LEY891948194812 script var date = new Date(16/12/1948); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO LXXXIV. N. 26900. 22, DICIEMBRE, 1948. PÁG. 7.PODER LEGISLATIVOSobre organización electoralVigentefalsefalseInteriorfalseElectoralLEY ORDINARIA27/12/194810/12/1948269039484

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXIV. N. 26900. 22, DICIEMBRE, 1948. PÁG. 7.

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

LEY 89 DE 1948

(diciembre 16)

Sobre organización electoral

ESTADO DE VIGENCIA: [Mostrar]

Subtipo: LEY ORDINARIA

El Congreso de Colombia 

  

decreta: 

  


ARTÍCULO 1º. La presente Ley tiene por objeto crear una organización electoral ajena a las influencias de los partidos, de cuyo funcionamiento ningún partido o grupo político pueda derivar ventajas sobre los demás en la obtención de la cédula de ciudadanía para sus afiliados, ni en la formación de los censos electorales, ni en las votaciones y escrutinios; y cuyas regulaciones garanticen la plena responsabilidad y la imparcialidad política de los funcionarios adscritos a ella. Este principio constituye la norma de conducta a la cual deberán ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de los organismos electorales. 

  


ARTÍCULO 2º. A partir de la vigencia de esta Ley la organización electoral estará a cargo: 

  

a) De una Corte Electoral con sede en la capital de la República. 

  

b) De las comisiones escrutadoras o de recuento de votos en los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Municipios. 

  

c) Del Registrador Nacional del Estado Civil. 

  

d) De los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en los Departamentos. 

  

e) De los Registradores Municipales y de sus Delegados en las mesas de votación. 

  


ARTÍCULO 3º. La corte Electoral estará integrada por el más antiguo ex - Presidente de la República, en capacidad de ejercer las funciones señaladas a los miembros de este organismo; por los dos Magistrados más antiguos de la Corte Suprema de Justicia, de diferente filiación política; por el Rector de la Universidad Nacional y por el Gerente del Banco de la República. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


ARTÍCULO 4º. Son funciones de la Corte Electoral: 

  

1º. Elegir, por la unanimidad de sus miembros, al Registrador Nacional del Estado Civil, de conformidad con las normas de la presente Ley. 

  

2º. Efectuar los escrutinios en las elecciones para Presidente de la República, para Senadores y Representantes al Congreso y para Diputados a las Asambleas Departamentales, y hacer la correspondiente declaratoria de elección, de acuerdo con las normas de la presente Ley. 

  

3º. Mientras no se cumpla lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, impartir o negar, por la unanimidad de sus miembros, su aprobación a las normas generales que proponga la Oficina Nacional de Identificación sobre expedición de cédulas de identificación, cancelación o revalidación de las mismas, altas y bajas de ciudadanos en el registro electoral permanente, sistemas de conservación de dicho registro y sistemas de identificación. 

  

4º. Nombrar los escrutadores y demás empleados que estime necesarios para el correcto ejercicio de las funciones que le están encomendadas. 

  

5º. Aprobar por la unanimidad de sus miembros el nombramiento de Visitadores que debe hacer el Registrador Nacional conforme a la presente Ley. 

  

6º. Destinar a los diferentes Departamentos del país, para cada período, por resolución unánime de sus miembros, los Delegados Departamentales que haya nombrado el Registrador Nacional, señalándoles las zonas en que deben actuar, a razón de uno de cada partido para cada Departamento. Cada Departamento se dividirá por la Corte Electoral en dos zonas por medio de resolución unánime de la misma. 

  

7º. Ordenar las investigaciones y visitas que tenga a bien para vigilar el correcto funcionamiento de los organismos electorales, nombrando, por la unanimidad de sus miembros, los funcionarios que habrán de practicarlas. 

  

8º. Señalar el número de funcionarios que cada Delegado Departamental deba tener para el desempeño de sus funciones. 

  


ARTÍCULO 5º. La Corte Electoral no podrá estar integrada en ningún caso por más de tres miembros pertenecientes a un mismo partido. 

  


ARTÍCULO 6º. Cada dos años la Corte Electoral designará, por la unanimidad de votos de sus miembros, al Registrador Nacional del Estado Civil y al Suplente que haya de reemplazarlo en sus faltas accidentales. Si durante el período ocurriere la falta absoluta del Registrador, la Corte designará uno nuevo. Se entiende que hay falta absoluta en caso de muerte, renuncia o separación del cargo por más de cuarenta y cinco días continuos. 

  

El Registrador Nacional del Estado Civil deberá reunir las siguientes condiciones: ser colombiano de nacimiento, mayor de treinta años y gozar de una alta reputación de probidad y rectitud. 

  

El ejercicio del cargo de Registrador Nacional del Estado Civil es incompatible con el de cualquier otro empleo público; ni el Congreso ni el Gobierno podrán designar al Registrador, durante el ejercicio de su cargo, ni dentro de los seis meses posteriores al momento en que haya cesado en dicho ejercicio, para ningún empleo cuya provisión les corresponda y el Registrador no podrá ser elegido Diputado, Representante o Senador durante el período para que fue nombrado, ni dentro del año siguiente al vencimiento de dicho periodo. 

  

El nombramiento de Registrador no podrá recaer en quien haya sido elegido para cargo de elección popular en los dos años anteriores a su designación o haya pertenecido a un directorio político en el mismo periodo. 

  

Por la unanimidad de sus miembros y por falta en el cumplimiento de sus deberes o manifiesta parcialidad política, la Corte Electoral podrá destituir al Registrador Nacional mediante resolución motivada. 

  


ARTÍCULO 7º. La Corte Electoral efectuará los escrutinios de las elecciones para Presidente de la República, con las facultades y dentro de las normas que hoy regulan las funciones y atribuciones del Gran Consejo Electoral. 

