Reyes 

  

Poder Ejecutivo-Anolaima, diciembre 13 de 1913. 

  

Publíquese y ejecútese. 

  

CARLOS E. RESTREPO 

  

Bogotá, diciembre 15 de 1913. 

  

El Ministro de Gobierno, 

  

CLODOMIRO RAMIREZ