Normativa para la defensa de los derechos de lideresas y defensoras










Las normas aquí incluidas no han sido derogadas expresamente y tampoco han sido declaradas inexequibles o nulas. Con todo, la determinación sobre la vigencia no depende solamente de este tipo de afectaciones jurídicas.

Decretos

Tipo Número de Norma Año Tema Enlace
Ley 74 1968 Por medio de la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966".Artículo 9: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y la seguridad personales” Ir a la Ley
Ley 16 1972 Esta ley aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece en su artículo 2°que los Estados Partes tienen el deber de adoptar las disposiciones legislativas internas o de otro orden, necesarias para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos Ir a la Ley
Ley 51 1981 "Por medio de la cual se aprueba la ""Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, “CEDAW” . El artículo 7,literal C ,señala que los Estados parte ""tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a (...) participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. " Ir a la Ley
Ley 35 1986 Aprueba la “Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer”, hecho en Nueva York, el 31 de marzo de 1953. Ir a la Ley
Ley 248 1995 Esta ley aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do Pará, obliga a los Estados miembros a, entre otros deberes, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, a establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres que hayan sido sometidas a violencia, que incluyan medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos y a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que las mujeres objeto de violencia tengan acceso efectivo a resarcimiento. Ir a la Ley
Ley 1257 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones” y sus decretos reglamentarios. Ir a la Ley
Ley 448 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones Ir a la ley
Decreto 4912 2011 Por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección" el cual fue compilado por el decreto 1066 del 26 de mayo de 2015 Ir al Decreto
Decreto 1314 2016 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos Ir al Decreto
Decreto 898 2017 Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz Ir al Decreto
Decreto 2078 2017 Determina la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades Ir al Decreto
Decreto 2252 2017 Define la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo Ir al Decreto
Decreto Ley 154 2017 por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016. Ir al Decreto
Decreto 1581 2017 Por el cual se adiciona el Título 3 a la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para adoptar la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades. Ir al Decreto
Decreto 2124 2017 “Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Ir al Decreto
Decreto 660 2018 crea y reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios. Ir al Decreto
Resolución 805 2012 "“Por la cual se expide el Protocolo Específico con enfoque de género y de los derechos de las mujeres a que se refiere el artículo 50 del Decreto 4912 de 2011” Aborda necesidad de aplicación del enfoque diferencial; la atención preferencial y especial para las mujeres; el principio de enfoque sub-diferencial: el cual reconoce que hay grupos, comunidades o poblaciones de mujeres con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad; la participación de las organizaciones de mujeres en la formulación y seguimiento de la política pública de prevención y protección; el principio de buena fe en las actuaciones; aplicación normativa a favor de los derechos de las mujeres. " Ir a la Resolución
Resolución 845 2018 Esta norma adopta el “Programa Integral de Garantías para las MujeresLideresas y Defensoras de Derechos Humanos”, el cual trabaja sobre tres ejes centrales: prevención, protección y garantías de no repetición. Ir a la Resolución


Normas Internacionales para la defensa de los derechos de lideresas y defensoras

Tipo Número Año Tema Enlace
Resolución ONU 53/144 1999 "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos . Articulo 1: «defensor de derechos humanos» involucra el derecho de promover y procurar, de manera individual o colectiva, «la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional " Ir a la Resolución
Resolución de la Asamblea General de la OEA 1671 1999 Sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas. Insta al Consejo Permanente a informar sobre situación de defensores. Ir a la Resolución
Resolución ONU 1325 2000 "En esta resolusión se reafirma el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, y subrayando la importancia de que participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad, y la necesidad de aumentar su participación en los procesos de adopción de decisiones en materia de prevención y solución de conflictos. " Ir a la Resolución
Resolución ONU 68/181 Promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos: protección de las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer Ir a la Resolución