  


ARTÍCULO 8º. La Corte Electoral practicará los escrutinios de las elecciones para Senadores, Representantes a la Cámara y Diputados a las Asambleas Departamentales, de conformidad con las reglas siguientes: 

  

a) Se formará treinta días antes de cada elección popular y por el voto unánime de los miembros de la Corte Electoral, una lista de ciudadanos de un número equivalente al doble de los Departamentos. Dicha lista estará formada por ciudadanos pertenecientes a los dos partidos que tengan mayor representación en el Congreso Nacional, en forma tal que sea igual el número de los afiliados a cada uno de dichos partidos políticos; 

  

b) Diez días después de cada elección popular la Corte procederá a escoger, por sorteo y para cada Departamento, de la lista a que se refiere la letra anterior dos ciudadanos de distinta filiación política, encargados de verificar, por delegación y a nombre de la Corte, los escrutinios previstos en este artículo; 

  

c) Si en el acto del escrutinio se formulare algún reclamo por la representante de cualquiera de las listas que figuraron en la elección, la Corte Electoral revisará la actuación de sus Delegados y podrá reformar o revocar las decisiones de éstos. 

  

d) Los Delegados tendrán, en lo que al escrutinio se refiere, las mismas funciones y facultades atribuidas hoy a los Consejos Electorales de los Departamentos, pero si no estuvieren de acuerdo o en el acto de los escrutinios se formularen reclamos contra sus actuaciones por cualquiera de los representantes de una de las listas inscritas, se abstendrán de hacer la declaratoria de elección y de expedir las credenciales, y en tal caso dichas declaración y expedición corresponderán a la Corte Electoral, de conformidad con los resultados que arroje la revisión que practique esta última entidad. En el ejercicio de la facultad de revisión, la Corte Electoral tendrá también las funciones y facultades atribuidas hoy a los Consejos Electorales de los Departamentos. 

  


ARTÍCULO 9º. Para el recuerdo de los votos emitidos en cada Departamento en las elecciones para Presidente de la República, la Corte Electoral designará también Delegados en la forma prevista en el artículo anterior, y tendrá sobre la actuación de ellos idéntica facultad de revisión, si contra dicha actuación se presentare algún reclamo en el acto del recuento. 

  


ARTÍCULO 10. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá funciones de Secretario Permanente de la Corte Electoral. El arca triclave en que se guarden los pliegos que sean objetos de actuaciones por parte de la Corte, estará bajo la custodia del Registrador, quien manejará una de las llaves, correspondiendo las otras dos al Presidente y al Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. 

  


ARTÍCULO 11. Los escrutinios que practiquen la Corte Electoral, ya sea directamente, ya por medio de sus Delegados, lo mismo que el recuento de los votos emitidos en cada uno de los Departamentos en las elecciones para Presidente de la República, serán presenciados por un Notario Público, quien levantará un acta en la cual certifique, bajo la fe pública y con las firmas de los miembros de la Corte o de sus Delegados, según el caso, todos los actos del escrutinio. Si en la respectiva localidad hubiere más de un Notario Público, se escogerá a la suerte el que haya de presenciar el escrutinio. 

  


ARTÍCULO 12. Dos días después de cada elección popular los Tribunales Superiores del Distrito Judicial procederán, en Sala Plena, a efectuar el sorteo de Comisiones de dos miembros destinados a efectuar el escrutinio de los votos emitidos en cada Municipio del Distrito Judicial, y los escrutinios en las elecciones de concejeros Municipales. Dichas Comisiones se sortearán de una lista compuesta por todos los Jueces Superiores y de Circuito, y por todos los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos del respectivo Distrito Judicial, pero ningún Notario o Juez o Registrador de Instrumentos Públicos podrá actuar en el Municipio en donde ejerza permanentemente sus funciones. Cada comisión tendrá a su cargo un número igual de Municipios que el respectivo Tribunal designará por una unanimidad. 

  

Las Comisiones Escrutadoras tendrán las mismas facultades que hoy corresponden en cuanto al recuento numérico de los votos a los Jurados Electorales Municipales. Les corresponden también iguales facultades a las que hoy tienen dichos Jurados en los escrutinios de las elecciones para concejeros Municipales. 

  

Si al verificarse los escrutinios o la declaratoria de elección para Concejeros Municipales hubiere desacuerdo entre los miembros de la Comisión, se dejará constancia de este desacuerdo, y los pliegos y documentos correspondientes serán remitidos a la Corte Electoral para que ésta cumpla esas funciones directamente o por conducto de los escrutadores que designe. 

  

Los escrutinios de que trata este artículo se llevarán a efecto dentro del plazo de quince días a partir de la elección, pero dicho plazo puede prorrogarse por la Corte Electoral con conocimiento de causa. 

  


ARTÍCULO 13. El Registrador Nacional del Estado Civil, elegido en la forma prescrita en el artículo 6º de esta Ley, disfrutará de una asignación mensual de dos mil quinientos pesos y tendrá las siguientes funciones: 

  

a) Dirigir la Oficina Nacional de Identificación. En tal carácter reemplaza a los funcionarios creados por el artículo 4º de la Ley 41 de 1946. 

  

b) Vigilar la cedulación y el movimiento de las oficinas de los Registradores del Estado Civil, en todo el país, ya directamente, ya por medio de sus Delegados y Visitadores. 

  

c) Investigar directamente o por medio de sus agentes cualquier irregularidad que se le denuncie en materia de cedulación o de confección de censos electorales, sancionaría conforme a las normas que más adelante se indican o pasar las diligencias a los Delegados Departamentales, cuando, de acuerdo con la presente Ley, corresponda a éstos imponer la sanción. 

  

d) Actuar como Secretario Permanente de la Corte Electoral. 

  

e) Mientras no se cumpla lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ley, proponer las normas a que se refiere el numeral 3º del artículo 4º de la misma, las cuales requerirán para su validez la aprobación unánime de la Corte. 

  

f) Elegir los Delegados, de distinta filiación política para cada Departamento, de las listas que al efecto le presente la Corte Suprema de Justicia, y pasarlos a la Corte Electoral para su destinación. 

  

g) Impartir su aprobación a los nombramientos de Registradores Municipales que lleven a cabo los Delegados Departamentales dentro de sus respectivas zonas. 

  

Las demás que le señale la presente Ley. 

  


ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional procederá a contratar en Inglaterra, Estados Unidos de América, Bélgica, Suiza, Holanda, Suecia o Canadá, una misión técnica encargada de dictaminar acerca de los sistemas que deban emplearse en la identificación y cedulación y en la formación de los censos correspondientes, y de redactar las normas generales sobre expedición de cédulas de identificación, cancelación de las mismas llegado el caso, altas o bajas de ciudadanos en el registro electoral permanente, sistemas de conservación de dichos registros, formación y conservación del censo electoral permanente o revisión del mismo, así como lo concerniente a la organización misma de la Oficina Nacional de Identificación Electoral y demás previsiones técnicas sobre la materia. Invístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias hasta el 31 de diciembre de 1949 para el solo efecto de dar carácter legal permanente a las recomendaciones que haga la misión técnica y que hayan recibido la aprobación unánime de la Corte Electoral. Los decretos dictados por el Gobierno en desarrollo de esta facultad reemplazarán a las disposiciones vigentes sobre la materia. 

  


ARTÍCULO 15. Mientras no se hayan expedido las nuevas normas a que se refiere el artículo anterior, continuarán vigentes los sistemas de carácter técnico utilizados hoy en la Oficina Nacional de Identificación y las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia. 

  


ARTÍCULO 16. La misión técnica a que se refiere el artículo 14 de esta Ley deberá preparar también, en colaboración con el Registrador Nacional, el proyecto de ley orgánica del Registro Civil en todo el país. En la elaboración de dicho proyecto se oirá, igualmente, el concepto del Director Nacional de Estadística, con el objeto de obtener que el Registro del Estado Civil suministre una base adecuada para la confección de las estadísticas demográficas. 

  


ARTÍCULO 17. Corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil, en su carácter de Jefe de la Oficina Nacional de Identificación, determinar, con el visto bueno de la Corte Electoral, los cargos de dicha Oficina y las remuneraciones de los mismos. Le corresponde también nombrar y remover libremente el personal de la Oficina. 

  

El Secretario de la Oficina Nacional de Identificación, nombrado por el Registrador Nacional, será de diferente filiación política de la de éste. 

  

El Presidente de la República queda investido de facultades extraordinarias hasta el 31 de diciembre de 1949 para dar valor legal a la creación de aquellos cargos y a la fijación de las respectivas remuneraciones. 

  


ARTÍCULO 18. El Registrador Nacional tendrá bajo su dependencia un cuerpo de Visitadores cuyo número determinará la Corte Electoral. Los cargos de Visitadores serán provistos por igual entre ciudadanos de distinta filiación política pertenecientes a los dos partidos que tengan una mayor representación en las Cámaras Legislativas. Estos funcionarios tendrán un período de un año y serán designados por el Registrador, con la aprobación unánime de los miembros de la Corte Electoral. 

  


ARTÍCULO 19. La persona a quien se designe para Delegado Departamental del Estado Civil deberá reunir las siguientes condiciones: ser colombiano de nacimiento, mayor de 25 años y gozar de una alta reputación de probidad y rectitud. 

  

El nombramiento de Delegado Departamental del Estado Civil no podrá recaer en quien haya sido elegido para un cargo de elección popular en los dos años anteriores a su designación, o haya pertenecido a un directorio político en el mismo período. 

  


ARTÍCULO 20. Los Delegados Departamentales del Estado Civil tendrán el carácter de Jefes del Personal de Registradores en las respectivas zonas, y de Agentes del Registrador Nacional para el debido cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. Tendrán, además, las funciones siguientes: 

  

a) Vigilar las actuaciones de los Registradores Municipales en sus respectivas zonas, directamente o por medio de Visitadores. 

  

b) Adoptar las providencias necesarias para que las labores de foto identificación se cumplan adecuadamente en las zonas a su cargo. Para este efecto ellos reemplazan a los Jefes de la Oficina Nacional de Identificación. 

  

c) Investigar directamente o por medio de Visitadores cualquier irregularidad que se les denuncie en materia de cedulación y de censos electorales, e imponer las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 

  

d) Revisar, aprobar o reformar las listas de los funcionarios encargados de recibir los votos en las mesas de votación, de conformidad con lo previsto en la presente Ley. 

  

e) Actuar como Secretarios en los recuentos de los votos emitidos en sus respectivos Departamentos para Presidente de la República, Senadores, Representantes al Congreso o Diputados a las Asambleas Departamentales. 

  

f) Las funciones de los Consejos Electorales Departamentales, con las variaciones establecidas en la presente Ley. 

  

Los Delegados de las zonas en que se divide cada Departamento designarán de común acuerdo a los Registradores Municipales, sometiendo tales nombramientos a la aprobación del Registrador Nacional. Si para estas designaciones ocurriere divergencia entre los dos Delegados, cada uno de ellos podrá proveer independientemente dentro de su zona los cargos con respecto a los cuales dicha divergencia se hubiere presentado, sometiendo también los nombramientos a la aprobación del Registrador Nacional. 

  

El nombramiento de Registradores Municipales se hará de manera que dentro de cada categoría la filiación política de los nombrados corresponda por igual a los dos partidos políticos que tengan mayor representación en las Cámaras Legislativas. Si hubiere categorías en que no figure más que un solo Municipio, el Secretario del respectivo Registrador será de distinta filiación política a la de éste. 

  

El Registrador Nacional señalará la fecha en la cual deberán estar provistos los cargos de Registradores Municipales. 