Jurisprudencia para la defensa de los derechos de lideresas y defensoras

Entidad Tipo de Providencia Año Tema Enlace
Corte Constitucional Auto 200 2007 El maximo Tribunal Constitucional solicita protección del derecho a la vida y a la seguridad personal de líderes de la población desplazada y personas desplazadas en situación de riesgo Ir a la Sentencia
Corte Constitucional Auto 092 2008 Se solicita adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. Prevención del impacto desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre las mujeres.Ademas , en este fallo se Identifican 10 riesgos de género y 18 patrones de violencia y discriminación de género que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento y las mujeres en el marco del conflicto armado. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional Auto 237 2008 Es un auto de seguimiento de la providencia 092 que revisa la actuación de las autoridades frente a las obligaciones de enfoque diferencial , en este se destaca la adopción de los “Lineamientos para un Plan Integral de Prevención y Protección del Impacto Desproporcionado y Diferencial del desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas”. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional Auto 251 2008 Es un fallo de seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional en materia de prevención y protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad de las mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional Auto 098 2013 Seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional en materia de prevención y protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad de las mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos Ir a la Sentencia
Corte Constitucional Auto 009 2015 Evalua la la implementación de un programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 Ir a la Sentencia
Corte Constitucional Auto 737 2017 Realiza la evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado y la violencia generalizada, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, en particular los Autos 092 de 2008, 098 de 2013 y 009 de 2015 Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T-102 1993 Definió las amenazas contra los derechos como “una violación potencial que se presenta como inminente y próxima”, la función protectora del juez consiste en evitarla. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T- 590 1998 Evidencia la falta de protección de defensoras y defensores de Derechos Humanos. Y hace un llamado a la prevencuión de “ todas las autoridades de la República para que cese tal situación, y, solicitar al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo que dentro de la obligación constitucional de guardar, proteger y promover los derechos humanos se le dé un especial favorecimiento a la protección de la vida de los defensores de los derechos humanos. Y HACER UN LLAMADO a todas las personas que habitan en Colombia para que cumplan con el mandato del artículo 95 de la Constitución que los obliga a defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica.” Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T-981 2001 “El Estado debe responder a las demandas de atención de manera cierta y efectiva cuando se tenga conocimiento de amenazas sobre la existencia y tranquilidad de individuos o grupos que habitan zonas de confrontación o que desarrollan actividades de riesgo en los términos del conflicto” Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T-1026 2002 En caso de amenaza contra la vida, el Juez constitucional podrá evaluar la amenaza alegada con el fin de ordenar a quien corresponda que adopte medidas pertinentes para evitar la vulneración, aún cuando en principio el juez de tutela no tiene competencia para intervenir en asuntos propios de otras jurisdicciones (ordinaria o contenciosa administrativa) Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T-719 2003 Sobre el derecho a la seguridad personal de reinsertados, que se extiende a su núcleo familiar “es aquel que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de tolerar”. Además la Corte hace un barrido sobre la caracterización de los riesgos frente a los cuales protege, resalta las obligaciones constitucionales básicas de las autoridades para preservarlo y algunos aspectos sobre las condiciones para que se configure el riesgo extraordinario. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T- 025 2004 Sobre desplazamiento forzado, la Corte Constitucional ordena acciones específicas para prevenir y proteger a los líderes, defensores de derechos humanos y la comunidad en general que se encuentran en situación de vulnerabilidad a causa del desplazamiento forzado. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T-1191 2004 Sobre el derecho a promover y defender los Derechos Humanos. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T- 496 2008 Reconoce deber de protección de la mujer frente a todo tipo de violencias. Recuerda las normas constitucionales que obligan a las autoridades a prodigar protección a la mujer frente a todo tipo de violencia y discriminación como lo son los artículo 1 , 2 , 5, 13, 22, 43. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T- 339 2010 “derecho a la seguridad personal sólo se puede invocar cuando su titular está sometido a un riesgo extraordinario. Cuando se está en presencia de un riesgo extremo que amenace la vida o la integridad personal, el individuo podrá exigir que las autoridades le brinden protección especial en virtud de sus derechos a la vida y a la integridad personal. Por el contrario, cuando la persona está sometida a un riesgo ordinario, en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas, esta deberá asumirlo y no podrá exigirle al Estado medidas concretas de protección”. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T- 234 2012 “Cuando se trata de mujeres defensoras de derechos humanos, pues no puede perderse de vista que la sola condición de mujer, las hace una población aún más vulnerable. A lo anterior, se agrega la circunstancia de que sociológicamente, como consecuencia de la sociedad patriarcal y la situación de violencia que han predominado en Colombia, han sido objeto de discriminación. Es por ello, que para la Corte las defensoras de derechos humanos gozan de una protección reforzada, en razón a su derecho a vivir dignamente, libres de toda forma de discriminación y de violencia, condición que tiene sustento normativo en la cláusula de no discriminación contenida en el preámbulo y los artículos 13, 40 inciso final, 43 y 53 de la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1°, 2° y 7°), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (preámbulo y arts. 3° y 26), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1° y 24), en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (arts. 2° y 3°) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La situación de riesgo inminente a la que permanentemente están expuestas las mujeres defensoras de derechos humanos, fue puesta de presente por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos” Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T-059 2012  Establece que “los riesgos a los que deben estar sometidas las personas para que puedan exigir una actuación positiva del Estado deben ser extraordinarios o extremos, esto es, que comporten unas probabilidades serias de ocurrencia de daños que las personas no están jurídicamente obligadas a soportar y que sobrepasan las contingencias implícitas propias de pertenecer a una determinada sociedad”. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T-078 2013 Resalta que son sujeto de  especial atención merece los defensores de derechos humanos, altos funcionarios, periodistas, líderes sindicales, docentes en zona de conflicto, minorías políticas o sociales, reinsertados, personas en condiciones de indigencia, desplazados por el conflicto armado, personas privadas de la libertad, soldados que prestan servicio militar obligatorio, menores y sujetos de un especial grado de protección por su notoria situación de indefensión. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T-190 2014 Recuerda que se puede acudir al juez de tutela en procura de garantizar la justiciabilidad de su derecho a la seguridad personal , el cual adoptará todas las medidas para prevenir la materialización de los riesgos extraordinarios o extremos que no están en condiciones de soportar. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T-924 2014 Sobre la protección al derecho a la vida y seguridad de un líder indígena. Menciona los criterios de apreciación de los hechos. Resalta la Corte que “en el caso de líderes, lideresas, autoridades y representantes, por la función que cumplen dentro de una sociedad, se encuentran en esa categoría de una amenaza mayor, pues al ser de alguna manera directa o indirectamente, la cara visible de una comunidad u organización, pueden ver  afectada su integridad y seguridad personal. Por ende tales sujetos gozan de una presunción de riesgo, que sólo podría ser desvirtuada por las autoridades luego de los estudios técnicos de seguridad. Dicha presunción, una vez activada, genera en cabeza de la autoridad competente la obligación de adoptar medidas de protección, que en todo caso deben ser eficaces, oportunas, idóneas y tanto fáctica como temporalmente adecuadas para la protección de la vida, la seguridad y la integridad del solicitante y de su familia” Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T-124 2015 Reitera que en el caso de las defensoras de derechos humanos la condición de ser mujer las hace una población aún más vulnerable y por tanto gozan de protección reforzada. Ir a la Sentencia
Corte Constitucional T-473 2018 En este fallo se estudió el caso de José Luis Ruiz, un desmovilizado de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno Nacional y la Corriente de Renovación Socialista. El alto tribunal aseguró que los líderes sociales que demuestren que se encuentran en riesgo y que soliciten medidas de protección para proteger su vida “deben recibir una atención especial y una pronta respuesta por parte del Estado con la finalidad de evitar que se consume el daño”.  Ir a la Sentencia
Corte Constitucional C-191 2019 Demanda de inconstitucionalidad del inciso final del artículo 10 de la Ley 1908 de 2018, que modificó el artículo 347 de la Ley 599 de 2000, «Por la cual se expide el Código Penal», el cual establece que si el delito de amenazas recae sobre un miembro de una organización sindical, un periodista o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte. Resalta que  expresión «defensor de derechos humanos» abarca un amplio abanico de posibilidades de actuación, que no necesariamente se limitan a un territorio o comunidad específicos y que muchas veces, principalmente en contextos de violencia generalizada, implican un trabajo en solitario. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo. Con relación a los “ líderes de las juntas de acción comunal ejercen una múltiple condición de liderazgo y activismo, que impide, en muchos casos, una definición unidimensional del perfil de las víctimas” Ir a la Sentencia


Jurisprudencia Tribunales Internacionales para la defensa de los derechos de lideresas y defensoras

Entidad Tipo de Providencia Año Tema Enlace
Corte Interanmerina de Derechos Humanos Ana Teresa Yarce y otras vs Colombia 2016 La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el riesgo intensificado que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos, por ser mujeres y por defender los derechos humanos en contextos específicos desfavorables. En este caso, tenía un deber acentuado de protección hacia la población civil en la Comuna 13 dado el contexto de conflicto armado en la zona, la implementación […] de un número seguido de operativos militares durante el 2002, y el incremento de la presencia paramilitar […] después de estos operativos”. Consideró que el Estado debía tener en cuenta el riesgo particular de las mujeres defensoras de derechos humanos, en razón de la discriminación histórica que han sufrido en virtud de su sexo y que su trabajo representa un obstáculo para el avance del control territorial por actores del conflicto armado. También dijo que la inefectividad del Estado en desmantelar grupos paramilitares acarrea para aquél un deber especial y continúo de prevención y protección. Ir a la Sentencia