  

Igualmente corresponde a los Delegados Departamentales el recibo y custodia de los pliegos electorales en cada Departamento, y el área en que dichos pliegos hayan de guardarse tendrá tres llaves, así: una para el Delegado, otra para el Notario de la respectiva localidad y otra para el Gerente de la respectiva Sucursal o Agencia del Banco de la República. El Notario a que se refiere este artículo será escogido por medio de sorteo efectuado por el Delegado ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial. 

  

Los Delegados encargados de las zonas en que se divide cada Departamento rotarán cada tres meses, de una zona a otra. 

  


ARTÍCULO 21. Las funciones de los Delegados Departamentales se extenderán también a la Intendencia o Comisaría que forme con el Departamento una Circunscripción Electoral. 

  


ARTÍCULO 22. En cada Municipio habrá un Registrador Municipal del Estado Civil encargado de la preparación, expedición y revalidación de las cédulas de identificación, de la formación y conservación del registro electoral permanente y de las restantes funciones que le señala la presente Ley. En general, las atribuciones del Registrador Municipal del Estado Civil serán las que hoy tienen los Alcaldes, los Jurados Electorales de los Municipios y los dignatarios y Secretarios de los mismos, n la preparación, expedición, revalidación y cancelación de las cédulas y en la confección de los censos, hasta tanto se verifiquen las variaciones provisionales a que se refiere el inciso 3º del artículo 4º de la presente Ley o las definitivas que se establezcan en desarrollo del artículo 14 de la misma. 

  

Los Registradores Municipales del Estado Civil deberán ser colombianos de nacimiento, mayores de veintiún años, y gozar de una alta reputación de probidad y rectitud. Para responder de las sanciones pecuniarias a que puedan hacerse acreedores en el ejercicio de sus funciones, prestarán una caución no menor de tres mil pesos ($3.000) y no mayor de diez mil pesos ($10.000), que fijará el Delegado Departamental, de acuerdo con reglamentación que dicte al respecto el Registrador Nacional. 

  

Los Registradores Municipales tendrán las mismas inhabilidades a que están sujetos los Delegados Departamentales en virtud de la presente Ley. 

  


ARTÍCULO 23. El Registrador Municipal formará y remitirá al Delegado Departamental de la respectiva zona, a lo menos cincuenta días antes de cada elección popular, una lista de las personas que hayan de encargarse de la función de recibir los votos en las mesas de votación del respectivo Municipio, de llevar el registro de votación y de efectuar el escrutinio en las meas, a razón de dos principales y dos suplentes para cada mesa, pertenecientes a diferentes partidos políticos. El Registrador Municipal designará un tercero, que será el Presidente del Jurado de Votación y que dirimirá los desacuerdos entre los dos restantes, dejando en cada caso constancia escrita de las razones en que apoya su resolución. En la lista deberá expresarse la ubicación de cada mesa y la ocupación de las personas que se indican para cumplir aquellas funciones. 

  

Así mismo en lo relacionado con los locales en que funcionen las Registradurías Municipales y mesas de votación, tendrán la atribución que el artículo 4º de la Ley 60 de 1930 les confiere a los Concejos Departamentales. 

  

Cada seis meses, y dentro de la categoría que corresponda, según el artículo siguiente, los Registradores Municipales rotarán, pasando de un Municipio a otro distinto, conforme a un sistema de rotación automática que prescribirá la Corte Electoral con el voto unánime de sus miembros y la entrega de la Oficina al nuevo Registrador se hará por medio de riguroso inventario. El Delegado Departamental podrá designar un Visitador para que asista al acto de la entrega. La rotación deberá efectuarse de manera tal que el Registrador de cada Municipio sea reemplazado por otro de distinta filiación política. 

  

Deberá verificarse una rotación extraordinaria antes de las elecciones de 1949, en la fecha media contada desde la posesión de los Registradores hasta la fecha de ellas. 

  


ARTÍCULO 24. Cada Departamento se dividirá en dos zonas, y las Registradurias Municipales de cada zona de clasificarán en categorías según la importancia de los Municipios, todo de acuerdo con las normas que señale la Corte, por la unanimidad de sus miembros. Corresponde al Registrador Nacional fijar las asignaciones de los Registradores Municipales, tomando en cuenta su categoría. 

  

Las Oficinas de los Registradores Municipales contarán, además, con el personal subalterno que fije el Registrador Nacional, cuando ello se estime necesario. El nombramiento de dicho personal corresponde a los Delegados Departamentales. 

  

Los registradores Municipales actuarán como Secretarios de las Comisiones Escrutadoras en los escrutinios y recuentos de los votos emitidos en cada Municipio. El arca en que se guarden los pliegos correspondientes a las mesas de votación estará bajo la custodia del Registrador, y tendrá tres llaves: una de las cuales corresponderá al mismo Registrador, otra la Juez Municipal y la tercera al Alcalde Municipal. 

  


ARTÍCULO 25. En los Corregimientos o Inspectorías las personas designadas para las mesas de votación, a que se refiere este artículo podrán tomar posesión del cargo ante la primera autoridad política del lugar. 

  


ARTÍCULO 26. A las siete y media de la mañana del día de la elección popular las personas designadas para las mesas de votación se harán presentes en el lugar en que dicha mesa se halle situada, de acuerdo con lo resuelto por el Registrador Municipal e instalarán la mesa. 

  

El Presidente de la mesa de votación tendrá la función de entregar, bajo recibo, los pliegos de la respectiva mesa al Registrador Municipal, respondiendo por la autenticidad y por la oportuna entrega de los mismos. 

  


ARTÍCULO 27. Durante todo el día de la elección, el Registrador Municipal estará presente en su oficina, con el objeto de reemplazar oportunamente a los ciudadanos que no concurran a ejercer en las mesas de votación las funciones para que hayan sido designados. Si se establecieren mesas fuera de la cabecera municipal, el Registrador nombrará un delegado suyo que esté presente en el sitio donde dichas mesas estén instaladas y puedan proveer al reemplazo de quienes no concurran a instalarlas. Los reemplazos se nombrarán por resolución escrita y motivada. 

  

El Registrador Municipal designará, igualmente, un cuerpo de Visitadores que recorran los sitios en que están instaladas las mesas de votación, y le den aviso inmediatamente acerca de las que no estén funcionando correctamente, o de cualquier irregularidad que se esté presentando en la elección y en la forma como los funcionarios encargados de cada mesa cumplan sus funciones. 

  

Los cargos de Delegados y Visitadores son de forzosa aceptación, y los designados para ellos deberán tomar posesión en los mismos términos prescritos para los encargados de las mesas de votación, quedando sujetos a las mismas sanciones, en caso de incumplimiento. 

  


ARTÍCULO 28. El Registrador Municipal podrá reemplazar, por resolución motivada, al encargado de una mesa de votación, si en su concepto está ejerciendo su cargo sin la imparcialidad o corrección debidas. En los lugares distintos de la cabecera del Municipio, esta función corresponde a los Delegados del Registrador. 

  

En general, el Registrador Municipal y sus Delegados tienen la responsabilidad de garantizar la instalación y correcto funcionamiento de las mesas de votación. 

  


ARTÍCULO 29. Corresponden a los encargados de las mesas de votación las mismas funciones que en la actualidad tienen los jurados de Votación. Los formularios impresos que deberán usarse en las mesas de votación serán suministrados por el Registrador Municipal debidamente firmados por él. 

  


ARTÍCULO 30. El Registrador Municipal transcribirá telegráficamente al Ministerio de Gobierno y a la Corte Electoral, el día mismo de las elecciones, los resultados que arrojen las distintas mesas de votación del Municipio. En aquellos lugares que, sin ser cabecera municipal, tengan mesas de votación, esa trascripción deberá ser hecha por el representante del Registrador Municipal. 

  

Si en el lugar no funcionare oficina telegráfica, los resultados se comunicarán por medio de oficio que se entregará ese mismo día al Administrador de Correos del Municipio. En el sobre respectivo certificará el Administrador la fecha de entrega y se dará recibo al interesado. Si tampoco hubiere en el lugar oficina de correos, la comunicación se entregará al Alcalde o Corregidor para que él cumpla con la misión de enviarla a la oficina más próxima. De dicha entrega se dejará igualmente constancia en el sobre y se expedirá recibo. 

  

Las oficinas de telégrafos, las postales cuando sea el caso, y las Alcaldías o Corregidurías, estarán despachando en el día de elecciones por todo el tiempo necesario para que puedan hacerse las comunicaciones a que se refiere este artículo. 

  


ARTÍCULO 31. El Presidente de cada mesa de votación responderá personalmente por la entrega al Registrador Municipal de los pliegos y registros electorales y será responsable por toda alteración que en ellos se produzca mientras permanezcan en su poder. La constancia escrita del Registrador de haber recibido los pliegos será la única prueba que de haberlos entregado pueda alegar el encargado de la mesa. 

  


ARTÍCULO 32. Inmediatamente después de verificada toda elección popular, el Alcalde de la respectiva población, asociado de dos ciudadanos honorables de distinta filiación política, tomará el dato exacto del número de votos emitidos en cada mesa de votación, y todos tres lo transmitirán por telégrafo a los respectivos Gobernador, Corte Electoral y Tribunal Seccional de lo Contencioso - Administrativo. En los Corregimientos donde funcionen mesas de votación, el corregidor cumplirá esta disposición, enviando el dato correspondiente al Alcalde del respectivo Municipio, quien a su vez lo transmitirá telegráficamente al Gobernador, Corte Electoral y al Tribunal Administrativo del Departamento. 

  

Es obligatorio para el Presidente de cada Jurado de Votación, bajo la multa de cincuenta pesos ($50), que aplicará el Registrador Municipal, facilitar y dar el dato del número de sufragantes a que se refiere esta disposición. 

  


ARTÍCULO 33. El Registrador Municipal o su representante fuera de la cabecera del Municipio solicitará al Alcalde o Corregidor que firme con él las comunicaciones dirigidas al Ministerio de Gobierno y a la Corte Electoral, y si tal funcionario se negare a hacerlo, se dejará constancia de ello en la respectiva comunicación. 

  


ARTÍCULO 34. Los partidos políticos tendrán derecho a ejercer vigilancia sobre las actuaciones de los organismos electorales, en la forma que en seguida se indica: ante la Corte Electoral, la Dirección Nacional de cada partido designará cada dos años un testigo que podrá asistir a sus sesiones y a los actos de escrutinio. Dicho testigo tendrá también derecho a solicitar y obtener informes del Registrador Nacional y a que se le muestre el texto de todas las resoluciones dictadas por éste, con sus respectivos antecedentes. 

  

La Dirección Nacional de cada partido podrá igualmente designar un testigo que presencie los escrutinios y recuentos de votos en el Departamento, para las elecciones de Presidente de la República, Senadores, Representantes y Diputados. Dicho testigo podrá también solicitar informaciones del Delegado Departamental en lo tocante a las funciones que éste ejerce, y solicitar que se investiguen las actuaciones de los Registradores Municipales. 

  


ARTÍCULO 35. El Registrador Nacional del Estado Civil será responsable ante la Sala de lo Criminal de la Corte Suprema de Justicia por sus actos u omisiones en el ejercicio de su cargo, conforme a la legislación vigente. La Corte juzgará al Registrador en una sola instancia, en Sala Plena, y podrá comisionar a cualquier funcionario del orden judicial para el diligenciamiento del sumario. 

  


ARTÍCULO 36. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes vigentes, en lo tocante a delitos y sanciones, el Registrador Nacional será responsable especialmente por los siguientes actos u omisiones: 

  

1º. Por las resoluciones que dicte sin sujeción a las normas vigentes sin que mediare causa suficientemente justificativa a juicio de la Corte. 

  

2º. Por abstenerse de sancionar a los Delegados Departamentales sin razón justificativa a juicio de la Corte, en los casos en que deba hacerlo, conforme a la presente Ley. 

  

3º. Por el no nombramiento oportuno de los Delegados Departamentales y de los Registradores Municipales. 

  

4º. Por el abandono de su cargo, o por notoria negligencia en el desempeño del mismo. 

  


ARTÍCULO 37. La Corte aplicará, en los casos de infracción a que se refiere el inciso anterior, cualquiera de las siguientes sanciones, según la gravedad de la infracción cometida y sin perjuicio de las demás penas que establezcan las leyes: 

  

a) Multa de quinientos pesos ($ 500) a diez mil pesos ($ 10.000) 

  

b) Pérdida del empleo. 

  

Si la Corte, al adelantar una investigación, estimare en cualquier momento que hay hechos graves suficientemente probados contra el Registrador que justificaren el suspenderlo inmediatamente en el ejercicio de su cargo, procederá a decretar dicha suspensión. 

  


ARTÍCULO 38. Sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda conforme a las leyes vigentes, por actos u omisiones en el ejercicio de su cargo, los Delegados Departamentales del Estado Civil serán responsables: 

  

1) Por abstenerse de remover y reemplazar a un Registrador Municipal que esté ejerciendo sus funciones con notoria negligencia, parcialidad o incompetencia, si no mediare razón justificativa a juicio del Registrador Nacional. 

  

2) Por cualquier irregularidad o injustificada demora en la investigación de las infracciones que se le denuncien. 

  

3) Por no revisar y devolver con oportunidad las listas de los encargados de las mesas de votación, sin que medie razón justificativa a juicio del Registrador Nacional, o por demorar el envío de las listas para el nombramiento de Registradores. 

  

4) Por el abandono de su cargo o por notoria negligencia en el desempeño del mismo. 

  

El Registrador Nacional aplicará en los casos en que se presente cualquiera de las infracciones aquí enumeradas, una multa de doscientos a cinco mil pesos o la destitución del empleo, según la gravedad del caso. Las resoluciones del Registrador Nacional, en cuanto a multas se refiere, podrán ser acusadas por el interesado ante el Consejo de Estado. 

  


ARTÍCULO 39. Sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda, conforme a las leyes vigentes, por actos y omisiones en el ejercicio de su cargo, los Registradores Municipales del Estado Civil serán responsables: 

  

a) Por violar, en la expedición de las cédulas, en la revalidación de las mismas y en la formación y conservación del censo electoral permanente, las normas legales y las reglamentaciones dictadas por la Oficina Nacional de Identificación. 

  

b) Por no formar y remitir oportunamente al Delegado Departamental las listas a que se refiere el artículo 26; por no publicarlas oportunamente, y por violar las disposiciones legales en lo relativo a la ubicación de las mesas de votación. 

  

c) Por toda pérdida culposa de los documentos que forman el archivo de su oficina. 

  

d) Por toda omisión o negligencia con respecto al funcionamiento de las mesas de votación, y el envío oportuno y correcto de las respectivas listas de sufragantes. 

  

e) Por no hacer oportunamente las transcripciones ordenadas por el artículo 35. 

  

f) Por el abandono de su cargo o por notoria negligencia en el desempeño del mismo. 

  

g) Por violación de las normas consagradas en el artículo 1º de esta Ley o establecer preferencias a favor de cualquier partido para la expedición de las cédulas. 

  

El Delegado Departamental aplicará, en los casos en que se presente cualquiera de las infracciones aquí enumeradas, una multa de cien a quinientos pesos y la destitución del empleo, según la gravedad del caso. Las resoluciones del Delegado Departamental, en cuanto a multas se refiere, podrán ser apeladas por el interesado ante el Registrador Nacional. 

  


ARTÍCULO 40. Los encargados de las mesas de votación no podrán separarse de ellas sino dejando en su reemplazo al respectivo suplente. Si se estableciere que en cualquier momento no se hallaren presentes en la mesa el principal o el suplente, el responsable o responsables serán sancionados con una multa de cien pesos convertibles en arresto a razón de un día por cada cinco pesos, multa que será impuesta por el Registrador Municipal en resolución motivada. 

  

Si se comprobare que los encargados de una mesa de votación se negaren a dejar votar a un ciudadano sin causa justiciada o le permitieren votar sin tener derecho a ello, dichos encargados serán sancionados con multas de doscientos pesos convertibles en arresto a razón de un día por cada cinco pesos, las cuales serán impuestas por el Registrador Municipal. 

  

De las multas a que se refiere este artículo podrán apelar los interesados ante el Delegado Departamental. 

  

El Registrador Municipal será responsable por la cuantía de las multas que deje de imponer si los registros demostraren plenamente la infracción, y tan responsabilidad le será hecha efectiva por el Delegado Departamental. 

  


ARTÍCULO 41. Los encargados de una mesa de votación que consignen en el registro de votantes los nombres de personas que no ejercieren efectivamente esa función, serán sancionados con multas de quinientos pesos, convertibles en arresto a razón de un día por cada cinco pesos multas que les serán impuestas por el Registrador Municipal, sin perjuicio de las demás sanciones que puedan corresponderles al tenor de la legislación vigente. 

  


ARTÍCULO 42. El Presidente de la mesa de votación que no entregare los pliegos correspondientes al Registrador Municipal, de conformidad con esta Ley con las demás disposiciones vigentes, incurrirá en la pena de que trata el artículo 290 del Código Penal, pero además será sancionado por el Registrador Municipal con una multa de quinientos pesos convertibles en arresto a razón de un día por cada cinco pesos. 

  

De las multas a que se refieren este artículo y el anterior podrán los interesados apelar ante el Delegado Departamental. 

  


ARTÍCULO 43. La revisión completa de la cedulación y de los censos actuales o los nuevos métodos de identificación y la formación de los correspondientes censos, regirán para las elecciones presidenciales de 1950. 

  

Quien no posea el nuevo instrumento de identificación o la cédula de ciudadanía debidamente revisada, según el sistema que se adopte, no podrá sufragar en dichas elecciones. 

  

Mientras no hayan entrado en vigor los nuevos censos o el nuevo instrumento de identificación, en cada mesa de votación se colocará un recipiente con tinta indeleble o cualquiera otra solución química de este carácter, cuya fórmula suministrará el Gobierno, a fin de que en el momento de la votación cada ciudadano empape en dicha tinta o solución el dedo índice de la mano derecha hasta la primera coyuntura, por lo menos. El Alcalde del respectivo Municipio o el corregidor en su respectiva Jurisdicción, harán que se cumpla esta disposición por los encargados de la función de recibir los votos en las mesas de votación, a quienes se les impondrá una multa de veinte a doscientos pesos, por falta en el cumplimiento de este requisito en el acto de las votaciones. 

  


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ARTÍCULO 44. Por avisos murales, por bandos, por radio y otros medios de publicación, periódicamente y con no menos de seis meses de anticipación a las elecciones presidenciales de 1950. Cada Registrador Municipal hará saber de los ciudadanos, tanto en la cabecera de los Municipios como en los Corregimientos y en los campos, la obligación en que están de presentarse a obtener la revisión de sus cédulas o el nuevo instrumento de identificación. Veinte días antes de aquellas elecciones las cédulas no revisadas se considerarán caducadas para todos los efectos legales. Si lo ordenado no fuera la revisión sino la expedición de un nuevo instrumento de identificación, también se considerará caducada la actual cedulación para todos los efectos legales a partir de la misma fecha, esto es, 20 días antes del día de las elecciones presidenciales de 1950. 

  


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ARTÍCULO 45. Las personas, entidades o corporaciones que, después del plazo señalado en el artículo anterior, acepten las cédulas no revisadas o no exijan el nuevo instrumento de identificación, según el caso, incurrirán en las mismas sanciones que para casos semejantes contemplan las leyes vigentes. 

  


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ARTÍCULO 46. Ninguna autoridad podrá decomisar la cédula de ciudadanía sin previa autorización del Registrador Municipal otorgada en resolución motivada. La demora por más de tres días en otorgarla o negarla sin fundamento legal será sancionada por el Delegado Departamental de acuerdo con el artículo 39 de esta Ley. 

  


ARTÍCULO 47. El funcionamiento de cualquier clase que lleve a efecto el decomiso de una cédula sin la autorización de que trata el artículo anterior, incurrirá en una multa de cien a quinientos pesos ($ 100 a $ 500) que impondrá el Delegado Departamental con sujeción al procedimiento que para ello señale el Registrador Nacional y que será convertible en arresto a razón de un día por cada cinco pesos ($ 5). 

  


ARTÍCULO 48. Toda intromisión en las funciones electorales por parte de un funcionario distinto de los contemplados en esta Ley, será sancionada en la misma forma y por el procedimiento contemplado en el artículo anterior. 

  


ARTÍCULO 49. Las elecciones para Representantes, Diputados y Concejales para el período comprendido entre 1949 y 1951 se verificarán el primer domingo de junio de 1949. 

  

En lo sucesivo el periodo y las sesiones ordinarias de las Asambleas Departamentales se iniciarán el primero de octubre de cada año. 

  

Las elecciones para Representantes, Diputados y Concejales se verificarán simultáneamente en la fecha señalada para las elecciones de Representantes. 

  

Las elecciones para Presidente de la República, en el próximo período constitucional, se verificarán el primer domingo de junio de 1950. 

  


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ARTÍCULO 50. El período del Registrador Nacional será de dos años a partir del 1º de enero de 1949; el período de los Delegados Departamentales será de un año a partir del 15 de enero del mismo año y el de los Registradores Municipales, también de un año a partir del 1º de febrero de dicho año. Los Visitadores Nacionales y Departamentales tendrán también un período de un año contado desde la fecha de su nombramiento. 

  


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ARTÍCULO 51. La Corte Electoral, el Registrador Nacional, los Delegados Departamentales y los Registradores Municipales recibirán, respectivamente, los archivos y papeles relativos a la organización electoral y de cedulación actualmente en poder del Gran Consejo Electoral, de la Oficina Central de Identificación, de los Consejos Electorales Departamentales, de los Jurados Electorales y de los Alcaldes, por riguroso inventario y anotando las deficiencias que encuentren en dicha entrega. Dichas entidades seguirán funcionando con la responsabilidad que hoy tienen, hasta la fecha en que se presente a recibir la entidad o funcionario que habrán de reemplazarlas. 

  

Toda actuación posterior a dicha fecha será nula y se considera, para los efectos penales, como usurpación de funciones por cada una de las personas que intervengan en ella. 

  

La renuencia en la entrega o la demora injustificada en hacerlo se sancionarán por el funcionario o entidad que va a recibir, con la pena de arresto hasta por treinta días. 

  


ARTÍCULO 52. La Corte Electoral tendrá la suprema inspección y vigilancia de los organismos electorales que se crean por esta Ley. Deberá reunirse ordinariamente una vez por semana, y los miembros de ella que no son funcionarios públicos devengarán cincuenta pesos ($ 50) por sesión. Por la unanimidad de sus miembros se señalarán los días de reunión ordinaria, entendiéndose que tal señalamiento implica la citación de los miembros. En caso de excusa de concurrir a alguna sesión por parte del ex - Presidente o de los Magistrados, el Secretario de la Corte citará por escrito, en su reemplazo, al ex - Presidente y a los Magistrados que les sigan en antigüedad, de la misma filiación política. 

  

Por la unanimidad de sus miembros, la Corte Electoral nombrará dos suplentes que reemplacen al Gerente del Banco de la República y al Rector de la Universidad en sus faltas accidentales. 

  

Cuando la filiación política de un nuevo Gerente del Banco de la República o de un nuevo Rector de la Universidad modifique la composición de la Corte en la forma contemplada en el artículo 5º de esta Ley, seguirá actuando como miembro en propiedad de la Corte el suplente de que se habla en el inciso anterior. 

  


ARTÍCULO 53. El Registrador Nacional, con sujeción al procedimiento que para ello señale la Corte Electoral, por la unanimidad de sus miembros, podrá citarla a reuniones extraordinarias. 

  


ARTÍCULO 54. Los visitadores Nacionales serán colaboradores del Registrador Nacional, y los Departamentales, colaboradores de los Delegados Departamentales, con las funciones y deberes que ellos les señalen. La Corte, por la unanimidad de sus miembros, señalará los Visitadores que deberá nombrar cada Delegado Departamental para su respectiva zona. 

  


ARTÍCULO 55. El Registrador Nacional podrá remover a cualquiera de los Delegados Departamentales y Registradores Municipales, por medio de resolución motivada cuando mediare una cualquiera de las causales contempladas en los artículos 38 y 39 de esta Ley, y además cuando ejerciten sus funciones con notoria parcialidad política. 

  

El que habrá de reemplazarlos, en estos casos, será de la misma filiación política del removido, pero podrá ser de filiación política distinta cuando la remoción se decrete por abandono del cargo o por obstrucción sistemática de sus funciones que provengan de motivos políticos. 

  


ARTÍCULO 56. En caso de remoción de un Registrador Municipal o de un Delegado Departamental en la misma resolución de remoción se nombrará interinamente al que habrá de reemplazarlo, tomando el candidato de la misma lista que se utilizó para la designación del funcionario removido. 

  


ARTÍCULO 57. De las resoluciones dictadas por el Registrador Nacional en desarrollo de los dos artículos anteriores podrán apelar ante la Corte Electoral, en el efecto devolutivo, los interesados y los representantes de los partidos afectados con ellas. La Corte dispondrá de un término improrrogable de quince días para decidir de estos recursos. Este término se contará desde la fecha de la presentación del recurso. 

  


ARTÍCULO 58. La Corte Suprema de Justicia, por la unanimidad de sus miembros, elaborará una lista de sesenta ciudadanos pertenecientes por igual a ambos partidos políticos, de la cual elegirá el Registrador Nacional los Delegados Departamentales. 

  


ARTÍCULO 59. El Registrador Nacional tomará posesión de su cargo ante la Corte Electoral Nacional; los Delegados Departamentales, ante el respectivo Gobernador, y los Registradores Municipales, ante el respectivo Juez Municipal. 

  


ARTÍCULO 60. Los funcionarios electorales que, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, fueren sancionados con destitución, quedarán inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público por el término de cinco años contados a partir de la fecha de la sanción. 

  


ARTÍCULO 61. Si al entrar en vigencia la presente Ley, la Corte Suprema de Justicia estuviere en receso con motivo de las vacaciones judiciales, los Ministros de Gobierno y Justicia la convocarán con el objeto de que dicha corporación elabore las listas necesarias para la designación de Delegados Departamentales a que se refiere esta Ley. 

  


ARTÍCULO 62. El Gobierno Nacional efectuará los traslados y abrirá los créditos presupuestales necesarios para dar cumplimiento a la presente Ley. 

  


ARTÍCULO 63. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial podrán aumentar la lista para formar las Comisiones Escrutadoras de que habla el artículo 12 de esta Ley, con ciudadanos que reúnan las condiciones legales con el fin de atender a los escrutinios en aquellos Municipios excepcionalmente retirados de los centros poblados. 

  

La escogencia de tales ciudadanos la harán en Sala Plena y por la unanimidad de todos sus miembros. 

  


ARTÍCULO 64. Quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias a la presente Ley. 

  

En consecuencia, los actuales Inspectores de Cedulación sólo funcionarán hasta el 31 de diciembre del presente año. 

  


ARTÍCULO 65. Toda Comisión Escrutadora Municipal estará integrada por igual por ciudadanos pertenecientes a los partidos que tengan mayor representación en el Congreso. 

  

En aquellos casos en que fuere indispensable, los Tribunales de Distrito Judicial, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, aumentarán la lista de los Jueces, Registradores y Notarios con los nombres de los ciudadanos necesarios, escogiéndolos de preferencia entre los incluídos en las ternas para Notarios y Registradores. 

  


ARTÍCULO 66. Los cargos de Escrutadores, Delegados de los Registradores Municipales, encargados de mesas de votación y los demás ad honórem que se crean por esta Ley, serán de forzosa aceptación, cualquiera que sea la edad. El no ejercicio de ellos será sancionado con una multa de $ 500 por quien hace la designación, de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano. 

  


ARTÍCULO 67. Esta Ley regirá desde su sanción. 

  

Dada en Bogotá a diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho. 

  

El Presidente del Senado, ANTONIO J. LEMOS GUZMÁN, el Presidente de la Cámara de Representantes, JOSÉ ENRIQUE ARBOLEDA, -El Secretario del Senado, Carlos V. Rey -El Secretario de la Cámara de Representantes, Ignacio Amarís González

  

República de Colombia -Gobierno Nacional -Bogotá, diciembre diez y seis de mil novecientos cuarenta y ocho. 

  

Publíquese y ejecútese. 

  

MARIANO OSPINA PEREZ 

  

El Ministro de Gobierno, Darío ECHANDÍA -El Ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo ZULETA ANGEL -El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José María BERNAL. El Ministro de Correos y Telégrafos, José Vicente DAVILA TELLO.